Overview of the process

La innovación estuvo relacionada con la industria, y fue concebida con fundamento en un esquema cerrado en el que fue monopolizada por la empresa interesada en crear nuevos productos, como se observa en varias definiciones ya citadas, pero recientemente la educación básica, media y universitaria ha incursionado en el campo de la gestión del conocimiento con el fin de impulsar la innovación.

Utilizando distintas denominaciones se han ido introduciendo en los programas académicos de las universidades, asignaturas que se ocupan de unas materias

37 que, hasta los años 90 eran solo objeto de cursos de especialización o de doctorado (Escorsa & Valls, 2003, pág. 7).

En Colombia, las políticas son recientes y se han consolidado a partir de la Constitución Política (CP, 1991) y la Ley 30 (1992). Además, la Ley 1286 (2009), en su objetivo específico dice la Constitución Política:

Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes…objetivo específico No. 3 Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política económica y social del país (Art. 2).

Desde mediados de la década de los 90, el Ministerio de Educación Nacional ha venido modificando la regulación de la educación en todos los niveles con una tendencia hacia la calidad, de lo cual dan cuenta los decretos, las leyes y las resoluciones que regulan la Educación Superior. Que se relacionan en la siguiente tabla.

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Tabla 5. Normas sobre la educación superior

Normatividad Contenido

Ley 29 (1990) Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.

Ley 30 de (1992)

Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas por medio de las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la Educación Superior. (El Congreso de Colombia, 28 de Diciembre de 1992).

Ley 115 de (1994)

Por la cual se expide la Ley General de Educación. Ordena la organización del Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Respecto a la Educación Superior, señala que ésta es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. “Excepto en lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sobre Educación Tecnológica que había sido omitida en la Ley 30 de 1992. Ver Artículo 213 de la Ley 115. Ley 115 (1994),

Ley General de Educación

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal.

Decreto 2566 (2003)

reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y

desarrollo de programas académicos de educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter institucional. Resolución 2768

(2003)

Por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de pregrado en Derecho.

Resolución 183 (2004)

Por la cual se define la organización de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES.

Ley 1286 (2009)

“Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 1295 (2010)

Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.

Fuente: sitio web del Ministerio de Educación (MinEducación, 2015)

Esta regulación ha implicado la obligación del cambio en el “conocimiento” que se produce en la Universidad en función de los estudiantes, lo que implica un cambio paradigmático en la forma como se gestiona, pues, de acuerdo con estos lineamientos, se ha pasado de un conocimiento expresado en contenidos reproducidos en el proceso de formación, a un conocimiento mediado por la investigación, la proyección, la interdisciplinariedad y la socialización, con un fin transformador de la sociedad y con el compromiso de la excelencia, lo que obliga a

39 transformar el objetode la formación, es decir, el conocimiento y también el cómo, esto es, las estrategias pedagógicas y didácticas, las interacciones entre docentes y estudiantes para cumplir con el cometido de transformación que se propone en las propuestas normativas. Al respecto Hernández (2015) plantea:

Autores como Huberman (1973): una innovación en educación es un mejoramiento medible o evaluable que sea fruto de un proceso deliberado y logre mantenerse durante un cierto tiempo (pág. 81). Estebaranz (1994): cambio interno en la escuela que afecta a las ideas, las prácticas y las estrategias, a la propia dirección del cambio, las funciones de las personas que participan (pág. 81). De pablos y Cortés (2007): el concepto de innovación educativa se relaciona con diversas dimensiones del ámbito escolar, que oscilan desde los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, hasta los procesos de desarrollo personal y profesional del profesorado como principales responsables del desarrollo del curriculum (pág. 82). Lugo y Kelly (2012): la innovación educativa significa una transformación cultural en la manera de gestionar y construir el conocimiento, en las estrategias de enseñanza, en las nuevas configuraciones institucionales, en los roles de los profesores y los alumnos, e incluso en la manera creativa de pensar la educación, la tecnología y las escuelas (pág. 83).

En este sentido, teniendo como base la innovación como proceso social (Colciencias, 2014), conviene destacar la contribución universitaria al desarrollo local, como elemento emergente en materia de innovación educativa. Esta perspectiva conduce a la universidad a ser un ente socialmente responsable y propicia el surgimiento de una “tercera misión”, como lo piensan Jongbloed, Enders y Salerno (2008), quienes consideran que la labor universitaria demanda un tipo diferente de compromiso al establecido a partir de las dos misiones tradicionales: enseñanza e investigación. Este es un compromiso relacionado con las competencias organizativas en sus ámbitos sustantivos (docencia, investigación, extensión y gestión) para transformarse y promover soluciones a los desafíos del entorno social y global (Villa, 2014).

Hay una relación entre la gestión del conocimiento y la innovación que adelanta la Universidad y la Facultad de Ciencias jurídicas, pues el objeto principal de su función se basa en el conocimiento y la reproducción del conocimiento. La producción y la gestión son parte de su cotidianidad, como proceso pedagógico con los estudiantes, las comunidades académicas de investigación o proyección social. De este modo, se adelantan procesos creativos que llevan a la creación de nuevo conocimiento que se expresa en propuestas innovadoras en el contexto social de los estudiantes y en la Facultad en el desarrollo de sus actividades diarias.

La Facultad de Ciencias Jurídicas puede ser considerada como una maqueta del sistema social, donde se da la posibilidad de adquirir, transferir y aplicar conocimiento tácito y explícito. En las instituciones educativas se concreta la existencia del conocimiento y se cumplen las funciones que determinan su gestión,

40 pero no se identifica una manera de sistematizar el conocimiento que se va obteniendo en institución ni aparecen propuestas innovadoras derivadas de la gestión del conocimiento. Inicialmente, la institución propone políticas y programas con base en las normas y las propuestas institucionales, como el macrocurrículo, posteriormente a partir de las discusiones de los actores educativos se originan los currículos de áreas del conocimiento de un programa, operacionalizado a través del microcurrículo en el aula de clase, donde no hay control sobre el conocimiento adquirido. Bajo la política de libertad de cátedra, el docente puede discutir los conocimientos, concretados en casos reales de los estudiantes, lo que produce un nuevo conocimiento que la Institución y la Facultad no alcanzan a sistematizar para su gestión y en el cual podría visualizarse la generación de conocimiento innovador que termina aplicándose al desarrollo de los procesos.