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Con el primer asunto de divorcio necesario con que inicié mi vida profesional como abogado postulante en el año 2003, observé que lo que estaba en juego iba más allá de la disolución del vínculo matrimonial: era la formalización de la ruptura de la relación por falta de comunicación en la pareja. Después, con los juicios de pensión alimenticia y de guarda y custodia de hijos que me tocó iniciar o defender, identifiqué que, el lapso de quince minutos otorgados dentro de la primera audiencia legal prevista por el Código Civil de nuestro estado para el diálogo entre las partes era más provechoso y con más beneficios que las sentencias emitidas por los jueces de los tribunales de primera instancia y ahora especializados en materia familiar, atendiendo al principio de proporcionalidad inmerso en el artículo 242 del Código Civil de Veracruz12_.

Así, la experiencia profesional dentro del derecho me condujo hacia juicios contenciosos en torno a la familia; sin embargo, al abordarlos, consideré siempre como primera opción el diálogo previo con la contraparte, a fin de que se estableciera una jurisdicción voluntaria que tendría como consecuencia un menor desgaste emocional y económico de las partes en un juicio, amén de que el tiempo del proceso sería mucho menor, en comparación con un juicio ordinario civil.

Con el devenir de los años y con la inquietud de devolver a la sociedad un poco de lo mucho que la formación académica y la experiencia me habían proporcionado, en los años 2005 y 2006 incursioné por primera vez en la docencia, impartiendo las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho Municipal, en la Licenciatura en Derecho que ofrece la Universidad Oriente de México A.C., de Minatitlán, Veracruz.

Lo anterior me llevó a reconocer la necesidad de conocer y desarrollar diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje y de aprendizaje-enseñanza- aprendizaje desde mi rol como docente, que me daba una visión distinta a la

12 _{El principio de proporcionalidad se refiere a que, al momento de que un juez familiar resuelva}

un juicio de pensión alimenticia debe consideran tanto las posibilidades de cumplimiento de la obligación de dar alimentos que le corresponde al deudor alimentario, como la necesidad de

que tuve como estudiante en el sistema escolarizado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

En la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) ofrecida por la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en la sede Selvas ubicada en la localidad de Huazuntlán, Mecayapan, impartí diversas experiencias educativas (EE), entre ellas Derechos Humanos, Derecho y Derechos en el ámbito Rural, Participación Pública en la Planeación municipal y regional, además de los nódulos epistemológico-intercultural, heurístico e instrumental, del año 2007 al 2011.

Esta experiencia me brindó la oportunidad de combinar mi actividad de profesional de abogado con la docencia, integrando en mi visión citadina y urbana, las problemáticas existentes – entre ellas las familiares – en el contexto rural campesino e indígena de la región de influencia de esa institución educativa, donde convergen mestizos, afrodescendientes, nahuas, popolucas, mixes y chinantecos, así como también aprender de las maneras en que las consienten, conllevan o solucionan.

En marzo del 2011 participé en el Encuentro Intercultural organizado por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro con la ponencia titulada El reconocimiento del LGID como personal capacitado para el desempeño de las funciones de intérprete, traductor y persona de confianza del inculpado o de la víctima dentro del proceso de mediación en la investigación ministerial, donde comenzaba a enfatizar mi simpatía con los principios de la mediación, manifestando mi rechazo al requisito legal para ser mediador, referente a los estudios de licenciatura en derecho como único perfil profesional para tal actividad.

En octubre de 2011, asumí la docencia de tiempo completo como Responsable de la Orientación en Derechos de la LGID, donde organicé un taller de Procedimiento Penal en el ámbito de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los talleres denominados El Conflicto y la Mediación, éste último, con la colaboración del personal del CMFAJ.

Después de haber fungido como enlace en la UVI, sede Selvas, del Diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales que impartiera la Dirección General de la UVI en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, y como resultado de la vinculación con el CMFAJ, en febrero de

2014, fui nombrado director de esa área del DIF municipal de Coatzacoalcos, con la finalidad de divulgar e implementar la figura jurídica de la mediación como un método alternativo de resolución pacífica de conflictos, brindando una atención personalizada, profesional, pertinente, confidencial, imparcial y gratuita, a la sociedad, basada en la preservación de la dignidad humana, tomando en cuenta la igualdad de las personas, sin dejar de lado el reconocimiento de las diferencias que las hacen únicas como individuos (DIF municipal, 2007, p. 2).

Es decir, mi encomienda fue darle cumplimiento al objetivo por el cual se creó el CMFAJ. Este fue el momento oportuno para pasar de la teoría y la academia a la práctica de los MASC, en específico, de la mediación.

A mi llegada al CMFAJ organicé dos reuniones de trabajo con todo el personal del área con el propósito de identificar de manera participativa y aprovechando la característica multidisciplinaria del colectivo, tanto las formas en que desahogaban el procedimiento de mediación y la secuencia procesal de las constancias que integraban los expedientes aperturados, como las dinámicas de grupo que existían en ese momento dentro del CMFAJ. Por un lado, se identificó que cada uno de los mediadores percibían el procedimiento de mediación con parámetros muy distantes entre ellos, y que las diversas constancias de las sesiones de mediación revisados en los expedientes de cada uno de los mediadores se encontraban en diferente orden y con carencia de criterios comunes para el establecimiento de las observaciones pertinentes. Por otro lado, se manifestó, de manera abierta, la fricción que existía entre el “club de Tobi” – el de los hombres – y el “club de la Pequeña Lulú” – de las mujeres por otro – como ellos mismos se llamaban, por las supuestas preferencias de la anterior directora del CMFAJ que se traducía en la asignación de una mayor cantidad de expedientes a uno de los mediadores. De las reuniones de trabajo con la totalidad de los integrantes del CMFAJ, surgieron, entre otras, las siguientes interrogantes: ¿Qué asuntos familiares conoce el Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema DIF municipal de Coatzacoalcos, Veracruz (CMFAJ)? ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los usuarios del CMFAJ? ¿Cómo se perciben a sí mismos los usuarios del CMFAJ, antes, durante y después del servicio prestado por el organismo asistencial? ¿Cómo se percibe e identifica el mediador en el ejercicio de su actividad profesional? ¿Cómo establece

hacia alguno de ellos? ¿Cómo es el trato que como servidores públicos se les brinda a los usuarios del CMFAJ? ¿Cuáles son las características del procedimiento de mediación que deben atenderse en asuntos familiares? Y, ¿de qué manera se podría aprovechar la diversidad de profesiones en el ejercicio de la mediación que se realiza en el CMFAJ?

Con la finalidad de abordar las inquietudes anteriores, en septiembre de 2014, se plasmaron las interrogantes dentro del anteproyecto de intervención presentado en el curso propedéutico para el ingreso a la Maestría en Educación para la Interculturalidad y para la Sustentabilidad (MEIS), que con el paso del tiempo y con las revisiones realizadas, fueron encaminadas en dos sentidos: uno enfocado en sacar provecho de los datos socioculturales contenidos en las solicitudes de servicio y de las hojas de servicio de mediación a las que se tiene acceso; y otro, dirigido a potenciar la eficiencia y efectividad de la actividad profesional del personal del CMFAJ, echando mano de la experiencia acumulada en cada uno de los integrantes del área asistencial del DIF.