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Torres (2005) en el estudio: Diagnóstico de la gestión municipal- alternativas para el desarrollo, publicado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, presenta las siguientes conclusiones:

En lo que respecta a organismos internacionales, las municipalidades de la muestra, indicaron en un 58% manejar proyectos de apoyo financiero, el 53% reciben asistencia técnica y el 64% cuenta con programas de capacitación; esta situación es aún insuficiente si consideramos el conjunto de organismos internacionales que vienen ofertando estos servicios y que muchas veces no es bien recibido por los gobiernos locales por desconocimiento o desconfianza, falta de proyectos viables o la inexistencia de políticas de coordinación por parte de los municipios. En lo que se refiere a la coordinación municipal con los organismos públicos nacionales, medidos en términos de apoyo normativo, asistencia técnica y capacitación, destacan: el Ministerio de

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Economía y Finanzas con 58%, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con 41%, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 17%, el Consejo Nacional de Descentralización con 17% y PROINVERSION con el 4%.

En lo que respecta a la coordinación con organismos nacionales privados de apoyo local el 61% indicó haber coordinado con los organismos no gubernamentales, el 42% con instituciones financieras, el 13% con empresas de comunicaciones y sólo el 12% con entidades de promoción de inversiones.

Las municipalidades y los organismos públicos regionales y locales mantienen coordinación de manera permanente y eventual, en tal sentido las municipalidades entrevistadas indicaron mantener acciones de coordinación de manera permanente solo en un 16% en promedio, mientras que el 33% lo hace de manera eventual en promedio, manifestando además que el 27% ha firmado alguna vez un convenio con los organismos públicos de desarrollo regional o local, deduciendo que el resto de municipalidades no ha tenido algún tipo de coordinación con los citados organismos.

Con relación a los organismos privados tales como colegios profesionales, universidades, ONGs, mesa de concertación de lucha contra la pobreza, asociaciones empresariales, entre otros; la coordinación es casi inexistente, sólo el 20% manifestó mantener coordinaciones permanentes, el 33% lo hace de manera eventual y el 13% ha firmado algún convenio de cooperación, lo que evidencia

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que los gobiernos locales no vienen manejando un liderazgo local; esencial para el desarrollo sostenible de la región.

En lo que concierne al manejo de planes de desarrollo concertado provincial, el 75% manifestó contar con este documento, sin embargo a nivel institucional el planeamiento bajó al 45%. La planificación al interior de las municipalidades es aún menor, así tenemos que el planeamiento de acondicionamiento territorial ha sido elaborado por el 14% de las municipalidades encuestadas, sólo el 34% de los municipios, cuenta con el plan de desarrollo urbano y el 3% con planes de desarrollo rural. El catastro municipal que es instrumento no muy complicado de realizar, se encuentra desactualizado en un 80% de municipalidades de la muestra, situación que no permite elevar las cobranzas por concepto de impuestos municipales. Entre los factores limitativos para el planeamiento mencionaron en primer lugar los recursos económicos, seguido de la falta de capacitación, la falta de profesionales especializados en el tema, la falta de información para el desarrollo de planes, entre los más importantes.

Se puede destacar que el área con mayor presencia de personal profesional lo constituye el área de planeamiento y presupuesto que alcanza un 56% del personal de dicha área; mientras que el área más débil se presenta en Rentas con sólo 23% de personal profesional, lo que esto último evidencia por qué existe un esfuerzo fiscal casi nulo en las municipalidades por mejorar los servicios de

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rentas y su manejo, reflejado en incrementos sustantivos en la recaudación o en el manejo de proyectos de catastro actualizados. Los gobiernos locales deben aplicar políticas de evaluación de recursos humanos, así como revisión de la estructura orgánica que permita su adecuación de la estructura y la calidad del personal, a las nuevas exigencias de la modernidad del estado, descrito en los planes de desarrollo.

Si evaluamos el nivel de computadoras por trabajador tenemos que el promedio se sitúa en 0.56 comp/pers siendo el nivel más bajo de 0.03 comp/pers, este nivel podría ser menor si consideramos que existe un número de personal contratado por servicios no personales, que no esta considerando en el análisis. La automatización en el área de planeamiento, muestra un nivel promedio de 0.96 comp/pers; esto se relaciona con el hecho que en el área de planeamiento y presupuesto, existe por lo menos una computadora implementada por el SIAF-GL. Por otra parte sólo un 5% no cuenta con computadoras en el área.

