La hegemonía de ARENA y el FMLN ha resultado en una fuerte polarización de la sociedad salvadoreña, la cual alcanzó su nivel más alto en las pasadas elecciones de marzo de 2004. Y esta polarización está teniendo consecuencias sobre la misma dinámica política. Así, por ejemplo, según Artiga-González,24 el número efectivo de partidos políticos en elecciones presidenciales ha pasado de ser 3.2 en 1984, pasando por 3 en 1994, a ser 2.2 en el año 2004.25 Esta polarización, aunada a la falta de voluntad y disposición para generar entendimientos políticos entre las fuerzas políticas mayoritarias, ha dado lugar a no pocos problemas de carácter político que afectan diversos aspectos de la vida nacional.
De hecho, la concertación ha sido una práctica poco común en el escenario político salvadoreño. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, los esfuerzos de concertación por lo general se realizan con las fuerzas consideradas afines en el espectro ideológico y político, pero no con los adversarios. Desde la firma de los Acuerdos de paz a la actualidad es posible identificar cuatro etapas en los esfuerzos de concertación política del país. La primera es dominada por los Acuerdos de paz, y va desde 1992 hasta 1997. En esta etapa, las acciones del gobierno estuvieron marcadas por los procesos de negociación política vinculados al cumplimiento de lo pactado, lo cual permitió un grado importante de legitimidad política. La segunda etapa, según el PNUD, “se intercala con la anterior, cuando diversas fuerzas sociales y políticas de distinto signo ideológico prevén el agotamiento de los Acuerdos de paz y la necesidad de sentar otros acuerdos básicos que delimiten el terreno de los actores políticos y civiles, una vez agotada la transición”.26 Es así que aparecen iniciativas como el Manifiesto Empresarial de la ANEP, el Pacto de San Andrés en 1995 o la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo en 1998, entre varias otras.
La tercera etapa es particularmente distinta a las dos anteriores. Ésta toma lugar con la gestión del presidente Francisco Flores y se caracteriza por “una reducción de los espacios de diálogo y coordinación entre los actores políticos y civiles, un incremento de las asperezas y la casi completa incomunicación entre las partes”,27 la cual alcanza su máxima expresión en la confrontación abierta que predominó en las vísperas y en el desarrollo de la campaña electoral presidencial de 2004. Así, el nuevo gobierno encontró a la sociedad salvadoreña bajo un elevado
24
Artiga González, Álvaro. (2004). Encuestas, medios y partidos: nuevos y viejos actores políticos. Estudios
Centroamericanos (ECA), 465-466, p. 269-290.
25
El número efectivo de partidos políticos es un indicador que sirve para determinar la cantidad de partidos que existen en un sistema político. Existen diversas formas de calcular ese indicador. Tradicionalmente y sobre la base de sistemas parlamentarios, Sartori propuso una serie de criterios como contar sólo a los partidos que tienen representación en el parlamento o a los partidos que aunque no hayan formado coalición, tienen poder de veto para cambiar la dirección de la competencia. Sin embargo, esta forma de contar a los partidos ofrece dificultades en los sistemas presidencialistas. Por ello, según Artiga-González (2004), la alternativa de conteo propuesta por Laasko y Taagepera es más aceptada en política comparada. Según esta propuesta, que se basa en los resultados electorales de cualquier tipo de elección, el número de partidos se calcula mediante la siguiente fórmula: Nv = 1/(ΣVi2
). En
donde N se refiere al número de partidos efectivos en el ámbito electoral y Vi es la proporción de votos del i-ésimo partido. Ver: Artiga-González, Álvaro. (2004). Elitismo competitivo. Dos décadas de elecciones en El Salvador
(1982-2003). San Salvador: UCA Editores. p. 86-94.
26
PNUD. (2003). Informe sobre desarrollo humano. El Salvador 2004. San Salvador: PNUD. p. 273.
27
La cultura política de la democracia en México, Centroamérica y Colombia, 2004: El Salvador 16 nivel de tensionamiento político y social.28 Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno en junio de 2004 se ha dado comienzo a una nueva fase en la historia de los esfuerzos de concertación en el país. La nueva administración ha creado espacios de diálogo entre los distintos sectores del país, lo cual ha lugar a una dinámica de discusión y búsqueda de acuerdos sobre diversas problemáticas nacionales. Sin embargo y dado el prolongado historial de confrontación social en el país, algunos sectores se muestran escépticos sobre los alcances de esta nueva dinámica.29
El absentismo electoral
Otro rasgo que caracteriza la dinámica política salvadoreña de posguerra, por lo menos hasta antes de 2004, ha sido el fuerte nivel de abstencionismo que ha prevalecido en la mayoría de elecciones hasta el año 2004. Desde que se firmaron los Acuerdos de paz, las elecciones vinieron registrando una caída en los índices de participación ciudadana. En las elecciones de 1994, el porcentaje de la participación ciudadana sobre la población en edad de votar fue del 48.6%; en 1997, ese porcentaje se reduce drásticamente al 34.4% y en las elecciones municipales y legislativas de 2000, alcanzó un nivel del 33.2% (ver Gráfica I.4).30 Sin embargo, las elecciones presidenciales realizadas a principios de 2004, dieron un vuelco sorprendente a estas tendencias, con una votación que superó al 60% de la población salvadoreña en edad de votar.31
Gráfica I.4 Participación electoral sobre población en edad de votar
1994 1997 1999 2000 2003 2004 Año de la elección 10 20 30 40 50 60 P or ce nt aj e de v ot os v ál id os
Fuente: Elaboración propia según datos del Tribunal Supremo Electoral.
