A first order local polynomial model of the covariate

El año 2010 fue el último en el que el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI I) contemplaba su aplicación y vigencia, dado que su planificación fue con- cebida para un periodo cuatrienal que abarcaba de 2007 a 2010. En el mismo se recogían todos aquellos ámbitos de actuación que afectaban a las políticas de inmi- gración y asilo y que implicaban a las diversas administraciones públicas y a las organizaciones sociales. En nuestro ámbito de actuación era el MTI, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, el encargado del desarrollo de las directrices de este plan, que contempla la “incorporación transversal de las cuestiones relativas a la integración de la población inmigrada a todas las políticas públicas relevantes a este efecto”.

Tanto en nuestro país como en otros países europeos, los procesos migrato- rios se encuentran íntimamente ligados a las transformaciones y demandas del mercado de trabajo, a los déficits o superávits de mano de obra y a los desajustes registrados a lo largo de las últimas décadas, y más recientemente con la situación de crisis económica que se padece muy especialmente en España desde el año 2008. Esta situación, que fue ampliamente analizada en el Informe CEAR 2010, destacaba el hecho de que la misma estaba afectando más a las personas refugiadas e inmigrantes que a la población española, no solo en lo que a tasas de desempleo se refiere, sino también a que estos colectivos tienen un salario medio muy infe- rior y un menor porcentaje de participación en el acceso a la formación pública que los autóctonos, debido a las dificultades en los requisitos de acceso a estas acciones que las administraciones correspondientes están poniendo, viendo además recor- tados otros derechos sociales. El alejamiento del mercado laboral supone una traba muy importante para el acceder a derechos básicos como la documentación, la vivienda o la protección social.

El problema fundamental que nuestro colectivo atraviesa se traduce, por tanto, en que en el actual contexto, con una tasa de paro que cerró el último trimestre de

2010 en una alarmante cifra del 20,33%, y que implica en términos absolutos situar el número de desempleados en los 4.696.600, el sistema de consumo que se plantea en nuestra sociedad los excluye, viéndose abocadas a la exclusión social y a quedarse fuera de los circuitos normales del conjunto de la población y, por tanto, privados de la dimensión social y humana del hecho de trabajar. El significado real del trabajo, de tener un empleo, equivale para la inmensa mayoría de la población, a la única posibilidad legal de tener recursos económicos para poder satisfacer sus necesidades y adquirir los bienes de consumo necesarios para el desarrollo de sus vidas.

Así, si en un primer análisis el PECI I arroja un balance positivo respecto al cumplimiento de los objetivos marcados por quienes lo diseñaron, la implemen- tación es evidente que ha sufrido más dificultades en toda su fase de desarrollo.

Si como apuntábamos, el acceso a los derechos y la integración social de las personas refugiadas e inmigrantes se basan, en parte, en el acceso al mercado de trabajo y en la garantía de unas condiciones laborales dignas, son las Administra- ciones Públicas las que se encuentran en la obligación de hacer frente a las situa- ciones de segmentación y precariedad laboral que aumentan el riesgo de pobreza y exclusión social, de eliminar todos los impedimentos señalados para asegurar un mercado de trabajo inclusivo que consolide condiciones laborales dignas, de cali- dad e igualitarias para nuestro colectivo.

Resulta en este punto destacable que de todas las áreas de trabajo que contem- pla el Plan, sea el área de empleo la única que desde el primer año de implementa- ción sufre año tras año recortes en su dotación presupuestaria. El año 2010 no ha sido una excepción a este respecto y la dotación presupuestaria para 2010 en mate- ria de empleo, que ascendía a 51.092.287 euros, se ha traducido en una merma res- pecto a 2009 de un 1,5%.

El nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI II), contempla- do para el periodo 2011-2014, se encuentra todavía en periodo de consultas con diferentes organizaciones sindicales y sociales, entre las que se encuentra CEAR, que han sido emplazadas a diferentes mesas de negociación en los últimos meses para presentar sus propuestas e iniciativas a la administración, de cara a que estas sean tenidas en cuenta para concebir la gestión pública de la inmigración y el mer- cado de trabajo en el próximo periodo de planificación.

Entre las reivindicaciones que destacaríamos de interés para nuestro trabajo, en el plano del análisis de políticas sobre integración laboral, se encuentra la nece- sidad de impulsar herramientas de medición en materia de inserción e integra- ción, especialmente del colectivo de asilo y refugiados que es el que nos atañe, ya que actualmente siguen sin existir instrumentos adecuados que se puedan utilizar y que arrojen luz a los análisis que sobre políticas públicas se hacen.

El PECI avanza los principios sobre los que se debería crear un sistema de indicadores para la integración social de los inmigrantes (evaluación integral, en términos de eficiencia, participativa y formativa) pero no incorpora ninguna herramienta específica. Si bien el desarrollo de sistemas de indicadores relaciona- dos con el empleo es amplio y cuenta con un largo recorrido, en materia esta mate- ria aún queda mucho por hacer a todos los niveles, de ahí las dificultades excepcio- nales a la hora de realizar análisis exhaustivos acerca de nuestro colectivo y que, por tanto, sean los instrumentos financieros y su dotación presupuestaria quienes nos den las referencias más esclarecedoras.

Cabe añadir, además, que las políticas de los sucesivos gobiernos en España se han dirigido a la integración del colectivo de extranjeros en general, aunque tam- bién los solicitantes de asilo y los refugiados, subsumidos como miembros de este colectivo, podían acceder a ellas. Así, la política de inmigración y asilo, articulada en normas y decisiones de la administración, se transmite y es percibida por la sociedad como un fenómeno que inevitable y fundamentalmente vincula el fenó- meno a los aspectos laborales del mismo, mediante el binomio inmigración-traba- jo, lo que contribuye a que permanezca el estereotipo del inmigrante (refugiado incluido, por seguir la lógica administrativa) solo como fuerza de trabajo, ignoran- do el hecho de que el colectivo comparte los problemas económicos, sociales y cul- turales de la sociedad en la que se integra.

