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La cooperación al desarrollo debe tener un objetivo transformador, luchar contra la pobreza estructural, mediante el fortalecimiento de las capacidades y oportunidades de los sujetos más vulnerables y que enfrentan mayores desigualdades, considerando a las personas como sujetas de derechos y no como beneficiarias. Teniendo en cuenta la feminización de la pobreza así como las desigualdades que enfrentan las mujeres con respecto de los hom- bres es imprescindible el compromiso que debe adoptar la cooperación al desarrollo con respecto a estas desigualdades, mediante el apoyo a proce- sos de empoderamiento de las mujeres. Estos procesos de empoderamiento -tanto individuales como colectivos- deben tener un enfoque emancipatorio, integral y a largo plazo, con el objetivo de mejorar no sólo la condición sino también la posición relativa de las mujeres con respecto de los hombres. El cuestionamiento del paradigma de crecimiento económico igual a desa- rrollo, no debe hacernos dejar de lado el desarrollo económico como parte de los procesos de empoderamiento y de fortalecimiento de las capacida- des. Por lo tanto, la dimensión económica -sostenible, tanto social como ecológica- debe incluirse en cualquier estrategia de desarrollo, además de tener en cuenta aspectos complementarios del desarrollo económico como el aumento de la confianza, la participación y la organización comunitaria. Si los procesos de empoderamiento de mujeres bajo el enfoque de GED buscan una redistribución del poder y superar las relaciones de poder des- iguales entre hombres y mujeres, el apoyo a los derechos económicos de las mujeres, su empoderamiento y autonomía económica son esenciales para mejorar su posición relativa respecto a los hombres, contando así con un mayor poder de negociación. Dentro de este enfoque integral de los procesos de empoderamiento, también debemos tener en cuenta la dimen- sión económica de los procesos de desarrollo, por lo que se debe incluir y trabajar por el empoderamiento económico y por los derechos económicos de las mujeres, clave en el proceso de fortalecimiento de sus capacidades y en la reducción de su vulnerabilidad.

Las políticas de cooperación al desarrollo de las entidades deben basarse en el enfoque actual de GED, combinando las estrategias de transversalización y de empoderamiento de mujeres, ya que son complementarias. Además y teniendo en cuenta que el paso hacia la transversalización todavía no está muy claro, deben mantener la apuesta sectorial por el empoderamiento de mujeres, ya que en caso contrario, la perspectiva de género, la apuesta por los derechos de las mujeres y el apoyo directo a las organizaciones de mujeres y feministas se difumina.

Deben tener la voluntad política, tanto en lo formal como en lo real, de in- corporar la perspectiva de género en los procesos de desarrollo así como en las metodologías, instrumentos, personal y presupuestos, tanto en la dimen- sión transversal como en la de empoderamiento de mujeres. Además deben trabajar por la coherencia interna de la propia institución. Las administracio- nes y las entidades financiadoras pueden ir por delante en cuanto a discurso y exigencia a las ONGD y demás actores de la cooperación -a través de los instrumentos y las baremaciones de las distintas convocatorias- lo que no tiene por qué traducirse en un trabajo al interior de las instituciones, siendo más fácil avanzar en la exigencia a los demás actores. La coherencia interna, por lo tanto, presenta carencias que deben mejorarse -presupuestos públi- cos que no reflejan la importancia a nivel discursivo; apuesta en una misma convocatoria, por un lado, a una organización feminista y, por otro, a una entidad que trabaja con mujeres y que no defiende ciertos derechos de ellas-. Deben promover la elaboración de presupuestos con enfoque de género, de forma que los compromisos relativos a la igualdad, la erradicación de la po- breza, el bienestar y la protección social reciban los fondos necesarios. Para ello será necesario destinar más recursos a la formación del personal entorno a presupuestos participativos y con enfoque de género; a la recogida y utiliza- ción de datos desagregados por sexo, que incluyan encuestas sobre el uso del tiempo que midan el trabajo no remunerado y su contribución a la economía nacional, visibilizando así la contribución de las mujeres a la economía real, incorporando sus resultados al sistema de cuentas nacionales y diseñando políticas económicas y sociales en consecuencia; y a la participación regular y significativa de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y de representación de la sociedad civil, en procesos presupuesta- rios participativos y con enfoque de género (Muévete, 2009).

El gobierno debe promover activamente tanto la ratificación como la apli- cación de la CEDAW y su Protocolo Facultativo, no sólo en el contexto

europeo o internacional, sino también en el diálogo político con los países socios. Además debe cumplir y promover la coherencia de políticas entre los ODM, la Declaración de París, el Consenso de Monterrey y los marcos de igualdad y empoderamiento como la CEDAW y el PAM. También deberá favorecer la participación de las organizaciones de mujeres en los espacios de diálogo de políticas y mecanismos de acceso a los espacios de segui- miento y evaluación de políticas públicas. Deberá a su vez garantizar que los procesos de la AOD incluyan la responsabilidad y obligación mutua de los gobiernos de cumplir con las normas, metas de desarrollo convenidas internacionalmente y acciones identificadas en la CEDAW y el PAM, sin recurrir a imposiciones y condicionalidades vinculadas a la provisión de la ayuda (Muévete, 2009).