28
Es importante considerar aquí que es bajo ese fuerte clima de confrontación bajo el cual se desarrolla el trabajo de recolección de información de este estudio.
29
Véase: Consejo de Redacción. (2004). Pronóstico reservado: más allá del voluntarismo. Editorial. Estudios
Centroamericanos (ECA) ,668, p. 515-530.
30
Es muy importante hacer notar que los datos se han calculado sobre la población en edad de votar, la cual es la población que constitucionalmente debería de emitir su voto. No toma de referencia los datos del padrón o inscritos electoralmente dados los problemas de confiabilidad que el mismo contiene.
31
El cálculo del porcentaje de participación electoral en cada elección se ha hecho sobre el tipo de votación que obtuvo más votos válidos, independientemente del tipo de votación. Así, por ejemplo, en las elecciones en las cuales ha habido votación para presidente, municipalidades y Asamblea Legislativa, el porcentaje de votación se ha calculado sobre la base de la elección en la cual se emitieron más votos válidos.
De acuerdo a algunos estudios, las razones del abstencionismo en El Salvador parecen estar más vinculadas con las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema político que con el desempeño del sistema electoral, aunque este aspecto también interviene.32 De acuerdo a algunos analistas, las estrategias que promovieron la realización de las elecciones durante el período de la guerra, a pesar de que las mismas no fueron un factor determinante en la resolución del conflicto, parecen haber erosionado la confianza de la población sobre los procesos electorales como forma de determinar el rumbo político del país.33
El problema de la inseguridad
Pero más allá del ámbito estrictamente político, la dinámica sociopolítica nacional ha estado dominada por la discusión y las políticas tomadas en torno a uno de los principales problemas del país: la delincuencia. El Salvador es uno de los países más violentos de la región, según consignan los distintos informes de organismos multilaterales e investigaciones locales. El Cuadro I.11 muestra algunas de las estadísticas con respecto a los niveles de violencia en la región. Como puede verse, El Salvador así como algunos países de Centroamérica presentan niveles muy altos de violencia, por encima de los promedios de la mayoría de países de la región. Estos niveles de violencia sin embargo, no parecen estar vinculados a actividades políticas sino que pertenecen al ámbito exclusivo de la criminalidad social. Mucha de esa criminalidad es atribuida a la violencia interpersonal, a la presencia de pandillas y a la actividad del crimen organizado.
32
Ver: Seligson, Mitchell; Cruz, José Miguel y Córdova Macías, Ricardo. (2000). Auditoría de la democracia. El
Salvador 1999. San Salvador: Universidad de Pittsburg, IUDOP-UCA y FUNDAUNGO.
33
Véase: Baloyra-Herp, Enrique. (1995). Elections, Civil War, and Transitions in El Salvador, 1982-1994: A Preliminary Evaluation. En: M. Seligson y J. Booth. (eds.) Elections and Democracy in Central America Revisited. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
Cruz, José Miguel. (2001). ¿Elecciones para qué? El impacto del ciclo electoral 1999-2000 en la cultura política
La cultura política de la democracia en México, Centroamérica y Colombia, 2004: El Salvador 18
Cuadro I.11 Victimización y tasas de homicidios en América Latina en los noventas
País Victimización
(% de hogares)
Tasas de homicidios (por 100,000 habitantes) Argentina 38 4.8 Bolivia 34 Nd Brasil 38 23.3 Chile 31 3.0 Colombia 37 89.5 Costa Rica 37 5.6 Ecuador 42 15.3 El Salvador 47 41.3 Guatemala 55 75.3 Honduras 37 45.0 México 43 17.8 Nicaragua 37 18.3 Panamá 28 10.9 Paraguay 33 4.0 Perú 38 11.5 Uruguay 25 4.4 Venezuela 45 16.0
Fuente: Cruz, José Miguel. (2003). Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimenen la legitimidad de los regímenes de
posguerra. América Latina Hoy, 35, 19-59.
A mediados de 2003, el gobierno del entonces presidente Francisco Flores, lanzó un plan de combate a la criminalidad que básicamente se enfocaba en el control de las pandillas juveniles. El plan se llamó “Mano Dura” y giraba en torno a una ley que contemplaba encarcelar a los jóvenes que parecieran pertenecer a las pandillas. El plan dividió inmediatamente a los sectores políticos pero ganó rápidamente un fuerte respaldo en la ciudadanía que se siente agobiada por el problema de la violencia criminal. El Ejecutivo se enfrentó directamente con el Órgano Judicial, con los jueces y buena parte de los diputados y, a pesar de las acusaciones de que la ley y los procedimientos eran inconstitucionales, el plan se echó a andar y éste representó una significativa fuente de ganancias políticas para el gobierno y su partido, que por la fecha se encontraban sumidos en una profunda crisis a causa de los resultados de las elecciones legislativas de 2003.
La ley fue declarada inconstitucional en abril del presente año, pero con el plan “Mano Dura” la actividad de las instituciones se movió a la esfera de la inconstitucionalidad y a la noción de que, con tal de combatir el crimen, es permitido pasar por alto algunos derechos fundamentales. De allí que la Corte Suprema de Justicia haya decidido declarar como inconstitucional dicha ley. En la gestión del nuevo gobierno, la estrategia de enfrentar a las pandillas juveniles ha sido enmarcada bajo la política de concertación y se ha procedido a reformar las leyes penales y procesales existentes antes que decretar otra ley especial de mano dura. Sin embargo, al momento de concluir este informe, los programas de enfrentamiento del problema de la violencia criminal y de las pandillas seguían enfatizando los aspectos de disuasión y represión del problema, antes que los de prevención.