Con el objetivo de subsanar el vacío de atención multidisciplinaria dejado por las ONGs dentro de las Comisarías de la Mujer y la Familia, algunos gobiernos locales del país han asumido la ejecución de esta política pública; ya sea con la contratación de organizaciones que anteriormente eran contraparte como en el caso de Cuenca o mediante la instauración de sistemas integrales de atención para violencia intrafamiliar como es el caso de Quito.
La administración municipal del cantón Quito iniciada desde 1999 instituyó y ejecutó el Plan Quito Siglo XXI, con un gran énfasis en políticas sociales y de género. Desde el gobierno local anterior ya se habían realizado esfuerzos por atender la problemática de la violencia que rodea a las mujeres en virtud de su situación de desigualdad; tal es así que se había creado la Comisión Permanente de la Mujer y la Familia y el servicio de las Tres Manuelas, dedicado a la prevención y atención de violencia intrafamiliar y de género, políticas que fueron reformuladas y fortalecidas por la administración que le sucedió.
Por la importancia dada por el Municipio a la participación ciudadana en la construcción de planes, programas y políticas, a través de la Comisión de la Mujer se convocó a la Primera Asamblea de Mujeres de Quito, en la que se discutió el Plan Quito Siglo XXI desde una perspectiva de género que definió los objetivos y metas a cumplir para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
168 Entrevista realizada a Margarita Carranco, Concejala, Vicealcaldesa y Presidenta de la Comisión de Género y
Equidad Social del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a partir de 1999, quien ha tenido experiencia en el tema.
176 Esa misma Comisión, asumió el compromiso de desarrollar e implementar la política de atención y prevención de violencia intrafamiliar y de género, por considerarla una de las más importantes para mejorar la calidad de vida de las mujeres y por constituir una demanda histórica del movimiento de mujeres.
Partiendo de esta definición, se expidió la Ordenanza Municipal 042 publicada en el R.O. 322 de 11 de mayo de 2001 y sus posteriores reformas que establecieron las políticas tendientes a erradicar la violencia intrafamiliar y de género en el Distrito Metropolitano de Quito, contemplando acciones de prevención, atención, participación y sanción, protección y reparación de derechos de las víctimas.
Como estrategia de sostenibilidad y con el fin de garantizar recursos para su ejecución, esta política fue ubicada dentro del área de seguridad ciudadana, misma que contaba con una tasa que genera importantes recursos económicos, lo que permitió tener recursos suficientes y posicionar la temática de violencia intrafamiliar y de género como un problema social, de seguridad y de salud de la ciudad en el cual se necesita intervenir urgentemente; estableciéndose de esta manera por primera vez en un Plan de Seguridad un componente social-humano. La política contó además con una partida propia en el presupuesto municipal. Para implementar y aplicar la política, administrativamente se creó la Unidad Distrital contra la Violencia Intrafamiliar y de Género, dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito, que opera con ocho unidades zonales encargadas de la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, proceso que estuvo acompañado por tres niveles de participación: la Asamblea de Mujeres; los Cabildos de Mujeres y las Redes, tanto Distrital como Zonales.
La red distrital, creada con anterioridad, fue fortalecida y de un aproximado de 20 organizaciones articuladas para la atención de la violencia intrafamiliar y de género, se pasó a contar con alrededor de 500 entidades públicas y privadas, proceso que permitió ubicar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en su rol de coordinador-regulador de la política a nivel local, pues todas las instituciones involucradas con la problemática debían trabajar alrededor de un solo Plan de Atención y Prevención de violencia intrafamiliar y de
177 género.
La política señalada tuvo como acciones concretas la creación de los Centros de Equidad y Justicia169, como instancias de servicios de atención integral a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Los centros se basan en el concepto de concentración de diferentes servicios judiciales en un mismo espacio físico, eliminando la dispersión geográfica de las instituciones a las que una misma víctima debe acudir porque están relacionadas con el problema de violencia que vive.
Para tal efecto, se firmaron convenios con el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía Provincial de Pichincha para conjugar todos los servicios en una misma infraestructura; es así que los CEJS170 albergan a una Unidad de Delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la Fiscalía, una Comisaría de la Mujer y la Familia, una oficina de la policía especializada DEVIF, un médico legista, un centro de mediación de conflictos familiares y un equipo compuesto por un/a abogado/a, un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social y un/a coordinador/a; quienes reciben a la víctima, evalúan el caso y realizan la derivación al área correspondiente. Actualmente existen cinco Centros en funcionamiento: La Delicia, Quitumbe, Centro, Los Chillos y Calderón. La política pasó a ser monitoreada por la Comisión de Género y Equidad Social del Distrito Metropolitano de Quito171, que reemplazó a la Comisión de la Mujer y la Familia, que amplió su competencia hacia una visión de derechos más amplia, siendo gestora de una política social más integral, consistente, sostenible e institucionalizada, que mantuvo la línea de violencia como un eje central.