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aís montañoso, extremadamente pobre, multiétnico, predominantemente musulmán, cultivador de opio e independiente del Reino Unido desde 1919, en 1973 un golpe de estado acabó con la monarquía existente y se convirtió en república. Pocos años después se instaló un Gobierno comunista que tuvo que enfrentarse con una guerrilla islámica, provocando una intervención de las tropas soviéticas en 1979 y hasta el año 1989, con un total de 100.000 efectivos, retirándose en ese año tras unas negociaciones con Naciones Unidas y por la constante presión de una coalición de milicias (la Alianza del Norte), apoyadas por Estados Unidos. La guerra civil se reanudó, y en 1996 los talibán acabaron controlando el país hasta 2001, cuando una coalición internacional liderada por la OTAN ocupó el país (“Operación Libertad Duradera”), con un contingente mayormente formado por militares estadounidenses. Hamid Karzai ocupó la presidencia del país. Entre 1992 y 1996, las diferentes milicias afganas que luchaban entre sí provocaron la muerte de unas 50.000 personas, la mayoría civiles. El país continúa viviendo una situación de inestabilidad permanente, y el Gobierno sólo controla la capital y una parte reducida del país. Una parte importante de la población todavía permanece refugiada en otros países. Antecedentes del proceso de pazE
n mayo de 1988, Naciones Unidas creó la Misión de Buenos Oficios en el Afganistán y el Pakistán (UNGOMAP), cuyo mandato finalizó en marzo de 1990, y con un cometido que incluía la supervisión de la retirada de las tropas soviéticas. Como resultado del Acuerdo de Bonn firmado en diciembre del 2001, se creó una Autoridad Interina, y el proceso culminó en septiembre con la celebración de elecciones a la Asamblea Nacional (Wolesi Jirga) y a los consejos provinciales. Sin embargo, y tal como señaló Amnistía Internacional en su momento, la presentación como candidatos en los comicios –que estuvieron empañados por el clima de intimidación previo a la votación– de un número considerable de jefes de facciones, muchos de ellos acusados de cometer abusos contra los derechos humanos, provocó una consternación general entre la población. A las mujeres se les garantizó al menos la cuarta parte de los escaños de la Wolesi Jirga, pero se encontraron con barreras sociales y administrativas. La baja participación, sobre todo en Kabul, puso en entredicho la legitimidad del proceso electoral.Desde entonces, la OTAN mantiene en Afganistán un dispositivo militar denominado International Security Assistance Force (ISAF) formado por 41.000 efectivos procedentes de 38 países, 15.000 de los cuales son estadounidenses, con mandato de Naciones Unidas. En marzo de 2002, y como resultado de una resolución del Consejo de Seguridad, se creó la Misión de NNUU de Asistencia a Afganistán (UNAMA), con el propósito de implementar los compromisos de reconstrucción del país acordados pocos meses antes en Bonn. Tiene unos 1.000 funcionarios, la mayoría afganos, y inicialmente estuvo dirigida por Tom Koenigs, Representante Especial del Secretario General para Afganistán desde febrero de 2006 hasta principios de 2008. En abril de 2003, el PNUD creó un programa para el desarme y la desmovilización de combatientes, denominado ANBP, que finalizó en 2006, con la desmovilización de 63.000 milicianos y la recolección de 53.000 armas. Este programa se dedica ahora al desmantelamiento del resto de grupos armados ilegales y a la destrucción de minas. A principios de 2006, el Gobierno afgano aprobó un Plan de Acción para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación.
