Settlement Mechanism

Educación en salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe En el desarrollo de los y las jóvenes y adolescentes, la sexualidad

es clave para la definición de la personalidad e identidad individual. Como señalan Castellanos y Falconier (2001, pág. 15), “uno de los elementos determinantes en el desarrollo de la personalidad humana y la identidad individual se relaciona con el hecho de ser hombre o ser mujer en una época histórica concreta y en los espacios de una cultura particular”. En el mismo texto, las autoras destacan la necesidad de promover a través de la educación las nuevas formas de vivir y sentir la sexualidad de acuerdo con la promoción de los derechos humanos, dando así la oportunidad a los y las jóvenes de tomar decisiones en forma responsable y libre en relación con el comportamiento sexual y reproductivo.

Como concepto de política pública, a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en 1996 surge el concepto de salud sexual y reproductiva. Este se centra en la salud a lo largo de la vida de las personas, con énfasis en la promoción de una toma de decisiones libre, con responsabilidad e informada en torno a la sexualidad y la reproducción, incluidas la formación de pareja y de familia.

En el contexto del crecimiento y del desarrollo para la vida adulta y de los derechos de los y las jóvenes, la salud sexual y reproductiva debe abordarse haciendo énfasis en la reducción del riesgo de problemas de salud durante esta etapa de inicio de la función sexual y reproductiva (CEPAL/OIJ 2004). Para el caso de América Latina y el Caribe, hay que tener en cuenta que en los países en desarrollo los y las jóvenes y adolescentes son más vulnerables a una serie de problemas de salud reproductiva, como el embarazo en la adolescencia, la infertilidad, la mutilación genital, los abortos en condiciones de riesgo, las infecciones de trasmisión sexual —incluido el VIH— y la violencia de género, considerando también el acoso y la violación (OMS, 2009). Por ejemplo, en la región, un 18% de los nacidos son de madres adolescentes (OPS, 2012), lo que afecta las oportunidades de estas, su rendimiento educativo, la culminación de sus estudios y su futura inserción en el mercado laboral (Banco Mundial, 2011; Rico y Trucco, 2014). Este problema puede ampliar las desigualdades, puesto que las estadísticas muestran que la mayor proporción de embarazos se sigue concentrando en los sectores de menores ingresos y nivel educacional (CEPAL, 2013b). Asimismo, se estima que en

2012 había en América Latina 68.000 adolescentes (de entre 10 y 19 años) con VIH (ONUSIDA, 2012).

La discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia es fundamental para el desarrollo de políticas inclusivas que reduzcan la vulnerabilidad de la población juvenil a estos problemas. Se debe considerar además la discriminación de género, que hace necesario profundizar en el análisis a fin de que las jóvenes dispongan siempre de la información necesaria para tomar decisiones informadas y tengan libertad sobre sus deseos respecto a la maternidad. Así pues, la educación en sexualidad es primordial para brindar las herramientas que faciliten el desarrollo pleno de la juventud.

La educación en sexualidad es una de las políticas necesarias para trabajar en la prevención de los problemas que surgen desde el ejercicio de la sexualidad, a la vez que constituye “un derecho de niñas, niños y adolescentes al conocimiento y a la formación de competencias para asumir comportamientos responsables y vivir de manera plena” (UNFPA, 2005). A través del ejercicio de este derecho a la educación, los y las jóvenes adquieren los recursos para tomar decisiones libremente en su vida adolescente y adulta. Así, por ejemplo, se ha demostrado el impacto positivo de los programas de educación en el plan de estudios para la prevención de infecciones de transmisión sexual y el embarazo adolescente (Bearinger y otros, 2007, citado en OMS, 2009).

En América Latina y el Caribe, las primeras iniciativas de educación en sexualidad datan de la década de 1990, en torno a las reformas educativas y a las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, en particular la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994. Según estudios realizados por Castellanos y Moyano en 2001, cinco países de la región contaban con políticas relativas a la educación de la sexualidad: Chile (Política de Educación de la Sexualidad), Costa Rica (Políticas de Educación Integral de la Sexualidad Humana), Nicaragua (Política de Población y Plan de Acción de la Política de Población), Perú (Política Nacional de Población) y República Dominicana (Política Nacional de Adolescencia y Juventud).

En el cuadro siguiente se detalla la situación en algunos países de la región. Se observa que en muy pocos se sigue un programa específico de educación en sexualidad. Si bien en general esta se aborda en leyes y decretos, en la práctica se encuentran grandes diferencias en cuanto a la forma en que se imparte.

