LAS DEPORTACIONES EN LOS BALCANES: YUGOSLAVIA,
BULGARIA, GRECIA Y RUMANIA
uienes siguieron atentamente la acusación del fiscal y leyeron la sentencia que reorganizaba el confuso y equívoco «cuadro general» de aquella, quedaron grandemente sorprendidos de que no se mencionara en ningún caso la clara línea divisoria que separaba los territorios dominados por los nazis en el este y sudeste europeo del sistema de estados nacionales situado en la Europa central y occidental. La franja de heterogénea población que se extiende desde el mar Báltico, al norte, hasta el Adriático al sur, esta área que actualmente se encuentra casi en su totalidad tras el telón de acero, estaba entonces formada por los llamados estados sucesores establecidos por las potencias victoriosas, tras la Primera Guerra Mundial. Se concedió un nuevo orden político a los numerosos grupos étnicos que durante siglos vivieron bajo el dominio de los imperios, del imperio ruso al norte, el austrohúngaro al sur, y el otomano al sudeste. Entre los estados nacionales resultantes no había siquiera uno que poseyera la homogeneidad étnica de las viejas naciones europeas que les sirvieron de modelo, en la hora de redactar sus constituciones. El resultado fue que cada uno de estos países contenía amplios grupos étnicos violentamente hostiles al gobierno que les administraba, debido a que sus aspiraciones nacionalistas fueron olvidadas en beneficio de otro grupo étnico ligeramente superior en número. Si se necesitara demostrar la inestabilidad política de estos estados de reciente fundación, bastaría con contemplar el caso de Checoslovaquia. Cuando, en marzo de 1939, Hitler entró en Praga, fue entusiásticamente bienvenido no solo por los Sudetendeutschen, la minoría alemana, sino también por los eslovacos a quienes había «liberado» al ofrecerles un Estado «independiente». Exactamente lo mismo ocurriría más tarde en Yugoslavia, donde la mayoría serbia, anterior dominadora del país, fue tratada como enemiga, mientras la minoría croata recibía su propio gobierno nacional. Además, debido a que las poblaciones de estos territorios no siempre estaban concentradas en determinadas regiones, no había fronteras naturales ni históricas, y aquellas que se establecieron en los tratados de Trianón y Saint Germain eran totalmente arbitrarias. En consecuencia no hubo dificultad en lograr que Hungría, Rumania y Bulgaria se adhirieran al Eje, gracias a la oferta de generosas ampliaciones de sus territorios. Los judíos de estas zonas anexionadas en momento alguno recibieron la consideración de nacionales del país de que se tratara, sino que automáticamente se convirtieron en apátridas y, en consecuencia, sufrieron el mismo destino que los judíos refugiados en los países de la Europa occidental. Invariablemente, fueron los primeros en ser deportados y liquidados.
En el curso de los años a que nos referimos, también quedó destrozado el sistema de estatutos de las minorías, mediante el que los aliados habían intentado resolver un problema que, en el marco de un Estado nacional, es siempre irresoluble. En todos los estados sucesores, los judíos eran una minoría oficialmente reconocida, y el estatuto de que gozaban no les había sido impuesto a la fuerza, sino que era el resultado de reivindicaciones y negociaciones realizadas por sus propios delegados en la Conferencia de Paz de Versalles. Esto último significó una importante encrucijada en la historia de los judíos, ya que fue la primera ocasión en que los judíos occidentales, o sea, los judíos asimilados, no fueron considerados como portavoces de todo el pueblo judío. Ante la sorpresa y, en algunos casos, el desaliento de los «notables» judíos educados en Occidente, resultó que la gran mayoría de los judíos no deseaba la autonomía política, sino tan solo una especie de autonomía social y cultural. Desde un punto de vista jurídico, el estatuto de los judíos de la Europa
oriental era exactamente igual al de cualquier otra minoría, pero desde un punto de vista político — y ello tuvo decisiva importancia— los judíos eran el único grupo de aquella región que carecía de una «patria», es decir, el único grupo carente de un territorio en el que ellos constituyeran la población mayoritaria. Sin embargo, tampoco vivían en aquella dispersión propia de sus hermanos de la Europa central y occidental. En estas últimas zonas, antes del advenimiento de Hitler, llamar judío a un judío había sido un indicio de antisemitismo, pero en el Este tanto los amigos como los enemigos consideraban que los judíos constituían un pueblo distinto. Esto tuvo gran repercusión en el estatus de aquellos judíos del Este que verdaderamente estaban asimilados, por lo que se hallaban en situación muy distinta de la de los judíos de Occidente, donde la asimilación, bajo una forma u otra, era norma. La gran masa de judíos de la clase media, característica en los países de la Europa central y occidental, no existía en el Este; en su lugar había un escaso número de familias judías de la clase media alta que, en realidad, pertenecía a la clase dirigente, y cuyo grado de asimilación, mediante el dinero, el bautismo y los matrimonios mixtos, a la sociedad gentil era infinitamente superior que el de la mayoría de los judíos occidentales.