Por su parte, las instituciones de cooperación deberán cumplir con el Plan Estratégico de Igualdad y la Ley 30/2003 que obliga a redactar un informe de impacto de género para todos los proyectos de ley o reglamentos del Ejecuti- vo, además de utilizar los espacios legalmente establecidos -como el Consejo de Participación de la Mujer o la Comisión Interministerial- para asegurar la integración del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en toda la acción exterior del gobierno español. Deberán apoyar iniciativas para el cumplimiento de la CEDAW y el PAM desde el diálogo político con las con- trapartes, en colaboración con la sociedad civil local, y especialmente con las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

Las entidades financiadoras deberán reforzar la capacidad técnica y de inci- dencia política de las personas encargadas de implementar los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico dentro de la estructura, fortaleciendo la institucionalidad de género en su conjunto. También deberán fortalecer y aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales y regionales que definen la agenda del desarrollo internacional y la coope- ración, así como establecer mecanismos de participación de las organiza- ciones que trabajan por los derechos de las mujeres como integrantes de la sociedad civil, tanto a nivel de sede, como en terreno, en todas las fases de los procesos de desarrollo.

El apoyo de los derechos económicos de las mujeres y de los procesos de empoderamiento económico de mujeres, suponen tener una visión de las mismas como sujetas económicas, visibilizando y valorando la multitud de tareas que desempeñan y su aporte al desarrollo humano, así como cues-

tionando la división generizada del trabajo, uno de los factores clave de la discriminación que enfrentan las mujeres. Debemos tener en cuenta que las mujeres siempre han tenido un papel destacado como productoras en las economías domésticas y en unidades campesinas familiares. El problema radica en que al infravalorar el rol económico de las mujeres, estas activida- des económicas realizadas por ellas nunca han tenido la misma valoración que las realizadas por los hombres, considerándolas como secundarias o complementarias. Se asocia la actividad económica de las mujeres con la agricultura de subsistencia, lo que dificulta su acceso a créditos, a la pro- piedad de los medios de producción, a la capacitación y la organización, obstaculizando el desarrollo de habilidades y potencialidades. Por todo ello es necesario y central ver a las mujeres como sujetas económicas activas. El apoyo a este tipo de procesos no debe basarse en la búsqueda de eficiencia de los mismos, fruto de la valoración positiva coste-beneficio de invertir en las mujeres, sino que debe hacerse con el objetivo de empoderar a las mu- jeres en todos los ámbitos de su vida y de lograr su autonomía económica y su independencia necesaria en todo proceso de empoderamiento, siempre desde un enfoque de derechos.

Para mejorar el trabajo en este ámbito (Banco Mundial, 2006) será nece- sario introducir la perspectiva de género en los estudios económicos y sectoriales; movilizar recursos; así como mejorar los conocimientos y las estadísticas sobre la potenciación económica de las mujeres, a través de investigaciones y de la mejora de las estadísticas desglosadas por sexo. Mejorar las estadísticas sobre la participación económica de las mujeres es imprescindible, por un lado, para que sus contribuciones a la economía se visibilicen y, por otro, para evaluar los resultados.

La voluntad política que a nivel discursivo recogen las entidades financia- doras en cuanto a la importancia y necesidad de trabajar por la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, debe reflejarse en la cantidad de los fondos que se destinan para ello. Las instituciones financiadoras deben, por un lado, cumplir y promover el compromiso de incrementar la AOD al 0,7% del PNB. Específicamente para el objetivo de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, destinar el 15% de la AOD25_{. Por}

otro lado, deben facilitar información transparente sobre la forma en que

25 _{Porcentaje explicitado en espacios como el programa electoral del PSOE, el Plan de Igual-}

dad o la reunión de la 52ª sesión de la CSW (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de NNUU), donde solo se incluye como tendencia, pero no como una meta a alcanzar para el 2012.

las asignaciones de la AOD responden a los compromisos con los DDHH, y particularmente con los derechos de las mujeres -como la CEDAW, el PAM y los ODM-. El seguimiento de los Planes Directores deberá incluir no solo los avances hacia los ODM, sino también hacia la Plataforma de Beijing. Para ello será necesario el desarrollo de indicadores, herramientas y metodologías con enfoque de género que faciliten la evaluación de la calidad y la eficacia de la ayuda, así como mejorar la información estadística desagregada por sexo y con criterios de género, para la elaboración de análisis más cercanos a la realidad de las mujeres, y la planificación, negociación, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo (Muévete, 2009).

