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La apertura de una cuenta requiere el consentimiento expreso y la aceptación de sus con- diciones por todas las partes que la formalizan, siempre dentro del principio fundamental de la libertad de contratación que inspira nuestro ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de dicho principio, la normativa actual establece una serie de requerimientos que las entidades deben observar, tanto en relación con la información y explicaciones previas al contrato como con el contenido del contrato. Procede resaltar como novedad que, según la normativa vigente, la letra que utilizar en cualquier documento de informa- ción al cliente, tanto en fase precontractual como contractual, debe tener un tamaño apro- piado para facilitar su lectura, y, en todo caso, la letra minúscula que se utilice no podrá tener una altura inferior a un milímetro y medio.

Además, la normativa de servicios de pago atribuye la carga de la prueba, del cumplimien- to de los requisitos de información en ella establecidos, a las entidades proveedoras de servicios de pago (artículo 20 de la Ley 13/2009).

Las explicaciones adecuadas y la información precontractual son dos cosas distintas, si bien se complementan mutuamente. Ni el artículo 9 de la antes citada Orden EHA / 2899/2011, ni la norma quinta de la también citada Circular del Banco de España 5/2012, que la de- sarrolla, exigen la forma escrita para las explicaciones adecuadas, si bien tampoco la ex- cluyen. Así, las «explicaciones adecuadas», según están concebidas en la orden y en la circular, se facilitarán normalmente de forma verbal durante el proceso de comercializa- ción, aclarando y complementando la información precontractual, que, por su naturaleza, será en muchos casos de carácter más técnico.

Según el artículo 9 la Orden EHA/2899/2011, en las explicaciones se deberán indicar, entre otras aclaraciones, las consecuencias que la celebración de un contrato de servicios bancarios puede tener para el cliente. Además, en el caso de que la relación contractual vaya a girar sobre operaciones que, como el depósito a la vista, se hallan incluidas en el anejo 1 de la Circular del Banco de España 5/2012, las explicaciones deberán hacer men- ción de la existencia del anejo 1, de su contenido —«Información trimestral sobre comisio- nes y tipos practicados u ofertados de manera más habitual en las operaciones más fre- cuentes con los perfiles de clientes más comunes que sean personas físicas»—, y del lugar en que el cliente puede consultarlo34_.

En el supuesto de que la comercialización del producto —en este caso, el depósito a la vista— se acompañe de una recomendación personalizada, especialmente en el caso de campañas de distribución masiva, las entidades deberán extremar la diligencia en las ex-

plicaciones que han de facilitar al cliente. A tal fin, recabarán de este la información ade-

cuada sobre sus necesidades y su situación financiera, y ajustarán la información que le suministren a los datos así recabados.

Con ocasión de campañas publicitarias, se han presentado algunas reclamaciones en las que se ofrecían cuentas entre cuyas condiciones se incluían determinadas bonificaciones que el cliente obtendría si cumplía ciertas condiciones. Este DCMR ha considerado que es obligación de las entidades, desde el punto de vista de las buenas prácticas, explicar a sus clientes de manera veraz las características de las promociones que ofrecen y la for-

34 La información sobre comisiones y tipos más habituales puede ser consultada en todos los establecimientos comerciales de las entidades de crédito, en sus sitios web y en el sitio web del Banco de España; además, esta información deberá estar a disposición de los clientes, en cualquier momento y gratuitamente.

b. Apertura. Obligaciones derivadas de la normativa de transparencia

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ma de verificar los requisitos para su obtención, de forma que tengan un conocimiento claro y preciso de las prestaciones que pueden recibir, para evitar que puedan concebir falsas expectativas al respecto. Así, las entidades deberán estar en condiciones de acre- ditar que sus clientes —con independencia de que recibieran la pertinente información precontractual y contractual— obtuvieron explicaciones adecuadas (personalizadas, para su concreta situación particular) sobre las condiciones o requisitos que debían cumplir para la obtención de determinada promoción, vinculada a la apertura o mantenimiento de una cuenta y/o la domiciliación de ciertos ingresos y pagos (nómina, domiciliación de re- cibos de suministradores, pagos derivados del uso de las tarjetas, etc.).

