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México y Estados Unidos están integrados estrechamente en una variedad de formas, y la situación de la seguridad de cada país afecta al otro. Para México, la seguridad vinculada a Estados Unidos toma tres formas básicas. En primer lugar, la demanda de drogas ilegales es el motor básico que conduce la producción de drogas y el tráfico. En segundo término, la ambivalencia de Estados Unidos frente a la migración ilegal (la demanda de mano de obra barata y la relativamente laxa inspección de las prácticas de empleo de las empresas frente al agresivo endurecimiento de la frontera) ha estimulado un papel creciente del crimen organizado en el tráfico de migrantes y en tercer lugar, Estados Unidos es una fuente de

97 _{Sánchez, Vanesa (2000), Promoción del Juicio de Amparo por el Ministerio Público. Tesis, Universidad}

Anáhuac del Sur, México, D.F.

98 _{Rubio, Luis, Beatriz Magaloni y Edna Jaime (coords.) (1994), El Estado de Derecho en México. Centro de}

Investigación para el Desarrollo, A.C., Editorial Cal y Arena.

contrabando de norte a sur de armas que refuerza a los grupos criminales que operan en México y contribuyen a incrementar la violencia letal.

Para Estados Unidos, la inseguridad relacionada con México asume dos formas relacionadas entre sí, a saber: la corrupción y la ineficiencia de la policía y las instituciones judiciales en México permiten a los grupos de crimen transnacional organizado operar sin control suficiente por una parte, y por otra el crimen, la corrupción y la violencia concentrados a lo largo de la frontera sudoeste crean tensiones y puntos de conflicto entre los dos países.100

El tema de la inseguridad, los intereses y las capacidades de México y de Estados Unidos tienden a converger y a divergir, lo cual ha creado puntos de cooperación y de fricción en la relación bilateral.

Los puntos de convergencia de intereses llevan a acuerdos y cooperación en varias áreas: el gobierno de Estados Unidos reconoce su interés en reducir el consumo de drogas, detener el tráfico de armas y perseguir el lavado de dinero; por su parte, el gobierno mexicano, reconoce su interés en detener la producción y el tráfico de drogas y en perseguir el lavado de dinero y las prácticas corruptas. Los puntos de tensión y frustración tienen que ver con la incapacidad que tiene Estados Unidos para reducir el consumo de drogas y con la incapacidad que tiene México para reprimir, de manera importante y en el corto plazo, la producción y el tráfico de drogas.

Por los motivos anteriores, la zona fronteriza merece especial atención en materia de seguridad ya que aquí convergen diversos tipos de inseguridad sobre los gobiernos y sobre la sociedad civil y se magnifican convirtiéndose en problemas diversos y concentrados de delincuencia, violencia y corrupción. De esta forma, una preocupación particular tiene que ver con la promoción de la cooperación transfronteriza y la comunicación entre las fuerzas de seguridad de ambos países, toda vez que los problemas de inseguridad están más

asociados a la violencia por la proliferación de armas de fuego y los problemas generados por el abuso en el consumo de drogas ilícitas. 101

En ese orden de ideas y previo al operativo militar y policiaco, denominado “México seguro”, supuestos sicarios de la droga asesinaron al Jefe de seguridad de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez.102

Lo anterior, da cuenta de los diversos actos de violencia ocurridos en diferentes partes del territorio nacional, principalmente en la frontera norte de México, los cuales han provocado que diversos sectores de la sociedad empiecen a cuestionar la capacidad del gobierno federal para encarar al narcotráfico y al tráfico ilícito de armas de fuego, así como a todos los problemas sociales que trae consigo.

