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The Design of the Experimental Task: A Memory Span Measure beyond the Word Level

INCORRECT

5.5 Results 1 Introduction

5.5.4 Planned comparisons of experimental conditions 1 Introduction

5.5.4.2 Research question

Dentro de los niveles de gobernanza se puede analizar las relaciones de poder. En el caso del Registro Ampliado, este aspecto se puede estudiar tomando en cuenta que “el poder implica la toma de decisiones racionales por parte de los estados y se manifiesta en su afán por obtener sus máximos beneficios en diferentes áreas” (Keohane 1984: 49). Desde este punto de vista, el ACNUR es un organismo internacional que funciona gracias al aporte voluntario de la comunidad internacional y personas naturales, por ende, para dar continuidad a su funcionamiento necesita demostrar que las acciones para las que fue encomendado, y para las que se le está otorgando financiamiento, han sido bien llevadas. Como Kooiman señala, los actores en gobernanza, hacen uso de elementos de poder de las interacciones en las que participan (Kooiman, 2006: 17). Cabe recalcar que el poder descansa en las decisiones racionales de los actores en su afán de obtener sus máximos beneficios en diferentes áreas. En este sentido, el costo de no actuar de una manera determinada le implica a ACNUR la pérdida de legitimidad a nivel internacional. Así, la decisión racional de ACNUR de dar a conocer el Registro Ampliado como un proyecto exitoso le permite adjudicarse una visión favorable de su institución a nivel internacional. Por lo tanto, el poder del ACNUR está basado en la institucionalidad misma del organismo, en las buenas prácticas ejecutadas a nivel internacional y por ende, en el aval moral que se ha ganado con el trabajo en diferentes países. En este sentido, Marta Juárez, representante de ACNUR en Ecuador, ha declarado que el proyecto del Registro Ampliado puede ser

replicado a otros países del mundo, avalando así, las acciones exitosas del organismo internacional.

En el caso del Estado ecuatoriano, el poder puede concebirse en términos de control de los resultados (Keohane, 1984: 51). En este sentido, el poder que se manifiesta en la decisión de llevar a cabo el Registro Ampliado en el territorio, radica en que el país ha logrado cumplir con el objetivo de sentar un precedente en América Latina y a nivel mundial sobre la política progresista que lleva a cabo el gobierno de turno. “La política aperturista del Estado en materia de refugio necesita ser afianzada y complementada a través de una institucionalización adecuada y de la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros por parte del Estado ecuatoriano” (MMRREE, 2008: 16). En este sentido, el proyecto del Registro Ampliado cumple con la “enorme tarea de inclusión de la población con necesidad de protección internacional, como parte de una política migratoria integral” (MMRREE, 2008: 17). Lo que ha ganado el Ecuador al impulsar dicho proyecto es consolidar el discurso planteado y llevarlo a práctica para así ganar mayor reconocimiento de sus acciones tanto a nivel local como a nivel internacional.

Por su parte, el poder también puede ser entendido como “la habilidad de un actor para movilizar recursos con el fin de alcanzar ciertos resultados”, en este sentido, el poder está asociado con el hecho de poseer recursos económicos, o en términos discursivos, poseer conocimiento (Arts y Van Tatenhove, 2004: 343). De acuerdo a Riaño y Villa, el ACNUR financia el procedimiento de las solicitudes en la Dirección

General de Refugiados (DGR) y liga su cooperación a cambio de la implementación de

ciertos criterios de atención a esta población. Adicionalmente, también otorga asistencia financiera y técnica para llevar a cabo programas, proyectos y soporte legal para la correcta aplicación del derecho internacional en cuanto a refugio (Riaño y Villa, 2008: 86).

