especialmente los hechos relacionados
con el deporte en los últimos treinta
días. (Llamado a Sala al señor Ministro
del Interior). (Resolución de la Cámara
de 7 de diciembre de 2016)
——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, puede continuar el señor ministro del Interior.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señor
presidente: quedaban pendientes las preguntas que fueron repartidas, impresas y entregadas. Si bien algunas de ellas ya fueron respondidas, vamos a ir por orden.
La primera pregunta dice: ¿cuál es la razón por la que desde hace más de cinco años las jefaturas de Policía del interior, excepto las del área metropolitana, no han recibido ni a un solo nuevo oficial egresado de la Escuela Nacional de Policía?
La respuesta es que esa afirmación no es veraz. Hemos enviado a oficiales, pero con un criterio de racionalidad respecto de dónde se necesita el recurso humano. Además, todos los oficiales egresados de la Dirección Nacional de la Educación Policial primero van a las jefaturas del área metropolitana, a las áreas operativas con un criterio de formación. Asimismo, estamos enviando al interior a oficiales que hace muchos años están cumpliendo servicios en el área metropolitana y que por razones familiares solicitaron su pase, aplicando un criterio de manejo responsable de los recursos humanos. Por ejemplo, finalizado el año 2016, fueron enviados ocho oficiales a la Jefatura de Policía de Maldonado, tres de los cuales son egresados del último año.
La segunda pregunta plantea cuál es la razón por la que, teniendo las vacantes generadas, se demora aproximadamente un año en llenarlas?
La respuesta es que en los últimos tiempos no se demora un año en llenar las vacantes. Tenemos una nueva norma, la Ley Orgánica Policial, y un nuevo reglamento que facilita el ingreso y profesionaliza nuestros recursos humanos. Antes se ingresaba a la Policía a través de un cargo presupuestal para luego ser capacitado. Esto traía una serie de complicaciones, porque si el policía no finalizaba su capacitación, debíamos darle la baja mediante un trámite administrativo de desvinculación, como a otro funcionario público. En la última ley de presupuesto creamos la figura jurídica del alumno, lo que facilita el ingreso y la desvinculación, ya que si la persona no cumple con los requisitos de formación, se procede al cese.
Lo que sí estamos haciendo en esta segunda Administración es una gerencia de los recursos humanos a nivel nacional y habilitando ingresos en los departamentos donde son necesarios, ya que muchas veces hay algunos que tienen vacantes, pero que por su situación delictual no requieren ingresos y otros que no las tienen, pero sí los requieren. Por ejemplo, en Maldonado hay cincuenta ingresos; en Paysandú, sesenta; en Rocha, cincuenta.
La tercera pregunta va de la mano de la cuarta. La tercera dice: ¿cuántos han sido contratados hasta el día de la fecha bajo la modalidad de contrato policial con grado, tanto en la escala superior como en la básica? En cuarto lugar se plantea lo siguiente: especifíquense los nombres de las personas y las diferentes unidades del Ministerio a las que se les han
asignado funciones, tanto en el propio Ministerio como en sus direcciones nacionales y en las diecinueve jefaturas de policía del país.
La respuesta es para las dos. Estas interrogantes son muy difíciles de contestar en este momento, pues tendríamos que ingresar al sistema de gestión humana, lo que no está a nuestro alcance en esta instancia. La mayoría de estos contratos policiales existen en la Dirección Nacional de Asuntos Sociales. Todos deben saber que en las diferentes leyes de presupuesto hemos creado una serie de cargos -por no decir cientos de cargos- a los efectos de regularizar situaciones de personas que estaban contratadas como enfermeros y licenciados en enfermería bajo la modalidad de facturas; teníamos la obligación de regularizar esa situación.
La quinta pregunta tiene que ver con cuántos son los sindicatos policiales y cuántos funcionarios están involucrados en los diferentes sindicatos. ¿Qué régimen de trabajo policial realizan, qué es lo que les ha aportado la gestión del Ministerio y cuánto dinero le cuesta a la Cartera el mantenimiento de estas personas? Existen alrededor de treinta sindicatos, algunos nacionales y otros departamentales. Los funcionarios involucrados -es decir, la masa social de afiliados- son unos ocho mil. Según el caso, algunos están amparados a la licencia sindical.
Con referencia a la interrogante de qué han aportado a la gestión debo contestar que, en principio, no han realizado aportes, ya que ese no es su rol; su función es bregar por los intereses de los trabajadores policiales, conforme a la Constitución de la República y a las leyes que la reglamentan.
El literal M) del artículo 35 de la ley Orgánica Policial, Ley Nº 19.315, dispone que tienen "derecho a la sindicalización, estándole expresamente prohibido tanto el ejercicio de la huelga como la concentración y la manifestación con armas y uniformes, o la ocupación de los lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades".
