Mientras los gobiernos nacionales y el sistema de Naciones Uni- das permanecen bloqueados por sus dependencias financieras, simbólicas y políticas con los mega-ricos del mundo, hay un sinfín de iniciativas locales hurgando en las grietas para derribar el muro y recuperar el horizonte de la elección social: transition
towns,6 alianzas por el clima,7 redes de ciudades y pueblos por la
5. Elaborado a partir de las conclusiones del Congreso sobre las oportunida- des del sector cooperativo y las iniciativas comunitarias en el campo de la energía (Tarragona, noviembre de 2010)
6. Sitio web de Transition Towns: http://www.transitionnetwork.org/. 7. Sitio web de Climate Alliance: http://climatealliance.org/home.html?&L=2; sitio web de Climate, Communtiy & Biodiversity Alliance (CCBA): http:// www.climate-standards.org/; sito web de la Alliance of Small Island States (AOSIS) http://aosis.info/; sitio web de la Pan African Climate Justice Alliance (PACJA): http: //www.pacja.org/.
sostenibilidad.8 Para muestra bien vale un botón: a finales del
2010 se celebró en Tarragona un pequeño congreso para estudiar el marco de posibilidades existentes para las iniciativas locales y del sector cooperativo en el ámbito energético, organizado por el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) y el
Centre de recursos Salut i Medi, con apoyo del Àrea d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Su objetivo era identificar las opor-
tunidades, dificultades y experiencias existentes para llevar cabo desde la iniciativa comunitaria local las necesarias inversiones en energías renovables.
Existen en nuestro país recursos energéticos que permanecen sin aprovechamiento alguno al no considerarse rentables econó- micamente pero que pueden adquirir relevancia como fuentes de energía limpia. Algunos ejemplos pueden ser la explotación sos- tenible de la biomasa forestal en bosques abandonados, la energía geotérmica, las cubiertas fotovoltaicas o los mini-aerogeneradores eólicos. En este contexto, una adecuada sinergia entre las empresas de economía social cooperativa con las administraciones públicas locales o comarcales puede abrir nuevas oportunidades para la transición energética hacia las energías renovables, generando a la vez empleo local, una mejora de la calidad ambiental —prevención de incendios, mantenimiento de los paisajes en mosaico, fomento de la biodiversidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero—, y una democratización económica que devuelva poder de decisión a la ciudadanía.
El congreso reunió a un total de 46 personas procedentes de asociaciones de profesionales o productores de energías renovables, empresas privadas y públicas del sector energético, universidades y centros de investigación en energías renovables o eficiencia energé- tica, juristas y economistas conocedores de la regulación energética existente, cooperativas especializadas en energía, asociaciones de cooperativas y entidades públicas de fomento de la economía social,
8. Sitio web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: http:// www.diba.es/xarxasost ; sitio web de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha: http://agenda.fempclm.eu/.
entidades del tercer sector o que trabajan en el ámbito del desarrollo sostenible, estudiosos y redes de fomento de la economía solidaria o el medio rural, técnicos y representantes políticos municipales o de consejos comarcales, y agencias locales de energía.
Se organizaron diversos grupos de debate sobre bioenergía y bio- procesos, construcción de un sector energético cooperativo, barreras para conseguir concesiones de instalación de energías renovables en concursos públicos, nuevas ocupaciones y necesidades formativas del sector energético, colaboración entre el sector público local y las cooperativas energéticas, ecoedificios y ecobarrios, suministro energético local, financiación del cooperativismo energético, o di- ficultades legales en la tramitación de proyectos. Sus conclusiones permiten identificar tanto los factores internos como las condiciones del entorno que permiten impulsar las iniciativas comunitarias y cooperativas en el ámbito energético local, derribando las barreras existentes (CEDAT, 2010).
Hubo consenso general en considerar a las cooperativas un tipo de empresa especialmente adecuado para trabajar en un sector vital para el medio ambiente y de primera necesidad para las personas, como es la energía. Su mayor arraigo en el territorio, la responsabili- dad social intrínseca de su misión, y el funcionamiento democrático participativo, permiten la colaboración de ese tejido de economía social con la administración pública y toda la comunidad local en la generación y distribución de energía limpia. Las experiencias existentes en diversos países muestran tres tipos posibles de coope- rativas energéticas que pueden llegar a representar una alternativa viable a las grandes empresas oligopolistas del sector: las cooperativas de usuarios, las cooperativas de producción y las cooperativas de distribución.
