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En la bisagra del siglo XXI, al tiempo que se mantenían gobiernos constitucionales democráticos en gran parte de Latinoamérica, también se produjo una convergencia de orientaciones político-ideológicas que permitió reflotar la vieja idea de los ancestrales libertadores. El concepto de Patria Grande (106, 855)_{, que estuvo presente en las arengas y}

propósitos de los padres fundadores, así como en las más modernas y discursivas propuestas electorales de algunos políticos progresistas, se comenzó a formalizar, en ocasiones no sólo en la prédica teórica y voluntarista sino en la praxis. Celac, Mercosur, Parlasur, Unasur, Bansur, Alba, Sela, Aladi, entre otros organismos internacionales, abarcaron a los países de la región y posibilitaron una gran dosis de confianza en el esfuerzo común, solidario y concurrente para alcanzar las metas de intereses compartidos de Latinoamérica. Esta actitud política fraternal, poco frecuente en la región, fue consolidada en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata (Argentina), en 2005. En ese cónclave, los presidentes del Mercosur (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela) rechazaron con firmeza la propuesta de asociación de los países de la región en un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por el presidente de los EE.UU. George W. Bush, apoyado por los presidentes de México, Canadá y Panamá. El ALCA significaba de hecho constituir un “bloque americano” comandado por los EE.UU. (véase Los imperios también retroceden y el Recuadro 5-1, en el Capítulo 5).

No obstante, desde el mismo día de las exequias del ALCA en la Cumbre de las Américas, siempre se supo que su espíritu no había muerto, como tampoco el poder supranacional que lo sustentaba asociado con las siempre leales fuerzas autóctonas. Como un ave fénix imperial, resurgiría de sus cenizas con otros nombres y con otros actores, hasta la actualidad. Solo como una muestra de los “tratados de libre comercio” (TLC), cuyos detalles excederían el volumen de este ensayo, se los conoció en los TLC para Centroamérica y el Caribe, en el CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio

con República Dominicana y América Central) para Centroamérica y el Caribe, en el NAFTA

(North American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para Canadá y México, en la AP (Alianza del Pacífico) y su remozada TPP (Trans-Pacific Partnership o Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica) para los países de la cuenca del Pacífico, en la TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership o Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) para la Unión Europea, en el TAFTA (Transatlantic Free Trade Area o Área de Libre Comercio Trasatlántico) para la Unión Europea, en el TISA (Trade in Services Agreement o Acuerdo en Comercio de Servicios) para la Unión Europea y resto del mundo, en el CETA (Comprehensive Economic and Trade

Agreement o Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) para la Unión Europea y Canadá. Y siguen las firmas…, siempre con el fáctico y fatídico denominador común de “dividir para reinar”, bajo la comandancia central en los EE.UU. (846)_.

En el transcurso de la historia más reciente, resulta notable (¿paradójico?) advertir que, a pesar de las ventajas de recorrer crecientes e inéditas experiencias democráticas de cooperación y coordinación internacional en la región Latinoamericana, el meollo –la base, el fondo– de la CyT no cambió en forma significativa. Por un lado, durante los últimos años, en varios países de la región se desarrollaron políticas e iniciativas tendientes a privilegiar las necesidades de la sociedad, intentando equilibrar las enormes disonancias que se arrastran desde la primigenia etapa colonial. Por otro lado, sin embargo, no se avanzó de manera relevante en la discusión y toma de decisiones relacionadas con el “modelo de CyT” conveniente para la región. Se siguió asumiendo que la base filosófica e ideológica que fundamenta la CyT –como otras áreas sustantivas de la nación– eran correctas y no pareció que valía la pena ni siquiera discutir sobre ello, o no se tuvo la capacidad ni las agallas para pensar diferente, o se siguió respondiendo a los mismos intereses neocoloniales. Quizás fue todo esto combinado pero, en lo fundamental, ningún científico fue consultado sobre este punto, excepto en algún selecto cenáculo que, no por casualidad, sería el mismo cenáculo que nunca pareció hacer muchas diferencias entre la civilidad, los uniformes o las sotanas.