Por otro lado, no entendemos la interrogante con respecto al costo, pero si se refiere a la licencia sindical, debemos señalar que no representa un costo, ya que ejercen un derecho.
La pregunta número seis tiene que ver con qué tipo de armamento ha comprado el Ministerio en los
últimos cinco años. Se pide especificar la cantidad de cada tipo de arma adquirida y qué destino le dio el Ministerio.
El armamento adquirido en este período fueron dieciséis mil pistolas Glock 9 milímetros, para cubrir a todos los funcionarios ejecutivos de la Policía Nacional. Esas pistolas se entregan a los funcionarios una vez finalizado el curso de capacitación para uso y manejo de ese tipo de armamento.
Luego se adquirieron armas largas -dentro de sus tipos-, pistolas ametralladoras, subfusiles y fusiles de procedencia rusa. Por razones de seguridad creemos que no es conveniente hacer más especificaciones por este medio.
Este armamento fue destinado a equiparar a la Guardia Republicana y a los grupos de reserva táctica de todas las jefaturas departamentales que trabajan como enlace con dicha Guardia.
La pregunta número siete dice que ha trascendido públicamente que ha habido una importante compra destinada a la Policía, tanto en uniformes como en calzado, ¿cuánto dinero insumió la compra? ¿Hubo llamado a licitación? ¿Cuál es la modalidad? ¿Fue necesario devolver uniformes por estar mal hechos? ¿Qué cantidad? ¿El proveedor los sustituyó por nuevos o se lo multó? ¿Es verdad que hubo problemas con los talles y que varias jefaturas del interior continúan a la espera de recibir la nueva indumentaria?
En tal sentido puedo decir que la compra ascendió a US$ 4.175.750; la modalidad fue de compra directa al fabricante, en China, lo que produjo un ahorro para el erario de US$ 4.500.000. Este fabricante de uniformes es el mismo que le fabrica, entre otros, a la fuerza de seguridad de Estados Unidos de América.
También puedo decir que no fue necesario devolver ningún uniforme al proveedor, ya que son de alta calidad. El único inconveniente que tuvimos fue que se debió realizar algún ajuste de medidas, lo que se hizo en el ámbito nacional.
Por último, queremos reiterar que los uniformes son de alta calidad y que todas las unidades ejecutoras recibieron todos los que necesitaban, pues ya fueron distribuidos; si miran a algún policía, podrán ver que ya usa el nuevo uniforme.
La pregunta número ocho refiere a cuántos vehículos y móviles se han asignado a la Guardia Republicana. ¿Han adquirido tanquetas? ¿Cuál fue la modalidad de compra y el valor pagado por todas las unidades? En caso afirmativo, ¿cuál es el fundamento y la necesidad para haber adquirido dichas tanquetas? La flota de la Dirección Nacional de Guardia Republicana es de 267 vehículos, que incluyen autos, camionetas, motos y blindados. Tanquetas nunca se adquirieron durante nuestra gestión.
Debo interpretar la pregunta y señalar que, si se refiere a los equipos blindados, denominados Tigres, a lo largo de estos años se adquirieron un total de seis y, como se trata de elementos amparados a una causal de excepción del Tocaf, fueron adquiridos, por razones de seguridad, bajo la modalidad de compra directa secreta. Esos procedimientos fueron intervenidos por el Tribunal de Cuentas sin ninguna observación. El costo de los seis blindados fue de casi dos millones de dólares.
El fundamento es equipar a las fuerzas especiales de la Policía con este tipo de vehículos para que tengan seguridad en acciones operativas de alto riesgo. Actualmente, con el despliegue de la Guardia Republicana, pueden ser utilizados a nivel nacional.
La pregunta número nueve establece: ¿qué destino tiene la cantidad de dinero que se le descuenta a cada policía por concepto de tutela? ¿Dónde y cómo se vuelca? ¿Qué rendición se le hace al personal policial del destino de su dinero?
Al policía se le descuenta el 1 % de sus haberes mensuales nominales. A partir de la ley de presupuesto de esta Administración, ese porcentaje se distribuye de la siguiente forma: un 15 % para tutela y un 85 % para vivienda.
El concepto tutela corresponde al ámbito de la seguridad social; a partir de la tutela se brindan prestaciones de seguridad social, como la vivienda. Por ejemplo, existe un protocolo para policías en situación de riesgo habitacional, y también se utiliza para gastos de sepelio, becas de estudio y tiques alimentación para jubilados y pensionistas a fin de año.
