Las necesidades humanas y animales de agua son relativamente bajas; una persona consume aproximadamente cuatro litros al día, pero producir los alimentos diarios para esa misma persona puede necesitar alrededor de 5.000 litros de agua. Por eso la producción de alimentos y fibras vegetales requiere la mayor proporción de agua dulce de origen natural para consumo humano o cerca del 70 por ciento del agua que se extrae (FAO, 2003).
El concepto de “agua virtual” correspondiente al agua necesaria para la obtención de un producto es un asunto que se viene investigando y se convierte en una posible alternativa para los países con pocos recursos hídricos, pero con recursos económicos que les permiten adquirir en el mercado esos productos y no gastar agua en producirlos.
El regadío como actividad agraria, en general, tiene apoyo y legitimidad social, pues muchos países del mundo con problemas de pobreza y escasez de agua ven en el riego la posibilidad del desarrollo, por lo que ha predominado un tipo de política eminentemente hidráulica. Sin embargo, esta necesidad se entiende en dicho marco de pobreza y ruralidad de tiempos pasados, pero en este nuevo siglo se produce un importante crecimiento de la superficie total regada, y no necesariamente en las países mas pobres, sino, por el contrario, en aquellos que ya lograron su desarrollo económico, situación favorecida, en buena parte, desde la iniciativa privada pero también con promoción pública. Este hecho genera grandes diferencias de productividad, de empleo y de eficiencia en el uso de los recursos, entre las diferentes
varios de los proyectos de regadío existentes. Será necesario entonces diferenciar entre aquellas agriculturas que generan mucho o poco empleo, en agriculturas rentables o ruinosas, en explotaciones de supervivencia de zonas rurales o que transfieren las rentas subvencionadas a los grandes núcleos urbanos regionales y extrarregionales, o agriculturas compatibles o no con los requerimientos ambientales (Peñas, 2006).
Según el informe de la FAO Agricultura mundial, para el periodo 2015- 2030 se pronostica que la producción de alimentos necesitará incrementarse un 60% para acabar con la desnutrición, atender el crecimiento de la población y adaptarse a los cambios alimentarios en los próximos 30 años. Se prevé un incremento de la extracción de agua para la agricultura del 14% en ese período, lo que representa una tasa anual de crecimiento del 0,6%, en comparación con el 1,9% del período 1963-1999. Gran parte del incremento corresponderá a las tierras cultivables de riego, cuya expansión mundial se calcula que pasará de 2 millones de kilómetros cuadrados a 2,42 millones de kilómetros cuadrados. En un grupo de 93 países en desarrollo, se estima que la eficacia de la utilización del agua para riego −es decir, la relación entre el consumo agrícola del agua y el volumen total del agua que se extrae− aumente, de 38% de media, a 42%.
El agua es el principal recurso para la producción de alimentos, esto exige el desarrollo de técnicas agrícolas y variedades que optimicen su aprovechamiento, y la construcción de obras de infraestructura que acerque los sistemas de regadíos a las zonas agrícolas. Lo cual requiere que en cada región se haga un inventario de recursos hídricos que permita a planificadores identificar las zonas potenciales irrigables y los niveles posibles de explotación agrícola. (Palacios, 2007)
Habrá que pasar de lo que la FAO denomina "una cultura de gestión del suministro" a otra de "gestión de la demanda". Este modelo basado en el suministro fue pie de la mayor parte del desarrollo de los recursos hídricos en los últimos 50 años, cuando grandes instituciones nacionales o estatales establecieron extensas zonas de riego. Pero sus resultados no fueron tan buenos en la gestión de esos sistemas una vez establecidos. La toma de decisiones comúnmente era vertical y burocrática, y dejaba a los usuarios finales poca flexibilidad para definir sus pautas agrícolas, calendarios y programas de suministro de agua.
Con frecuencia, un suministro de agua poco fiable obligaba al usuario a explotar en exceso los mantos freáticos. En el decenio de 1980 se hizo palpable que muchos programas de riego se habían convertido en una carga para los presupuestos nacionales y que degradaban el medio ambiente, según los propios estudios de la FAO.