Población: (26’5 millones de personas)
Superficie: 652.000 Km2 IDH: …. PIB: 8.100 millones de $ Renta por habitante: (300 $) Muertos por el conflicto: 80.000 civiles (desde 1990); 6.500 en 2007 Personas desplazadas: + 1.000.000 Personas refugiadas: + 6 millones Actores armados: talibán, al-Qaeda, fuerzas ocupantes (50.000)
Facilitaciones: UNAMA. Comisión Nacional de Reconciliación, Jirgagai, ISAF, ANBP, EUPOL, Arabia Saudita, Turquía
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A principios de febrero de 2007, la Wolesi Jirga o Cámara baja de Afganistán aprobó un proyecto de ley de amnistía para todos los combatientes que hubieran participado en los 25 años del conflicto, incluido el mullah Omar, la máxima autoridad talibán y personas acusadas de crímenes de guerra como los antiguos muyahidines (resistentes afganos) que lucharon contra los soviéticos en los años ochenta, algunos de los cuales ocupan ahora cargos gubernamentales. La medida fue duramente criticada por grupos de derechos humanos del país, al considerar que contravenía a lo dispuesto en la Constitución y dejaba en desamparo a las víctimas del conflicto. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, mostró su preocupación por la aprobación de dicha ley, pues consideró que esa iniciativa podría dejar sin castigo graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Igualmente, señaló que los responsables de esos delitos deberían ser sometidos a juicio, y subrayó que la experiencia ha demostrado en reiteradas ocasiones que una reconciliación nacional efectiva y duradera debe basarse en el respeto de los principios internacionales de derechos humanos y no hacerse a expensas de ellos. A finales de mayo, el Consejo de la UE decidió el establecimiento de la misión policial de la UE en el país (EUPOL-Afganistán) con el objetivo de llevar a cabo tareas de capacitación y reforma de la policía local y fortalecer el sistema judicial. La misión se estableció para un periodo inicial de tres años y constará de 160 policías y expertos judiciales. Días antes, el Senado hizo un llamamiento para negociar con los talibán y otras fuerzas de oposición. A mediados de julio, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán señaló que más de 18 meses después de la aprobación del Plan de Acción para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, éste se ha visto enormemente obstaculizado por la falta de voluntad política para su puesta en marcha, así como por el incremento de la violencia armada en el país. La Comisión señaló que se trataba de un completo fracaso. En los mismos días, uno de los líderes rebeldes más buscados del país y miembro de la organización Hezb-i-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, declaró un alto al fuego al Gobierno y manifestó su voluntad de hacer política, aunque otras fuentes desmintieron la noticia. Hekmatyar, capturado en 1996 y después exiliado en Irán hasta 2002, año en que fue expulsado de este país y regresó a Afganistán. Durante la invasión soviética en Afganistán,
Hekmatyar recibió apoyo de la CIA a través de los servicios secretos pakistaníes.
En septiembre de 2007 los talibán afirmaron estar dispuestos a iniciar unas negociaciones con el Gobierno afgano, después que el Presidente Hamid Karzai hiciera una propuesta en este sentido. No obstante, un portavoz de los talibanes señaló que antes de que unas negociaciones formales pudieran empezar el Gobierno tenía que acceder a la retirada de las tropas internacionales presentes en el país,
añadiendo que la imposición de la ley islámica era también un requisito. El titular de la UNAMA, Tom Koenigs, indicó que la ONU estaba a favor de promover un diálogo con las tribus que quisieran llegar a un acuerdo con el Gobierno afgano. A principios de octubre, el Presidente Hamid Karzai afirmó que su Gobierno estaba preparado para dialogar con los talibán y dirigentes como el mulllah Omar, pero señaló que la retirada de las tropas extranjeras del país no tendría lugar hasta que hubiera finalizado el proceso de rehabilitación posbélica. Karzai señaló que se habían iniciado los contactos con los talibán a través de la Comisión Nacional de Reconciliación, las fuerzas de seguridad y autoridades tribales y religiosas, pero que el proceso no ha adquirido