Model and data

En los fundamentos para la extensión del monopolio de fo- nogramas, los legisladores que presentaron el proyecto, con el Se- nador Pichetto del Frente para la Victoria a la cabeza, argumentaron que obras trascendentales de nuestro acervo cul-

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tural estaban en peligro de caer en el dominio público. Lo que subyace a esta afirmación es una concepción completamente errada sobre el acer- vo cultural común; es replicar de manera irreflexiva los argumentos de las grandes discográficas que consideran que “la caída en dominio públi-

co de los fonogramas está teniendo nociva repercusión en el efectivo ejer- cicio de los derechos de intérpretes y de productores de la Ley 11.723 (denominada de “Propiedad Intelectual”) y de las Convenciones Interna- cionales de las que Argentina es parte”, según indica un comunicado de

CAPIF [3].

Nada más alejado de la realidad. Pensar en esos términos es inver- tir la ecuación de un modo interesado y perjudicial para los intereses del público. Recordemos que las leyes de derechos de autor, los mono- polios artificiales otorgados por el estado a autores, artistas, intérpretes y productores, tienen como objetivo otorgar un incentivo para que haya más y mejores obras que luego lleguen a nutrir nuestro acervo cultural común, el dominio público. Al dominio público ingresan aquellas obras cuyo monopolio está efectivamente cumplido, porque se ha vencido el plazo otorgado por la ley. En algunos casos, como el de derechos de au- tor, es de 70 años después de la muerte del autor. En el caso de los fono- gramas es, desde finales de 2009, 70 años tras la publicación. Esto significa que la obra de Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, y tantos otros intérpretes de nuestra cultura seguirá siendo explotada comercial- mente por las discográficas por veinte años más, demorando de esta for- ma la posibilidad de ampliar el dominio público.

De hecho, un reciente documento publicado por el principal econo- mista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Carsten Fink, da cuenta de que en el caso de los derechos de autor, un fortalecimiento de la observancia provoca la expulsión de las personas de la posibilidad de acceder a cultura. En un escenario de mayor regula- ción y observancia, los que no pueden comprar las obras, simplemente no acceden. Esto significa que la profundización de las leyes de "propie- dad intelectual", lejos de promover el acceso a la cultura, lo restringen. El mismo Fink explica en el trabajo, publicado a principios de noviem- bre de 2009, que cuando una ley no sirve al bien público, no debe ser violada, sino modificada[4].

Además de las dificultades que ocasiona en el acceso a la cultura, otra de las consecuencias directas y más graves de la aprobación de este proyecto fue el regreso al dominio privado de obras que ya estaban en dominio público, en lo que constituye una reprivatización del acervo cultural.

Un músico popular como Lito Nebbia fue el primero en reclamar contra la medida: “es una pena que el Congreso a veces no tenga informa-

ción clara y real sobre lo que trata, porque esta ley sólo protege a las grandes compañías discográficas para que puedan seguir manipulando a su antojo centenares de álbumes de diversos géneros. Álbumes que, en la mayoría de los casos, están bajo un contrato leonino en el que el artista no tiene la menor posibilidad de ver respetada su obra y mucho menos de percibir los derechos reales que le corresponden”[5]. Así lo explicaba

Nebbia, de manera contundente, en la columna de un diario nacional. En ese mismo diario, Diego Fischerman se lamentaba de darle se- mejante control a los privados sobre nuestro acervo cultural: “[...] la

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LA PRIVATIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO|

nueva legislación derivará en la convalidación del derecho de las com- pañías a no editar determinados discos y en la imposibilidad de obtener- los por parte de los potenciales interesados. Una somera evaluación de antecedentes revela, por ejemplo, que Universal, actual propietaria de Phi- lips, nunca editó en CD la mayoría de los discos originales de Mercedes Sosa, mantiene fuera de catálogo el segundo volumen de la Historia del Tango por Astor Piazzolla, tiene inédito su Veinte años de vanguardia con sus conjuntos desde hace nada menos que cuarenta y seis años, y jamás publicó el Romance de la muerte de Juan Lavalle, de Eduardo Falú y Er- nesto Sabato. EMI nunca editó en CD los discos originales del Sexteto Ma- yor y relegó las geniales grabaciones de Troilo para Odeón a un disco llamado “From Argentina to the World”, donde no se consigna absoluta- mente ninguna información y, para peor, de las 24 piezas registradas por la orquesta entre 1957 y 1959 incluyó, arbitrariamente, sólo 20. El domi- nio público es el de todos. El que acaba de refrendarse, si no se lo corrige de alguna manera, será el del perro del hortelano.” [6]

Hasta aquí, los casos nombrados remiten sólo a un asunto de nego- cios y voluntad de los tenedores de derechos. Si no es negocio, no se edi- ta, no importa cuán trascendente sea para la cultura nacional. El control está en manos de quienes tienen los derechos, y ni siquiera los artistas pueden decidir qué se hace con sus obras de aquellos primeros tiempos. Incluso si algún internauta se atreve a difundir obras que no se han vuelto a editar, será combatido con la fuerza de la ley, sin importar el servicio que preste a una sociedad deseosa de recuperar nuestra cultu- ra, tal como le ocurrió a quien mantenía el blog “Los inconseguibles del Rock Nacional”, un sitio con miles de visitas que cubría el hueco que las discográficas no quieren cubrir por desinterés económico. El blog fue cerrado unilateralmente en abril de 2010, sin mediar aviso, por quejas sobre violación del monopolio de copia de las empresas discográficas.