En el expediente R-201516373, el DCMR consideró que la entidad incurrió en mala prác- tica bancaria al no advertir o explicar a su cliente al tiempo de contratar una cuenta que sustituía y modificaba las condiciones de otra cuenta por la cual estaba recibiendo ciertas bonificaciones que, con las nuevas condiciones pactadas, dejaría de beneficiarse de la promoción de la que hasta entonces disfrutaba; y ello, con independencia de que hubiera acreditado haber suministrado la pertinente información precontractual y contractual. Tanto la normativa de servicios de pago como la normativa general de transparencia regu- lan la exigencia de que sea entregada al cliente de forma gratuita la oportuna información precontractual, con carácter previo al momento en que quede vinculado por el contrato u oferta, de manera que pueda comparar ofertas similares y adoptar una decisión informada sobre cualquier producto bancario. La información precontractual deberá ser clara, opor- tuna y suficiente, objetiva y no engañosa; para los depósitos o cuentas a la vista, la obli- gación de información previa podrá ser cumplida proporcionando al cliente una copia del borrador del contrato.

La entrega y contenido mínimo obligatorio de los contratos de depósitos a la vista se re- coge en el artículo 12 de la Orden EHA/1608/2010, a la cual nos remitimos, que resulta aplicable cuando el cliente sea un consumidor o cuando, no siéndolo, no se haya pactado otro régimen.

Las entidades deberán entregar al cliente un ejemplar del documento contractual con suficiente antelación a la fecha en que este quede vinculado por el contrato marco u ofer- ta o, si esto no es posible porque el contrato se ha celebrado a instancias del usuario a través de un medio de comunicación a distancia, inmediatamente después de su celebra- ción. El titular del contrato tendrá derecho a recibir en papel o en otro soporte duradero las condiciones contractuales en cualquier momento de la relación contractual.

En relación con esta cuestión, se han emitido pronunciamientos contrarios al proceder de las entidades reclamadas por incumplimiento de la normativa de transparencia cuando no se acredita que han formalizado debidamente el contrato, o cuando este no contiene las menciones necesarias, o no ha sido adaptado a la normativa de servicios de pago. Este DCMR estima que, en este tipo de cuentas, las entidades deben velar por que el contenido de los contratos formalizados se adapte a lo establecido en la normativa de servicios de pago en relación con su utilización, de forma que se incluyan todas las mencio- nes aludidas en el apartado anterior y, sobre todo, se recojan expresamente las condi- ciones particulares de estas cuentas en cuanto a la forma de disposición de su importe y los costes que ello podría suponer, según la modalidad de reembolso elegida (transferen- cia, obtención de billetes de esa moneda o conversión a otras divisas). Véase más adelan- te, a este respecto, la comisión de manipulación.

Información precontractual

Formalización de contrato. Contenido

Contenido del contrato

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Las entidades deben asegurarse de la integridad de los contratos que suscriben con sus clientes, de modo que contemplen y regulen todas las posibles vicisitudes que puedan plantearse a lo largo de cada relación. De no ser así, las buenas prácticas exigen que, en el momento de constatarse la ausencia de un preciso pacto contractual, las entidades traten de llegar a un acuerdo con sus clientes para que estos presten su consentimiento a alguna de las posibles formas de actuación en esos casos.

El principio de transparencia que inspira las buenas prácticas bancarias exige que los documentos contractuales huyan de cualquier tipo de estipulación susceptible de admitir interpretaciones opuestas, de modo que sus textos sean fácilmente comprensibles y di- rectamente aplicables.

A la vista de lo anterior (y al margen de que la interpretación definitiva de una cláusula, así como la determinación de las consecuencias que de aquella pudieran derivarse, corres- pondería realizarla, en exclusividad, a los jueces o tribunales de justicia), el DCMR consi- dera —en línea con lo previsto en el artículo 1288 del Código Civil— que, en caso de cláusulas oscuras susceptibles de diversas interpretaciones, debe considerarse contraria a las buenas prácticas bancarias la actuación de las entidades consistente en efectuar interpretaciones de los contratos que le resulten a ellas más favorables, sin haber tratado de llegar a un acuerdo previo con sus clientes titulares de cuenta sobre el alcance de lo pactado.

Como hemos dicho, en cualquier momento de la relación contractual el cliente tiene dere- cho a solicitar y recibir una copia del documento contractual en el que se formaliza el depósito a la vista, en papel o soporte duradero. De acuerdo con ello, las entidades están obligadas a conservar copia del contrato firmada por aquel, debiendo estar en condicio- nes de ponerla a disposición del cliente siempre que este lo solicite.

Además, deben conservarlo no solo durante el tiempo previsto por la normativa mercantil (seis años, según el artículo 30 del Código de Comercio), sino durante el plazo de pres- cripción de las acciones civiles.

