(Núm. exp. 671/000187) AUTOR: GPS
El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Caballos.
El señor CABALLOS MOJEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en representación del Grupo Socialista del Senado. Pero antes de entrar en la materia concreta, quiero incidir en que he oído que la ministra de Empleo, que es diputada por Huelva, ha hecho alusiones negativas a Andalucía, lo cual es habitual en la derecha andaluza.
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Pleno
¡Claro, así llevan 33 años seguidos en la oposición en Andalucía! (Aplausos). Y puesto que soy senador por el Parlamento… (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden, silencio, por favor.
El señor CABALLOS MOJEDA:... andaluz, quiero aprovechar para dejar claro en esta Cámara territorial dos datos. Primero, según la EPA, no según el PSOE, el paro descendió en el último año en Andalucía el 10 % y en España el 8,4. Segundo, en Andalucía hay 178 000 ocupados más en el último año, con un aumento del 6,76. El aumento en España es del 2,96. Por tanto, 30 de cada 100 empleos nuevos en España se han creado en la tierra de la señora Báñez, que es la mía, y a la que estamos esperando con los brazos abiertos, como al señor Montoro, que ahora se va, diputado por Sevilla, en la próxima campaña electoral que tenemos ahí, muy cerquita. Claro que según la propaganda pepera —ya saben ustedes cómo se las gastan estas señorías—, los empleos que se crean en Andalucía son mérito de Mariano I de España y V de Alemania, y los parados son culpa de Susana Díaz. Claro, con esos argumentos querrán ganar las elecciones en Andalucía y va a ser que no. (Aplausos). Una vez más va a ser que no.
Pero volviendo al asunto que nos ocupa, en el debate anterior, en la interpelación al señor Montoro, que ya no está aquí —se podía haber quedado un ratito—, planteamos una serie de cuestiones. Pensamos que el debate es oportuno; puesto que se está terminando la legislatura es un buen momento de hacer balance y es el lugar adecuado, porque el Senado es la Cámara territorial específica; y lo es porque el Gobierno ha incumplido la obligación legal de presentar una propuesta de nueva financiación autonómica pasados 5 años desde la puesta en vigor del actual. Por consiguiente, reclamamos una negociación urgente de un nuevo sistema justo y equitativo. Porque la aplicación del actual sistema y el diferente impacto territorial de la crisis no garantiza la igualdad de trato y la suficiencia financiera a todas las comunidades. Porque, y muy importante, está teniendo un impacto directo en el modelo social, porque la solidaridad, según la Constitución, se instrumenta fundamentalmente mediante las políticas del Estado del bienestar, que son las que proporcionan la igualdad de oportunidades y el acceso a un reparto justo de la riqueza. Y como es necesario reducir el déficit fiscal del conjunto del Estado, señalamos también que en los últimos años han sido las comunidades y los ayuntamientos los que han hecho el 80 % del esfuerzo, mientras que el Gobierno central ha contribuido solamente con un 12 % y esta situación tiene que cambiar.
Planteamos también, señorías, reconsiderar la aplicación de la regla de gasto para 2016, pues es ilógico e inaceptable que en el techo de gasto para el año que viene se computen los ingresos que el Gobierno central debió transferir en 2014, que son propios, porque el sistema de financiación así lo garantiza, de las comunidades autónomas, pertenecientes a las comunidades autónoma Entonces, no apliquen al límite de gastos de 2016 los ingresos que debieron recibir las comunidades autónomas en 2014. Si esto no es así, si no reconsidera el señor Montoro esta decisión, todas las autonomías, las gobierne quien las gobierne, lo van a pasar muy mal. Queremos que los niveles del Fondo de Compensación Interterritorial vuelvan a ser los que había en 2011, cuando había un Gobierno que todo lo hacía muy mal y llegó este Gobierno para hacerlo todo muy bien, como estamos viendo. Así que si se invertía poco y el FCI era poco o era insuficiente, según decía la derecha en la oposición entonces, y sigue en la oposición en Andalucía, el actual Gobierno la ha reducido a la mitad. Y, en fin, es necesario que se acuerde una solución dialogada en las comisiones mixtas correspondientes para tratar el conflicto planteado con Andalucía y Aragón. Todas las comunidades autónomas van a ver incrementadas sus transferencias para el año que viene, salvo Andalucía y Aragón que tienen que hacer una liquidación negativa de 265 y de 20 millones respectivamente.