Las experiencias de las asociaciones locales de usuarios en el período de los años 1990 permiten, hoy día, a los agricultores ser más participativos en la toma de decisiones y en los gastos de operación y mantenimiento de los sistemas de irrigación. "Una de las principales prioridades de la modernización es evaluar las condiciones materiales del sistema de irrigación y determinar las opciones prácticas para avanzar hacia un servicio más fiable y flexible de suministro del agua y adaptarse a una demanda variable de servicios hídricos", dice el documento referido de la FAO. Entonces corresponde a los usuarios decidir qué nivel de servicio requieren y cuánto están dispuestos a pagar.
Sin embargo, la gestión del agua en el nuevo siglo no sólo le corresponde a la producción agrícola. Se explica en el documento: "Si bien el objetivo específico es proporcionar un suministro de agua más fiable y adecuado para los cultivos, la gestión siempre producirá
procesos ambientales y la salud de la población". Como la industria, la agricultura está bajo presión para reducir los efectos de sus "externalidades negativas", en particular las asociadas a la aplicación de fertilizantes y plaguicidas (FAO, 2003).
Asimismo, las cuestiones ambientales deben formar parte de la modernización en la utilización y la gestión del agua. Pues una gestión exclusivamente centrada en los cultivos será insostenible desde el punto de vista económico y ambiental. Se precisa la incorporación de la dimensión ambiental en actividades y obras de extracción de ríos y lagos y la construcción de infraestructura de riego que desplazan infaliblemente a las tierras húmedas que constituyen, por sí mismas, componentes muy productivos de los sistemas agroecológicos. El drenaje causado por la irrigación a menudo se traduce en pérdida de calidad del agua, propagación de enfermedades relacionadas con el agua y degradación del suelo por anegamiento y salinización. Lo que será necesario evaluar no sólo en términos económicos sino ambientales, ecológicos y sociales.
El enfoque geoísta busca un equilibrio entre: por una parte, la expansión de una imprescindible agricultura modernizada y no subvencionada, que minimice los impactos medioambientales y, por otra parte, la generación de empleo alternativo y un hábitat adecuado para los campesinos desplazados por la maquinaria (Lamela, 2007)
Se requiere un reconocimiento de la viabilidad socioeconómica de zonas rurales, a través de la creación del capital social necesario para la gestión de los sistemas de irrigación y la expansión del transporte y la infraestructura de mercado para la venta de los productos agrícolas. Entre los efectos ambientales positivos de la irrigación se encuentran:
ayuda a combatir la erosión del suelo y a proteger las zonas bajas de las inundaciones. "Reconocer la diversidad y amplitud de estas externalidades es fundamental para el desarrollo sostenible", apunta el estudio en mención.
La gestión del agua en la agricultura puede hacerse, según señala la FAO, a través de un planteamiento estratégico del fomento de los recursos disponibles de tierras y agua, que permita tanto satisfacer la demanda de productos alimenticios y agrícolas, así como una mayor conciencia de los beneficios productivos que se pueden obtener mediante un uso inteligente del agua.
Se hace necesario además garantizar a los agricultores y a las familias campesinas una "relación estable" con los recursos agrarios e hídricos, es decir, derechos de tenencia de las tierras y de utilización del agua suficientemente flexibles para promover la ventaja comparativa de producir alimentos básicos y cultivos comerciales. Derechos que requerirán del apoyo económico y financiero, además de difusión de tecnología y buenas prácticas en la utilización del agua. También se necesita adecuar las estrategias de gestión, abandonando los sistemas tradicionales de irrigación para adoptar tecnologías que beneficien a los sectores pobres y sean accesibles (FAO, 2003).
