La estructuración del régimen autoritario
Al sistema político que se estableció después de la Revolución Mexicana (entre 1927 y el año 2000) se le ha clasificado como un régimen corporativo autoritario. El vocablo autoritarismo sería forjado por el fascismo como término apreciativo; pero ante la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial adquiriría su connotación negativa actual: exceso, abuso de autoridad.
Juan Linz elabora el concepto de autoritarismo para clasificar a regímenes que no pueden considerarse ni democráticos, ni totalitarios. Linz desarrolló esta definición en contraste con ambos sistemas: por un lado, las democracias, regímenes con altos niveles de competencia política y, por otro lado, el prototipo del totalitarismo. La definición clásica que propone del autoritarismo es:
Political systems with limited, not responsible, political pluralism, without elaborate and guiding ideology, but with distinctive mentalities, without extensive nor intensive political mobilization, except at some point in their development, and in which a leader or occasionally a small group exercises power within formally ill-defined limits but actually quite predictable ones. (Linz, 1964, p. 255) 159
El concepto enfatiza en la forma en que se organiza el poder en relación con la sociedad. El autoritarismo sólo permite una expresión limitada del pluralismo político, a diferencia de las democracias donde el pluralismo político institucionalizado es casi ilimitado. También enfatiza en la cultura política que no tiene una clara definición ideológica así como en la desmovilización de los ciudadanos en los procesos políticos. (Linz 2000, 160-161)
Para los dirigentes el acceso al poder político en un régimen autoritario no depende del apoyo de los grupos de interés, ni de los electores, sino del apoyo del líder o del partido en el poder; en cambio en las democracias, el apoyo de los grupos de interés es indispensable para que una persona o un partido lleguen a gobernar. En algunos regímenes, como el mexicano, el pluralismo estaba limitado por la existencia de un partido oficial que concentraba las prerrogativas del régimen. (Linz 2000, 161)
Linz considera que los regímenes autoritarios no suelen utilizar una ideología concreta para justificar la permanencia del grupo en el poder. En vez de ideologías los regímenes
autoritarios refieren a valores genéricos como patriotismo, nacionalismo, desarrollo económico... es decir, elementos que tradicionalmente provienen de las políticas de centro. Eso basta a los gobernantes para cooptar una variedad de apoyos de la sociedad y decidir políticas pragmáticamente, sin movilizar a las masas. (Linz 2000, 164)
El autoritarismo trata de desmovilizar sistemáticamente a la ciudadanía. La clase política trata de alejar al ciudadano del ejercicio público, lo orienta a que vea a la política como algo ajeno a sí mismo, propio de los profesionales. En este tipo de régimen los límites formales del poder político no son claros ni significan un obstáculo real para quien lo ejerce. Sin embargo, en la práctica, ese poder se mueve en espacios más o menos acotados y predecibles.
Algunos de los principales politólogos de México, en retrospectiva, han logrado apreciar que, a pesar de todos los efectos negativos del régimen en las últimas décadas del siglo XX, el autoritarismo posrevolucionario fue bastante funcional, al principio sirvió para generar y mantener la estabilidad política después de la revolución; fue útil en esa época en la cual subsistían cacicazgos sustentados en las armas y donde los intereses de los gobiernos extranjeros estaban seriamente comprometidos con las industrias radicadas en el país (González Casanova 1967, Córdoba 1972).
Según Pablo González Casanova el presidencialismo, sostén del autoritarismo mexicano, ha tenido múltiples funciones de estabilidad y desarrollo, entre las que destacan: “a) La posibilidad de concentrar recursos para una utilización mínimamente racional (...); b) La estabilidad política de un país amenazado de intervención por las grandes empresas y las grandes potencias, y c) La posibilidad de salir al terreno mundial juntando las fuerzas nacionales y romper la dinámica que es típica del subdesarrollo (González Casanova 1967; 86).
Este carácter funcional resulta más claro, según este autor, cuando se toma en cuenta que el presidencialismo sirvió para acabar con las conspiraciones del Legislativo, del ejército y del clero; que el partido de Estado sirvió para acabar con los caudillos y sus “partidos de membrete”; que el régimen centralista liquidó los feudos regionales y los caciques locales; que el Estado empresario construyó la infraestructura para el desarrollo de la industria y; que incluso el dominio sobre la propiedad permitió la expropiación de la industria petrolera y la reforma agraria, ambos, elementos cruciales para crear un mercado interno y la capitalización nacional.
En cierta forma podríamos decir que el Estado autoritario, creado exprofeso para impulsar el desarrollo social, económico y político del país tuvo éxito, al grado de que
logró un proceso de modernización más o menos exitoso permitió la formación de una sociedad más estable, educada, con mayores recursos económicos… pero, para cuando hubo logrado este reto, el Estado autoritario perdió su utilidad y en lugar de ser el motor del desarrollo se convirtió en el principal obstáculo para el avance político y económico del país.