Como dije anteriormente, este instituto integra el concepto de la seguridad social, y la rendición se le hace al policía a través de las diferentes prestaciones que se le otorgan, ya que no existe la obligación de rendirla expresamente.
La décima pregunta es la siguiente: ¿qué motivó la orden de servicio Nº 008/17/WGI/FM/RC/MN, emitida el pasado viernes 10 de febrero por el subjefe de Policía de Montevideo, pidiendo extremar hasta nueva orden las medidas de seguridad en aquellas unidades depositarias de armamentos de fuego?
Esta información fue recibida por el coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, quien trasmitió a sus enlaces el informe no verificado para su evaluación y distribución. Al ser recibido en el Ministerio del Interior, el director de la Policía Nacional formalizó una reunión en la que se dispuso que se iniciara una investigación y la puesta en conocimiento a la Justicia competente, lo que se realizó.
Como dispone el protocolo, se informó de la situación a los enlaces de cada unidad policial, a efectos de que informaran la existencia de situaciones sospechosas y recogieran información al respecto, reiterando la medida de protección de depósitos de armamentos.
Hasta el momento no se ha logrado verificar los detalles de la información como veraces; no obstante, la investigación continúa, indicándose además que en el contexto de la apreciación de situación permanente que se mantiene sobre la conducta criminal en nuestro país no se registran organizaciones que tengan la capacidad de ingresar a los depósitos de armas de unidades militares o policiales.
No queremos ampliar los detalles que en la investigación se pretenden verificar como referencia, pero se menciona que una unidad militar había sido vigilada por alguien con binoculares desde una camioneta estacionada en las proximidades, y se estableció que pertenecía a UTE y que estaba realizando reparaciones en la red con herramientas propias para su tarea.
La pregunta 11) refiere a qué tipo de entrenamiento en utilización de armas recibe el personal policial una vez recibido, y cuál es la frecuencia con la que realiza prácticas de tiro mensuales. ¿Cuánta munición utiliza cada uno cada vez que se realizan prácticas de tiro?
En los planes de acción anuales de cada unidad ejecutora se planifica la capacitación dentro de los compromisos de gestión, sin perjuicio de lo que está instituido en los planes de estudio, cursos de capacitación y de especialización. Cabe mencionar también que cada policía que interviene en un hecho
donde se produzca intercambio de disparos de armas de fuego, sin perjuicio del trámite administrativo correspondiente, es tratado con apoyo psicológico. El año pasado, las prácticas de entrenamiento tuvieron un costo para el Ministerio del Interior de seiscientas mil municiones.
Voy a referirme a las preguntas 12) a 25) juntas. La pregunta 12) ya fue respondida. ¿El Ministerio del Interior tuvo acceso a la información de que se estaba preparando un operativo de violencia por parte de parciales de Peñarol de cara al clásico?
La pregunta 13) también. ¿Cómo supo de esa versión y qué grado de confiabilidad tenía?
La pregunta 14) es si el Ministerio del Interior manejaba información de que se preparaban actos de violencia extrema, ¿por qué no pidió la suspensión del clásico antes de la hora fijada para su comienzo? Fue respondida.
Asimismo, la pregunta 15) fue contestada. Se habló de la llegada al país de la barra brava de Estudiantes de La Plata que traía bombos y elementos a usar en actos vandálicos. Se dijo públicamente que estos habían sido detenidos en la frontera. ¿Dónde se los detuvo? ¿Cuántos eran? ¿Dónde se radicó la denuncia correspondiente?
La pregunta 16) es por qué los bombos y banderas que portaban los hinchas de Peñarol no fueron confiscados por la Policía si se presumía, como dijo el ministro Bonomi al semanario Búsqueda, que llevaban armas y drogas. Esto lo voy a responder a continuación.
La pregunta 17) es si se hallaron armas y droga en la tribuna Ámsterdam.
La pregunta 18) refiere a dónde se confiscaron armas y drogas por parte de la Policía. El presidente Vázquez dijo en España que se habían confiscado armas y drogas.
La pregunta 19) es la siguiente. Sabiendo que era un partido de alto riesgo, ¿por qué el Ministerio del Interior no dispuso policías dentro de la tribuna Ámsterdam?
La pregunta 20) expresa: ¿No cree el Ministerio que los actos vandálicos que se suscitaron dentro de la tribuna Ámsterdam, con el saqueo a todos los puestos de venta allí ubicados, se pudo haber evitado
simplemente con presencia policial? Ya fue respondido.
La pregunta 21) es: ¿Quién debería proteger a los trabajadores que expenden bebidas y alimentos en la tribuna Ámsterdam en un partido clásico, si no es la Policía?
La pregunta 22) ya fue respondida: ¿De dónde sale la idea de retirar a la Policía de las tribunas, sin que los temas de violencia estén resueltos?