Palacio (2007), señala la apertura real de los mercados agrícolas de las naciones desarrolladas a los productores de los países en desarrollo, como una de las directrices para mejorar la seguridad alimentaria mundial. En esta misma línea la implementación de un sistema de precios agrícolas que consideren los costos reales, incluidos los costos ambientales. Otras directrices en el mismo sentido son: potenciar la agricultura de base familiar, favorecer las técnicas agrícolas con altos rendimientos de mano de obra, ordenar las superficies aptas para el
en zonas de población con bajo poder adquisitivo, racionalizar el empleo de fertilizantes, evaluar la disponibilidad de agua que se pueda ser en forma sostenible, favorecer la aplicación de las nuevas tecnologías al desarrollo de nuevas variedades para países en desarrollo, ordenar los espacios valiosos.
De acuerdo con el crecimiento demográfico −alrededor de 8.300 millones de personas para el año 2030− la agricultura tendrá que adaptarse a la modificación de las pautas de la demanda de alimentos, combatir la inseguridad alimentaria y la pobreza en las zonas rurales y competir por los escasos recursos hídricos con otros usuarios. Para satisfacer dichas exigencias, la FAO considera que las políticas agrícolas tendrán que liberar el potencial de las prácticas de gestión del agua para incrementar la productividad, promover un acceso equitativo al agua y conservar los recursos básicos. Para lo cual se propone una estrategia para "reinventar" la gestión del agua en el sector agrícola, a partir de la modernización de la infraestructura de riego y las instituciones pertinentes, la plena participación de los usuarios del agua en la distribución de los costos y los beneficios, y el impulso a la escasa inversión en sectores decisivos de la cadena de la producción agrícola.
El considerable incremento de la productividad agrícola de los últimos 50 años ha protegido al mundo de catastróficos episodios de escasez de alimentos y del peligro de hambrunas de masas. Es de anotar que la gestión del agua, tanto en la agricultura de secano como en la de regadío, fue decisiva para lograr ese incremento, constituyó uno de los principales elementos de las técnicas de la revolución verde basadas en la aplicación de fertilizantes y la utilización de variedades de gran rendimiento, y contribuyó a incrementar la productividad −la
En el caso del sistema de riego, la FAO plantea que con la ayuda de programas de modernización se obtendrá el valor pleno de los costos no recuperables y se reducirá la presión sobre los fondos públicos. Las estrategias de modernización deberían transformar los rígidos sistemas de mando y control en sistemas mucho más flexibles de suministro de servicios. La agricultura debería −y puede− asumir sus responsabilidades ambientales con mucha más eficacia, reduciendo al mínimo los efectos ambientales negativos de la producción de regadío y tratando de restablecer la productividad de los ecosistemas naturales.
La política y la inversión de los gobiernos deben ayudar a los mercados locales de productos agrícolas a ser más eficaces en la satisfacción de la demanda local, es decir, invertir en bienes públicos decisivos, como carreteras y almacenamiento, así como en capacidad institucional, pero también exigir una mayor participación de la inversión privada en gran escala.
La FAO señala “tres temas decisivos” en la gestión del agua para la agricultura en los próximos años:
Modernización: "Donde la irrigación presente una ventaja comparativa, las instituciones pertinentes necesitan adoptar una orientación de servicio y mejorar el desempeño económico y ambiental, por ejemplo, mediante la adopción de nuevas tecnologías, modernización de la infraestructura, aplicación de firmes principios administrativos y promoción de la participación de los usuarios. La tarea central de proporcionar servicios de irrigación debe asociarse más estrechamente a la producción agrícola, y a las necesidades de otros usuarios de la cuenca".
Participación: "Puede resultar difícil negociar la distribución de los beneficios de una base común de recursos naturales, pero el provecho económico puede ser considerable si se permite realizar transferencias flexibles de tierras y agua, en un ámbito normativo bien estructurado. Estas iniciativas sólo pueden dar buen resultado si existe un sólido compromiso con la participación del usuario en la planificación y en las decisiones de inversión, así como con la distribución plena y abierta de la información económica y ambiental".
Inversión: "Los incentivos para que inviertan las personas y los grupos de usuarios en gestión del agua requieren presentar una clara ventaja comparativa, de servicio tanto a los mercados locales como a los de exportación. Se necesita una mezcla de microcrédito para los pequeños propietarios, crédito comercial bien reglamentado para los agricultores nuevos y en gran escala, y financiación favorable para la infraestructura pública en gran escala".