En lo que se refiere a la temática de la capacitación, el 71% de las municipalidades de la muestra, señalaron la necesidad de desarrollo de temas orientados a la administración de recursos humanos, seguido por un 56% para la elaboración y control de planes, un 39% para el manejo del SNIP, un 39% para políticas de rentas, un 35% para gestión municipal en general y un 30% a temas presupuestarios.

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En promedio, un 66% de las municipalidades de la muestra respondieron que la mayor necesidad de apoyo en los diferentes sistemas operativos, se debe orientar a la capacitación, mientras que un 46% manifestó la falta de equipos adecuados para la implementación de los sistemas y un 39% de las municipalidades de la muestra señalaron la falta de conocimiento del personal en el manejo de estos sistemas.

En lo que respecta a la ejecución de ingresos proyectados versus el presupuesto institucional modificado, el indicador muestra un nivel de 89% de cumplimiento, de este total, el esfuerzo fiscal municipal (proporción de los recursos directamente recaudados respecto al total de recursos) alcanza únicamente al 19% en promedio. De otro lado se ha evaluado el aporte per cápita obteniendo como mayor nivel S/. 351 hab/año y el nivel mínimo de S/. 6.26 hab/año. Situación que evidencia que existe una gran potencialidad para elevar la recaudación local. De este análisis resulta una gran tarea que deben asumir las municipalidades por incrementar la recaudación local y tener una mayor autonomía financiera; sin embargo, esta acción no será posible si no se cambia los conceptos tradicionales de programación presupuestaria, basados en: a) transferencia de recursos (FONCOMUN, Canon, Recursos Ordinarios, entre otros), b) proyección de recaudación local basado en cifras históricas; es decir, sin esfuerzo fiscal.

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La ejecución del gasto debe enfocarse de diversos ángulos, el primero se orienta al nivel de ejecución respecto al total de ingresos ejecutados, donde observamos que en promedio este alcanza al 85%. En lo que respecta a la estructura del gasto, las inversiones en promedio alcanzan el 37%, con un nivel mínimo del 3.17%. Esta situación evidencia la necesidad que las municipalidades más pequeñas distraen casi todos los recursos en gastos corrientes, evidenciando la necesidad de un mayor esfuerzo por mejorar la estructura del gasto orientando mayores recursos a las inversiones; ello sin considerar que muchos proyectos de inversión que manejan los gobiernos locales, no constituyen técnicamente proyectos de inversión.

Casas (2012) en su tesis: Influencia de la gestión turística municipal en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya/2007-2010

sustentada para ser Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna, llega a las siguientes conclusiones:

La gestión turística municipal del distrito de Ilabaya es deficiente; puesto que existen evidencias que las autoridades no han previsto dentro de su accionar un adecuado Plan Municipal Turístico; promoción turística; y capacitación sobre el mismo. Se observa además ausencia de planes y programas adecuados sobre Ordenamiento territorial y el presupuesto para el potencionamiento

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del turismo en la comuna es escaso y no contribuye al fomento del mismo.

El desarrollo sostenible del distrito de Ilabaya es bajo; puesto no se han potenciado el desarrollo ambiental, desarrollo socio-cultural y los programas y actividades; los cuales son escasos y no contribuyen al desarrollo económico del distrito de Ilabaya, por lo que los pobladores de la comunidad se encuentran insatisfechos con la gestión por el bajo desarrollo del distrito; que no les permite mejorar su calidad de vida.

La gestión turística municipal influye desfavorablemente en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya/ 2007- 2010. La deficiente gestión municipal del distrito ha repercutido significativamente en el desarrollo sostenible del distrito; puesto que se han descuidado aspectos y actividades que son de gran relevancia a nivel mundial. La autoridad municipal ha considerado de mayor importancia al accionar político diario, descuidando potenciar al turismo como actividad de trascendencia para el desarrollo económico y social para el distrito.

Fiestas (2012) en su tesis: Análisis de la orientación del gasto e inversión pública local en el distrito de Pariñas: 2007-2011, presentada para ser economista, en la Universidad Nacional de Piura, arribó a las siguientes conclusiones:.