En definitiva, señorías, hemos planteado un debate necesario, un debate conveniente, adecuado en esta Cámara y esperamos del Grupo Popular que esté a la altura de las circunstancias y respalde las propuestas que hemos presentado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Caballos.
Se han presentado dos enmiendas, una a iniciativa del senador Iglesias y otra de las senadoras Julios y Armas. Para la defensa de la primera, tiene la palabra el senador Iglesias.
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Pleno
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
La enmienda es muy sencilla e incluso puede parecer a primera vista innecesaria: que se refleje que los recortes producidos en los servicios públicos esenciales, en virtud del texto planteado, han afectado al Estado del bienestar. Porque no podemos perder la perspectiva en el debate político de que en nuestro país el Estado del bienestar es sinónimo de Estado de las autonomías y que, en consecuencia, todo aquello que afecta a la financiación de las comunidades autónomas tiene repercusiones inmediatas sobre el Estado del bienestar. A lo largo de esta legislatura, y en línea con lo que se manifiesta en la moción, el Gobierno ha planteado una distribución del objetivo de déficit claramente favorablemente para la Administración central del Estado a costa fundamentalmente de las comunidades autónomas a las que ha adjudicado como objetivo en 2012 el 1,5 %, en 2013 el 1,3 %, en 2014 el 1 %, en 2015 el 0,7 %, y para el año 2016 el 0,3 %. Las comunidades autónomas en estos cuatro años han cumplido unas de mala manera y otras han incumplido abiertamente estos objetivos de déficit porque no han tenido más remedio. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal presentó el pasado mes de julio un informe en el que destacaba que cinco comunidades autónomas, concretamente la Comunidad Autónoma Valenciana, la murciana, Cataluña, Extremadura y Baleares no van a poder cumplir el objetivo de déficit fijado para el año 2015, y planteaba la necesidad de flexibilizar el objetivo en los dos próximos años. Obviamente, para que esta flexibilización reivindicada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sea posible, solo podrá ejecutarse con una mayor provisión de recursos para las comunidades autónomas, porque en caso contrario, si no, lo que se produciría sería la exigencia de un mayor sacrificio a las demás comunidades autónomas. Los nuevos gobiernos que se han constituido tras las últimas elecciones autonómicas, en aquellas comunidades en las que han sustituido a gobiernos del Partido Popular, están encontrando situaciones terribles. En Castilla-La Mancha, en cuatro años, la deuda viva pasó de 6260 millones de euros a 13 146; se duplicó, y la previsión es que el año acabe con un saldo de tesorería negativo en prácticamente 350 millones de euros.
Aragón presenta un desfase presupuestario, a día de hoy, de 800 millones de euros; en Extremadura el déficit es ya del 0,97 %; en Cantabria la deuda asciende a 2733 millones de euros, mientras que hace cuatro años era de 1442 millones; la Comunidad Valenciana tiene una deuda de 37 615 millones, y ya agotó en estos meses el objetivo fijado para el conjunto del año. Y todo esto no evitó importantes recursos en los servicios esenciales que configuran el Estado del bienestar, como también afirma la moción. En sanidad el recorte fue de unos 10 000 millones de euros; el gasto en educación cayó un 20 %, y en la atención a la dependencia se ha producido un descenso en recursos que supone 1409 millones de euros. Por estos motivos, y por los que se reflejan en la moción, me planteo, en nombre de Izquierda Unida, con la enmienda que hemos formulado, dar un voto favorable a la misma.
Muchísimas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías. Coalición Canaria también comparte la moción presentada por el senador Caballos, y hemos formulado una enmienda añadiendo un punto nuevo. Compartimos la iniciativa porque pensamos que, efectivamente, en esta legislatura se ha producido un retroceso en la relación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Se ha producido un retroceso en la cohesión social al que hay que unir el retroceso —yo diría que igual de peligroso— de la pérdida de cohesión territorial. Porque las políticas del Gobierno de España para con las comunidades autónomas han traído a colación algo que es imprescindible, que es la debida lealtad institucional entre las distintas administraciones, y se echa en falta ese criterio en la política actual del Gobierno de España.
Nosotros hemos presentado una enmienda puesto que, cuando hablamos de mejorar las relaciones del Gobierno de España con todas las comunidades autónomas, en lo que se refiere a Canarias —yo soy miembro de Coalición Canaria, como saben, un partido nacionalista—, pensamos que es imprescindible que se cumpla, para que se mejore la relación, se respeten los derechos que tienen los canarios y la legalidad vigente, el Estatuto de Autonomía de Canarias por supuesto y también el régimen económico y fiscal de Canarias, con los artículos 95 y 96 del
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Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Por eso, hemos introducido esta cuestión en nuestra propuesta de enmienda.