Los inmigrantes y refugiados no se incorporan únicamente al mercado labo- ral sino a todos los ámbitos sociales, por lo que, acorde con la realidad, no es posi- ble llevar a la práctica políticas que sólo regulen el aspecto laboral del flujo. Hay que entenderlo, para poder analizarlo y entender su impacto, como un movimiento de población, constante, que precisa la adopción de políticas que lo contemplen en su totalidad. Con estas deficiencias señaladas para nuestro análisis, vamos a ir des- granando brevemente lo que en materia de integración laboral de personas refu- giadas se ha implementado específicamente durante el año pasado desde los pode- res públicos.

Las políticas que se implementan en España para el colectivo de refugiados e inmigrantes en materia de integración son, sobre todo, a través de los Presupues- tos Generales del Estado. El MTI destinó en 2010 un total de 323 millones de euros al eje de políticas de inmigración y emigración, un 27% menos que en el año 2009, canalizados a través de diferentes programas cofinanciados en los últimos años a través del Fondo Social Europeo (FSE) y, más recientemente, del Fondo Europeo para la Integración (FEI), en los que CEAR viene participando, junto con otras organizaciones, de forma destacada. Es evidente que los recortes presupuestarios del Ministerio en materia de Integración de los Inmigrantes (que ha pasado de

tener 299,9 millones de euros en 2009 a solo 175 para 2010) han incidido notable- mente en las organizaciones sociales que trabajamos con el colectivo, obligando a realizar un sobreesfuerzo en la atención a un colectivo cuyas dificultades van en aumento con la crisis económica, cada vez con menos recursos, lo que pone en serio riesgo las posibilidades de integración en la sociedad de acogida de estas per- sonas, dificulta el pleno ejercicio de sus derechos e impide la consolidación de sus itinerarios de inserción, perdiendo los esfuerzos y recursos empleados en la su integración sociolaboral durante los últimos años.

Teniendo en cuenta el contenido del Reglamento (CE) 1081/2006 relativo al FSE, este deberá respaldar las políticas de los Estados miembro que, a su vez, se ajustan a las orientaciones y recomendaciones adoptadas en el marco de la Estra- tegia Europea para el Empleo, así como a los objetivos de inclusión social, no dis- criminación, fomento de la igualdad, la educación y la formación. El Programa

Operativo de Lucha Contra la Discriminación 2007-2013ha sido diseñado con la fina-

lidad de dar respuesta al segundo de los tres objetivos estratégicos del Fondo Social Europeo para este periodo “atraer a más personas al mercado laboral, haciendo del trabajo una opción real para todos y todas, fomentando la empleabi- lidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, impulsando, especialmente, la integración sociolaboral de las personas jóvenes, paradas de larga duración, inmigrantes, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión del mercado de trabajo”.

En estas convocatorias se incluyen programas específicos donde se fomenta la ejecución de programas y actuaciones de lucha contra la discriminación por moti- vos de origen racial o étnico, en especial en el acceso al empleo, educación, vivien- da o salud; actuaciones de fomento de la participación y de promoción de la igual- dad de trato y no discriminación y programas dirigidos a la prevención de conductas discriminatorias, racistas y xenófobas y programas de sensibilización dirigidos a la población general.

La otra actuación referida para el desarrollo de programas de carácter inno- vador que fomenten la integración de las personas inmigrantes en 2010, se enmarca en los objetivos de la convocatoria cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de los Inmigrantes (FEI), integrado en el Programa Marco de Solidaridad y Gestión de Flujos Migratorios, y a la que se destinaron más de 10 millones de euros. En la misma se subvencionaron programas de intervención social con atención especial a mujeres y jóvenes, programas dirigidos a la preven- ción de conductas discriminatorias, racistas y xenófobas y programas de sensibi- lización dirigidos a la población general. Los programas cofinanciados por el FEI, hacen énfasis en el proceso de reagrupación familiar mediante programas de

introducción a la sociedad de acogida y programas de fomento de la colaboración de los nacionales de terceros países en organizaciones de participación activa dentro del ámbito local.

En España gastaremos cerca de 7.500 millones de euros en políticas activas de empleo en el año 2011, un 5,5% menos que el año anterior. Un presupuesto que se divide en tres tercios prácticamente idénticos para bonificaciones a la contratación (2.450 millones), formación profesional (2.678 millones) y programas de empleo (2.230 millones). Su escasa eficacia hasta ahora para plantarle cara a la grave situa- ción actual de crisis económica, va a llevar al Gobierno a modificar estas políticas activas (un primer paso ya es la reforma laboral vigente), esperando que centre el foco en aquellos colectivos más necesitados. Entre ellos debería situarse, de forma destacada, el colectivo de refugiados, favoreciendo nuevas actuaciones para luchar contra la discriminación de las personas refugiadas que se podrían implementar en mayor medida en el marco legal e institucional del que hablamos, dotándolas de más recursos (fuertemente recortados en los últimos años), y procurando innovar en la materia, mediante la elaboración de itinerarios integrados de inserción labo- ral que contemplen las potencialidades y posibilidades de empleo de forma indivi- dualizada y adaptada al mercado laboral actual; la formación de profesionales en el campo de la inmigración y la apuesta por la flexibilización administrativa a la hora de regularizar las situaciones laborales del colectivo migrante.

6.3 UNA EXPERIENCIA PARA EL ANÁLISIS: EL TRASLADO DESDE CUBA