América Latina y el Caribe: situación en materia de educación sexual

Argentina Existe la Ley Nacional de Educación en Sexualidad de 2006, que coordina el diseño, la implementación y la evaluación de las actividades del programa curricular con el fin de incluir la educación sexual integral en todos los niveles educacionales. Además, hay un programa nacional de educación sexual integral. Brasil La Ley del Plan Nacional de Educación 2001-2011 establece que se deben incluir en las directrices curriculares

de formación de docentes temas relacionados con las problemáticas tratadas transversalmente como género, educación sexual, pluralidad y medio ambiente, entre otras. No hay programas concretos. Chile La política de educación de la sexualidad consensuada intersectorialmente y aprobada en 1993 sirve

de marco para la incorporación de temas de educación sexual en los currículos reformados. No hay programas. Se entrega material y herramientas de formación en sexualidad, afectividad y género.

Colombia Ley General de Educación núm. 115 (1994). Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Costa Rica Política de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana, aprobada por el Consejo Superior de

Educación en 2001. Creación, también en 2001, del Departamento de Educación Integral de la Sexualidad en el Ministerio de Educación Pública. Programa de educación integral de la expresión de la sexualidad humana. Cuba Programa de Educación de la Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales

para aplicación en el currículo escolar y en las instituciones de formación docente (Resolución núm. 139 de 1 de junio de 2011 del Ministerio de Educación).

Ecuador La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENIPLA) se orienta a reducir los embarazos no deseados y la mortalidad materna, así como a disminuir el porcentaje de embarazos de adolescentes a nivel nacional.

Guatemala Decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social. No hay un programa específico. Se han incluido algunos temas en el currículo.

Honduras Ley de prevención del VIH/SIDA (1999), que incorpora la educación sexual como materia obligatoria en los programas de educación formal.

México La reforma curricular de 1993 incluye la educación sexual entre las áreas de estudio. No hay un programa en particular, si bien en el programa sectorial de educación 2013-2018 se plantea como uno de los objetivos el fortalecimiento de la educación en sexualidad.

Nicaragua Política Nacional de Población y Plan de Acción de la Política de Población. Implementación de la educación sexual a través del currículo. No hay un programa específico ni es obligatoria.

Paraguay No hay programa específico, pero en la actualidad está en marcha el proyecto JAIKUAA, orientado a la protección y promoción de los derechos de la juventud a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Perú Política Nacional de Población. No hay un programa específico. En el Ministerio de

Educación la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, creada en 2006, tiene entre sus funciones proponer políticas y estrategias con relación a la educación sexual.

Uruguay Programa de educación sexual, que surge en 2006 con el fin de incorporar progresivamente esta educación en las escuelas.

Para evaluar la calidad y el tipo de educación sexual que se imparte es necesario un examen más profundo de los programas. Como se señala en UNFPA (2005), un análisis detallado de los programas permite comprobar que en muchos casos el enfoque se limita a iniciativas de carácter informativo. El procedimiento para impartir la educación en sexualidad es objeto de amplio debate, en que participan numerosos detractores y defensores de las dos tendencias principales: la transversalización y la enseñanza de contenidos en una asignatura específica. Independientemente de las ventajas y desventajas de cada sistema, Castellanos y Moyano (2005) destacan la necesidad de ahondar en los contenidos de esta educación con fundamentos

“filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos del currículo y del modelo curricular asumido” (UFNPA, 2005). A la vez, destacan la importancia del profesorado en esta discusión, ya que no se puede avanzar en la educación en sexualidad si las prácticas del profesorado no están en línea con el mensaje que se desea transmitir.

En América Latina y el Caribe se ha progresado en el debate y en la ejecución de programas de educación en sexualidad, pero aún queda mucho por hacer. La salud sexual y reproductiva es un derecho y hay que educar e informar a los y las jóvenes sobre el tema, de manera que puedan tomar decisiones informadas, en forma autónoma y responsable.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Leticia Benedet, “La educación sexual en el sistema educativo formal uruguayo durante el período 2005-2009. Análisis desde un enfoque de género y de política pública”, tesis, 2014; Banco Mundial, Embarazo adolescente y oportunidades en América Latina y el Caribe. Sobre las decisiones de fecundidad adolescente, la pobreza y los logros económicos, Washington, D.C., 2011; Beatriz Castellanos y Martha Falconier de Moyano, La educación de la sexualidad en países de América Latina y el Caribe, México, D.F., Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), diciembre de 2001; Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización Iberoamericana de Juventud, La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias (LC/L.2180), Santiago de Chile, octubre de 2004; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La maternidad en adolescentes. La desigualdad en distintas dimensiones”, Notas para la Igualdad, N° 8, Santiago de Chile, Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, 2013; Organización Mundial de la Salud (OMS), Promoting Adolescent Sexual and Reproductive Health through Schools in Low Income Countries. An Information Brief (WHO/FCH/CAH/ADH/09.03), Ginebra, 2009; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Antecedentes, situación actual y desafíos de la educación de la sexualidad en América Latina y el Caribe, México, D.F., Equipo de Apoyo Técnico para América Latina y el Caribe, 2005.