La mayoría de las tradiciones teóricas que estudian el autoritarismo mexicano plantean que este régimen se estructuraba sobre cuatro relaciones fundamentales: en primer lugar, el presidencialismo como centro ordenador de toda la política nacional; en segundo lugar, el corporativismo como instrumento operativo de la elite gobernante; en tercer lugar, el partido de Estado como la institución que ordena el acceso al poder en la clase política; en cuarto lugar, un sistema electoral no pluralista. (Morales 2002, González 1997, Córdova 1972, Woldemberg 2002, Meyer 1998)
Presidencialismo y corporativismo
El proceso de institucionalización de la política mexicana posrevolucionaria tiene su momento fundacional en las presidencias de Plutarco Elías Calles y de Lázaro Cárdenas. Después del asesinato del expresidente Álvaro Obregón que pretendía reelegirse, Calles, como presidente en funciones, declaró que con el fin de Obregón había terminado la época de los caudillos y “empezaba” la de las instituciones; el mismo Calles se propuso crear una institución fundamental para este proceso: el partido de Estado. El Partido Nacional Revolucionario (PNR) aglutinó a todos los caudillos, políticos y partidos regionales (casi cinco mil en esa época). (González Casanova 1997; 112)
La fundación del partido de Estado en 1929, constituye uno de los momentos decisivos en el largo proceso de institucionalización de la vida política posrevolucionaria; uno de los puntos centrales para la consolidación del Estado mexicano del siglo XX. Además, la organización del partido de Estado, fue decisiva para la conformación del presidencialismo.11 Aglutinados en este partido las fuerzas y líderes políticos ya no resolverían sus conflictos por la fuerza, sino al interior del
11 Las formas de gobierno en las democracias occidentales suelen dividirse fundamentalmente entre parlamentarias,
presidenciales y semipresidenciales, dependiendo de si el predominio del gobierno lo tiene el órgano legislativo o el presidente. En el caso del autoritarismo en México se hablaba de un régimen, no sólo presidencial, sino, incluso, presidencialista porque al titular del ejecutivo federal la constitución le confería poderes por encima del legislativo e, incluso, por encima de la federación; además era el jefe de las fuerzas armadas... Incluso, de facto, el presidente se constituía como el líder del partido (a pesar de que formalmente había un líder aparte) y el que tomaba las principales decisiones políticas, como la de nombrar a su sucesor.
partido, de acuerdo con un pacto político, supeditando sus decisiones más trascendentes al presidente. De este modo el presidente se erigió como el árbitro supremo; todas las agrupaciones se someten a su autoridad y con él se legitiman todos los intereses públicos.
El partido, aun siguiendo la línea de Calles (el Jefe Máximo), comenzó a ser el operador del mandato presidencial; actuó como representante de las fuerzas populares organizadas en el gobierno y por el gobierno, y empezó a imponer decisiones distantes y más impersonales. A esas funciones añadió dos más: la ideológica que empezó a ser más constante y más extensa y la legislativa controlando a los diputados. Además fue el instrumento del gobierno para cooptar a los líderes sociales. (González Casanova 1997; 113)
El Partido Nacional Revolucionario en 1929 se diseña como un órgano corporativo, para crear lazos de control tanto sobre las organizaciones partidistas, obreras y campesinas, los políticos y caciques regionales... En opinión de algunos autores, este es el punto de arranque del pacto corporativo del Estado mexicano posrevolucionario: “la creación del partido constituye el inicio formal de esta relación, pues en un principio el partido articula los diferentes intereses políticos regionales y al mismo tiempo institucionaliza e impone normas legítimas para el acceso al poder, a través de lo cual evita los levantamientos armados como expresión de la lucha por el poder presidencial.” (Morales 2003)
Con el partido de Estado, Calles aparentemente quería orientar el proyecto de nación hacia un modelo socialista como el de los regímenes comunistas que centraban su sistema político en un partido de masas, educación socialista, combate a la religión… Sin embargo, contradictoriamente, también se mantuvo vigente el proyecto de democracia liberal que se había plasmado en la constitución de 1917. Y aunque el proyecto socialista a la larga sería derrotado, quedaría el partido único como el instrumento central del sistema electoral y del control corporativo para la política de masas.
