PROYECTO POLÍTICA SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREzA: OPTIMIzANDO EL GASTO SOCIAL Con el objetivo de potenciar el análisis
y conocimiento que tradicionalmente la División de Desarrollo Social ha ofrecido mediante las estadísticas —y en ocasiones capítulos— de gasto social incluidos en las sucesivas publicaciones del Panorama Social de América Latina, se decidió establecer una propuesta de trabajo basada en estos resultados. Así surgió el proyecto Política social y reducción de la pobreza: optimizando el gasto social, como un primer paso para contribuir a la efectividad de los gobiernos de la región en la formulación e implementación de programas públicos destinados a la eliminación del hambre y la reducción de la pobreza. Este proyecto, que se gestiona con el apoyo financiero de la cooperación alemana (Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, GTZ), tiene como objetivo desarrollar metodologías que permitan mejorar la efectividad y eficiencia de las políticas públicas a partir de una contabilización y desagregación analítica de los recursos que permita mejorar su asignación en el mediano y largo plazo.
La información estadística disponible en la División permite concluir que en los últimos 13 años el promedio regional del gasto social se ha incrementado más de dos puntos porcentuales, hasta llegar
al 15% del PIB, correspondiendo el mayor dinamismo al gasto en seguridad y asistencia sociales. El análisis revela que más de la mitad del crecimiento del gasto social per cápita se explica por el crecimiento global del PIB y el aumento de la prioridad macroeconómica y, en menor medida, por efecto de políticas específicas de gasto focalizado. Aunque el gasto social en conjunto es progresivo, la descomposición de los factores de crecimiento muestra que incluso en condiciones de reducción de la prioridad fiscal del gasto social, puede haber un efecto progresivo si se aplica en sectores con resultado procíclico, como el caso de la educación, en particular la primaria, y la salud. De manera similar, algunos elementos del gasto en seguridad social benefician sobre todo a los quintiles de mayores ingresos, aunque con un efecto limitado de complementación del ingreso primario. En tanto, en los quintiles de menores ingresos, el gasto social en educación y salud complementa el ingreso primario en un porcentaje cercano al 50%, pero debido a los bajos niveles de inversión social en los países más pobres, el impacto permanece en un nivel menor. De esta manera, la herramienta metodológica común y la cuantificación precisa y homologada de las partidas
de gasto social constituyen una vía para mejorar la calidad de las políticas, la transparencia de la gestión y la incidencia sobre los sectores más vulnerables.
El proyecto en curso se propone contribuir a mejorar la gestión social por medio de un modelo de análisis que permita evaluar efectivamente la relación costo-impacto de los programas sociales en cada país, aunque de manera comparable en el conjunto de la región. El modelo de análisis propuesto armoniza el desarrollo de las cuentas satélite por la explotación conjunta de las Estadísticas de Finanzas Públicas y del Sistema de Cuentas Nacionales, para potenciar el análisis del gasto social. Por otra parte, el análisis de la gestión social y sus resultados busca beneficiarse de los análisis de efectos por medio de evaluaciones de programas específicos y de los censos y encuestas de hogares y otras similares. Por ende, se trata de avanzar en algunas categorizaciones como función, sector social, tipo de costo y fuente de financiamiento, además de eliminar las diferencias de cobertura y clasificaciones y contribuir con un marco funcional que posibilite la profundización en el análisis y planteamiento de los resultados, los medios y los beneficiarios a quienes llegar.
Fuente: Rodrigo Martínez y Ernesto Espíndola, “Gasto social en América Latina: una propuesta para su análisis”, documento presentado en la
reunión técnica La medición del gasto social: avances y desafíos metodológicos, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 9 y 10 de agosto de 2007.
3.