Sin embargo, y aunque el avance de la transición energética hacia fuentes renovables requiere de esas nuevas iniciativas de economía social, en el entorno de las cooperativas existentes la intervención en el campo energético no es vista todavía como una prioridad. La liberalización del sector ha abierto claras oportunidades para gene- rar, vender, comprar o comercializar electricidad también de forma cooperativa. Sin embargo, la ley de cooperativas vigente en España induce a una fragmentación de las entidades cooperativas que difi- culta su actuación en ese campo, limitando por ejemplo su acceso
a la financiación con fondos de la Unión Europea. La coordinación entre diversas cooperativas agrupadas en clústeres o cooperativas de segundo grado parece, por tanto, una opción necesaria para abor- dar su entrada en el actual sistema energético liberalizado. Para las cooperativas e iniciativas comunitarias de generación eléctrica las fuentes más adecuadas son sin duda las renovables, lo que contri- buye a ponerlas a cubierto de maniobras puramente especulativas también en ese campo. Además es en las energías renovables donde las administraciones autonómicas y municipales, o los consejos comarcales, gozan de plenas competencias para actuar.
Entre las diversas fuentes disponibles cabe destacar, de entrada, el aprovechamiento cuidadoso de la biomasa forestal que actualmente permanece por lo general en un estado de pernicioso abandono. Entre los beneficios de todo tipo que puede aportar la generación a pequeña escala de electricidad a partir de la biomasa forestal destacan, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir electricidad generada con combustibles fósiles, el fomento del desarrollo rural mediante la generación de puestos de trabajo en el sector primario, la mejora ambiental del paisaje en mosaico, y la prevención de unos incendios que se han convertido en nuestro país en la fuente principal de pérdida de masas de bosque maduro que se degrada en matorral. Subsiste, sin embargo, mucho desconocimiento al respecto que a veces alimenta reacciones contrarias a las plantas de biomasa fundadas en un escaso fundamento ambiental. Algo parecido ocurre a veces con los parques eólicos, cuya impopularidad tiene también bastante que ver con el desembarco de algunos gran- des inversores en megaproyectos que son vistos como una invasión foránea por la población local. En ambos casos aún dificulta más las cosas la ausencia de una ordenación territorial consistente desde las administraciones públicas de ámbito supramunicipal.
Las administraciones en su conjunto, y la mayoría de ayunta- mientos en particular, no están incidiendo suficientemente en los aspectos energéticos que podrían ser de su competencia desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Empezando por la mejora de la eficiencia de los consumos propios, y entrando después en el propio abastecimiento y el costo de la energía que con- sume toda la comunidad local, existe un amplio margen de actuación desde la política municipal. Sin embargo, en la mayoría de casos no
han sido considerados hasta ahora como asuntos prioritarios ni en el diseño de políticas públicas, ni para la planificación estratégica a medio y largo plazo. Existen múltiples barreras a la entrada de los ayuntamientos o consejos comarcales como actores importantes en el ámbito energético, como por ejemplo las asociadas a los sesgos de la Ley de contratación pública. Pero también se van abriendo diversas oportunidades para que la administración local actúe de forma más decidida en la promoción de un sector cooperativo energético, y en el cambio hacia un modelo energético sostenible, tanto en la gestión de sus propios consumos como interviniendo en la generación y distribución eléctrica a su comunidad. Las cooperativas, junto a una administración local comprometida con el avance en comu- nidad hacia un futuro más sostenible, pueden compartir muchos valores e intereses comunes que faciliten su mutua colaboración en ese campo.
El primer ámbito donde todas las administraciones deben actuar para derribar barreras son los procesos de tramitación de solicitudes para la conexión a red de pequeñas instalaciones, o para la construcción de plantas de generación local, que resultan por lo general demasiado complicados y costosos. Hay que subrayar las dificultades que encuentran habitualmente las cooperativas de pequeños productores energéticos para conseguir concesiones en los concursos públicos de instalación de energías renovables y, en consecuencia, para entrar en los suministros locales y autonómicos de energía. A esa dificultad se añade que los ayuntamientos suelen obtener mayor rentabilidad económica al contratar grandes empresas energéticas, que asumen todos los gastos de la gestión energética de los edificios a cambio de contratos a largo plazo. Una barrera común que afecta tanto a las empresas de economía social como a los propios ayuntamientos es la obtención de fuentes autónomas de financiación para esta clase de proyectos. La oferta conjunta de fórmulas de participación de los propios vecinos, u otros pequeños inversores cercanos, como las aplicadas exitosamente en algunas instalaciones de tejados o huertos solares fotovoltaicos, podría ser una buena solución a ese cuello de botella financiero.