Como fue mencionado, en el último decenio y pico… (~2003-2015), en algunos países de la región –como Argentina y Brasil– fue significativo el aumento de la financiación para CyT en valores reales. Ese respiro produjo los consecuentes avances cuantitativos y cualitativos en distintos frentes que nunca antes se habían logrado (y en ocasiones, ni siquiera imaginado). Tomada la Argentina como prototipo por obvias razones de conocimiento y pertenencia –pero reiterando que similares cambios fueron comunes a otros Estados de la región–, se puede concluir que dicho progreso de la inversión en CyT marcó una serie de fortalezas comparativas

(392, 444)_{. Mejoraron los salarios de los docentes-investigadores, aumentó el número, la variedad}

y los montos de los diferentes tipos de subsidios para CyT, se triplicó el número de investigadores y se quintuplicó la cantidad de becarios de post-grado, se establecieron o reactivaron programas estratégicos a nivel nuclear, satelital, minero y petrolero, se estimuló el retorno de becarios-investigadores residentes en el extranjero, se ejecutaron importantes obras de infraestructura edilicia y de equipamiento, se remodelaron o crearon nuevos institutos en cooperación con universidades a la vez que se fundaron numerosas universidades públicas en diferentes zonas geográficas, se crearon Ministerios de CyT en niveles nacional y provinciales, etc. (véase Recientes cambios “anti-Copernicanos” en la CyT periférica, en el Capítulo 6).

Al tiempo de concretar los mencionados avances en CyT, se intentó pulsar las cuerdas en consonancia y armonía con el mundillo globalizado de la CyT, iniciándose programas de proyección hacia (asociación con) empresas e industrias (actuales o por crearse), y enlazando conceptos antiguos con palabras de reciente moda: Desarrollo, Extensión, Transferencia y, sobre todo, Innovación. Esta aproximación tipo top-down, además de obsoleta –conocida sobre todo por sus fracasos–, se resuelve en bajar la ciencia a la sociedad: “la CyT cree saber (y decide) lo que la sociedad necesita, y se la impone” (557, 780)_.

Como podía haberse previsto, el apresurado intento de inaugurar un sistema moderno para la Ciencia, los Científicos y sus Instituciones no dio los resultados esperados y los balances iniciales fueron leídos con pavor por sus gestores. Resultó que los abundantes dineros que se

habían asignado para alimentar la flamante orientación hacia desarrollo-extensión- transferencia-innovación, en su mayor parte no fueron solicitados ni requeridos. Este sorpresivo (¿?) resultado debió ser –valga la contradicción–, esperable de una comunidad científica esculpida durante muchos años como defensora a ultranza de la investigación pura o básica, pretendiéndose un travestismo automático hacia una ciencia desarrollista o innovadora. El inmediato revuelo académico producido, obligó a una re-ingeniería del novel sistema de CyT, sin mayores evidencias ulteriores de que haya cambiado mucho de la situación inicial, excepto por algunos beneficiarios que quizás supieron visualizar ganancias académicas (¿y económicas?) en la nueva atmósfera científica. No obstante, años después de los intentos reformistas, al valorar con criterios neoliberales el número de innovaciones o de patentes registradas por Argentina, resultó que sigue siendo ínfimo.

También puede señalarse como resultante de esos pretendidos cambios, un prioritario estímulo a los proyectos generados en el ámbito privado y financiados por el sector público, sobre temáticas que serían supuestamente significativas (nanotecnología, transgénesis, drones,

tecnologías TICs, etc.) englobadas ampulosamente como núcleos socio productivos

estratégicos (31)_{, que el estado debía promover y facilitar otorgando a las empresas privadas}

subsidios y personal calificado, bonos de crédito fiscal, aportes no reembolsables, devolución del IVA, reducción de impuestos, créditos a tasas reducidas, etc. (Se volverá sobre este tema en el Capítulo 6).