Entre los primeros países en que los ejecutores de la Solución Final se encontraron con estas circunstancias estaba el Estado satélite de Croacia, en Yugoslavia, cuya capital era Zagreb. El gobierno croata, presidido por el doctor Ante Pavelié, tuvo la amabilidad de decretar medidas antisemitas tres meses después de haber accedido al poder, y cuando se le preguntó qué destino debía darse a las escasas docenas de judíos croatas residentes en Alemania, repuso que «agradecería que fuesen deportados al Este». El ministro del Interior del Reich pidió que el país quedase judenrein en febrero de 1942, y Eichmann mandó al Hauptsturmführer Franz Abromeit para que colaborase con el agregado policial en Zagreb. Las deportaciones fueron llevadas a cabo por los propios croatas, especialmente por los miembros del fuerte movimiento fascista, el Ustashe, y pagaron a los nazis treinta marcos por judío deportado. A cambio, recibieron todos los bienes de los deportados. Esto último era consecuencia del «principio territorial» oficialmente adoptado por los alemanes, aplicable a todos los países europeos, en virtud del cual el Estado heredaba todas las propiedades de los judíos asesinados que habían residido en su territorio, fuese cual fuere su nacionalidad. (Los nazis no siempre respetaban su «principio territorial», y disponían de muchos medios para soslayarlo, cuando les parecía que merecía la pena. Los hombres de negocios alemanes compraban todos sus bienes a los judíos, antes de ser deportados, y el Einsatzstab Rosenberg, al principio, autorizó la confiscación de todos los capitales hebraicos y judaicos para que fuesen entregados a los centros de investigación antisemitas. Posteriormente amplió su campo de acción, y entre los bienes confiscables incluyó obras de arte, así como valiosas piezas de mobiliario.) El plazo que terminaba en febrero de 1942 no pudo ser cumplido, debido a que los judíos pudieron escapar desde Croacia al territorio ocupado por los italianos. Pero después del coup d'État de Badoglio, otro hombre del grupo de Eichmann, llamado Hermann Krumey, llegó a Zagreb, y en el otoño de 1943 treinta mil judíos habían sido ya deportados a los centros de exterminio.
Pero, entonces, los alemanes se dieron cuenta de que el país todavía no estaba judenrein. En las iniciales medidas legislativas antijudías habían advertido la presencia de un curioso párrafo que transformaba en «arios honorarios» a todos los judíos que hubieran contribuido a la «causa croata». Como es natural, en el curso de los años que mediaron, el número de estos judíos aumentó grandemente. Los judíos muy ricos, es decir, aquellos que se desprendían voluntariamente de sus riquezas, quedaron exentos. Y más interesante todavía fue el hecho de que los servicios de contraespionaje de las SS (dirigidos por el Sturmbannführer Wilhelm Höttl, que fue citado como testigo de la defensa en Jerusalén, pero cuya declaración utilizó el fiscal para fundamentar sus alegaciones) descubrieron que casi todos los miembros de la minoría directiva de Croacia, desde el primer ministro hasta el jefe del Ustashe, estaban casados con mujeres judías. Los mil quinientos judíos que en esta zona lograron sobrevivir —el cinco por ciento, según un informe del gobierno yugoslavo— eran todos ellos, sin duda alguna, miembros de aquel grupo judío altamente asimilado y extraordinariamente rico. Como sea que el porcentaje de judíos asimilados en las masas del Este ha sido muy a menudo estimado en un cinco por ciento, cabe deducir que en el Este la asimilación, siempre que era posible, ofrecía mayores probabilidades de supervivencia que en el resto de Europa.