Efecto redistributivo del gasto público social
Mediante el gasto público social, tanto las intervencionesfocalizadas como las de carácter más universal buscan generar un efecto positivo —y en lo posible permanente— en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, sus efectos son difíciles de evaluar, visto que puede tratarse de: i) un efecto social en la población objetivo, que se expresa en la variación de los indicadores sociales que representan los problemas que originaron la intervención; ii) un efecto económico en el mediano y largo plazo generado por los bienes y servicios transferidos a los
hogares; iii) un efecto redistributivoen tanto contribuye
a incrementar el ingreso disponible de los hogares y a
alterar, en el corto plazo, su distribución primaria.9
El margen de acción de las políticas públicas para aumentar la progresividad del gasto social no es grande, pues la distribución de algunas partidas de gasto que suponen grandes proporciones de recursos (como las de seguridad social) surge de compromisos contractuales de largo plazo. Si bien la orientación de las diversas partidas de gasto social puede variar, su efecto distributivo definitivo depende del volumen de
recursos que se ejecutan.10 Además, la focalización de
los gastos, como los de educación y salud, depende de la extensión de la cobertura y la masificación del acceso a los servicios públicos. También depende de las combinaciones entre la actividad pública y la actividad privada que garanticen el acceso de los
9 El análisis debería incluir la estimación neta de los cambios en el ingreso que producen las políticas recaudatorias (impuestos directos e
indirectos), que lo pueden disminuir en forma progresiva o regresiva, y luego su redistribución en la forma de gasto público, que lo aumentan. La información disponible solo registra la segunda situación.
10 De esta forma, puede haber partidas de gasto o programas específicos altamente progresivos, pero su efecto redistributivo puede ser poco
considerable, de manera que son poco relevantes en el incremento del ingreso disponible. Esto no significa que tengan poca importancia en la lucha contra la pobreza o el incremento del nivel de vida de la población de menores recursos, pues muchas veces las acciones de bajo costo (como la distribución de atoles alimentarios para combatir o evitar la desnutrición infantil o los diversos programas de transferencias condicionadas) tienen un efecto social relevante en la mejora de una determinada condición o disminuyen riesgos que a largo plazo pueden significar costos importantes para los hogares o el Estado. Por el contrario, existen también partidas de gasto social que concentran grandes volúmenes de gasto, con un mayor efecto redistributivo, pero no implican necesariamente una mejora significativa de diversos indicadores sociales.
más pobres y brinden alternativas de oferta privada de servicios de calidad a precios asequibles para los estratos de menores recursos, lo que requiere un acuerdo sobre los componentes a los que debe darse énfasis según el principio de universalidad y los gastos que deben focalizarse. Teniendo en cuenta el principio de eficiencia en la asignación de recursos, debe decidirse cómo incorporar también mecanismos solidarios y no contributivos para ofrecer prestaciones que deberían ser universales en un sistema de protección social.
En ese sentido, debe reconocerse que el efecto redistributivo del gasto público social para disminuir la concentración de los ingresos es limitado. Esto ocurre sobre todo porque representa apenas un 19,4 % del ingreso primario de los hogares, pero también porque no se asigna exclusivamente con el criterio de mejorar la equidad. El gasto social produce un incremento muy significativo en el bienestar de los más pobres: en promedio, duplica el ingreso disponible del quintil más pobre. No obstante, también produce efectos considerables en los estratos siguientes, en particular el segundo quintil, cuyo ingreso aumenta alrededor del 43%. Para el quintil más rico, el gasto social representa un incremento del 9% de su ingreso (véase el gráfico II.10). En este sentido, pese a que el gasto social no tiene un efecto redistributivo significativo en la desigualdad, tiene repercusiones muy importantes en el aumento del bienestar de los estratos de menores ingresos.
Gráfico II.10
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EFECTO REDISTRIBUTIVO DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EL INGRESO SEGÚN
QUINTILES DE INGRESO PRIMARIO, 1997-2004 a
(En porcentajes) Ingreso total del quintil V = 100
91% 84% 78% 70% 49% 9% 16% 22% 30% 51% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V
Ingreso primario Gasto social
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de estudios nacionales.
a Promedio ponderado por la significación de cada partida de gasto en
el ingreso primario de cada país.
