por los impactos actuales
del proyecto.
tivos tenemos el desinterés por las labores agrícolas (al igual que lo visto en el caso de San Marcos), inflación, monetización de las relaciones sociales, envidia y codicia e incluso la pérdida de maestros que dejaron la zona para ir a trabajar para la empresa.
Más aún, de acuerdo con Glen Shepard, miembro del Panel, “social development in the Lower Urubamba is ‘shipwrecked’” (Castro de la Mata 2012: 5). Además del declive en la cantidad de peces, se observa un incremento de problemas sociales como el alcoholismo y la violencia familiar, y no se percibe una mejora notable en indicadores de salud o infraestructura, sino que abundan los proyectos abandonados, a medio hacer o sencillamente mal hechos. Consultado sobre el impacto del proyecto en el bajo Urubamba, el antropólogo Lelis Rivera—experto en temas indígenas amazónicos y estudioso de la zona desde hace más de veinte años—señala:
“Mucho concreto, mucho fierro, mucho trabajo para la gente de las localidades de la zona y de otras partes de la región. Mucho comercio, principalmente de cerveza. El alcoholismo ha crecido de manera alarmante y no hay respuestas claras por parte del Estado para atender este problema” (Reaño 2012).
Por otra parte, más allá de las acciones de la empresa, es necesario considerar los potenciales impactos de los proyectos de desarrollo de gobiernos locales utilizando la renta gasífera. Con los ingresos de Camisea, el gobierno regional de Cusco ha destinado ingentes recursos a la construcción de carreteras. En el 2011 el 49,4% del presupuesto del gobierno regional de Cusco se gastó bajo la función “Transporte”, mientras que el de Echarate ejecutó el 36,7% de su presupuesto también en Transporte, la función más importante en términos presupuestales, siendo en el caso de Echarate que uno de sus dos proyectos principales en el 2011 se titula “Mejoramiento de la carretera desvío Sambaray- Puente Echarati”—el otro fue la construcción de un sistema de riego (Grupo Propuesta Ciudadana 2012a). El impacto de estas obras en lo que inicialmente se quiso evitar con el modelo offshore-inland (la deforestación) requiere de una evaluación en mayor profundidad.
D. Conclusiones
E
l proyecto Camisea destaca por su innegable contribución fiscal y su importancia para el país en términos energéticos. Las compañías involucradas en el proyecto se han preocupado por cumplir con los más altos estándares sociales y ambientales, en la medida en que el proyecto se desarrolla en un área particularmente frágil. Esto posiblemente se deba en buena medida a las presiones de activistas ambientales y de derechos de pueblos indígenas y sobre todo a las condiciones impuestas por la banca internacional (, ExIm Bank). Pero como es ya un lugar común en esta clase de proyectos, el rol del Estado deja mucho que desear: ya sea al descuidar e incumplir obligaciones sociales y ambientales por preocuparse demasiado por promover la inversión, ya sea por no tener capacidad de planificar el desarrollo y gastar adecuadamente los recursos de la actividad extractiva, o ya sea porque la defensa del interés nacional en las negociaciones es cuestionable por decir lo menos.Es importante notar que los compromisos ambientales y sociales del proyecto fueron incorporados cuando ya la decisión por parte del Estado peruano de promover la
extracción del gas estaba tomada. Los esfuerzos por diseñar el proyecto de tal manera que tenga los mínimos impactos ambientales y sociales llegaron por presiones de terceros. Al analizar los roles jugados por las diversas s y movimientos indígenas alrededor del proyecto Camisea, Pratt señala lo siguiente:
“A medida que analizo las relaciones Estado-sociedad civil en torno a Camisea, también las contrasto con la estrecha relación existente entre el sector privado y el estado
peruano. Fue esta última relación la que determinó, en última instancia, la forma que asumió la extracción en Camisea. En efecto, la determinación del gobierno peruano de proseguir con la explotación de Camisea impulsó al proyecto en su conjunto, a pesar de las preocupaciones de los ambientalistas, los bancos internacionales y los grupos de la
sociedad civil peruana, incluido el y los propios machiguengas” (Pratt 2013: 281). Posiblemente el aspecto más interesante del proyecto Camisea en términos de buenas prácticas es la decisión de desarrollar la extracción a través del esquema de “offshore-
inland”. Si no se hubiera aplicado este modelo, posiblemente estaríamos frente a un caso
de destrucción ambiental y social por la colonización masiva que supone la apertura de carreteras en la selva peruana. Sin embargo, hemos visto que este modelo tampoco es una panacea, en la medida en que incrementa el tráfico en el río y esto puede ocasionar presión sobre los recursos hidrobiológicos y demás problemas asociados a la dinamización del área por el proyecto. Problemas como el alcoholismo o las obras de infraestructura fallidas no pueden ser atribuidos al modelo “offshore-inland”, pero este modelo no está libre de estos problemas.
Por su parte, funcionarios de Pluspetrol no ven el diseño no-carretera como un modelo a seguir, ya que es un modelo costoso y difícil y además algunas comunidades precisamente lo que esperan son medios de comunicación para conectarse con el resto del país (Tollef- son 2011). Esta posición refuerza la percepción de que la principal razón para desarrollar el proyecto de esta manera fueron las condiciones de la banca internacional y las presiones de grupos ambientalistas.
Camisea extrae hidrocarburos de una zona frágil y remota para llevarlos para su con- sumo a la costa del país y exportar el resto, con discutible manejo estratégico del recurso por parte del Estado peruano. Por la naturaleza de la operación, al inicio del proceso hubo muchas expectativas de que Camisea sería una oportunidad para para fortalecer la institu- cionalidad socioambiental en el país. Sin embargo, en un balance de los “21 compromisos” publicado por Gamboa et. al. (2008: 145), los autores concluyen que:
“…no se han implementado hasta el momento políticas claras y adecuadas tanto para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial como para el tema ambiental, especialmente para operaciones en áreas protegidas o sensibles para su conversación”.
En ese sentido se trata hasta ahora de una oportunidad perdida de fortalecimiento insti- tucional, aunque diversos analistas opinan que las bases para la creación del Ministerio del Ambiente se dieron con el proceso de Camisea. Gamboa et. al. (2008: 147) señalan que además de una falta de interés político por cumplir los compromisos, hubo falta de una adecuada planificación en todos los sectores y niveles de gobierno, y más aun, falta de coordinación interinstitucional.
De acuerdo con el Panel:
“The regional government, the municipality, the gas and oil companies, the indigenous federations and the communities themselves seem to have no long-term or priorities for sustainable social development, and projects seem to be executed in terms of a logic of maximal visibility, and redundancy, rather than according to any strategic plan for social and economic development” (Yu, Levi and Shepard 2010). The levels of waste, haphazard- ness and incompetence suggest rampant corruption” (Castro de la Mata 2012: 32).
Pero la falta de planificación debe verse también en un nivel más amplio, general para los impactos de los hidrocarburos en la Amazonía peruana. En la medida en que se está exportando un gas que no sobra, hay mayor presión por explotar otras zonas del país. Entre ellas tenemos, por ejemplo el de Candamo, al interior del Parque Bahuaja Sonene. Ya ha habido intentos por parte de Perupetro de desarrollar este proyecto, a pesar de estar dentro un Parque Nacional. Es lógico que ante la escasez del gas, estos intentos continúen.