La situación era muy distinta en el vecino territorio de Serbia, donde el ejército de ocupación alemán tuvo que luchar, casi desde el primer día, con una guerra de guerrillas, que por su intensidad tan solo puede compararse con la que se desarrolló en Rusia, tras las líneas alemanas. Anteriormente he mencionado el único incidente que puso en relación a Eichmann con la matanza de judíos serbios. La sentencia del tribunal de Jerusalén reconoció que «no hemos podido comprender con la debida claridad cuáles eran las normales líneas de mando, con respecto a los judíos de Serbia», y la explicación se encuentra en el hecho de que la oficina de Eichmann ninguna relación tuvo con lo ocurrido en esta zona, debido a que no se deportó en ella ni a un solo judío. El «problema» fue enteramente resuelto sobre el terreno. So pretexto de ejecutar rehenes apresados en la lucha de guerrillas, el ejército mató a tiros a la población judía masculina. Las mujeres y los niños fueron entregados al comandante de la policía de seguridad, un tal doctor Emanuel Schäfer, especialmente protegido por Heydrich, quien los mató en camiones dotados de gas. En agosto de 1942, el Staatsrat Harald Turner, jefe de las oficinas civiles del gobierno militar, informó orgullosamente que Serbia era «el único país en que se han resuelto los problemas tanto judíos como gitanos», y devolvió a Berlín los camiones de gas. Se estima que unos cinco mil judíos se unieron a los guerrilleros, y esta fue la única vía de escape que tuvieron.
Después de la guerra, Schäffer fue juzgado por un tribunal alemán de lo criminal. Por haber dado muerte mediante gas a 6.280 mujeres y niños, fue condenado a seis años y seis meses de presidio. El gobernador militar de la región, el general Franz Böhme, se suicidó, pero el Staatsrat Turner fue entregado al gobierno yugoslavo, y condenado a muerte. Una vez más se repitió la vieja historia: los que lograron escapar al juicio de Nuremberg y no fueron entregados a los gobiernos de los países en que cometieron sus crímenes, o bien jamás fueron juzgados, o bien los tribunales alemanes les trataron con la mayor «comprensión» que cabe imaginar. Estos hechos traen a la memoria el recuerdo de la República de Weimar, cuya especialidad fue perdonar los delitos políticos cuando el asesino pertenecía a uno de los violentos grupos antirrepublicanos de la derecha.
Bulgaria tenía más razones que cualquier otro país de los Balcanes para estar agradecida a la Alemania nazi, debido al considerable aumento de su territorio conseguido a expensas de sus vecinos, Rumania, Yugoslavia y Grecia. A pesar de esto, Bulgaria no fue agradecida. Tanto su gobierno como su pueblo no eran lo bastante blandos para permitir que la «despiadada dureza» surtiera sus efectos. Y así fue no solo en lo referente a la cuestión judía. La monarquía búlgara no tenía razón alguna para sentirse inquieta por el movimiento fascista del país, el Ratnizi, debido a que era numéricamente pequeño, y sin influencia política, en tanto que el Parlamento siguió siendo un cuerpo altamente respetado, que trabajaba al unísono con el rey. Por esto, Bulgaria se negó a declarar la guerra a Rusia, y ni siquiera se tomó la molestia de mandar, a título de muestra, un cuerpo de «voluntarios» al frente oriental. Pero lo más sorprendente fue que los búlgaros no «comprendían en modo alguno el problema judío», a pesar de hallarse en una zona de población mixta en que el antisemitismo había prendido en todos los grupos étnicos, y en que se había adoptado como política oficial, mucho antes de la llegada de Hitler. Cierto es que el ejército búlgaro se había mostrado de acuerdo en que fuesen deportados todos los judíos de los territorios recientemente anexionados —en total unos quince mil judíos—, que se hallaban bajo administración militar y cuyas poblaciones eran antisemitas; pero es muy dudoso que los búlgaros supieran en aquel entonces lo que el término reasentamiento significaba en realidad. Poco antes, en enero de 1941, el gobierno también accedió a promulgar ciertas medidas legislativas antijudías, pero estas, desde el punto de vista nazi, fueron sencillamente ridículas: unos seis mil judíos, varones y en buen estado físico, fueron movilizados para emplearlos en diversos trabajos. Todos los judíos bautizados, fuese cual fuere la fecha de su bautizo, quedaron exentos, lo que provocó una epidemia de conversiones. Cinco mil judíos más —de un total de cincuenta mil, aproximadamente— recibieron privilegios especiales. Y en cuanto a los médicos y hombres de negocios judíos, se estableció un numerus clausus bastante alto, ya que estaba basado en el porcentaje de judíos existentes en las ciudades, en vez de en el porcentaje de los judíos existentes en todo el país.
