A pesar de todos estos fallos de base, se asegura que el RCCDE se ha traducido en algu- nas reducciones de emisiones. La afirmación se fundamenta en datos que muestran que el sector eléctrico, en su conjunto, necesitó adquirir ciertos créditos y que algunos países, especialmente el Reino Unido, tuvieron un déficit de permisos o derechos de emisión durante todo el período 2005-2007.28 Pero resulta bastante engañoso agregar los resulta-
dos de esta forma, ya que el déficit general de permisos se explica porque un puñado de grandes centrales eléctricas alimentadas con carbón tuvieron que adquirir derechos de
contaminación extra, pero la gran mayoría de instalaciones individuales se encontraron con un excedente de permisos.
Los defensores del RCCDE arguyen que la flexibilidad en el traspaso de permisos entre los distintos países y sectores de la UE es el principal punto fuerte del programa, ya que otorga la ‘flexibilidad’ necesaria para alcanzar las reducciones al menor coste posible. En la práctica, sin embargo, ha ofrecido a las empresas de los países más ricos una ‘escotilla de emergencia’ para evitar rebajar las emisiones comprando permisos que se asignan en exceso en otros lugares.
España es la quinta emisora de CO2 en Europa, con un historial que demuestra que es experta en eludir sus responsabilidades de reducción de emisiones.29 En 2006, la
consultora Ecofys publicó un estudio que mostraba que el Plan Nacional de Asig- nación del Gobierno español para la fase dos del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de la UE (RCCDE) contenía una considerable sobreasig- nación. Esto llevó a la Comisión a rechazar el plan y pedirle a España que recalcu- lara sus asignaciones para los sectores energéticos y de servicios públicos.30 El plan
revisado, sin embargo, sigue siendo excesivamente generoso y permite, entre otras cosas, que un 21 por ciento de las ‘reducciones’ propuestas vengan de la compra de créditos MDL. El resultado final es que España puede continuar incrementando sus emisiones a un ritmo cada vez mayor amparándose en este plan.
La compra a gran escala de créditos MDL está respaldada por el Fondo Español de Carbono (FEC), en el marco del Banco Mundial. De hecho, España es el séptimo país comprador de compensaciones de proyectos MDL, que son adquiridas fun- damentalmente por sus grandes empresas energéticas: Endesa, Gas Natural SDG, Iberdrola, Fortuny y Unión Fenosa.31
Además de estas compensaciones, España compró seis millones de derechos de emisión al polémico programa del gobierno húngaro Green Investment Scheme. El GIS (por su sigla en inglés) fue inicialmente creado para producir calefacción doméstica más eficiente, pero el dinero fue rápidamente ‘absorbido’ tras la crisis económica en Hungría y los proyectos GIS no se han materializado. Para algunos, esto constituye un ‘fraude verde’; para otros, es un inconveniente temporal.
Este fenómeno se subestimó relativamente en la primera fase del RCCDE, ya que el conjunto del programa padecía de un exceso de asignaciones, pero, aún así, hubo un volumen considerable de comercio trasfronterizo. El Reino Unido fue el principal país importador, con unas importaciones netas del 17 por ciento de sus DUE; Lituania, por su parte, fue exportador neto del 33 por ciento de sus excedentes a otros países.32
45 Cuando el tope no tapa En el caso británico, el ‘déficit’ de permisos afectó a algunas de las centrales eléctricas más grandes y contaminantes, que necesitaban reducir sus emisiones o comprar permisos extraordinarios. Todas, sin excepción, optaron por la segunda vía.33
El excedente lituano también esconde una historia muy ilustrativa. La UE exigía, por mo- tivos de seguridad, el cierre de Ignalina, una central eléctrica nuclear con un diseño pare- cido a la de Chernobyl. Lituania respondió alegando que la sustitución de la capacidad de generación eléctrica de esa central procedería de centrales alimentadas con carbón, muy contaminantes, y que, por lo tanto, eso le debería reportar derechos de emisión extraor- dinarios.34 Al sobrestimar el aumento de emisiones de CO
2 que se derivaría del cierre de
Ignalina, Lituania consiguió un gran excedente de permisos, que después se vendieron y se trataron como ‘reducción de emisiones’ en el Reino Unido y otros países.35
Este problema fue también fruto de una sobreasignación general; tal como señalaba la Dirección Nacional de Auditoría de Cuentas del país: ‘En Lituania, sólo 3 instalaciones de 93 emitieron más CO2 del permitido en virtud de los derechos de emisión recibidos en 2005. Esta situación llevó a que las empresas lituanas vieran el régimen de comercio de derechos de emisión como una especie de ayuda de la Unión Europea, no como una obligación’.36
Fase 2: cómo sobrevivir a una prueba de choque
La forma más habitual de insuflar aires de optimismo a la idea del comercio de emisiones después del estrepitoso fracaso de la primera fase del RCCDE consiste en presentarlo como si estuviera en fase ‘de pruebas’ o de ‘aprendizaje en acción’, y que los consiguien- tes ajustes que se le realizarán garantizarán que no se repitan sus problemas.37 Los defen-
sores del sistema afirman que los topes o niveles máximos son ahora mucho más estrictos aunque, como veremos en las páginas que siguen, se trata de una falsa afirmación, ya que el volumen de créditos de compensaciones que se puede comercializar en el marco del régimen es tan grande que, de hecho, no es necesario que se reduzcan las emisiones en los territorios nacionales.
El acento se pone en el hecho de que se ha creado un mercado, obviando por completo el curioso detalle de que no haya conseguido reducir las emisiones. Pero si haces una prueba de choque con un automóvil y éste queda hecho un amasijo de hierros, no tiene mucho sentido proclamarla como un éxito e intentar conducir un automóvil más grande y más rápido la próxima vez. Pero eso es precisamente lo que está pasando con la segun- da fase del RCCDE. El programa, que se extiende de 2008 a 2012, incorpora a cinco nuevos países y algunos sectores adicionales, como vidrio, lana mineral, acerías integradas y quema de petróleo y gas en el mar. Francia, los Países Bajos y Noruega también han incluido en sus planes nacionales de asignación el óxido nitroso (N2O), un gas de efecto invernadero no contemplado en la primera fase del RCCDE.