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El 26 de abril de 2011, el ciudadano Erick Leonardo Gelvez, se movilizaba en su bicicleta por la ciclo ruta de la autopista norte con 144B, cuando fue atropellado. Nunca le remuneraron los daños que le causó el accidente.
El ciclista fue arrojado en una esquina de la zona por un automóvil Peugeot negro de placas CZG 947. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad lo iba conduciendo mientras hablaba por celular y no hizo caso a la señal de “Pare”.
Afortunadamente Gelvez no sufrió heridas graves. Pidió a un transeúnte que llamara a la policía. Al rato, llegaron dos auxiliares: Javier Muñoz (el cual posteriormente ignoró lo que había pasado) y el Policía Samuel Rojas Rocha, identificado con la placa número 54009.
Luego de analizar qué había ocurrido, Rojas Rocha le retiró la cedula al ciclista. Previamente, la culpable había aceptado su error y respondería por los daños de la bicicleta, pero con el motivo de que no le inmovilizaran el carro.
De repente, el marido de la conductora responsable de los hechos llegó al sitio del inconveniente y cruzó uno que otra palabra con el policía encargado, Rojas Rocha. Luego se fue.
El agente ignoró por completo al accidentado y le hizo señas disimuladamente a la señora para que esta se fuera también. Finalmente le puso un parte a Gelvez por no llevar el casco y el chaleco puesto.
Erick Leonardo Gelvez, luego de la injusticia que había presenciado, puso el denuncio. Cuando dictó las placas del carro que lo había atropellado, estas correspondían a un Renault Megane y no a un Peugeot. La persona que lo atendió le indicó que en la Carrera 36 # 11- 62 Policía Metropolitana podía denunciar los actos del patrullero. Allí, llamaron a Rojas Rocha y le preguntaron si había tomado los datos de la señora que ocasionó todo el problema. Él contestó que no.
Según el afectado “aquí se evidenció un caso de negligencia y corrupción”. Sin embargo, le tocó pagar el comparendo.
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El afectado habló con LaLechuza724 y aseguró:
“Me dejé por no perder mi bici pues no le iban a dar seguridad en los patios y es
mi medio para ir a trabajar. Como mi cuerpo estaba caliente por el golpe no sentí el dolor y le dije a los de la ambulancia que no era grave y los dejé ir.”
Entonces, primero: el policía Samuel Rojas Rocha, identificado con la placa número 54009 presuntamente recibió dinero del marido de la conductora culpable del accidente. Segundo: el policía no tenía por qué ponerle un parte al ciclista por el chaleco. El accidente sucedió en plena luz del día y no es obligatorio ponérselo. Tercero: LaLechuza724 aclarará los derechos de las dos partes para que el policía sea sancionado y el ciclista remunerado.
La información de la sección de FELICITACIONES es la siguiente:
Preguntas para la sección de los “generadores de tema y debate”: ¿Felicita la remodelación del estadio El Campín?
¿Le gustaría felicitar a alguien/persona natural/empresa/institución privada o pública por alguna gestión que conozca haya aportado a la sociedad Bogotana?
TITULAR:
¡Felicitaciones a S.Moreno y COLDEPORTES! NOVEDAD COMPLETA:
Hinchas
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“Elpatron”, uno de nuestros periodistas ciudadanos, felicitó al alcalde y a Coldeportes por la remodelación del estadio El Campin. S.Moreno dejó a Bogotá un poco decepcionada, pero sin duda contentos a los fanáticos del fútbol.
“Me parece rebacano, soy adicto y voy todos los domingos al estadio. Le hago
barra a millitos. Ya era hora que le metieran platica a ese estadio, muy bien por el alcalde y Coldeportes.”
La Columna de opinión
Linchamiento y doble moral social Juan José Ramírez
Juan José Ramírez, periodista, especializado en medios digitales. Moderador del portal de periodismo ciudadano Soyperiodista.com, de la casa de medios digitales de El Espectador.
Cada cierto tiempo, los medios registran los casos de linchamientos o intentos de linchamiento de presuntos delincuentes encontrados en flagrancia o sindicados de acciones execrables por la comunidad.
