Aguilar Villanueva (2006) sostiene que en la administración pública contemporánea y renovadora conviven dos tendencias: una pública y una gerencial. La pública, consecuencia de procesos democratizadores, del despertar de los ciudadanos y agrupaciones civiles, que ahora siguen de cerca a los poderes públicos y se pronuncian por los asuntos comunitarios, y que luchan por agendar temas de gobierno. La recuperación de la naturaleza pública se apoya en la legalidad, en la elección de cargos y autoridades, en el combate a la corrupción, en el acceso a la información de gobierno, en la rendición de cuentas, en la exigencia de que las políticas públicas y los actos de autoridad perseveren incansablemente en su orientación hacia el interés y beneficio público de la comunidad política y la exigencia de que los ciudadanos tomen parte en los asuntos públicos. La tendencia gerencial, que acentúa la reconstrucción administrativa de la administración pública, intenta mantener una cierta salubridad financiera, y su credibilidad para desarrollar las funciones sociales básicas. Las estructuras incorporan para eso nuevas formas organizativas y nuevos métodos gerenciales que agreguen o creen valor público a los activos de sus comunidades, sea porque desarrollan la capacidad de los ciudadanos (particularmente entre los pobres y vulnerables) o porque incrementan la utilidad general de la comunidad. Esto se materializa en esquemas y métodos posburocráticos: dirección estratégica, administración de calidad (control, aseguramiento, mejora continua y certificación), gestión del desempeño, rediseño de procesos, gestión del conocimiento, presupuestación por resultados, profesionalización, gobierno electrónico, etcétera.
Los dos tendencias coinciden en "la centralidad del ciudadano" que ambas recuperan. La primera, con la reivindicación y reconocimiento del ciudadano como sujeto activo de la deliberación política sobre los asuntos públicos, las políticas públicas, y sujeto participante en el desarrollo de las políticas públicas y
en la prestación de los servicios públicos. La segunda tendencia, en tanto el ciudadano es crucial para el entorno gubernamental, siendo sus comportamientos y demandas oportunidades o amenazas para la legitimidad y efectividad del gobierno.
En este escenario84, ahora más complejo que antes, ningún actor sea público o privado puede dar por sí solo respuesta a los problemas de la sociedad, y tampoco dispone de la posibilidad de dominar de forma unilateral la política (Koiiman, 2000). Se evoluciona hasta otros modos de articular el interés colectivo, las instituciones políticas ya no monopolizan la acción de dirigir la sociedad. Siendo que los problemas sociales, económicos y políticos son de difícil abordaje e interdependientes, los gobiernos comienzan a basar sus intervenciones no solo en la autoridad y la sanción, sino también en el consenso y la cooperación entre una multiplicidad de actores a lo largo del desarrollo e implementación de las acciones públicas (Kooiman, 1993; Jordana,1995; Kickert, 1997). Salamon (1995; 2002) también advirtió que se habían ido estableciendo y generalizando nuevas relaciones del gobierno (asociación, contratación, delegación) con las OSC sobre todo en el campo de la política social y los servicios. El autor señala la proliferación de relaciones entre el gobierno y el llamado tercer sector en la ejecución de políticas públicas como un cambio crucial en las formas de acción gubernamental.
Para complementar el escenario actual Ospina (2006) afirma, retomando a Cunill Grau (1997) y a partir del análisis de nuevos tipos de liderazgos surgidos en la sociedad, que lo público ya no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino que pasa a ser más bien un espacio de interacción de diversos actores, lo cual supone una redefinición de las formas relacionales y organizativas, y en donde la legitimidad y la autoridad para resolver problemas colectivos se distribuyen tanto vertical como horizontalmente. Según algunos autores (Evans, 1996; Ostrom, 1996), si bien la generación de este esquema deseable no es mecánico, la sinergia
84
Aguilar Villanueva (2006:42) describe este panorama como de "inédita globalización económica, revolución tecnológica de la información y la telecomunicación, nueva economía, regionalización, resurgimiento de las identidades locales, agudización de las desigualdades y anomias sociales, aceleración de la migración transnacional, presencia creciente de las minorías de varios tipos, aumento de riesgos ambientes y el terror doctrinario".
entre el Estado y la Sociedad civil puede promover un desarrollo sostenible y democrático, abriendo espacios de participación al tiempo que se ofrecen servicios efectivos. El sector público ha perdido (o más exactamente, ha abolido) su monopolio en la conducción de los asuntos relacionados con el interés público (Peters, 2003, retomado de Rhodes, 1996; y Kooiman, 1993).
Finalmente, Prats (2004) afirma que desde mediados de los noventa existe un acuerdo en torno a que la eficacia y legitimidad del actuar público se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno, y entre éstos y las organizaciones empresariales y de la Sociedad civil. Esto se plasma en nuevos modos de gobernar, como la gobernanza, gobierno relacional o redes de interacción público-privado-civil a lo largo del eje local/global. Esa naturaleza interactiva y relacional se denomina “gestión de redes”, en donde el gobierno es el
único actor que posee la representatividad y autoridad democrática de su sociedad.
Cabe mencionar que algunas características del entramado que subyace en esquemas de gobernanza puede tener puntos de contacto con lo que se ha dado en llamar Nueva Gestión Pública (NGP), una tendencia que procede de los cambios administrativos y (pos) burocráticos denominados “reformas del Estado” de fines de los ochenta, cuyo primer teórico fue Hood (1989). En el marco de gestión de políticas a niveles locales nos interesa destacar algunas variantes factibles de presentarse en nuestro objeto de estudio, como:
las contrataciones de empresas privadas y de ONG para la provisión de
determinados bienes y servicios públicos, esto es, la distinción entre formulación e implementación de políticas públicas, que abre la posibilidad que organismos privados y sociales participen mediante contratos para la provisión de insumos (outsourcing) y la prestación de servicios (contracting out);
separación entre las instancias formuladoras de políticas públicas, de
carácter centralizado, y las unidades funcional o territorialmente descentralizadas ejecutoras;
la predominancia de emprendimientos público-privados en creciente
reemplazo de los totalmente públicos;
el impulso a la desagregación y descentralización de las entidades
administrativas, descentralización hacia mandos subalternos, preferencia por unidades organizativas especializadas y autónomas; y
la sustitución de relaciones jerárquicas por contratos de personal (Hood,
1989; Kettl, 2000; Pollit, 2000; Olías de Lima, 2001; Prats, 2004; Aguilar Villanueva, 2006)85.
Peters (1996) observa, en paralelo (superpuestos) a casos de nueva gestión pública, cuatro modelos de gobernar que pueden existir juntos en diversas proporciones: el modelo de mercado; el Estado participativo (que pone el acento en el empoderamiento y la participación de los ciudadanos en la gestión pública); el gobierno flexible (de organizaciones descentralizadas y procesos adaptables a las circunstancias) y el gobierno desregulado.