Después de Calles, el presidente Lázaro Cárdenas terminaría por institucionalizar la presidencia como el centro de la política mexicana y el corporativismo como una forma de organizar a la sociedad. Cárdenas desarrolló una amplia base social obrera y campesina, sólo así pudo sustentar una política nacionalista popular con la cual logró sustituir latifundios por pequeña propiedad y ejidos; nacionalizar la industria petrolera, eléctrica, el sistema ferroviario e impulsar una educación socialista. Con las
nacionalizaciones y el reparto agrario asestó un fuerte golpe al capital extranjero que dominaba la economía nacional, de igual manera, al empresariado nacional le restó capacidad de influencia. Con todo ello Cárdenas constituyó un Estado extraordinariamente fuerte.
Pieza clave de su consenso social fue la reorganización de los grupos sociales en sectores del partido de Estado, el cual ahora se denominó Partido Revolucionario Mexicano (PRM): a los campesinos los integró en la Confederación Nacional Campesina (CNC); a los obreros en la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM); a los grupos urbanos y clases medias en el sector popular Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y finalmente integró un sector militar. Se firmó un pacto para dirimir las pugnas político-electorales al interior del partido de Estado de acuerdo con sus estatutos, reglamentos y convenios. Así como el PNR fue creado para integrar y disolver a los partidos regionales, el PRM fue creado para desmovilizar a las clases sociales y corporatizarlas como sectores.
Por encima de todo, esta práctica corporativa se convertiría en política de Estado. A partir de entonces, el gobierno crearía y fomentaría instituciones que integrarán a todos los sectores sociales en virtuales aparatos del Estado. Para los empresarios se crearían organizaciones empresariales, industriales, comerciales (Canacintra, Coparmex, Concanaco, Concamin…). Para todos los trabajadores, incluso los que deberían ser independientes del estado, como los periodistas, los estudiantes, los académicos... se fomentarían sindicatos y organizaciones que se integrarían a las grandes centrales corporativas como la CTM o la CNOP.
Apoyado en su consenso social, Cárdenas exilió al, hasta entonces, Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles y, en vez de asumir un mandato extraoficial, permitió que el nuevo presidente se convirtiera en el verdadero ejecutivo de la nación; con este proceso prácticamente culmina el proceso de institucionalización del presidencialismo, pues en adelante ya no habrá caudillos o un “Jefe Máximo” que se imponga al presidente y decida el rumbo del país, sino que, en adelante esta responsabilidad dependerá de la institución presidencial y no de un líder en particular.
A partir de este momento el presidencialismo cobra toda su centralidad en el régimen autoritario, con todas sus atribuciones legales y metaconstitucionales, las principales son: 1) Jefe de Estado y, por tanto, jefe de las fuerzas armadas; 2) designa al candidato presidencial del PRI y virtual sucesor en la presidencia; 3) se constituye de facto como el líder máximo del PRI, lo cual le confiere la mayoría absoluta en el Congreso para sus
iniciativas de ley; 4) gracias al corporativismo controla las negociaciones con las principales organizaciones sociales y grupos de interés 5) designa a los candidatos gobernadores del PRI; 6) designa a los candidatos a diputados federales y senadores del PRI, previo intercambio de información con los miembros de la élite gobernante; 7) es responsable de todas las políticas gubernamentales; 8) tiene la atribución legal de enviar iniciativas de ley, sobre todo las reformas políticas y electorales. (Escobedo 2000)
Partido de Estado
Desde su nacimiento como Partido Nacional Revolucionario, el partido de Estado actuó como el representante de las fuerzas políticas organizadas en el gobierno. Conformado como una estructura nacional, empezó a imponer decisiones distantes y más impersonales. Además, en el Poder Legislativo el partido de Estado fue el responsable de disciplinar a los diputados para llevar a cabo los proyectos presidenciales. (González Casanova; 113)
Cuatro años después de su fundación, el PNR liquidó a los partidos regionales y se conformó como una estructura nacional, con lo cual fue más centralizado y apto para que el Ejecutivo determinara el curso de la política y las elecciones en todo el país. Como respuesta a la intensa movilización de obreros y campesinos, en 1938, Cárdenas convierte al PNR en Partido Revolucionario Mexicano e integró a las bases sociales en sectores. El pacto fundamental era que todos los sectores intervendrían en política electoral por medio del partido, pero conservando su autonomía para actividades específicas.
En esa época el presidente Cárdenas apoyó las reivindicaciones de los sectores populares para conseguir el consenso necesario en su política nacionalista. De modo que el PRM emergió durante la efervescencia social que suscitó la nacionalización de la industria petrolera. Sin embargo, para el siguiente mandato, el presidente Ávila Camacho daría marcha atrás al incipiente proyecto socialista para proyectar uno liberal. Ante esta transformación, de un proyecto popular a uno elitista, los sectores del partido y el partido mismo, perdieron casi toda su fuerza. Ejemplo de ello es la sustitución del líder del sector obrero Lombardo Toledano por un líder defensor del oficialismo: Fidel Velázquez. De modo que la correlación de fuerzas se recompone a favor de los sectores empresariales y con una clara desventaja de las clases populares.
