Al tratarse de una actividad agrícola intensiva, el cultivo de hoja de coca no solo ocupa un amplio espacio en la superficie, sino que demanda gran cantidad de mano de obra. Por ende, el desarrollo de esta actividad implica el involucramiento de una gran cantidad de personas que, ante la posible afectación del medio que les provee recursos, se movilizan en su defensa. Es así que emerge el movimiento cocalero en el Perú, integrado por una serie de individuos y organizaciones relacionados estrechamente con el cultivo de hoja de coca, a fin de darle respuesta a la posición crítica del Estado. Aquí, cabe señalar que el movimiento no surge específicamente por las políticas de control de cultivos, sino por la posición estatal que estas representan. El movimiento cocalero existe porque el Estado peruano plantea controlar los cultivos, pero se
moviliza frente a la implementación las estrategias de control. Esta precisión es crucial para el análisis de la defensa política del cultivo, puesto que se parte de la premisa que el movimiento puede llegar a existir de manera latente, sin presentar mayor actividad visible, siempre que exista una postura estatal contraria a sus intereses.
El movimiento cocalero también presenta su propia racionalidad respecto al cultivo de hoja de coca, que incluso puede llegar a distanciarse de los intereses del propio agricultor. En el discurso cocalero se pueden identificar tres planos. El primero de ellos responde a una crítica directa a la postura del Estado, demandando se reconozca el estatus de sagrada para la hoja de coca, de manera que se retiren todas las normas relativas a su control que la consideren ilícita. En el segundo plano, el movimiento se enfoca en el despliegue institucional de las estrategias, demandando el cese de la erradicación, la ampliación de las licencias, el fin del comercio monopólico y la promoción del cultivo de hoja de coca, mediante su industrialización. De manera complementaria, existe un tercer plano que reclama mejoras integrales para la calidad de vida de los agricultores, relativas a una mayor presencia del Estado en la provisión de servicios públicos.
A pesar de la presencia de este último componente, en todo momento prima el interés de defender el cultivo como el mejor medio para lograr que los agricultores cubran sus necesidades básicas. La bandera “Coca o muerte” izada durante los últimos años parece reflejar que la prioridad del movimiento
es la defensa de un fin concreto, aun cuando se ponga en cuestión la eficiencia de este para salvar las necesidades de manera sostenible. Esta postura cerrada ha implicado, en primer lugar, que el movimiento tenga cierta autonomía y distancia respecto a otros actores sociales. Asimismo, ha marcado la manera en que ha construido sus relaciones de intermediación con tres organizaciones que le permiten acceder a diferentes arenas políticas: los gremios cocaleros, los partidos políticos y las organizaciones insurgentes.
Desde su génesis hasta tiempos recientes, el movimiento cocalero ha convivido con estas organizaciones políticas, relacionándose estrechamente con ellas de acuerdo a los planos en los cuales le ha resultado necesario actuar. Los gremios han estado desde los primeros momentos en que se necesitó resistir a los embates de las acciones de erradicación, sirviendo de plataforma para generar la presión pública necesaria para llamar la atención del Estado y negociar. Las organizaciones insurgentes personificadas en un primer momento por Sendero Luminoso en el Alto Huallaga y en tiempos más recientes por los remanentes de esta organización y del Militarizado Partido Comunista del Perú MPCP en el VRAE, han servido como resistencia armada, en algunos casos simbólica y en otros efectiva, para reducir la efectividad del control de cultivos, especialmente de la erradicación. En tiempos más recientes, los partidos políticos y las plataformas electorales, fueron concebidas como oportunidades para integrarse al gobierno y desde ahí lograr controlar la formulación de la política de control de cultivos.
Estas tres organizaciones han permitido que el movimiento cocalero acerque su discurso a sus correspondientes arenas. Los gremios cocaleros han logrado mediante acciones de presión pública como paros, manifestaciones y huelgas, colocar temas relativos al estatus de la hoja de coca, las estrategias de control de cultivos y las mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas de producción. Los partidos políticos han aprovechado los contextos electorales para integrar en sus plataformas, propuestas de política concreta relativas al control de cultivos, a fin de rechazar las acciones en su contra y de ampliar el apoyo del Estado. Las organizaciones insurgentes por su parte, han sido el brazo armado con el cual, en el Alto Huallaga se ha atacado a los operativos de erradicación, mientras en el VRAE han jugado un papel simbólico aunque poco necesario por la ausencia de estrategias de control.
Si bien en los tres casos se han logrado resultados diferenciados, resalta el hecho que ciertas estrategias pueden llegar a resultar contradictorias. A la par que los gremios y los partidos reconocen la existencia válida de un Estado pues es a este al que le reclaman cambios y mejoras respecto a su postura ante el cultivo, las organizaciones insurgentes plantean una oposición absoluta a su institucionalidad. De la misma manera, desde la legalidad de los partidos políticos se establecen plataformas electorales para defender una actividad ilícita, llegando incluso a proponer agendas totalmente ajenas al rango de sus competencias. A pesar de estas contradicciones, todas estas estrategias legales, ilegales, formales e informales, le permiten al movimiento cocalero defender políticamente el cultivo, al colocar sus temas en el debate público.
De esa manera, se tiene que el movimiento cocalero existe en tanto el Estado tiene una postura crítica al medio que ellos defienden cerradamente como alternativa para cubrir sus necesidades básicas. Ello ocurre aun cuando no está demostrado que este medio sea realmente eficiente para cumplir su función de manera sostenible. Por eso, la defensa del cultivo ejercida desde el movimiento enfatiza la protección de un medio, antes que la atención de un fin, alejándose así de la posibilidad de resolver los intereses reales de los agricultores. A eso hay que sumar que las organizaciones intermediaras, que reaccionan frente a la implementación de las políticas que reflejan la postura estatal, recurren a estrategias que pueden llegar a resultar contradictorias entre sí. Ello ocurre cuando, por ejemplo, el gremio cocalero demanda mayor presencia estatal por medio de mayor inversión pública, pero al mismo tiempo el MPCP-VRAE rechaza la presencia del Estado en las zonas de cultivo. Ocurre también cuando se recurre a una estrategia formal como las elecciones y los partidos políticos, para defender una actividad ilegal.
5.3 El impacto del control de cultivos en la deslegitimación de la defensa