En la mayoría de los casos, lo que los medios registran es la confrontación entre la turba enardecida y la fuerza policial, que más que capturar al presunto delincuente, lo que hace es protegerlo de la acción de los ciudadanos que consideran justificado tomarse la justicia por su propia cuenta y aplicar sus propios códigos. Los casos más frecuentes en los que se registran linchamientos son violación, en particular cuando la víctima es un menor de edad, o cualquier caso de violencia
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física contra menores de edad. También se registran casos de linchamiento contra presuntos homicidas o en los casos de delincuencia callejera en los que el presunto asaltante es atrapado por los ciudadanos.
Hechos que recuerdan épocas que deberían estar superadas en sociedades organizadas, en las que se presume la primacía de la ley, o mejor, la delegación por parte de los ciudadanos de su derecho a aplicar justicia, a un organismo superior e independiente que garantice el derecho del reo a su defensa y a un proceso justo.
Una causa de este fenómeno se puede atribuir, en primer término, a la desconfianza ciudadana ante la Ley. Por un lado, porque la corrupción y la informalidad forman parte del sistema de supervivencia imperante de buena parte de los miembros de ese grupo social. Se trata de personas acostumbrados al rebusque en todas sus formas que interpretan que la única justicia posible es la que se toman bajo su propia mano.
Para alguien acostumbrado a vivir al margen de la institucionalidad en todo sentido, lo más natural en su escala de valores, es tomar venganza de las conductas que para él son inaceptables, en particular si se trata del pundonor sexual.
La autoridad, llámese la policía o los jueces, es considerada como parte de un sistema que los excluye, que los persigue, que es vista como un enemigo, en el que no se confía y al que no se le concede ninguna legitimidad ni reconocimiento. El linchamiento se produce en momentos de calor, de irreflexión, de gran violencia e irracionalidad, por lo general impulsada por personas acostumbradas a resolver los conflictos de una forma vehemente, por la fuerza, y no con los argumentos o la razón. En esos casos, la persuasión no funciona.
Aunque podría interpretarse que se trata de una conducta explicable en circunstancias de bajos ingresos, realmente es un fenómeno extendido en todos los niveles socioeconómicos de la población. Se aprecia en las redes sociales, donde las turbas enardecidas justifican con términos de grueso calibre el linchamiento de individuos sospechosos y que si no pasan de las palabras a los
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actos no es por respeto a las autoridades sino por la imposibilidad física de salir a la calle con objetos contundentes para sumarse a la muchedumbre.
Y se aprecia en los comentarios que personas que a sí mismas se califican de decentes, ciudadanos de bien, cuando de hablar de violadores en serie, como Garavito, se trata. En estos debates surge siempre la defensa de la aplicación de la pena de muerte, bajo la consideración de que alguien que ha cometido esa clase de crímenes no merece ser mantenido con los recursos que pagan los ciudadanos con sus impuestos.
En el fondo lo que se percibe es la incapacidad del Estado por imponer la supremacía de la ley entre todos los pobladores. El logro de unos valores cívicos que implican el irrestricto acatamiento de la ley y la plena legitimidad de las acciones de sus agentes. El respeto por principios como la presunción de inocencia, la majestad de la justicia, el imperio de la Ley o el respeto absoluto por la vida humana.
Por eso, quienes cometen un acto de linchamiento no se sienten culpables de haber causado la muerte de una persona, amparados en el anonimato y la impunidad de acción que produce la colectividad. Pues el argumento mayor para ellos es siempre que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Más bien consideran un deber y una satisfacción haber aplicado la justicia por su propia mano. Justifican su acción en el principio de la legítima defensa.
Por eso, el linchamiento se da en sociedades aún en proceso de integración, en las que la ley solamente es reconocida por unos pocos y no como fruto de la deliberación democrática de la mayoría.
La legitimidad del Estado se impondrá cuando se reduzcan los escandalosos niveles de impunidad en la aplicación de la justicia, y cuando los organismos de seguridad realmente estén orientados a la defensa ciudadana y sean integrados por personas que tienen como principal objetivo el bien común. No es un tema de opinión pública, es del fortalecimiento de los valores democráticos.
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3.6 La Empresa Periodística-Los textos de las fotos que verán a continuación son los que acaban de leer. La idea de estas es que detallen el diseño que constituye al portal y no los textos. Los separé para que, tanto el texto (redactado en este documento) como el diseño (en las diapositivas), puedan ser mejor apreciado.
((Ver diapositivas en CD)) 3.7Referencias
Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2003). Los Elementos del Periodismo, Madrid, Santillana Ediciones Generales.
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