un carácter formal por el momento. No obstante, un comité de la comisión conjunta para la paz de Afganistán y Pakistán se reunió a principios de noviembre para finalizar la agenda de las negociaciones con los talibán. El comité está integrado por 50 personas, 25 de cada país y se reunió de manera separada con los talibán de Afganistán y Pakistán. El comité, también conocido como Jirgagai (o pequeña Jirga), tendrá la tarea de dinamizar las negociaciones con los talibán. A principios de noviembre, el Gobierno extendió el programa de Disolución de Grupos Armados Ilegales (DIAG), que comenzó en 2004 y debía haber finalizado este año, hasta 2011. Tras desarmar 274 milicias compuestas por más de 60.000 combatientes y recolectar cerca de 35.000 armas, el Gobierno consideró que los objetivos no se habían podido cumplir al completo debido a la escasez de fuerzas de seguridad estatales para ejecutar el plan y el apoyo que aún reciben cientos de milicias por parte de señores de la guerra y redes terroristas. A principios de diciembre, la UNAMA afirmó que trataría de establecer contacto con varios grupos insurgentes que podrían tener intenciones de abandonar la violencia y participar en el proceso de democratización del país, señalando también que los esfuerzos de pacificación del país y de diálogo se verían ampliados durante el transcurso de 2008. Los talibán, no obstante, dominaban la mayor parte del país al finalizar el año, con el riesgo de que el Estado quede dividido a corto plazo. También es de destacar que en diciembre al menos mil mujeres participaron en varios actos públicos que tuvieron lugar en seis provincias del país para reclamar la paz en el país. Las organizadoras destacaron la importancia del evento, puesto que la presencia de las mujeres en el ámbito público en el país es prácticamente inexistente, además de por la dificultad de coordinar a las mujeres de provincias diferentes. La Women’s National Peace Prayer, como se ha denominado esta iniciativa, tiene la intención de extenderse a las 34 provincias.
El proceso de paz en 2008
A
principios de enero, los Presidentes de Afganistán y Pakistán se comprometieron aAnálisis por países | Afganistán
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compartir información de inteligencia, así como a reforzar los controles fronterizos para poner fin a los atentados por parte de integrantes de al-Qaeda y las milicias talibán. Semanas después, un informe del International Crisis Group (ICG) afirmaba que el fortalecimiento de la insurgencia en el país era el resultado del fracaso colectivo para hacer frente a las causas estructurales de la violencia y a la falta de un diagnóstico común sobre cuáles eran las medidas que deberían adoptarse para la estabilización del país, ya que se estaba consolidando como un narcoestado. El ICG recomendó que los esfuerzos se centraran en el fortalecimiento institucional, más que en el apoyo a actores individuales, y que se hiciera frente a la cultura de la impunidad. En marzo, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su último informe sobre la situación en el país, afirmó que dos años después de la aprobación del Pacto para Afganistán, la transición política del país continuaba enfrentándose a serios problemas, señalando que los talibanes y los grupos armados conexos, y la economía de la droga, representaban amenazas fundamentales para las instituciones políticas, económicas y sociales, aún frágiles. Además, diversas agencias humanitarias denunciaron que la paz en el país estaba viéndose afectada por el fracaso de la comunidad internacional en la entrega de la asistencia comprometida. El Gobierno depende en un 90% de la ayuda internacional, que se dedica principalmente a los aspectos militares en detrimento de la ayuda humanitaria y al desarrollo. Como nota especial, es de señalar que en febrero se creó el primer partido político cuyo programa será la defensa de los derechos de las mujeres. El partido, llamado National Need, está encabezado por la diputada Fatima Nazari, quien señaló que contaba con 22.500 afiliadas en diferentes zonas del país. Cabe destacar, también, el nombramiento del diplomático noruego Kai Eide para que tomara el relevo al alemán Tom Koenings como nuevo enviado especial de la ONU en el país.