Cuando estas medidas fueron puestas en ejecución, los representantes del gobierno búlgaro declararon que la situación se había estabilizado a satisfacción de todos. Evidentemente, los nazis no solamente tenían que instruirlos en las exigencias propias de «una solución del problema judío», sino también enseñarles que la estabilidad jurídica y los movimientos totalitarios son incompatibles. Es muy probable que las autoridades alemanas sospecharan ya las dificultades que les esperaban en Bulgaria. En el mes de enero de 1942, Eichmann escribió una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que afirmaba que estaba «en situación de recibir judíos de Bulgaria». Proponía que se hicieran las gestiones pertinentes ante el gobierno búlgaro, y aseguraba al Ministerio de Asuntos Exteriores que el agregado policial en Sofía «se encargaría de los aspectos técnicos de la deportación». (Parece que el tal agregado tampoco cumplía sus deberes con demasiado entusiasmo, ya que poco después Eichmann enviaba allí a uno de los hombres de su equipo, es decir, a Theodor Dannecker, quien abandonó su misión en París para pasar a ser «asesor» en Sofía.) Es muy interesante advertir que esta carta contradecía abiertamente el contenido de la notificación que Eichmann mandó a Serbia, pocos meses antes, diciendo que no disponía todavía de los servicios precisos para recibir judíos, y que ni siquiera los judíos del Reich podían ser deportados. La alta prioridad concedida a la tarea de dejar a Bulgaria judenrein quizá pueda explicarse únicamente por el hecho de haberse recibido información en Berlín, en el sentido de que era preciso actuar a toda prisa, si es que se pretendía obtener resultados positivos. Por esto, la embajada alemana hizo gestiones ante el gobierno búlgaro, pero todavía tardó seis meses en intentar inducir a los búlgaros a adoptar medidas «radicales», la primera de las cuales sería la implantación del distintivo amarillo. Pero incluso esta disposición produciría disgustos y quebraderos de cabeza a los nazis. En primer lugar, tal como la embajada alemana informó a sus superiores, el distintivo consistía tan solo en una «estrella muy pequeña»; en segundo lugar, la mayoría de los judíos se abstuvieron de llevarla, y, en tercer lugar, quienes la ostentaban «eran objeto de tales manifestaciones de simpatía por parte de la mal informada población, que estaban orgullosos del distintivo», como escribió Walter Schellenberg, jefe del Servicio de Contraespionaje de la RSHA en un informe transmitido al Ministerio de Asuntos Exteriores en noviembre de 1942. A continuación, el gobierno búlgaro revocó el decreto ordenando el uso del distintivo amarillo. A consecuencia de las fuertes presiones alemanas, el gobierno búlgaro decidió expulsar a los judíos de Sofía, enviándolos a las zonas rurales, pero tal medida no era la que los alemanes esperaban, ya que producía el efecto de dispersar a los judíos en vez de concentrarlos.
Esta expulsión motivó, en realidad, que la situación cambiara de signo, debido a que la población de Sofía intentó impedir que los judíos llegaran a la estación del ferrocarril, y a continuación se manifestó ante el palacio real. Los alemanes albergaban la falsa creencia de que el rey Boris era el principal responsable de la seguridad de que los judíos gozaban en Bulgaria, y cabe razonablemente presumir que fueron agentes del servicio de espionaje alemán quienes le asesinaron. Pero ni la muerte del monarca ni la llegada de Dannecker a principios de 1943 contribuyeron en lo más mínimo a alterar la situación existente, debido a que tanto el Parlamento como la población permanecieron claramente al lado de los judíos. Dannecker consiguió llegar a un acuerdo con el comisario búlgaro de asuntos judíos, a fin de deportar a Treblinka seis mil «judíos notables», pero ni uno de estos judíos llegó a abandonar Bulgaria. El acuerdo en sí mismo merece ser tenido en cuenta por cuanto indica que los nazis no tenían la menor esperanza de lograr la cooperación de los líderes judíos, en orden a conseguir sus propósitos. No podían servirse del rabí principal de Sofía, debido a que el metropolitano Stephan de Sofía lo tenía escondido, y había declarado públicamente: «Dios determinó el destino de los judíos, y los hombres no tienen ningún derecho a torturarlos ni perseguirlos» (Hilberg), lo que representa mucho más de lo que el Vaticano llegara a decir en momento alguno. Por fin, en Bulgaria ocurrió exactamente lo mismo que debía de ocurrir en Dinamarca pocos meses después, es decir, los funcionarios alemanes allí destacados perdieron confianza en sí mismos, y dejaron de merecer la de sus superiores. Esto, tanto cabe decirlo del agregado policial, miembro de las SS, cuya misión era localizar y detener a los judíos, como del embajador alemán en Sofía, Adolf Beckerle, quien en junio de 1943 había comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores que la situación no ofrecía la menor posibilidad de éxito, debido a que «los
búlgaros han convivido demasiado tiempo con gentes como los armenios, los griegos y los gitanos, para poder comprender debidamente el problema judío», lo cual era, desde luego, una pura y simple tontería, debido a que lo mismo cabía decir, mutatis mutandis, de todos los pueblos del este y sudeste de Europa. También fue Beckerle quien informó a la RSHA, en tono patentemente irritado, de que no podía hacerse más de lo que se había hecho. El resultado fue que ni un solo judío búlgaro