Además de mejorar la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal, debe mantenerse así como incrementarse la apuesta por el empo- deramiento de las mujeres a través del apoyo directo a organizaciones que tra- bajan por los derechos de las mujeres. En estos casos, se deberán compensar las dificultades que enfrentan la gran mayoría de las organizaciones de mujeres a la hora de acceder a los fondos de cooperación. En general, son organizacio- nes pequeñas, en muchos casos no tienen las capacidades y herramientas para planificar su trabajo a mediano y largo plazo y adquirir así más apoyo para su sostenibilidad (Calala, 2009), lo que se traduce en mayores dificultades para solicitar financiamiento o para competir con organizaciones más consolidadas y además corren el riesgo de quedar excluidas ante las nuevas formas de finan- ciación. Por lo tanto, es necesario mejorar la efectividad de las organizaciones de mujeres, apoyar la creación y mejora de sus mecanismos de financiación, lo cual fortalecerá su posición frente a los gobiernos para hacer efectiva la pre- sión política interna necesaria para avanzar hacia la igualdad.

Para ello será necesario asegurar fondos específicos disponibles para las orga- nizaciones de mujeres en los países socios, en especial para las organizaciones de mujeres de base. Dicha financiación debe ser flexible y garantizar recursos diversificados que cumplan un amplio espectro de necesidades, no solo orien- tados a la implementación de proyectos, sino también a gastos de personal y funcionamiento, fortalecimiento de capacidades, aprendizaje, intercambio con otras organizaciones, difusión de la información y fomento del trabajo en red. Los mecanismos de financiación deben recorrer, además, un marco temporal de al menos de 3 a 5 años para generar fondos previsibles y márgenes de actuación amplios que respondan a las necesidades de las organizaciones (Opex, 2008). Esta apuesta de apoyar específicamente a organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres puede complementarse con la inversión en

Fondos de Mujeres26_{, los cuales se crean bajo el compromiso de enfrentar}

las estructuras y normas que rigen los flujos de la cooperación internacio- nal, y que resultan discriminatorias para las mujeres.

Las entidades también deberán mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo. Por un lado, será preciso evaluar, de forma permanente, el impacto de diferenciado en mujeres y hombres de las políticas sociales y económicas. Y por otro, asegurar mecanismos más flexibles de seguimiento y evaluación de los procesos que se apoyen, a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos y que recojan no solo la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, sino también de su posición con respecto de los hombres. No deberíamos poner tanto énfa- sis en los indicadores cuantitativos -cuántas mujeres participan en cuántas actividades, etc.- y reflexionar sobre la calidad de esos espacios creados, en cómo se participa, en si se incorpora la perspectiva de género, en si se contribuye a que los DDHH de las mujeres se tengan en cuenta, etc. Por último, se deberán apoyar propuestas de sistematización de experien- cias y de recopilación de buenas prácticas, con el objetivo de reconocerlas, visibilizarlas y extraer lecciones que consoliden avances.

Para finalizar, y teniendo en cuenta el actual contexto de crisis económica en el que estamos inmersas, no queremos dejar de mencionar la oportu- nidad que ello puede ofrecer para el avance de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tal y como se menciona en el Informe Muévete por la Igualdad. Es de Justicia (2009:95): “Por último señalar que la crisis actual ofrece una oportunidad sin precedentes de repensar el papel de los Estados en la economía; etimológicamente “krisis” (griego) designa un momento que requiere de decisión y acción, momento que la sociedad civil debe aprovechar para aportar otra visión y solución de la situación. Aunque no se sabe todavía de la magnitud de la crisis, se espera que las mujeres de los países del Sur y en desarrollo se vean especialmente afecta- das por las consecuencias sociales que están acompañándola, tales como el desempleo, el aumento de las responsabilidades en el trabajo y en el hogar, la disminución de los ingresos y el potencial aumento de la violencia de género. Por ello, es importante identificar y responder a las necesidades

26 _{Calala, fondo de y por mujeres formado en el 2009, es el primer fondo en el Estado}

español orientado a la cooperación internacional, que promueve los derechos, el em- poderamiento y el liderazgo de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe, mediante la movilización de recursos destinados a fortalecer sus organizaciones, redes y movimientos.

específicas de las mujeres e integrar las perspectivas en las medidas de ges- tión de las consecuencias de la crisis tanto a corto como a largo plazo. En el contexto actual de debate entorno al modelo de Estado y de desarrollo a seguir, es importante recordar a los Estados el papel clave que juegan las mujeres tanto en la esfera reproductiva (economía del cuidado), como en la productiva, y exigir la inclusión de las mujeres en el diálogo y procesos de toma de decisiones entorno a estos temas27_”.

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