Pero es importante notar que, dada la naturaleza de los componentes del gasto público social, el quintil más rico capta alrededor del 28% de los recursos destinados a lo social, seguido por el cuarto quintil (18,8%). El primer quintil solo recibe alrededor del 18,6%. Esto se debe sobre todo a que el quintil más rico recibe más del 50% de los gastos de la seguridad social (recursos distribuidos sobre la base de sistemas contributivos).
Al medir el efecto en el ingreso de los hogares, los gastos públicos en educación son los que tienen un mayor impacto en el ingreso primario de los más pobres, pues representan el 40% de las transferencias que recibe el primer quintil (7,4% del gasto social) (véase el gráfico II.11). Le siguen en importancia la salud y la asistencia social, respectivamente. La relación es similar en el segundo quintil. La seguridad social comienza a cobrar mayor importancia relativa en el tercer quintil. En los quintiles cuarto y quinto se observa la transferencia más significativa, pues representa el 59% de los recursos públicos captados por el quintil superior de ingresos.
Gráfico II.11
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES):
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS SEGÚN QUINTILES DE
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PRIMARIO, 1997-2004 a
(Como porcentaje del gasto social total) Gasto social total = 100
7,4 6,5 6,3 5,9 5,8 5,1 4,7 4,2 4,0 3,7 2,0 2,8 4,3 6,3 16,5 0,8 0,9 1,1 1,4 0,9 3,3 2,1 1,6 1,3 1,1 0 5 10 15 20 25 30
Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V
Educación Salud Seguridad social Vivienda Asistencia social
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de estudios nacionales.
a Promedio ponderado por la significación de cada partida de gasto en
el ingreso primario de cada país.
En definitiva, la distribución del ingreso primario en la región es altamente concentrada (coeficiente de Gini por grupos quintílicos de 0,476) y, pese a que el gasto público social tiene un efecto en el ingreso disponible total y en su distribución entre quintiles de ingreso primario —lo que permite evaluar tanto su efecto en la desconcentración del ingreso como su eficacia redistributiva relativa—, se
observa un bajo impacto redistributivo de este.11 Esto le
ha valido a América Latina la peor posición en el mundo en cuanto a desigualdades socioeconómicas. De acuerdo con las medidas utilizadas (véase el anexo metodológico al final del capítulo), el conjunto de partidas de gasto social solo reduce la concentración del ingreso en -0,064. Esto significa que la concentración del ingreso, incluidas las transferencias del gasto público social, solo disminuye levemente (a un coeficiente de Gini de 0,412).
11 Las partidas de gasto público social que tienen mayor efecto desconcentrador, dadas su progresividad y significación en el ingreso primario, son
la educación y la salud. Las que menos aportan a la reducción de la desigualdad son, naturalmente, la seguridad social y el gasto en vivienda. Sin embargo, en términos de eficacia redistributiva relativa el gasto que produce proporcionalmente mayor desconcentración del ingreso primario es la asistencia social, seguida por la salud. En el cuadro II.6 se detalla esta información tanto respecto de América Latina como de cada uno de los países.
Si se excluye la seguridad social, al quintil más rico se destina solo el 17% de los recursos totales, mientras que el quintil más pobre recibe poco más del 24% (1,4 veces más que el quintil superior).
4.
Los gastos en asistencia social y
los programas de lucha contra la pobreza
En concordancia con el débil efecto redistributivo del gastopúblico social, las autoridades regionales han continuado preocupadas por la persistencia de amplios bolsones de pobreza y de personas que se ven sobrepasadas por los beneficios del crecimiento económico.
Sobre la base de las experiencias con los fondos de inversión social —cuyo propósito era financiar inversiones públicas en pequeños proyectos identificados, solicitados y ejecutados, parcial o totalmente, por grupos locales pobres— y de las redes de protección social —que servían como programas de emergencia para superar los efectos de la crisis— las autoridades impulsan hoy los llamados programas de transferencias condicionadas.
