De acuerdo con Canonn (2008c), la exploración de diferentes grados y tipos de construcción social de la vulnerabilidad parte de dos situaciones, la primera está relacionada con los grupos sociales que tienen que vivir allí por el bien de sus medios de subsistencia, pero que frente a un impacto son relativamente inocentes; esto, partiendo de que la noción de inocencia se aplica al tipo de construcción social en el que una amenaza genera un evento, pero sin agente, clase, institución u otro actor involucrado que pueda ser culpado; en tal caso, el riesgo es socialmente construido, pero relativamente inocente. No obstante, es muy posible que las fuerzas económicas y políticas que diferencian los diversos grupos sociales también varíen la ayuda y recuperación que estos reciben;
en este sentido, la gente puede experimentar lo que Cannon & Müller-Mahn (2010) denominan vulnerabilidad construida socialmente.
La segunda situación corresponde a aquella en donde las gentes viven en zonas de amenaza, y en donde la oportunidad de vivir con seguridad se ve limitada, debido a la estructura social de clases o al grupo étnico o género al que pertenecen. Bajo estas condiciones se puede afirmar que la
vulnerabilidad está determinada, en gran parte, por factores sociales, económicos y políticos que se reflejan en la desigualdad, la explotación y la corrupción. Cannon & Müller-Mahn (2010)
mencionan que bajo esta óptica hay entidades que –en interrelación con factores complejos como los socioeconómicos, políticos y culturales– pueden tener efectos diferentes antes y después de que llegue un peligro.
En la construcción social de la vulnerabilidad es importante identificar los elementos que intervienen como la voluntad de aceptar riesgos en función de los beneficios que genera para la supervivencia personal y familiar y, el deseo de vivir en un lugar al que se está acostumbrado. En otras palabras, la cultura –vista como el conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época– se convierte en el factor más poderoso que hace que la gente esté dispuesta a vivir en peligro (Cannon, 2008c).
Bajo esta perspectiva, es evidente que exponerse al riesgo voluntario frente al involuntario, es algo que está estrechamente relacionado con la clase social u ocupación; es como una oportunidad de paisaje para un medio de subsistencia (Sjöberg, 2000). P. ej., en una ciudad los grupos sociales de bajos ingresos utilizan su ubicación como la base sobre la que organizan actividades para subsistir (trabajo casual, ventas callejeras, crimen, prostitución, etcétera). Si la estructura de la tenencia de tierras urbanas y su alquiler significa que lo más cercano a las oportunidades
económicas es la ladera, la gente se localizará allí, sin importar los riesgos de los deslizamientos (Blaikie, Cannon, David & Wisner, 1996).
En relación con lo anterior, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna han realizado evaluaciones en diferentes lugares del mundo para animar a la gente a reducir su exposición a los riesgos; los resultados de este tipo de estudios evidencian que muy pocas personas le dan importancia a los riesgos naturales que enfrentan y que la prioridad se centra en aspectos relacionados con la salud/enfermedad, el agua, la seguridad/delincuencia, entre otros; estas
evaluaciones revelan que las personas están dispuestas a vivir en las zonas donde hay peligros conocidos y pueden ser reacias ante las advertencias (Canonn, 2008c).
En ese sentido, Cannon & Müller-Mahn (2010) proponen que un marco para el análisis de todos los factores de origen social, para un tipo específico de amenaza y para la gestión del riesgo de desastres con un enfoque predictivo, debe involucrar y responsabilizar a diferentes actores sociales: las comunidades, los gobiernos, los donantes, las corporaciones, los dueños de las tierras y otros, a fin de diseñar políticas que sean de utilidad y puedan ser implementadas tanto por las
organizaciones sociales, como por los que tienen el poder de convocar a las personas, instituciones, empresas y gobiernos, al margen de que haya o no interés, en proteger a las personas de cualquier daño.
Del mismo modo, Cannon (2008b) afirma que se necesitan dos tipos de políticas o acciones sociales participativas para reducir la vulnerabilidad. La primera se refiere a reducir el impacto del sistema político y económico en los diferentes grupos; la segunda, se basa en las acciones de autoorganización de las personas, con las políticas y las reasignaciones de recursos hacia los lugares que están en riesgo; esto significa comprender para persuadir a la gente a actuar a favor de sus propios intereses, sin negar su cultura o preferencias, a la vez que complementar los dos tipos de construcción social del riesgo y planear las ciudades de manera sostenible, pues en las condiciones actuales las personas tienen que vivir en lugares que están en riesgo debido al crecimiento de la población (Cannon & Müller-Mahn, 2010).
La posición de Canonn (2008c) sobre el riesgo inocente y teniendo en cuenta la relación entre modelos de desarrollo y vulnerabilidad, se basa en que para entender el concepto de vulnerabilidad se debe “analizar las interconexiones de la vulnerabilidad con la capacidad de recuperación” (Canonn, 2008c, p. 2). Para este análisis, la vulnerabilidad define cinco componentes que capturan todos los aspectos de la exposición al riesgo de los peligros naturales: (i) la fuerza, (ii) el estado de bienestar, (iii) la autoprotección, (iv) la gobernanza y (v) la protección social (Cannon, 2008a).