Este DCMR entiende, haciendo suya la doctrina del Tribunal Supremo en este asunto, que las entidades han de conservar (tanto en beneficio de sus clientes como en su propio in- terés) toda aquella documentación relativa al nacimiento, modificación y extinción de los derechos y de las obligaciones que les incumben, no solo durante el plazo de seis años, sino al menos durante el período en que, a tenor de las normas sobre prescripción, pueda resultarles conveniente promover el ejercicio de los primeros, o sea posible que les llegue a ser exigido el cumplimiento de las segundas35_.

Cuando los reclamantes denuncian no haber sido informados de las condiciones que se aplican en sus contratos, son las entidades las que deben acreditar que sus clientes las conocían y/o aceptaron (tipo de interés, comisiones, posibilidad de descubierto…). En los casos en los que no se ha acreditado adecuadamente ante este DCMR la debida formalización de los contratos, se ha apreciado posible quebrantamiento de la normati- va y de las buenas prácticas bancarias, bien porque estos no se formalizaron, bien por falta de la debida diligencia en la custodia de los documentos justificativos de las rela-

35 La disposición final primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, que entró en vigor el pasado 7 de octubre, modifica el plazo de prescripción de las accio- nes personales que no tengan señalado plazo especial, reduciéndolo de quince a cinco años.

Integridad de los contratos

Oscuridad de las cláusulas

Entrega de documento contractual y conservación de documentos

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ciones jurídicas mantenidas con sus clientes, bien por falta de colaboración con el pro- pio DCMR.

Además, el contrato y condiciones deben facilitarse a los clientes tan pronto como lo so- liciten, pues no se considera una buena práctica bancaria demorar la respuesta hasta que se plantee reclamación ante este DCMR, ya que en tales casos la actuación de la entidad evidencia un desinterés hacia sus clientes que contradice los principios de lealtad hacia su cliente, así como de claridad y transparencia que deben regir las relaciones entre las partes.

La Ley de Servicios de Pago recoge los conceptos de operación, servicio e instrumento de pago, los cuales serán el origen de los diversos apuntes que se den en una cuenta, aparte de los derivados de la repercusión de comisiones, intereses, gastos, etc.

El titular de un depósito de dinero efectuado en una entidad de crédito es acreedor de esta en cuanto al saldo resultante, pudiendo disponer de los fondos por los medios expresa- mente acordados en el contrato, debiendo incorporar, no obstante, estas disposiciones la autorización del interesado como manifestación de su voluntad dispositiva.

En cuanto a la forma de prestar el consentimiento, se habrán de diferenciar los distintos instrumentos u operaciones de pago (tarjetas, transferencias, domiciliaciones, póliza de crédito en cuenta corriente, retiradas de efectivo...), por lo que nos remitimos, a estos efectos, a los apartados específicos de cada uno de ellos en esta Memoria.

Además, en el caso de la prestación de consentimiento a operaciones de pago por el usuario en el ámbito de la banca electrónica, se ha de acreditar con carácter previo que el cliente tenga firmado, además del específico de la cuenta, un contrato de adhesión a los servicios de banca electrónica (tanto a través de Internet como por teléfono). Lo habi- tual en estos casos es que el cliente tenga que autenticar la operación mediante la intro- ducción de unas claves facilitadas por la entidad.

En cualquier caso, en la medida en que la actuación solicitada va a tener trascendencia jurídica tanto para el cliente como para terceros, las entidades deben poder acreditar fe- hacientemente el consentimiento de sus clientes y los exactos términos de sus instruccio- nes en los casos en que se planteen discrepancias sobre ellos.

La disposición de los fondos depositados en una cuenta corresponde, con carácter gene- ral, a su titular, por sí mismo o por su representante legal, si careciese de capacidad de obrar. Pero también puede existir el supuesto de representación voluntaria (los autoriza- dos o «firmas autorizadas», en terminología bancaria).

Los autorizados son las personas a las que los titulares autorizan para que, en su nombre y representación, puedan disponer, con carácter general, del saldo existente en la cuenta, pudiendo a tal fin firmar los cheques, reintegros y cuantos documentos sean necesarios. Por el contrario, no están facultados para modificar las condiciones del contrato, ni can- celar la cuenta o pedir su bloqueo, ni realizar disposiciones contra la cuenta tras el falleci- miento del titular, por extinción del mandato.