La inversión en la mejora de la eficiencia energética de los edifi- cios constituye otra buena oportunidad de actuación conjunta entre la administración local y las iniciativas empresariales de economía
social, que abre además interesantes posibilidades de colaboración entre diferentes tipos de cooperativas (por ejemplo las dedicadas a la vivienda y a servicios energéticos). Tras el estallido de la última burbuja inmobiliaria, y en la actual situación de crisis económica y financiera, esa opción se perfila como una alternativa viable para nuevos tipos de actuación en el sector inmobiliario orientados a la construcción y rehabilitación de edificios sostenibles, tendentes a la eficiencia y la autosuficiencia energética, y diseñados a escala humana a partir de las necesidades reales cambiantes de las personas.
A partir de este diagnóstico común, los grupos de trabajo del congreso elaboraron una serie de propuestas. En el ámbito de la formación y el conocimiento se consideró muy necesario, en primer lugar, mejorar la formación e información en energías renovables tanto del personal técnico e instalador de las cooperativas como de los técnicos de la administración. Las redes existentes de ciudades y pueblos por la sostenibilidad, transition towns o alianzas por el clima pueden contribuir a esa tarea organizando cursos o encuentros, y difundiendo las buenas prácticas exitosas. Un aspecto informativo de especial relevancia es todo el relacionado con un mejor conocimiento de las normas o procedimientos de tramitación de instalaciones de generación de energía renovable. También hay que facilitar un mayor contacto de los centros de enseñanza con el tejido productivo de las energías limpias, la eficiencia energética o la bioconstrucción, para adecuar los programas formativos a las demandas de esos sectores emergentes y a las diversas necesidades territoriales, tanto en los ámbitos metropolitanos como en las zonas rurales.
En el aspecto de la valoración, credibilidad y transparencia de las iniciativas locales de aprovechamiento de las fuentes renovables en general, y de la biomasa o la eólica en particular, se destacó la importancia de un buen control de calidad de cualquier instalación, la difusión de los buenos resultados obtenidos en todos los aspectos —ambientales de carácter local y global, socioeconómicos y labora- les, en autosuficiencia y capacidad de decisión, etc.—, y aprender también de los errores cometidos o las dificultades encontradas. La calidad de los procesos o procedimientos empleados para diseñar y emplazar una instalación es tan importante como la eficacia en los resultados obtenidos. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar dicha calidad, y para avanzar hacia
una nueva cultura de la energía tanto en las propias cooperativas como en las administraciones públicas y la propia sociedad. Conectar los valores propios de democracia económica de las cooperativas con los objetivos comunitarios de la sostenibilidad y la justicia ambiental, e integrar el tejido asociativo local en los proyectos desde su inicio, son aspectos importantes para asegurar su arraigo social y garantizar que sus beneficios reviertan realmente en la población local.
Algunas de las barreras más decisivas se encuentran en el ámbito de la financiación y tramitación de proyectos. Es muy importante, en primer lugar, analizar y corregir los procedimientos normativos que tienden a excluir a las PYMES y cooperativas de los concursos
públicos. Mientras estas discriminaciones subsistan, es posible sor- tearlas dividiendo la contratación de dichos proyectos en ámbitos territoriales más pequeños. También se pueden ir destinando los ahorros de facturación conseguidos con medidas de eficiencia ener- gética en nuevos proyectos cooperativos de generación y gestión de energías limpias tanto en las propias instalaciones municipales como en comunidades de vecinos. Otra vía más directa para financiar autónomamente nuevas inversiones es la creación de cooperativas de consumo, y también de empresas cooperativas, municipales o mixtas de comercialización local de electricidad. La interesante ex- periencia reunida por la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís en el País Valenciano constituye un importante referente del que se puede aprender.9 La administración local también puede contri-
buir a obtener las subvenciones y fuentes blandas de financiación existentes para esas inversiones en energía limpia, o aportar espacios donde instalar huertos o cubiertas solares de forma cooperativa. Las cooperativas de crédito, o las secciones de crédito de otras coo- perativas ya existentes en el ámbito agrario, también pueden jugar un importante papel para reunir y canalizar ahorro local hacia la inversión en energías renovables.