A finales de abril el Presidente afgano, Hamid Karzai, expresó su apoyo al nuevo Gobierno pakistaní en las negociaciones con los grupos armados talibán, aunque señaló que estas
negociaciones no deberían incluir a los integrantes de al-Qaeda. En mayo se celebró una asamblea en Kabul en la que participaron miles de personas entre políticos y representantes de la sociedad civil, que acordó mantener encuentros con las milicias talibán y los grupos de Hezb-e-Islami para preparar el terreno para unas posibles negociaciones con el Gobierno. Con todo, la OTAN afirmó que se estaba produciendo un incremento en los ataques llevados a cabo por la insurgencia talibán en Afganistán como consecuencia de los acuerdos que el Gobierno pakistaní estaba alcanzado en las zonas tribales de Pakistán con la oposición armada talibán. En junio, el ministro de Interior, Mohammad Munir
Mangal y el Representante Especial Adjunto del Secretario General para Afganistán, Christopher Alexander, afirmaron en una conferencia en Kabul que el programa para la Disolución de los Grupos Armados Ilegales (DIAG, del Ministerio de Interior con apoyo del PNUD) había logrado desarmar a más de 300 milicias en los últimos tres años, recolectando unas 40.000 armas. Sin embargo, Alexander afirmó que el DIAG estaba lejos de haberse completado, pues estimaba que aún podían mantenerse activas hasta 2.000 diferentes milicias. En junio se celebró una conferencia de donantes, que se comprometieron a donar 20.000 millones de dólares para la reconstrucción del país. Dos grupos armados talibanes del noroeste de Pakistán se unieron en junio para hacer frente a las tropas de la OTAN desplegadas en Afganistán. Los grupos estaban encabezados por Mulla Nazir, de Waziristán Sur (Pakistán) y Hazif Gul Bahadur, de Waziristán Norte (Pakistán). Además, señalaron que también combatirían a las Fuerzas Armadas de Pakistán si son atacados por éstas. Según Naciones Unidas, alrededor de 1.500 personas habían muerto a lo largo del año, más de 1.000 de las cuales eran civiles y el número de incidentes se había incrementado desde el derrocamiento del régimen talibán en el año 2001, según informaron diversas organizaciones en el país.
A principios de octubre, el Presidente Hamid Karzai reveló que había solicitado a Arabia Saudita que facilitase unas negociaciones de paz con los líderes talibanes, y señaló que sus enviados se habían desplazado a este país y a Pakistán para iniciar estas conversaciones. Karzai reconoció haber mantenido contacto con el Gobierno saudí en los últimos dos años, pero señaló que las negociaciones todavía no habían dado comienzo. Arabia Saudita habría iniciado su implicación en el proceso en el mes de julio, iniciándose entonces un acercamiento a los clérigos talibanes en Pakistán. Además, se habrían producido también algunos encuentros en La Meca. Karzai hizo un llamamiento al Mullah Omar, líder talibán que fue derrocado tras la invasión estadounidense del país en 2001, para que regresara a Afganistán, garantizándole su protección frente a las fuerzas de la coalición estadounidense. Fuentes diplomáticas señalaron que las conversaciones de paz no se habían iniciado formalmente por la oposición de miembros del Gobierno integrantes de la Alianza del Norte, y advirtieron del riesgo de un rearme de la Alianza ante una posible participación de los talibanes en el Gobierno como resultado de unas conversaciones de paz. No obstante, tanto el Gobierno afgano como el antiguo ministro de Exteriores talibán, Wakil Ahmed Muttawakil, negaron que la reunión que mantuvieron en Arabia Saudí el mes pasado constituyera unas negociaciones de paz. Muttawakil, considerado como un moderado, afirmó que ya no era talibán y señaló que en el encuentro, auspiciado por el Rey Abdullah, no