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En los últimos años, los resultados a nivel macroeconómico que ha obtenido el país han sido bastante buenos, más allá de la mayor disponibilidad de recursos para la inversión. Como consecuencia, la pobreza –según la medición del INEI que considera pobre a todas las personas residentes en hogares cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente no supera el umbral de la línea de pobreza 2 (De acuerdo al INEI este umbral equivale a los S/. 257 nuevos soles per cápita mensual)– se ha reducido desde el 48.7% en el 2005 al 27.8% en el 2011

Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que de los 25 departamentos del Perú solo cinco (Lima, Callao, Arequipa, Moquegua y Tacna) se ubican en los dos quintiles superiores de menores carencias, quedando 20 de ellos en los quintiles inferiores, como es el caso de Puno 23 (Según Boletín de Política de Inversiones realizada por el MEF, Febrero del 2012, el Presupuesto asignado al departamento de Puno por parte de los tres niveles de Gobierno fue próximo a los S/. 3,751 millones de los cuales se ejecutó el 81.7%. Los recursos de inversión representan el 47.4% del total del presupuesto, el 60.8% de la población de Puno vive en situación de pobreza y 11 de las 13 provincias que constituyen el departamento presentan una incidencia de pobreza mayor al 50%). Del mismo modo, de acuerdo al último mapa de pobreza que elabora FONCODES, casi la cuarta parte de la población no cuenta con acceso a agua segura ni a servicios de electricidad, una de cada 10

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mujeres es considerada analfabeta y uno de cada 5 niños entre 6 y 9 años es considerado desnutrido. Estas cifras empeoran dramáticamente en la sierra, especialmente en las áreas rurales La alta disponibilidad de recursos de inversión pública habría sido

suficiente para acortar las brechas de acceso a distintos servicios públicos de muchos hogares que hoy son considerados pobres. Una asignación y ejecución más eficiente de dichos recursos probablemente habría permitido que un segmento importante de la población que hoy es pobre, hubiera dejado de serlo.

Las tasas de no ejecución del orden del 40% o superiores en los gobiernos subnacionales, en un contexto de prevalencia de altos índices de pobreza, significan que gran parte de la población pobre del país debe esperar más tiempo para la satisfacción de algunas necesidades elementales debido a la falta de diligencia estatal. Sin embargo, si la mayor efectividad en el uso de dichos recursos no se canaliza hacia aquellos proyectos que afectan de manera positiva el bienestar de largo plazo de la población, entonces sería mejor mantener el bajo nivel de ejecución a fin de evitar su despilfarro. Si bien las capacidades de gestión de recursos y ejecución de

proyectos de inversión de los gobiernos locales y del gobierno regional han mejorado, aún hacen falta importantes avances. Ello es especialmente notorio en cuanto a una mejor planificación de la inversión de modo tal que no se disperse en pequeños proyectos de infraestructura sino que se integre en una visión sostenible de largo

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plazo de la región e incida directamente en la disminución de la pobreza de las poblaciones.

Desde el año 2002 se ha venido implementando los presupuestos participativos; primero en 9 experiencias pilotos, ejecutadas por un número igual de concejos transitorios de administración regional, y luego, a partir del año 2003, se generaliza a todos los gobiernos locales y gobiernos regionales del país en forma obligatoria

Durante los últimos años se han realizado numerosos trabajos sobre la implementación de los presupuestos participativos; en estos trabajos de investigación se demuestra que el presupuesto participativo es altamente heterogéneo, cuya implementación y resultados depende de múltiples factores, dentro de los que se destaca: la voluntad política que debe existir en el alcalde, los funcionarios, otras autoridades y representantes de la población en llevar adelante este proceso; la capacidad técnica de estos mismos agentes para identificar y priorizar adecuadamente los proyectos en función de objetivos comunes enmarcados en los planes de desarrollo local, regional y nacional; la densidad y fortaleza de sus sociedades civiles para impulsar estos procesos; la existencia de experiencias previas de participación ciudadana, etc. Para el éxito de los presupuestos participativos no basta “un adecuado arreglo institucional y jurídico y de una decidida voluntad política de las autoridades, sino también de una mejora en las capacidades

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técnicas y de gestión en los órganos subnacionales de gobierno y en la burocracia en general”.

También es posible extraer otras lecciones sobre el presupuesto participativo en países de América Latina:

 En el ejercicio del presupuesto participativo de la región ha habido dos grandes ausentes: los partidos políticos y el sector empresarial. Este hecho constituye un común denominador de muchas de las políticas públicas en América Latina.

 Ausencia de continuidad de las políticas en los niveles central, regional y local. Los avances que se obtienen en los procesos muchas veces no son respetados por las administraciones posteriores, regresando en la mayoría de los casos al punto de inicio.

 El proceso de presupuesto participativo corre el riesgo de “pulverizar” o “atomizar” el presupuesto público ya que los montos que se discuten son muy bajos. Agravado esto aún más por el bajo nivel todavía existente de la inversión pública descentralizada.

 En la mayoría de los países de la región, del total del presupuesto público, el gasto corriente incluyendo la deuda pública representa casi el 80% y el gasto de capital el 20% aproximadamente. Del total de la inversión estatal, a lo sumo un 50% está destinado a las regiones de manera

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descentralizada. Así, el gobierno central continúa controlando un alto porcentaje del presupuesto total.