Recuadro III.5 (conclusion)

Por otra parte, la posibilidad de vivir en ambientes exentos de violencia es muy importante para la vida y el desarrollo de las juventudes de la región. Se ha planteado la necesidad de impulsar políticas públicas para sensibilizar a la juventud sobre la cultura de la paz, así como para eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres mediante programas y procesos de prevención y educación a hombres y mujeres en todas las etapas de sus vidas y, además, reconocer el feminicidio como expresión máxima de la violencia hacia las mujeres y como un delito que debe ser tipificado en las legislaciones (Naciones Unidas, 2014a). Las principales peticiones de las mujeres jóvenes son un incremento del gasto fiscal para prevenir y combatir la violencia de género, más facilidades de acceso al sistema de salud y seguridad en caso de haber sido violentadas, programas de reparación y legislaciones sobre discriminación y racismo, entre otras.

Otro tema importante para muchos jóvenes es la protección frente a la violencia en espacios virtuales, como el matonaje y el acoso por la vía de Internet y de las redes sociales. En algunos foros se plantea adicionalmente que los Estados avancen en un paradigma de seguridad que proteja a los y las jóvenes y no actúe en contra de ellos de modo represivo, lo que supone evitar todo tipo de violencia institucional y garantizar plenamente sus derechos. En el consenso global, las juventudes reconocen la importancia de su propio papel en la prevención y resolución de conflictos, entendiendo que es una condición indispensable para el desarrollo de sociedades pacíficas, inclusivas y seguras.

En general, los y las jóvenes consideran que la mejor forma de lograr cambios sociales es a través de la participación política. Y perciben que el medio privilegiado para hacerlo son los movimientos sociales y las organizaciones juveniles, de los que se tratará con mayor detenimiento en la siguiente sección. De igual manera, consideran que es necesario contar con más espacios para incidir en la agenda política, que debería incluir iniciativas de discriminación positiva. Entienden que es preciso contar con mecanismos específicos para derribar los obstáculos a la participación, introduciendo, por ejemplo, cuotas de jóvenes, disminuyendo la edad mínima para optar a cargos públicos y creando marcos legales consistentes que regulen las reelecciones a fin de lograr relevos generacionales. Con objeto de asegurar la gobernabilidad, las juventudes plantean la necesidad de garantizar la transparencia de las instituciones y el pleno cumplimiento de los derechos, así como de promover la lucha contra la corrupción y la impunidad.

2. Nuevas formas de participación: el papel de las redes sociales

Las formas de participación de las nuevas generaciones se han transformado. Posiblemente hoy muchos jóvenes no comparten el mismo imaginario del gran cambio social o político que la juventud de hace tres o cuatro décadas, para la que la política partidista aparecía como el campo privilegiado de compromiso vital. Desde hace algún tiempo, los y las jóvenes se ven más distanciados del sistema político y de la competencia electoral. En todos los países de la región, sin excepción, muestran menos inclinación a votar (PNUD, 2013). Existen cada vez más evidencias de que los niveles de participación de los jóvenes caen, no solo en las elecciones, en los partidos políticos y en las organizaciones sociales tradicionales, sino también en el importante proceso de generación de las políticas públicas. En las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se destaca que la inmensa mayoría de los jóvenes latinoamericanos y caribeños se encuentra al margen de las asociaciones y los movimientos juveniles existentes (entre un 5% y un 20% según los países, siendo abrumadora mayoría las organizaciones deportivas y religiosas), en lo que podría considerarse una transición a nuevas formas de participación juvenil y de entender el compromiso o actuar ciudadanos (Naciones Unidas, 2014b).

A nivel mundial, sin embargo, han destacado en los últimos años los movimientos sociales liderados por la juventud, lo que supone un llamado de atención respecto a su interés de ser escuchados y de participar activamente en el desarrollo de sus sociedades. Emergen así nuevas formas de movilización y organización juvenil, donde destaca como un elemento clave la herramienta tecnológica, principalmente las redes sociales. Estas se encuentran entre las plataformas de Internet preferidas en América Latina: de los 12 países del mundo en que más tiempo se utilizan redes sociales, cinco son de la región. Los usuarios son en su mayoría adolescentes y jóvenes. El modelo comunicativo que proponen las redes sociales es opuesto al de los medios de comunicación tradicionales de tipo masivo, que dirigen un mensaje unitario a un grupo indefinido de individuos. En cambio, en las redes sociales son los usuarios los que tiene la posibilidad de crear y difundir mensajes, y esa interactividad se ve acentuada por su capacidad de crear redes y de establecer contactos. Este modelo implica un cambio sustancial en la forma en que las personas interactúan, tanto entre sí como con las instituciones, ya sea individualmente, en comunidades o en movimientos (Pavez, 2014).