A principios del año 2005, el 54% de la población opinaba que el narcotráfico no se puede controlar, pero después de la detención de varios capos de la droga, sólo la mitad de la población piensa de esta manera. En este sentido, quienes consideran que sí es posible dominar a este flagelo, pasaron de 43% en enero de 2005 al 48% en junio del mismo año, registrándose un incremento de cinco puntos porcentuales en seis meses, lo cual deja en evidencia que en la lucha contra los capos de la droga se ha ido avanzando lentamente.103 En el año 2004, más de 70 personas fueron ejecutadas en diferentes estados del país, principalmente del norte. Sinaloa, ocupa el primer lugar en los asesinatos, con poco más de 50. En el año 2005, en lo que va corrido del año, se han registrado más de 800 asesinatos, relacionados con el tráfico de narcóticos –entre los que se cuentan los de tres periodistas que investigaban sobre las mafias del negocio– y la sensación generalizada de que el norte del país, fronterizo con Estados Unidos, es tierra de nadie, donde el Estado no tiene el control. 104 101 _Idem. 102 _{www.mx.news.yahoo.com/050619/2/1g9bj.html} 103 _{www.jornada.unam.mx/2005/06/06/esp_juarez/0061.htm} 104_{http://eltiempo.terra.com.co/inte/latin/noticias/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2535855.html}

Hay funcionarios tanto Federales como Estatales que se encuentran relacionados con algún grupo de narcotraficantes como es el caso del Candidato del PRI a la alcaldía de Tijuana, Jorge Hank Rhon, quien es sospechoso del asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco, co- editor del semanario de investigación zeta, el 10 de noviembre del 2004, se convirtió en víctima de esta sangrienta guerra entre narcotraficantes cuando fue baleado a plena luz del día en un tranquilo vecindario cerca del centro de la ciudad de Tijuana. Asimismo, el periodista Héctor Félix Miranda, quien fuera ejecutado por dos guardaespaldas del candidato priísta, aunque las investigaciones en la época exoneraron al millonario de cualquier implicación en el crimen. Hay Tres altos mandos militares, entre ellos, un general, enfrentan un juicio por acusaciones de apoyar las operaciones del Cartel del Golfo.105

Otros casos de asesinatos, son el de Guadalupe García Escamilla, quien cubría la fuente policial para la radioemisora Stereo 91 XHNOE de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y quien fue baleada frente a la radioemisora. Raúl Gibb Guerrero, propietario y director del diario "La Opinión", quien cayó víctima de una balacera cerca de la ciudad de Poza Rica, estado de Veracruz, el 8 de abril. Y el secuestro de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario de Hermosillo "El Imparcial". Jiménez se especializaba en temas de seguridad pública y crimen organizado, que está desaparecido desde el 2 de abril del 2005.106

En los últimos cinco años, cuatro periodistas mexicanos han sido asesinados como represalia por la labor informativa que realizaban. Se continúa investigando los casos de otros cinco comunicadores que pudieron haber sido asesinados por su trabajo periodístico. A esos casos se unen los asesinatos de los ex agentes ministeriales, Sergio Gabriel Bravo Alfaro, Jorge Raúl Verdugo Cuara y Carlos López Ávalos y el agente municipal Luis Armando Dorantes González,107 así como, el asesinato de Leonardo Oceguera, identificado

105 _{http://www.impunidad.com/cases/franciscoS7.htm}

106_{http://www.impunidad.com/cases/franciscoS7.htm}

como el abogado defensor de los Arellano Félix, que fue muerto a tiros en la ciudad de Toluca, cerca del penal de máxima seguridad de La Palma.108 Sin olvidar, la gravedad de las ejecuciones de seis empleados del reclusorio de alta seguridad en Matamoros, en febrero del presente año. Todo parece indicar que se trata de una venganza ante las medidas, adoptadas unos cuantos días antes, para desarticular la red de complicidades que había construido en el penal de La Palma el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.

Las amenazas de muerte a 8 jueces mexicanos en el año 2005, porque llevan procesos contra el crimen organizado. Las amenazas contra los magistrados, que ya cuentan con protección especial de la fiscalía, ocurren en medio de una batalla del gobierno contra la delincuencia y una guerra entre narcotraficantes que ha dejado cientos de muertos. Los jueces amenazados están a cargo de tribunales localizados en penales donde son llevados los acusados de delitos graves o están recluidos delincuentes de alta peligrosidad, según reveló una funcionaria del poder judicial. 109