En esta misma línea se deben tener presentes cuatro limitaciones:

 La excesiva focalización en micro proyectos de carácter local de corto plazo, perdiendo perspectiva regional y visión de mediano a largo plazo.

 La excesiva dependencia de la oficina del Alcalde, con riesgo de que los delegados y comités pierdan autonomía y sean manipulados en favor de la agenda de este funcionario.

 La excesiva atención a los problemas micro locales y la desatención al contexto de las políticas sociales, con riesgo de perder impacto el uso de los recursos por falta de agregación.

 Por último, en este como en muchos otros temas la debilidad institucional de los gobiernos regionales y locales así como la falta de un mayor fortalecimiento de la sociedad civil y su articulación con el Estado y los partidos políticos, seguirán siendo cuestiones de primer orden dentro de las agendas de desarrollo gubernamental para elevar la calidad de las políticas públicas.

Mayen y Kantor (2012), publicaron el documento titulado: La Investigación Económica y Social en el Perú 2007-2011. Balance y Prioridades – Modernización de la Gestión Pública, con auspicio del

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Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), llegando a las siguientes conclusiones:

Siguiendo el enfoque transversal planteado al inicio del balance, se ha considerado conveniente presentar las conclusiones del balance de manera conjunta, pues cada tema no es una “isla” sino, por el contrario, los especialistas han identificado la necesidad de desarrollar investigaciones que integren varios temas, con el enfoque de servicio al ciudadano.

Así pues, en temas de presupuesto y gestión financiera, los especialistas consideran que la investigación debería poner énfasis en la evaluación de los efectos de las reglas que se han venido utilizando para la gestión de los procesos presupuestales, de endeudamiento, de inversión y en general para las decisiones de alocación de los recursos públicos. Si bien es cierto que se realizan evaluaciones para medir los resultados de determinadas medidas de alocación, no se está analizando el proceso decisional de las mismas, el cual se considera que podría explicar una parte importante de las limitaciones de gestión del Estado.

Por el lado de los procesos de gestión operativa, se nota significativamente la ausencia de estudios respecto de cómo funcionan los procesos de operación de las organizaciones públicas. Comparativamente con lo que sucede en las organizaciones privadas donde al detectarse problemas para el cumplimiento de sus fines, la organización busca entender qué está haciendo mal y el

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porqué de sus limitaciones, en las organizaciones públicas las respuestas a dichos problemas se enfrentan generalmente como factores exógenos a las organizaciones. Si bien en cierta medida ello es correcto, ya que muchos de los llamados sistemas administrativos están normados de forma general y reducen el margen de acción de las organizaciones públicas, todas las explicaciones al déficit de gestión de éstas no se encuentran en elementos externos, puesto que si ello fuera cierto no existirían organizaciones que sí logran alcanzar sus objetivos o que introducen procesos innovadores. Dentro de este marco, el grupo de temas en los que existe un déficit

evidente de investigación estaría compuesto por la gestión del recurso humano, los procesos operacionales de provisión de bienes y servicios, los problemas de gestión y negociación del poder en las organizaciones que facilitan o dificultan la toma de decisiones y la modernización, los costos de transacción internos que afectan la productividad, los costos de los diversos sistemas de control ex-ante (regulaciones) y sus efectos en la calidad y oportunidad de la acción pública, entre otros.

Otra ausencia importante en la agenda de investigación es el desarrollo de modelos de gestión aplicados a servicios y productos concretos que provee el Estado.

Ello equivaldría a que las organizaciones privadas no conocieran la industria en la que operan, su entorno, sus stakeholders, su competencia. En el sector público, el análisis del entorno específico

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a una organización representa la oportunidad de consolidar la legitimidad de la acción de una organización pública, conocer sus beneficiarios, sus riesgos, sus limitaciones, resulta básico para determinar cómo organizarse para lograr los objetivos.

Una posible explicación para esta aparente falta de interés en las organizaciones públicas podría ser el carácter monopólico o casi monopólico de su actuación. Sin embargo este comportamiento anula el interés por la innovación en la gestión y consolida la baja legitimidad que tiene el Estado frente al ciudadano. Dentro del propio ámbito público en el que las organizaciones compiten entre sí por recursos e interés político, no conocer el entorno en el que operan y para qué lo hacen, debilita su posibilidad de colocar sus prioridades en la agenda de decisión política y, por ende, de acceder a recursos financieros y políticos, que en última instancia son los que determinan su capacidad para crear valor para la sociedad.

Como reflexión final se puede decir que el mayor aporte del balance