Tal como se describe en el análisis de Pavez (2014), las redes sociales cumplen una función de creciente protagonismo en cuanto al modo en que los y las adolescentes y jóvenes ejercen influencia y plantean inquietudes e ideas, dando paso a nuevas formas de organización que han dado lugar tanto a movimientos sociales como a comunidades (PNUD, 2013). Por ejemplo, se puede citar el caso de los y las jóvenes chilenos, cuya escasa participación electoral no ha variado en los últimos años. Se observa cómo a raíz de la progresiva implantación de Internet están usando otras plataformas para expresar su descontento, aprobación o rechazo ante temas que afectan al país, así como para organizarse. Esta participación se ha materializado tanto en campañas a través de la Red como en la creación de comunidades o grupos virtuales.

Esta nueva tecnología ha abierto la puerta a movimientos sociales que en su mayoría catalizan el descontento, como se ha visto en la denominada Primavera Árabe, y que ha motivado a varios investigadores a estudiar el vínculo entre los usos de las redes sociales y las manifestaciones políticas (Allagui y Kuebler, 2011; Faris, 2013, y Valenzuela, 2013 citados en Pavez, 2014). En América Latina y el Caribe la juventud se ha sumado a estas demostraciones de descontento social, organizándose a través de las redes y acaparando la atención, tanto de los medios de comunicación masivos como de sus gobiernos. Uno de los casos más llamativos de los últimos años fue protagonizado por jóvenes mexicanos con el movimiento #yosoy132, organizado por universitarios en medio de la campaña presidencial de 2012. Otro de los países donde se ha percibido este tipo de descontento social cuya expresión y asociación se articula desde

el uso de Internet es el Brasil. Desde junio de 2013 los medios de comunicación han informado de movimientos de decenas de miles de personas, en su mayoría universitarios, entre otros jóvenes, que se han manifestado por asuntos tales como los altos precios del transporte público o los costos del Mundial de Fútbol, dando paso a una de las mayores olas de protestas que se han vivido en el país en muchos años. Se trata de un movimiento que también se ha organizado a través de redes sociales, principalmente Facebook. Al igual que en el caso del movimiento mexicano, sus integrantes aseguran que se trata de una organización horizontal y se jactan de no tener afiliaciones partidistas ni liderazgos definidos (Pavez, 2014).

El apoyo a la participación política de las juventudes teniendo presente su diversidad es fundamental para el fortalecimiento de sus aportes y el acceso a la formulación de políticas públicas con objeto de superar las desigualdades persistentes en América Latina y el Caribe. La inadecuada o insuficiente representación de los y las jóvenes y de su pluralidad influye en la calidad democrática de las instituciones. Esta realidad ha facilitado la emergencia de movimientos, manifestaciones y organizaciones sociales no tradicionales como las descritas, donde los jóvenes ejercen un liderazgo clave y que se caracterizan por nuevas formas de comunicación, convocatoria y participación. Desde los foros juveniles se recomienda asegurar la presencia e involucramiento de adolescentes y jóvenes en la formulación, ejecución, vigilancia y validación de políticas públicas multisectoriales en todos los niveles, con presupuestos sostenibles y considerando contextos y realidades particulares. La inadecuación de políticas para la juventud tiene costos significativos para todos, tanto porque agravan los problemas descritos en las secciones anteriores como por las consecuencias de no incluir adecuadamente a esta población en los esfuerzos por el desarrollo económico, con lo que se desaprovecha su creatividad y energía. Es decir, se pierde un círculo virtuoso y se potencia un círculo vicioso.

“Los jóvenes hoy son el presente para cambiar una América Latina desigual. Somos sujetos sociales y políticos de derechos con diversos pensamientos, formas de vida y transformadores de nuestro entorno. Luchamos por un mundo más justo, democrático, sustentable, respetuoso, diverso, equitativo y para que todo joven tenga voz” (Juventud con Voz, 2013).

Bibliografía

Alonso, Jorge (2013), “Cómo escapar de la cárcel de lo electoral: El movimiento #Yosoy132”, Desacatos, vol. 42, mayo.