“La memoria colectiva no sólo se amenaza con palos y armas: a veces basta el capricho de un puñado de empresas. Los inconseguibles del rock argentino era un blog que permitía descargar discos imposibles de encon- trar en el mercado. En poco más de tres años había reunido tres mil posts con innumerables archivos y reseñas. Siete millones de visitas demostra- ban que ahí había un aporte valioso, rebosante de comentarios y debates”

explicaba Página/12 en abril[7].

Orfandades

Pero la extensión de fonogramas tiene otra consecuencia de la que poco se habla: la imposibilidad de difundir o reeditar las obras huérfa- nas. Se entiende por obra huérfana a una obra de cualquier tipo, musi- cal o narrativa, que está todavía bajo el monopolio del derecho de autor, pero cuyos titulares de derechos son desconocidos o imposibles de en- contrar. Aunque suene extraño, esta situación es muy común y la ma- yoría de nuestro acervo cultural del siglo XX se encuentra en esta circunstancia. La iniciativa de Google de digitalizar libros masivamente permitió difundir la problemática: entre el 75 y el 80% de los libros dis- ponibles en bibliotecas entran dentro de la categoría de obras huérfa- nas[8]. Ante la duda sobre los potenciales juicios y el costo de los mismos, muchas empresas prefieren abortar cualquier iniciativa de di-

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gitalizar o reeditar estas obras. Sólo Google se anima a esto, sencilla- mente porque es una de las pocas multinacionales que tiene dinero sufi- ciente para soportar una andanada de juicios por violación de

copyright. La Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo, en su proyec-

to Galica, digitaliza obras de dominio público y obras bajo copyright con su respectiva autorización. Cuando se les consultó sobre las obras huér- fanas, simplemente respondieron: "esas no se digitalizan[9]".

En un marco de digitalización creciente de los acervos culturales, el problema de las obras huérfanas se torna crítico: ninguna de estas obras está en el mercado, nadie hace su explotación comercial, nadie sa- be quién tiene los derechos; por lo tanto, nadie puede reproducirlas sin tener riesgos legales. En Argentina, la Ley 11.723 denominada de Pro- piedad Intelectual, considerada por Consumers International[10] como una de las legislaciones más restrictivas de derechos de autor en el mundo, no contempla en absoluto este problema como tal: atribuye a los autores “propiedad exclusiva” sobre las obras, por lo tanto, impide cualquier estrategia de recuperación del acervo cultural común sin an- tes contar con autorización firmada de los tenedores de derechos.

En este escenario, las alternativas para recuperar el acervo cultural son pocas, pero se podrían ordenar en cuatro estrategias posibles[11]:

• LA OPCIÓN DE OPT-OUT: digitalizar los materiales, disponibilizarlos en

Internet y esperar a que aparezca un derecho-habiente a reclamar. Esto implica, de hecho, una violación de la ley y abre la puerta a in- numerables juicios. Sólo aquellos con capacidad amplia de litigar pueden soportar esta estrategia. Ni siquiera una iniciativa estatal podría tomar este camino, porque un gobierno no puede violar su propia ley.

• LA OPCIÓN DE BUSCAR A LOS DERECHO-HABIENTES: es la más acorde a la lega-

lidad vigente, pero también la más difícil. Muy pocas de las obras huérfanas serán efectivamente digitalizadas y recuperadas, y el costo de rastrear a los involucrados la torna una medida ineficien- te.

• LA OPCIÓN DE NEGOCIAR CON LAS GESTORAS COLECTIVAS: en términos legales,

es el más factible, porque la gestora sería la que asuma las conse- cuencias de la autorización. Pero es la más costosa en términos económicos y políticos, porque la misión de la gestora es simple- mente recaudar fondos, y con un monopolio entre manos, no tiene por qué ser razonable. Esta opción destina fondos públicos a los responsables directos de profundizar este problema, quienes, para mantener su negocio funcionando, se niegan a revisar las leyes ac- tuales de copyright e incluso ejercen presión para que el monopolio se extienda. Es el caso de la ley de fonogramas.

• CAMBIAR LA LEY: es la alternativa más razonable, pero también la que

llevará más trabajo político. Modificar la ley para que las obras huérfanas puedan ser legalmente recuperadas y efectivamente di- fundidas para enriquecer el dominio público de nuestras socieda- des implicará movilizar una serie de estructuras políticas y económicas ancladas en el monopolio sobre la copia.

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LA PRIVATIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO|

Como vemos, en lo que atañe a obras huérfanas, la extensión del monopolio sobre fonogramas contribuye a profundizar esta situación. En términos amplios, mientras más demoren las obras en entrar al do- minio público, más riesgos corren de terminar olvidadas y perdidas pa- ra siempre.