En 1946, en vísperas de la sucesión presidencial se decide legalizar e institucionalizar el cambio de proyecto. Para ello durante una Convención del partido de Estado, el PRM
se convierte en Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido pasa de una ideología socialista a una liberal, ahora se propone la defensa de la democracia y ya no se define como un partido de obreros y campesinos sino de ciudadanos (González Casanova 1981; 125). Por último, de acuerdo con estas tendencias, en una convención posterior (celebrada en 1950) se agrega un programa de acción que impulsa la libre empresa como la solución de los problemas nacionales.
Sin embargo, la creciente influencia de los sectores empresariales en el Estado no acabará con la política de masas del partido y del Estado, opina González Casanova (1972, 186-187), pues “ambas instancias articulan los intereses de las organizaciones de masas del PRI o del sector público de la economía mediando en la lucha de clases con concesiones, arbitrajes, negociaciones y represiones que dan al Estado el monopolio de la elección para los puestos más importantes de representación popular; mientras que, por otro lado, el Estado establece el monopolio de la represión y domina una parte importante de la economía que corresponde a la propiedad pública, al gasto público y a la inversión social”. Todo ello en un escenario donde, efectivamente, el capital monopólico tendía a incrementar su poder e influencia en el interior del Estado. (González Casanova 1972)
Con todo ello, el presidente y sus colaboradores tienen un amplio margen de maniobra en su política de masas, pues cuentan con la disciplina de los sectores y de las organizaciones masivas. De esta forma el gobierno no se separa del poder del Estado, pues finalmente el titular del Ejecutivo es el Jefe de Estado y el Jefe del partido. El PRI no es un espacio para tomar decisiones, sino que provee servicios críticos para que los gobernantes tomen esas decisiones, entre ellos: consolidar el monopolio ideológico entre las bases sociales; el reclutamiento de cuadros para resolver conflictos sociales; organizar y movilizar al electorado, lo cual incluye anular a la oposición y; que los sectores políticos diriman al interior del partido sus diferencias. (González Casanova 1972)
Cuando se desarrollan los procesos electorales, el PRI funciona como mediador, entre los candidatos y la población, después de todo, es mejor que las demandas se filtren a través del partido que públicamente. Esta función corporativa de mediador del sistema, era quizá la principal potencialidad del partido durante el autoritarismo, la cual le permitía tener cartas que jugar ante la omnipotencia presidencial. De manera que el partido de Estado no tenía un sometimiento total al presidente, funcionaba quizá como
un grupo de presión, aunque formaba parte del sistema podía organizar rebeliones cuando se tocaban sus intereses más elementales.12
Sistema de partidos no pluralista
La constitución de 1917 no estableció procedimientos electorales ni principios bajo los cuales se deberían regir los partidos. No definió los procedimientos para integrar la representación política, pero concedió los poderes indispensables al presidente de la República para organizar todo el sistema electoral.
Al correr de los años, surgirán nuevos partidos y evolucionará el sistema electoral, pero hasta los ochentas el sistema electoral sólo será un simulacro democrático, tanto porque los partidos tenían escasas posibilidades de competir con el PRI, como porque este siempre desplegaba los recursos necesarios para ganar las elecciones: la administración del proceso electoral en manos del gobierno; disponía del erario para sus campañas; incluso el fraude electoral. (González 1972, Córdova 1972, Meyer 1997) Durante la mayor parte del autoritarismo se estableció un sistema de partidos aparentemente pluripartidista creado por el gobierno para simular contiendas electorales y contrarrestar la oposición real; en la práctica era un sistema electoral que reconocía la participación de partidos de oposición reales, pero donde se les sometía a condiciones de contienda electoral y política desiguales y donde el sufragio no era efectivo. (Morales 2003)
Desde 1920 hasta 1982 los candidatos presidenciales priistas concurrieron a las urnas sin una competencia que tuviera la capacidad de ganar y defender su triunfo. Los candidatos presidenciales siempre obtenían victorias con porcentajes abrumadores, usualmente superiores al 80% En 1976 el candidato José López Portillo se concedió un porcentaje al uso del régimen soviético: 93 por ciento de los votos.
Aunque durante el periodo del autoritarismo surgieron partidos y candidatos con capacidad de desafiar al partido de Estado, entre 1920 y 1952 ninguno de estos partidos sobrevivió a las presiones y represiones del gobierno. La excepción fue el Partido Acción Nacional (PAN).
El primer antecedente para hablar de un sistema de partidos se establece con la fundación del PAN en 1939. Comúnmente se plantea que la fundación de este partido (en 1939) fue una reacción directa a la creación del Partido de la Revolución Mexicana