del sector público
Esta estrategia de modernización, de carácter tecnocrático, resalta valores como el eficientis- mo, la transparencia de los actos de gobierno y la meritocracia en el acceso a los puestos de dirección, con una fuerte crítica a la experiencia previa de gestión del Estado y una fuerte exal- tación de lo privado. Para ello, se parte de un diagnóstico realizado por una consultora inter- nacional (“El estado del Estado”), cuyas palabras iniciales señalan ya la impronta de la tarea por venir:
En diciembre de 2015, el Estado Nacional ar- gentino tenía poca capacidad para atender sus obligaciones, más gobernado por la inercia, la 5 Nos referimos al régimen jubilatorio y a las alí-
cuotas de la actualización para hacer insusten- table la previsión social para luego justificar el regreso a las AFJP.
indiferencia y la corrupción, que por el espíritu de reforma, el profesionalismo y el servicio públi- co. Era un Estado desordenado y desorientado, que tenía los instrumentos de navegación rotos y cuyas distintas áreas no se comunicaban entre sí. Se veían, además, en muchas dependencias de la Administración Pública Nacional, los rastros de años –y a veces décadas– sin planificación ni un pensamiento responsable o de largo plazo.
El Ministerio de Modernización es el encargado de llevar a cabo esta estrategia y en sus alianzas desconoce los convenios previos realizados por el Estado con las Universidades Públicas, que actuaban como consultoras y asesoras, así como desconoce las tareas e investigaciones realizadas por el INAP e IPAP, y todo un acervo de pen- samiento político sobre la Administración Pú- blica. Desplaza sus alianzas hacia otros actores principalmente de carácter trasnacional, sea tan- to para “comprar recetas” de fundaciones y orga- nismos multilaterales, como Mack Kinley para realizar el plan de negocios de Arsat; la Funda- ción Pensar, financiada por el ex presidente de España, José María Aznar, como para reclutar sus cuadros directivos de los CEO´s empresa- rios y de las universidades privadas de élite. Esta perspectiva culmina con la idea de una capa- citación del empleado público a la medida de este proyecto. Y si bien Carlos Matus (1987) ya había alertado que América Latina, habiendo producido sus propias teorías educativas y de ca- pacitación en la administración pública, cuando priman los gobiernos de los gerentes, la “escue- la McDonald” es la elegida. En esta lógica, la capacitación es apenas un engranaje que, como ellos mismos aclaran, buscan que el personal se identifique con los objetivos de la organización.
En esta orientación, se desarticulan una can- tidad significativa de programas y de proyectos en distintos ministerios por sub-ejecución pre- supuestaria, centralización de una burocracia que desconfía del Estado y de su propio cuerpo de empleados. La discusión sobre el empleo pú- blico estatal, a partir de los despidos masivos de
trabajadores, fue parte de esta estrategia que se fundamentó en un argumento que recaía en las típicas críticas de lo público como clientelar y prebendario y de menor entidad que el privado. El Plan de Modernización y los nuevos CEO´s en la conducción pública, no tienen en cuenta los límites ni las restricciones de la acción del funcionario. Se comportan como si el sector pú- blico fuera una empresa privada, un marco pro- picio para hacer negocios. El nuevo homo cor- porativo, requiere de empleados con márgenes y derechos acotados, y no percibe que en el Esta- do haya que rendir cuentas, leyes que cumplir, presupuestos y normativas laborales que respe- tar o que el sentido último de la gestión pública no son los negocios, sino el bien público.
Otro de sus objetivos es generar una clase gerencial conformada por profesionales de libre designación, por fuera de convenio (y además elegidos por empresas privadas). Es decir, tercia- rizar la elección de funcionarios en emulación al modelo chileno, donde las empresas privadas seleccionan el personal de la Alta Gerencia es- tatal. Pero hay una suerte de contradicción en el discurso oficial sobre el Gobierno Abierto y sus alianzas donde, por un lado, se habla de capacitación, modernización, eficiencia, trans- parencia y participación como jerarquización de la administración pública; pero, a la vez, el empleo público aparece denostado desde las pri- meras expresiones cuando asumen el gobierno. Las referencias de “ñoquis”, “grasa militante”, hasta la definición del Estado “como aguanta- dero”, expresan claramente la concepción del tardo neoliberalismo sobre el empleo público. El gobierno abierto ve con desconfianza a los empleados públicos, donde habría que con- trolarlos con un panóptico digital permanente y de carácter biométrico. Así, la configuración del concepto de “dotaciones óptimas” le agrega nuevos elementos y presiones para el ajuste y la eliminación de programas que afectan derechos esenciales (por ejemplo, el Plan Remediar).
Finalmente, el concepto de “emprendedo- rismo” es complementario de esta perspectiva
negativa del sector público y de la revaloriza- ción de lo privado. El mismo aparece como el espacio de lo privado, libre de oportunidades y pletórico de posibilidades (Mazzucato, 2016). Lo cierto es que la tercerización de las grandes empresas, la sociedad de servicios posfordista, le resta base a la acción colectiva y de clase, a su vez que le otorga credibilidad a una socie- dad más individualista, a las leyendas sobre em- prendedores esclarecidos, héroes industriales o el mítico self-made man que tiene su meca en el Silicon Valley. El trabajador aislado, devenido en emprendedor, es el pilar básico del orden mo- ral neoliberal (Roy, 2006). La iniciativa indivi- dual para pequeños emprendedores que revisten también la calidad de informales, serían la clave en esta promesa, mientras al mismo tiempo, se desmantelan las agencias públicas de ciencia y tecnología. De este modo, junto con el conflic- to con los docentes, universitarios, científicos y artistas, se establece otro, generalizado con los trabajadores en general, en donde los empleados públicos tanto nacionales, provinciales como municipales, son aquellos cuyo “alto costo la- boral” y propensión al consumo “por encima de sus posibilidades”, representarían uno de los problemas principales a reducir. La moderniza- ción del neoliberalismo tardío requiere un Es- tado chico, amigable a los mercados y con bajo poder de control sobre el mismo.