Por lo que respecta a la disposición de fondos en descubierto por el autorizado, y dadas las controversias que se pueden plantear en esta cuestión que supone una apertura de crédito de la que deberá responder no el autorizado, sino el titular o titulares de la cuenta,

c. Vida. Operativa y funcionamiento de la cuenta

Disposición de fondos. Posibles incidencias

Autorización de operaciones

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es conveniente que los contratos de cuenta que incluyen autorizados recojan de forma clara tanto la extensión de la autorización como las operaciones de pago o instrumentos de pago que dicho autorizado podrá utilizar para llevar a cabo las disposiciones.

La condición de autorizado se obtiene por autorización expresa y, habitualmente, por es- crito del titular o titulares de la cuenta, siendo uso y práctica bancaria que se recojan las firmas tanto de los titulares como de las personas autorizadas con el fin de permitir a cualquier empleado de la entidad realizar las comprobaciones oportunas que eviten dis- posiciones de fondos por personas no legitimadas para ello.

Si la cuenta es mancomunada o conjunta, la designación del autorizado podrá ser realiza- da por cualquiera de los cotitulares, lo cual no supondrá ningún perjuicio para el resto, pues sin todos ellos el autorizado no podrá disponer de la cuenta.

Ahora bien, si la cuenta es solidaria o indistinta, a falta de previsión contractual en contra- rio, se entiende que la solidaridad activa, que se establece para disponer y parte de una confianza intuitu personae, no podría hacerse extensiva a un autorizado nombrado por un solo titular, por lo que se precisaría el consentimiento de todos los titulares. Por ello, en estos casos se considera necesario que, en aras de la transparencia que debe presidir la actuación de la entidad con sus clientes y en defensa de sus intereses, si uno de los coti- tulares confiere una autorización sin contar con el resto, la entidad informe de modo feha- ciente a los otros cotitulares para que puedan obrar en consecuencia, esto es, prestando su consentimiento —tácito o expreso— al nombramiento o mostrando su disconformidad con este, rompiendo el vínculo contractual que les unía con el otro cotitular.

En cuanto a su revocación, sea la cuenta indistinta o mancomunada, bastaría con que cualquiera de los titulares manifestase por escrito al banco su voluntad en ese sentido para que la revocación sea operativa.

El mandato se extingue por la muerte del poderdante, de tal forma que, ante el fallecimien- to de la persona que ha apoderado a otra para llevar a cabo disposiciones en su cuenta, el autorizado ya no podrá seguir realizándolas. No obstante, hay que tener presente que, para valorar y calificar la actuación de la entidad en los casos en los que los herederos denun- cian la realización de disposiciones indebidas por haber sido efectuadas por el autorizado con posterioridad al fallecimiento del poderdante, resulta muy relevante para este Departa- mento tener certeza del momento en que la entidad tuvo conocimiento de dicho falleci- miento, en la medida que la actuación que cabe exigirle en orden a la protección de los herederos lo es desde que tiene conocimiento del fallecimiento del titular-poderdante, y no antes; ello con independencia de los derechos que, en su caso, asisten a los herederos frente al autorizado, siendo esta una cuestión que se enmarca en las relaciones jurídico- privadas de estos. Además, en relación con la extinción del mandato, y salvo que se pueda acreditar que el autorizado lo era tan solo del titular fallecido, el fallecimiento de uno de los cotitulares en una cuenta indistinta no extingue la autorización si no consta que el resto de los titulares la ha revocado de forma expresa ante la circunstancia del fallecimiento. La existencia de autorizados a disponer puede suscitar las siguientes cuestiones:

− Extensión de sus facultades de actuación: en general, la amplitud o la limitación de las facultades del autorizado dependerá del documento de autorización suscrito. Si en este se confiere una autorización general, el autorizado podrá disponer de la cuenta en la misma forma que el titular.

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− Revocación de la autorización: en cualquier momento el titular de la cuenta puede anular la autorización dada, con el único requisito de comunicarlo a la entidad, debiendo quedar constancia escrita de dicha orden de revocación, de forma que exista certeza del momento en que el autorizado deja de poder dis- poner legítimamente de la cuenta.

En otros casos, la controversia planteada ante el DCMR trae causa del poder conferido a una persona por el titular (o titulares) de la cuenta para la realización de diversos actos de administración, con carácter general. En estos supuestos, este DCMR considera que la exhibición de ese poder general no sería suficiente para que la entidad permitiera dispo- ner de los fondos de una determinada cuenta corriente, pues para ello sería preciso que se diera también una específica autorización para disponer de la cuenta (en la forma