Estos programas, implementados durante los últimos años en América Latina, utilizan los programas de asistencia social no solo como alivio a la pobreza sino también para combatir su reproducción intergeneracional apoyando la inversión de las familias en los ámbitos de la educación, la salud y la nutrición. Se procura, mediante el condicionamiento de las transferencias, generar los incentivos necesarios para mantener e incrementar la inversión en capital humano en los individuos y familias pobres (CEPAL, 2000a).
a) Sus características
Entre sus principales características se destaca que son intervenciones multidimensionales, que agregan al complemento de los ingresos monetarios en el corto plazo objetivos de acumulación del capital humano en al menos una de sus dimensiones. Las diferencias radican en las dimensiones seleccionadas para la intervención (principalmente educación, salud y alimentación) y su combinación, en el desarrollo de intervenciones relativas a la oferta, de manera de garantizar una prestación de servicios de calidad, y en el nivel de articulación de las transferencias con los dispositivos de protección social general.
La fórmula de cálculo del valor y la estructura de la transferencia varía en los distintos países que aplican programas de transferencias condicionadas. En el caso de los programas con componentes en educación, en algunos países la transferencia cubre los costos directos de enviar los niños a la escuela (matrícula, transporte, útiles, entre otros) y el costo de oportunidad derivado de la pérdida de ingresos por enviarlos a estudiar en lugar de a trabajar,
como en el caso de México y Jamaica. En los países de bajos ingresos, las transferencias por lo general cubren parcialmente estos costos (Rawlings y Rubio, 2003).
Los nuevos programas de transferencias consideran a la familia como unidad básica de intervención y asignan un papel significativo a las mujeres como destinatarias directas y administradoras de las transferencias dentro del grupo familiar (Villatoro, 2005a). La modalidad de entrega de las transferencias a las mujeres parece constituir una buena aproximación desde el punto de vista del uso del dinero, debido a que las mujeres administran de manera más eficiente las ayudas económicas que los hombres.
La sustentabilidad de los esquemas de financiamiento de los programas de transferencias condicionadas ha pasado a tener una importancia crítica, debido a que muchas de estas iniciativas —que al inicio eran transitorias— han pasado a constituir componentes permanentes de las estrategias de reducción de la pobreza de algunos de los países de la región. Sin embargo, los antecedentes disponibles indican que los programas de transferencias focalizados en los más pobres están sujetos a una alta vulnerabilidad presupuestaria. La evidencia indica que bastantes programas de asistencia se están financiando parcial o completamente a través de créditos externos y esto coloca en riesgo su viabilidad financiera en el mediano plazo y limita su autonomía en el diseño y la flexibilidad para la implementación (Villatoro, 2005b).
Los programas han cobrado una gran importancia y se distinguen tres tipos conforme a la amplitud de su cobertura: aquellos que superan el 20% de la población (Brasil, México); aquellos que cubren entre el 6% y el 10% de la población del país (Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, República Dominicana) y aquellos donde esta proporción es menor del 6% (véase el cuadro II.2).
Con respecto a sus repercusiones en la pobreza, los programas de transferencias condicionadas logran resultados ambiguos. En algunos casos reducen la brecha de pobreza que afecta a las familias pobres y en otros mitigan las consecuencias de una crisis económica. Sin embargo, no está claro su potencial para lograr que los beneficiarios superen la línea de la pobreza, aunque se puede afirmar que la probabilidad de que esto ocurra dependerá del monto de la transferencia, de la focalización del programa y de la ausencia de contracciones económicas (Villatoro, 2005c).
Por otra parte, estos programas han contribuido en gran medida a la acumulación de capital humano. En cuanto a los efectos en la educación, las evaluaciones han dejado en evidencia que los programas de transferencias condicionadas tienen efectos positivos, tanto a corto como a mediano plazo, cuando se consideran indicadores tales como las tasas de matrícula y asistencia escolar, la promoción por grado y el aumento de la escolaridad. También se han observado, aunque en menor medida, efectos favorables en la reducción del trabajo infantil. El efecto general en materia de salud y alimentación es positivo: se observan incrementos significativos de los controles preventivos de salud, el acceso a los servicios de salud y la utilización de