Señorías, estoy seguro de que al senador Quintero antes que a mí, que a los senadores y senadoras de Coalición Canaria que han estado en esta Cámara en legislaturas anteriores, les habrán escuchado decir —lo siento, pero lo van a volver a escuchar tanto por mí como por la senadora Armas— que es importante que se cumpla con los artículos 95 y 96 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias; artículos vigentes en una Ley Orgánica del Estado, la Ley del régimen económico y fiscal. Leo estos artículos, señorías, porque muchas veces se desconoce lo que se incumple, si de Canarias hablamos. Artículo 95, relativo a la compensación del hecho insular: De conformidad con el artículo 138.1 de la Constitución que reconoce el hecho insular, de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, se considera de interés general, a los efectos de la inclusión de los créditos correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado, las obras de infraestructuras y las instalaciones de telecomunicaciones que permitan o que faciliten la integración del territorio del archipiélago con el resto del territorio nacional, o interconectando los principales núcleos urbanos de cada isla o de las diferentes islas entre sí.
Pues bien, habrán escuchado a diferentes ministros de este Gobierno decir que no es competencia del Estado la financiación de las infraestructuras canarias, por ejemplo, las carreteras de interés general; habrán escuchado decir —sin ir más lejos, al responder la última pregunta que le hice al señor Montoro en el Pleno anterior— que reclamar este derecho de Canarias era ponernos en una posición de víctimas. Y, señorías, no es eso. Lo que está claro es que no es graciable que el Gobierno de turno cumpla con un derecho que está recogido en un estatuto de autonomía y en una Ley Orgánica como es el Régimen Económico y Fiscal.
Asimismo, el artículo 96 habla de la distribución del programa de inversiones. Para no cansarles, señorías, abreviaré. Aquí se reconoce la necesidad de que el Gobierno de España invierta el promedio que corresponde para el conjunto de las comunidades autónomas, y que esa misma inversión se haga en Canarias. Ninguna de las dos cosas se está cumpliendo. Si no se corrigen, señorías, los presupuestos del Estado, que se están debatiendo en estos momentos en el Congreso, no habrá tal inversión en Canarias. Vamos a recibir 261 millones de euros de inversión estatal del sector público, un 2,4 % menos que con el presupuesto del año anterior. Comunidades —no voy a nombrarlas— de población semejante a la nuestra reciben por encima de los 1000 millones de euros en inversión. En estos presupuestos hay comunidades que incrementan en un 24 %, en un 10 %, en un 15 %...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
La señora JULIOS REYES: …las inversiones —termino— que reciben del Estado. No es de recibo que Canarias retroceda nuevamente. Por eso, señorías, defendemos esta enmienda. El Régimen Económico y Fiscal es la norma de convivencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, forma parte de nuestros fueros históricos y, además, fue una condición imprescindible para que Canarias votará sí a su inclusión en la Unión Europea, y no se está cumpliendo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.
Tiene la palabra el senador Caballos para indicar si acepta o no las enmiendas. El señor CABALLOS MOJEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Presentamos esta moción —quiero reiterarlo ahora— porque el señor Montoro no nos
respondió en la interpelación ni en todo ni en parte a las cuestiones que le planteamos, que no son menores y que afectan en la mayoría de sus puntos a todas las comunidades autónomas.
Se han registrado dos enmiendas, una del senador Iglesias, de Izquierda Unida, y otra de las senadoras Julios y Armas, de Coalición Canaria. Agradezco ambas enmiendas y también el apoyo que han anunciado los enmendantes a la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
La enmienda de Izquierda Unida propone una adición a nuestro punto 2. Nuestro punto 2 viene a decir que el Gobierno cumpla la LOFCA, que los sistemas de financiación tienen vigencia de cinco años, y este terminó en enero de 2014. El Gobierno ha dejado pasar prácticamente dos años, 2014 y 2015, y va a dejar pasar sine die la revisión del nuevo sistema.