La pregunta 23) es si puede el Ministerio citar alguna experiencia a nivel mundial equiparable a la actitud adoptada por el Ministerio del Interior en Uruguay, de quitar a los policías de la tribuna en tales circunstancias de violencia vigente. Ya fue respondida. La pregunta 24) también. El presidente de la República afirmó en España que se había preparado una asonada en la tribuna Ámsterdam con barras de Argentina. ¿Qué investigó el Ministerio en torno a ese grave delito? ¿Dónde fue radicada la denuncia? ¿Qué juez está investigando ese posible delito?
La pregunta 25) expresa: ¿Es posible que, teniendo el Ministerio del Interior semejante información, de que se preparaba nada menos que una asonada en un estadio de fútbol, con miles de personas alrededor, el ministro se haya acostado a dormir la siesta la misma tarde del clásico y haya puesto el despertador para ver el partido por televisión, según dijo en una entrevista al semanario Búsqueda? Esta pregunta fue peregrinamente respondida, diciendo que el ministro no estaba en funciones porque estaba convaleciente.
Ahora vamos a responder en conjunto.
Con anterioridad a la información que se registraba por los hechos sucedidos, las investigaciones que se realizaron hacían prever la posibilidad de registros no específicos de acciones violentas entre parciales en diferentes escenarios, lo que determinó la planificación del operativo. Específicamente, no se poseían detalles ni acciones correlativas a las que sucedieron. El Ministerio del Interior no tenía confirmación con exactitud de los hechos que iban a ocurrir hasta que estos se registraron. El dispositivo de información táctico dispuesto alertó el tránsito de numerosos parciales de Peñarol por diferentes vías, que iban a pretender vulnerar los controles dispuestos para el ingreso, causando avalanchas y permitiendo el posible ingreso de armas, lo que fue inmediatamente impedido en cada caso. Tal situación derivó en las acciones que se
iniciaron en la tribuna Ámsterdam por los simpatizantes que habían ingresado hasta el momento en forma controlada. Iniciaron los desmanes a efectos de distraer a la Policía y lograr que una gran multitud que estaba en el exterior ingresara y pudiera, en definitiva, aumentar la violencia en el interior, lo que causó el saqueo de bebidas y alimentos, así como de las garrafas que se utilizaron para atacar al personal policial que se encontraba debajo de las tribunas, impidiendo el ingreso de los otros parciales exaltados. Todo fue reducido e impedido, no registrándose lesionados graves ni muertos, como aparentemente estaba determinado desde el principio. Restaba a la Policía asegurar todo el perímetro, proteger a la parcialidad de Nacional y realizar en forma ordenada y segura la evacuación total del estadio y sus adyacencias, finalizando sin tener que lamentar pérdida de vidas, el principal bien tutelado que se pretendía proteger.
En referencia a la posibilidad de que ingresara la barra de Estudiantes con materiales no especificados -se tenía información de que podía ingresar por la frontera-, se dispusieron dispositivos en el territorio para contactar y, en su caso, actuar en consecuencia. Posteriormente, se obtuvo información de que las autoridades argentinas habían actuado previo a su ingreso, obligándolos a regresar a su país, desconociéndose las actuaciones administrativas y judiciales de ese país, así como la cantidad de vehículos y personas que tenían esa intención.
Podemos afirmar que los únicos bombos y banderas ingresados ese día al estadio fueron los autorizados por las autoridades deportivas y de seguridad ya coordinadas con antelación. Un grupo identificado como parciales de Peñarol, portando bombos y banderas, pretendió ingresar al perímetro externo de seguridad a la fuerza, tratando de no permitir el control, lo que fue impedido, por lo que resultaron detenidos los líderes que incitaban a esta maniobra.
En cuanto a la incautación de drogas y armas en el interior de la tribuna Ámsterdam, debo decir que no se constató; sí en diferentes procedimientos fuera del perímetro de seguridad, en los desplazamientos hacia el estadio, incautándose sustancias y armas blancas. Ese fue el motivo de las afirmaciones del señor presidente en España.
Las autoridades de la AUF, Peñarol y Nacional solicitaron específicamente el ingreso de policías a la tribuna Olímpica porque entendían que la seguridad
privada no iba a poder contener posibles desmanes, lo que se acordó en reuniones de seguridad apropiadas. Mientras tanto, en las tribunas Ámsterdam y Colombes no se pudo ingresar en forma previa y se mantiene en la misma situación, también por solicitud de los clubes en su momento, porque provocaban violencia en la hinchada y no se contaba con las medidas de seguridad para operar correctamente los riesgos que se pretendía evitar. Esto fue contemplado en el decreto