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hubo ningún representante talibán. Otro antiguo talibán, Mullah Abdul Salam Zaeef (que pasó tres años detenido en Guantánamo), señaló que siete u ocho antiguos talibanes se reunieron con representantes del Gobierno afgano y el rey saudí. A mediados de octubre, el Gobierno afgano admitió haber mantenido conversaciones con los talibanes, pero señaló que el proceso de paz sólo se llevará a cabo con aquellos que estén dispuestos a participar en un proceso de paz, renunciar a la violencia y entregar las armas. Posteriormente, Arabia Saudita se ofreció a dar asilo político al líder talibán Mullah Omar. La oferta habría sido promovida por el Presidente de EEUU y el Presidente afgano. Las dos condiciones exigidas por el Gobierno para unas negociaciones de paz fueron el respeto a la Constitución del país y un deseo sincero de abandonar la violencia. Estas declaraciones, efectuadas por el ministro de Exteriores, Rangin Dadfar Spanta, se produjeron poco después de que su homólogo saudí hubiera confirmado el papel de facilitación jugado por este país. Por otra parte, el Subsecretario de Estado para Asia Central y del Sur del Gobierno de los EEUU, Richard Boucher, había expresado un apoyo parcial a este proceso de paz durante su reciente visita a Pakistán. Representantes de Afganistán y Pakistán se reunieron a finales de octubre en una mini-jirga (asamblea tradicional) y acordaron mantener conversaciones con la insurgencia de sus respectivos países si éstos accedían a acatar las Constituciones de cada país. Además, se estableció la condición inicial de que los talibanes renunciaran a la violencia. Diversos analistas apuntaron a la importancia de esta declaración, que podría dar paso a la celebración de conversaciones de paz. No obstante, los talibanes descalificaron esta jirga, que según ellos se
habría celebrado bajo los auspicios de EEUU. En noviembre, un miembro del Gobierno señaló que se esperaba la celebración de una segunda reunión en Arabia Saudita con los talibanes después de que los Presidentes afgano y pakistaní y el rey de Arabia Saudita trataran esta cuestión durante una reunión de la ONU a la que asistieron los tres líderes. Al primer encuentro que se celebró en septiembre asistieron antiguos talibanes y tanto Afganistán como los países occidentales confiaban en sumar al proceso a talibanes moderados y comandantes oportunistas, aislando así a las facciones próximas a al-Qaeda. El Presidente, Hamid Karzai, señaló que se garantizará la seguridad del líder talibán, el Mullah Omar, si accediera a negociar, afirmando incluso que si las potencias occidentales estuvieran en desacuerdo tendrían que destituirle a él mismo. Por otra parte, el comandante de las fuerzas de la OTAN y de EEUU en el país, David McKiernan,
señaló que la reconciliación en el nivel local con los insurgentes y los líderes locales podría ser un proceso exitoso en un país con escasa tradición de Gobierno centralizado y sí de autonomía local y tribal. McKiernan estaba trabajando en un plan con varios ministros para reunir en un consejo tribal a líderes de los diferentes distritos, reconociendo que la victoria por la vía militar era imposible.
A finales de año, el Mullah Omar, líder de la
insurgencia talibán, afirmó que un incremento de las tropas estadounidenses en el país sería un incentivo para causar más muertos y heridos en las filas
extranjeras. Además, el líder talibán rechazó cualquier posibilidad de diálogo con el presidente Hamid Karzai mientras las tropas de EEUU permanezcan en el país e hizo un llamamiento a que se boicotearan las elecciones previstas para el año próximo. También en diciembre, Turquía acogió la segunda cumbre trilateral para facilitar el diálogo entre Afganistán y Pakistán y promover la paz en la región. Los presidentes pakistaní, Asif Ali Zardari, y afgano, Hamid Karzai, mantuvieron un encuentro en Estambul.
Hechos más significativos del año
• Una asamblea en Kabul en la que participaron miles de personas entre políticos y representantes de la sociedad civil, acordó mantener encuentros con las milicias talibán y los grupos de Hezb-e-Islami para preparar el terreno para unas posibles negociaciones con el Gobierno.
• El Presidente Hamid Karzai reveló que había solicitado a Arabia Saudita que facilitase unas negociaciones de paz con los líderes talibanes. Arabia Saudita se ofreció para dar asilo político al líder talibán Mullah