En el campo específico de la biomasa las iniciativas municipales o comarcales pueden jugar un papel mediador muy importante con los propietarios forestales cuando los bosques abandonados son de propiedad privada, o con los vecinos copropietarios cuando
son comunales, incluyendo también a consorcios públicos como el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).10 El apoyo de la
administración local puede ser igualmente de vital importancia para la promoción de cooperativas de servicios energéticos o generación de electricidad verde. La incorporación en los ayuntamientos o con- sejos comarcales de la figura de un gestor energético, o la creación de una agencia local de energía, puede ayudar mucho a impulsar esos proyectos movilizando los recursos existentes y adecuando o simplificando las normativas.11
Por último, el propio sector energético de economía social nece- sita estructurarse como tal y dotarse de la escala y los instrumentos adecuados a esa importante tarea. Las diversas cooperativas energé- ticas que vayan surgiendo deberán agruparse en clústeres específicos o cooperativas de segundo grado, para facilitar su acceso a las lici- taciones de mayor entidad y los fondos europeos de financiación. Un camino que parece especialmente transitable es empezar por la creación de cooperativas de servicios energéticos o de consumo.12
Una vez esas cooperativas estén consolidadas, también será más fácil extender su campo de acción a la comercialización de electricidad y/o la venta a la red de electricidad renovable generada a partir de fuentes locales. No existe, sin embargo, una única fórmula mágica. Como muestra la reciente constitución de la cooperativa Som Ener-
gia, se trata de atreverse a dar los primeros pasos, innovar y aprender
de la experiencia.13
Finalmente, queremos añadir al diagnóstico y las propuestas ela- boradas en el congreso de Tarragona una última dimensión territorial que conviene tener en cuenta. Para prevenir futuros conflictos, o desbloquear los ya existentes entre los aprovechamientos locales de energía renovable y la preservación del paisaje o la biodiversidad, es
10. Véase el sitio web del CTFC: http://www.ctfc.cat/.
11. Véanse, por ejemplo, la Agència d’Energia de Barcelona (http:// www.barcelonaenergia.cat/) o la Agència Comarcal de l’Energia d’Osona (http: //www.ccosona.es/index1.php?idF=2&idSubF=336).
11. Véase, por ejemplo, la asociación Ecoserveis (http://www.ecoserveis.net/), las cooperativas Arkenova (http://www.arkenova.net/esp-00-index.html) y Tefosol (http://www.tefosol.com/).
de vital importante lograr una buena sinergia territorial en el encaje entre diversas iniciativas de aprovechamiento energético, gestión del entorno y desarrollo comunitario. Si existe, por ejemplo, una buena ordenación territorial del conjunto de actuaciones las vías de acceso necesarias para instalar aerogeneradores pueden recuperar antiguos caminos perdidos, en vez de provocar nuevos impactos negativos; a su vez, esos caminos pueden hacer rentable la explo- tación de áreas de bosque abandonadas donde la recuperación del acceso haga posible abrir claros y zonas de prado que restablezcan un paisaje en mosaico, más capaz de albergar especies diversas; a su vez, esos prados o bosques adehesados pueden acoger nuevos reba- ños de una ganadería extensiva y ecológica que, además de ayudar a mantener aquellos paisajes y prevenir incendios forestales, recupere razas autóctonas, trabajos y saberes locales tradicionales; a su vez, el desarrollo de esa ganadería ecológica puede ofrecer una alterna- tiva viable a la insostenible concentración del engorde de ganado en granjas de cría intensiva con piensos importados cuyos purines contaminan las aguas freáticas; a su vez, el redileo y la estabulación temporal de aquella cabaña ganadera extensiva, junto a la rotación entre prados y cultivos, puede proporcionar fertilizantes orgánicos de calidad facilitando la reconversión ecológica de la agricultura o la horticultura local. Y así sucesivamente (Marull y Tello, 2010). Para lograr esas sinergias territoriales entre la potenciación de las energías renovables, la mejora de la calidad ambiental, la re- conversión agroecológica y el desarrollo comunitario se requieren proyectos bien arraigados en la población local y democráticamente controlados por ella misma. La colaboración entre la economía coo- perativa y las políticas públicas locales es, entre todas las opciones posibles, la que puede abrir más claramente nuevas oportunidades en ese cambio de dirección hacia una economía más sostenible ofreciendo a la vez mejores garantías de democratización económica y participación ciudadana.