Microbial analysis

Dentro de los estudios de conflictos étnicos, guerras civiles e insurgencias existe poco desarrollo sobre la “capacidad estatal”, sin embargo, la literatura que ha tomado el rol del Estado como un factor explicativo es relativamente nueva y se ha enfocado principalmente en cómo la infraestructura del poder estatal es un determinante clave del surgimiento del conflicto (Petras y Veltmeyer 2005; Huth 1996; Fearon y Laitin 2003; Gurr 2000; Mess 2003; de la Calle y Sanchéz 2012).

La capacidad estatal se puede comprender de diferentes formas, tal como señaló Mann (1984) puede ser de forma infraestructural o despótica, o tal como señala Weber (1984) puede ser el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Para Hendrix (2010) el gran problema está en que existen tantas formas de comprender la capacidad de los estados como las posibles mediciones. El autor describe que la capacidad del Estado en realidad se ha operacionalizado al menos de quince formas diferentes. Sin embargo, cada una de estas medidas se puede clasificar como una de las tres categorizaciones básicas. El autor propone tres formas, I) “Legalidad racional”, II) “Rentista- autocrático” y III) “Neopatrimoniales”. El proceso de cómo entender la capacidad del Estado es fundamental para el argumento causal y la vinculación con los conflictos étnicos. Por otro lado,

dentro de los estudios que han incorporado distintas medidas de la capacidad de los Estados, está el trabajo pionero de Fearon y Laitin (2003) quienes fueron los primeros en plantear un proxy de capacidad estatal en temas de guerras civiles, la utilización del PIB, da como resultado explicativo que el inicio de la guerra civil se debe a condiciones que favorecen la insurgencia, como por ejemplo desigualdad económica, instituciones burocráticas débiles y terrenos montañosos y grandes poblaciones.

El centrarse en el Estado sin duda es trascendental, pasar de observar solo al grupo para entender por qué existe conflicto al observar la estructura estatal y la interrelación de ambos actores es un asunto que sin duda debe dar pautas explicativas. Sobre todo, si consideramos que son los estados los que tienen la capacidad de abordar las demandas de sus ciudadanos de manera que reduzcan el incentivo a la violencia política o a reivindicaciones extremas. Sin embargo, la capacidad del Estado es un concepto multidimensional que abarca no solo las capacidades extractivas de un Estado sino también el desarrollo económico y la calidad burocrática (Gibler y Miller 2014)

Para los efectos de la presente investigación, en esta sección no nos detendremos a observar en detalle cómo se ha medido, sino que más bien se procesaran los trabajos que han ocupado la variable como causa de los fenómenos relativos a los conflictos étnicos. Dejamos de lado también la corriente que alimenta trabajos como los de Besley y Persson (2009, 2010) quienes argumentan que tanto los conflictos externos como internos disminuyen las capacidades del Estado para aumentar los ingresos y apoyar los mercados, dos elementos que mantienen a muchos países es una situación de debilidad.

En primer lugar, hay que mencionar que la capacidad estatal puede ser entendida como un proceso que afecta de forma temporal a los conflictos, tal como señalan Lee (2018) Kurtz y Mahoney (2011) quienes argumentan sobre la capacidad estatal a niveles históricos y los pasados coloniales dentro de los procesos conflictivos. O más bien, puede ser un proceso de respuesta inmediata, uno de los primeros en señalar este mecanismo es Gurr (1970). Para el autor, las acciones que deja de realizar un Estado afectan la forma en que el potencial de violencia se convierte en violencia política real, siempre considerando que esto está presente en una sociedad con ciertas características, como poder ejemplo, una alta presencia de etnicidad. Desde esta perspectiva el papel del Estado es auto limitar en ciertos contextos sociales el surgimiento de rebeldes a través de compromisos creíbles o la entrega de bienes y servicios. Esto se podría

entender desde la racionalidad del grupo frente a los compromisos que adquiere el Estado con la sociedad, cuando el Estado es poderoso (Lichbach 1995; Thyne 2006; Sobeck 2010). Otros argumentos apuntan a que es más probable que los Estados débiles vean la propagación del conflicto porque no pueden adaptarse a las demandas de la oposición (Sobek 2010) o simplemente son incapaces de aislarse de las externalidades negativas que vienen de la frontera del Estado cercano afectado por el conflicto (Braithwaite 2010).

De la Calle y Sanchéz (2012) se concentran en estudiar el control territorial en países que se han enfrentado a insurgencias, la gran preocupación de los autores es que el control territorial muchas veces es la gran arma de los conflictos y existen divergencias en los distintos casos. Observando un número de casos desde 1970 a 1997, los autores determinan que el control territorial está determinado por una medida económica (PIB) de capacidad estatal. Los autores señalan que las insurgencias territoriales son más frecuentes en los países pobres y las no territoriales tienden a ocurrir en países con niveles intermedios de desarrollo (los países ricos no sufren violencia interna). Los países con capacidad estatal alta presentan una violencia no territorial residual, ya que es el tipo de desafío que los estados experimentan antes de alcanzar un umbral de desarrollo más allá del cual no existen incentivos para la rebelión.

Konaev y Brathwaite (2017) buscan explicar por qué algunos conflictos étnicos parecen extenderse a través de las fronteras internacionales, mientras que otros no. En su hallazgo encuentran que la probabilidad de contagio se debe principalmente a la debilidad de los Estados, ya que no pueden contrarrestar eficazmente las insurgencias nacientes o comprometerse de manera creíble a satisfacer las demandas de la oposición, o porque simplemente no pueden bloquear las externalidades negativas que emanan de las guerras cercanas.

Giblert y Miller (2014) encuentran evidencia convincente de un vínculo entre las amenazas externas al Estado y la paz doméstica. La capacidad del Estado aumenta durante estos períodos de amenazas externas, y esta mayor capacidad disuade de los desafíos a la autoridad estatal de dos maneras. Primero, la conexión del Estado se incrementa por la amenaza. El ciudadano promedio se siente más vinculado al Estado y está menos dispuesto a enfrentar los desafíos a la autoridad del gobierno central. Segundo, la fuerza represiva de los militares aumenta cuando el Estado es atacado por ciertos tipos de amenazas, y esto les permite a las élites un mejor control sobre sus territorios cuando la amenaza pasa. El foco es que los estados débiles en las regiones pacíficas serán los más propensos a sufrir futuros ataques de guerra civil. Esto difiere del rol empírico que

ahora se otorga a las condiciones que favorecen las insurgencias. En cambio, nuestros resultados implican que la insurgencia es más probable en los estados políticamente fracturados y represivamente débiles que no han experimentado serios desafíos externos a su autoridad durante algún tiempo. Las condiciones para la insurgencia en otros estados producirán muchos menos desafíos para la autoridad estatal.

El trabajo de Richmond (2002) quien argumenta que los Estados son los responsables de generar la instancia para que las comunidades étnicas manifiesten su deseo por soberanía. El autor señala que la soberanía étnica emerge a través de la lógica del sistema internacional y su replicación a nivel comunitario, radica en una visión popular de la autodeterminación, el deseo de seguridad humana y las “garantías” engendradas en el logro de la soberanía.