De acuerdo a la Carta de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el ACNUR para apoyar la ejecución del Registro Ampliado en la frontera norte del Ecuador, se menciona de manera explícita que:

El total del presupuesto para la ejecución del Registro Ampliado asciende a USD 1.732.200 (un millón setecientos treinta y dos mil doscientos dólares), de los cuales el Gobierno de la República del Ecuador representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración aporta inicialmente con USD 200.000 (doscientos mil dólares) de acuerdo a la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la Subsecretaria Administrativa y Financiera del Ministerio. El ACNUR aporta USD 946.466 (novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis dólares). Las partes se comprometen a gestionar conjuntamente la consecución de los fondos para cubrir el saldo de USD 585.734 (quinientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro dólares) durante el año 2009 (Carta de entendimiento Ecuador- ACNUR, 2008: s/n).

Dentro de este marco, el rol que se le ha asignado a ACNUR es el de administrador de los fondos destinados por ambas partes para la implementación del Registro Ampliado. Así, “el Ministerio destinará el 7% de su contribución financiera al Registro Ampliado para que el ACNUR administre y pueda cubrir los costos operacionales y administrativos, incluyendo la prestación de servicios y la asistencia técnica” (Carta de entendimiento Ecuador-ACNUR, 2008: s/n). Por lo tanto, el financiamiento de ACNUR de cerca del 80% del total del proyecto da cuenta de la gran dependencia económica que tiene el Ecuador para la ejecución de los proyectos que se plantea. Keohane señala que el poder puede ser visto como “la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otro modo no lo harían” (Keohane 1984:51). Se puede inferir, por lo tanto que, ante la falta de recursos del Ecuador el proyecto no podría ser llevado a cabo y por lo tanto, la política pública en relación al refugio queda subsumida a los intereses de los cooperantes. Esta falta de independencia económica no permite que el Ecuador tome completas riendas del proyecto en cuanto a directrices, análisis, procesos, etc. puesto que siempre se va a tener que coordinar con los cooperantes y satisfacer sus condicionalidades.

Además, el ACNUR, aparte de disponer de recursos económicos, cuenta conocimientos teóricos, técnicos y prácticos sobre el tratamiento del refugio, cuenta con experiencias probadas en otros países para tratar el tema y ha diseñado directrices a nivel internacional que avalan su experticia en el buen manejo del refugio; por lo que su poder de influencia es mucho mayor del que puede ejercer el Estado ecuatoriano. De acuerdo a la perspectiva de Arts y Van Tatenhove, “el juego de poder está intrínsecamente imbricado en todos los procesos y tomas de decisiones; se puede medir

en la capacidad de argumentar, nombrar y enmarcar” (Arts y Van Tatenhove, 2004: 345). En este sentido, el poder de ACNUR, también radica en ser “asesor técnico”, puesto que está en la capacidad de sugerir, asesorar y guiar al Estado para asegurar que las políticas internacionales de refugio se lleven a cabo a nivel nacional. La experiencia del ACNUR, la efectividad y coherencia al operativizar sus acciones a nivel mundial, le avalan para que sus acciones sean vistas como bien encaminadas y sean legitimadas por los Estados en donde trabaja y que se han sometido a los regímenes propuestos por el ACNUR.

Por otra parte, Pierre y Peters señalan que, las instituciones, desde una perspectiva de gobernanza, hacen referencia al “conjunto de reglas y lógicas de apropiación” que brindan una guía a los hacedores de políticas (Pierre y Peters 2000: 43). En este aspecto, el ACNUR ha actuado a un nivel de estructura –a través de los regímenes que avala– mientras que el Estado ha ejercido el rol de cumplir con los compromisos internacionales asumidos, intentando moverse dentro de su ámbito de acción y obtener beneficios. Es decir, el Ecuador se ha movido dentro de los marcos impuestos internacionalmente y sobre esa base ha tratado de actuar en su propio beneficio; en el caso del Registro Ampliado, el Ecuador ha tratado de sentar un precedente sobre lo que un país, con pocos recursos económicos, puede hacer con una política aperturista. El Ecuador ha logrado llamar la atención a nivel internacional sobre la “buena práctica” que ha realizado y avalar así sus políticas nacionales en cuanto a refugio.