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El PP decía que era muy malo el sistema de financiación de 2009, muy malo, malísimo, como todo lo que hacía el Gobierno anterior en general, y ZP, su presidente, en particular, resumen de todos los males sin mezcla de bien alguno. Claro, llegaron ellos a hacerlo todo absolutamente bien, y así va el país y así les ha ido en las últimas elecciones autonómicas y locales. Efectivamente, se puso en marcha un nuevo sistema y se añadieron 11 000 millones de euros. Se lo reitero otra vez para que no se les olvide y lo incluyan en su argumentario: Zapatero añadió 11000 millones de euros netos y nuevos al sistema anterior. Y ustedes no solo no han añadido ni un euro, sino que han recortado las transferencias a las comunidades autónomas un 44 %, las transferencias finalistas para los servicios públicos del Estado del bienestar. Ténganlo entonces en cuenta para sus argumentarios.
El senador Iglesias nos plantea que al final del punto 2 se añada: «… que constituyen la base del Estado del bienestar.» Está bien —lo que abunda no daña, señor Iglesias— y, además, conviene que se reitere que Estado de las autonomías y Estado del bienestar son dos caras de la misma moneda y la derecha plantea un doble jaque a los dos sistemas: al autonómico y al de bienestar social.
La senadora de Coalición Canaria añade un punto sexto para que se cumplan los artículos 95 y 96 de la ley relativa al régimen económico y fiscal de Canarias. Senadora Julios, esta ley es de 1991, y quiero recordar que entonces había mayoría absoluta en las Cortes y gobernaba Felipe González, para que vean cómo puede haber un Gobierno en España con mayoría absoluta y que haga dos cosas distintas: o bien desplegar la mayor descentralización política de la historia contemporánea de España, como hizo el Partido Socialista, o bien la mayor recentralización legislativa, fiscal y financiera, como ha hecho la derecha con su mayoría absoluta. Nosotros impulsamos y apoyamos aquella ley de 1991 y, como es natural, espero que los senadores del Partido Popular —acaba de decirle el señor Montoro al senador del PNV que lo que hay que hacer es cumplir la ley— cumplan la ley del régimen de Canarias.
Es verdad que también hay otros estatutos que tienen unas obligaciones con el Estado y, efectivamente, también deberían ser cumplidas, como es el caso de Baleares, Andalucía, Cataluña y algunas más.
Desgraciadamente, hoy estamos ante un retroceso claro en el Estado de las autonomías. Antes ha salido por aquí el recuerdo del señor Fraga Iribarne —que en paz descanse, y expreso al Partido Popular mi respeto—, pero lo que hizo Fraga Iribarne fue lo que hicieron muchos en la derecha, entre otros —no sé si lo recuerdan ustedes— un tal señor Aznar, —Aznar, el de FAES, el del tea party español—, que no apoyó la Constitución precisamente por el modelo de Estado. Yo creo que ustedes están todavía haciéndole la digestión al Título VIII y cada vez que llegan al poder le dan a la moviola, como todo Gobierno reaccionario, y como todo buen reaccionario suspiran por la vuelta atrás. Pero eso no va a volver a ocurrir en España. España no va a ser nunca más un Estado unitario ni centralista. Lo siento por ustedes. Acéptenlo, asúmanlo, intégrenlo en su ideario político y, sobre todo, en su práctica política cuando lleguen al Gobierno.
Por tanto, espero que muchos, por lo menos del Grupo Popular, aunque vayan a votar que no, se vayan pensando si una buena parte de su fracaso electoral en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos no ha sido como consecuencia de las decisiones antiautonómicas y por las políticas fiscal, económica y presupuestaria del Gobierno que ustedes están apoyando.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Caballos. Entiendo que acepta usted las dos enmiendas. (Asentimiento). Muchas gracias.
Pasamos al turno en contra. Senador Blasco, tiene la palabra.
El señor BLASCO MARQUES: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, señor Caballos, es muy difícil centrar con usted el debate en la moción, porque aprovecha cualquier oportunidad para salirse de ella. En cualquier caso, el Gobierno socialista sí fue malo malísimo, como usted ha dicho. Fue malo malísimo, hasta el punto de que —como usted ha hecho mención, lo haré también yo— al presidente Zapatero lo tienen ustedes escondido. (Varios señores senadores: ¡No, no!— Rumores).
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El señor BLASCO MARQUES: En cambio, los del Partido Popular defendemos —y lo voy a hacer yo esta tarde aquí— las políticas realizadas por el señor Aznar, porque trajeron grandes beneficios a España. De entrada, hoy estamos en el euro gracias a aquellos Gobiernos.