(i) La fuerza: se refiere a la fuerza que se le inyecta a las actividades para la subsistencia y distribución de los ingresos entre los grupos sociales. Está estrechamente relacionada con los modelos de desarrollo planteados en el marco de las políticas de gobierno sobre protección social, que incluyen la forma como la sociedad civil se organiza para que el
gobierno cumpla sus funciones de protección (Canonn, 2008c). Sobre las actividades de subsistencia Canonn (2008c) se ocupa de la gama de activos como el cultivo de la tierra; una habilidad usada para la satisfacción de necesidades básicas propias o por dependencia de su grupo social inmediato (familia), en donde entran en juego factores de especial importancia como la cantidad y la calidad de esos medios para permitir la generación de ingresos.
(ii) El estado de bienestar: llama la atención cómo este componente de la vulnerabilidad está estrechamente relacionado con los medios de subsistencia, la cantidad de ingresos –que determina la posibilidad de acceso a los servicios de salud– la calidad y la seguridad alimentaria, –que determina como base la salud física y mental, su moral y el nivel de estrés– y el sentido de seguridad e identidad en su casa y localidad. Las personas que satisfacen sus necesidades básicas suelen tener mejor recuperación cuando son impactadas por un riesgo (Canonn, 2008c).
(iii) La autoprotección: Canonn (2008c) la describe como la capacidad y voluntad para
establecer su vivienda en espacios seguros y sin exposición a deslizamientos; aspectos que están determinados, en gran medida, por los ingresos. A este respecto afirma “por supuesto, que también deben querer construir con seguridad, y tener el conocimiento y las habilidades disponibles para lograr una construcción adecuada” (p. 352).
(iv) Gobernanza: el gobierno debe tener en cuenta la gestión de la prevención del riesgo y la actitud frente a este, porque en muchas ocasiones se pude encontrar con la aparente falta de voluntad de las personas para tomar una adecuada decisión para protegerse a sí mismas; ante esta situación, es importante reparar en otros aspectos, p. ej., que las personas estén dispuestas a asumir el riesgo, dado que son más cotidianos otros factores de los que ellas carecen. La gobernabilidad debe entenderse como un elemento clave que debe abordarse en el intento de mejorar la vida de las personas (Cannon, 2008c).
(v) La protección social: conserva el enfoque de la regulación del uso del suelo para garantizar que las residencias no se construyan en zonas susceptibles a amenazas naturales. Esta función debe llevarse a cabo por la sociedad en su conjunto; es decir, el Estado, la industria
de la construcción, las entidades que cumplen funciones de regulación, en el caso de Colombia, las curadurías.
Así pues, en esta categoría confluyen factores como la disponobilidad, la asignación y destino de los recursos públicos del orden local y nacional para realizar acciones no estructurales como la comunicación del riesgo, o estructurales, es decir, las que mitigan la amenaza que genera el riesgo, como las obras de estabilidad de las laderas. Lo anterior está fuertemente ligado con la voluntad política del gobierno local y nacional. Finalmente, Cannon & Müller-Mahn (2010) se refieren a la disponibilidad de los conocimientos y la capacidad para poner en práctica técnicas pertinentes.
En este punto llama la atención lo mencionado por Hacking (2001) cuando se refiere a que la catalogación de fenómenos como riesgos no corresponde siempre con el valor objetivo que informa sobre la probabilidad de que un fenómeno se dé; más bien, los individuos inexpertos sobreestiman o subestiman algunas categorías de riesgo, sin que esto se relacione con el nivel de riesgo objetivo; lo que podría mostrar tensiones entre las categorías propuestas por Cannon en cuanto a las
interconexiones de la vulnerabilidad (Cannon, 2008a).
Se puede condensar lo dicho hasta aquí, en que la existencia de condiciones de vulnerabilidad en una población dada confluye en dos factores: el primero, es antes de un desastre, cuando el sistema sociopolítico conlleva a un sistema administrativo que se traduce en la necesidad que los individuos tienen de vivir en zonas inseguras por la diversidad de oportunidades que ofrece un lugar o la voluntad de vivir en este, dado su cultura. En ese sentido la reducción de la vulnerabilidad está orientada a disminuir el impacto del sistema político y económico en los grupos sociales. El segundo factor está relacionado con el concepto de vulnerabilidad postdesastres, aquí la
vulnerabilidad tiene un nexo con la capacidad de las personas de sobreponerse tras un desastre; en este caso es importante generar acciones sociales participativas y, la autoorganización de las comunidades y las personas.
El vínculo de estas dos se refleja en la generación de políticas y las reasignaciones de recursos hacia los lugares que están en riesgo, tanto para disminuir las condiciones que generan