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Las cuatro provincias catalanas aparecen de forma muy discreta en las fuentes reseñadas en las tablas 2.1 y 2.2, probablemente a causa de las fechas en que aparecieron aquellos listados, en general tempranas respecto las etapas más agudas de la crisis en Cataluña.39 Algunos indicios, sin embargo, permitían intuir el interés que
ofrecería el análisis de la cuestión en el ámbito catalán. Entre ellos, el más destacado lo constituían los inacabables listados de fincas cuya subasta era anunciada en los boletines oficiales de las cuatro provincias catalanas. Su cuantificación fue un primer paso en el intento de evaluar el alcance real, y su impacto sobre los contribuyentes, del endeudamiento fiscal durante el período que nos ocupa. Aunque existen serias dudas sobre la idoneidad de los boletines oficiales como fuente para la evaluación estadística de las consecuencias del endeudamiento fiscal en Cataluña, su uso proporciona un buen acercamiento de corte impresionista a la realidad, dado que proporcionan unas cifras que, como se verá, alcanzan una magnitud más que considerable.40
39 Únicamente la provincia de Tarragona aparece de forma significativa en los listados manejados: en el
Boletín de la Recaudación del 8/6/1890 se habla de casi diez mil fincas adjudicadas a la Hacienda hasta diciembre de 1888. En el resto de circunscripciones las fincas afectadas por los embargos o las adjudicaciones no superaban unos cuantos centenares.
40 Aunque la publicación del anuncio de subasta en el Boletín Oficial sólo era obligatoria para las capitales
de provincia, dicho trámite se generalizó en Cataluña durante la etapa más aguda de la crisis y hasta la entrada en vigor de la Instrucción de 20 de abril de 1900. A partir de entonces, las reglas del juego cambiaron: los anuncios de subasta pasaron a ser excepcionales, puesto que sólo se contemplaban cuando el deudor no estaba localizable. Es obvio, por tanto, que no podemos estar seguros de que los boletines hayan recogido todas, ni siquiera en su mayor parte, las subastas que se produjeron. Nos consta, de hecho, la existencia de adjudicaciones a la Hacienda a lo largo de cuyo procedimiento no se publicó el correspondiente anuncio. Por otra parte, el anuncio de la subasta de inmuebles por impago de impuestos no cerraba, ni mucho menos, el procedimiento ejecutivo. Bien al contrario, tras aquel trámite se abrían diversas posibilidades: la liquidación de la deuda por parte del contribuyente, el remate de la propiedad en alguna de las dos subastas previstas, o, si lo anterior no se producía, la adjudicación de la finca al ayuntamiento o a la Hacienda pública, según el período de qué nos ocupemos. Esta última posibilidad era la que predominó a lo largo de la etapa analizada. Podía suceder, por tanto, que una misma finca, ya fuese por la lógica del procedimiento o por los obstáculos que la Hacienda encontraba para tomar posesión de los inmuebles que ya se le habían adjudicado, entrase un año tras otro en el procedimiento ejecutivo. Cabe añadir que la aparición de anuncios de subasta en la demarcación de Lleida se convirtió en excepcional a partir de 1895, justo cuando su presencia en los boletines estaba siendo poco menos que espectacular. Este hecho probablemente deba relacionarse con la gestión de un nuevo arrendatario del servicio de recaudación de contribuciones. Para la descripción crítica de la fuente: García Orallo (2002: 191-2).
El vaciado de los boletines nos permitió recopilar 3.030 anuncios de primera subasta y 1.485 de segunda, prevista cuando la primera quedaba desierta, que correspondían a 3.209 expedientes de apremio colectivos contra deudores de 723 municipios catalanes. La tabla 2.4 sintetiza los datos obtenidos, mientras que el mapa 2.2 recoge la distribución municipal de los anuncios.
Tabla 2.4.
Fincas subastadas por débitos fiscales (cifras absolutas y porcentajes sobre fincas y contribuyentes por rústica oficialmente existentes)
Cataluña, 1881-1901 (a) Fincas rústicas subasta- das (b) Contri- buyentes afectados Fincas urbanas subastadas Contri- buyentes afectados . Total
fincas contri-Total buyentes (c) fincas rústicas existentes (1879) a/c *100 (d) contri- buyentes por rústica (1889-90) b/d *100 Lleida 30.621 29.428 7.852 7.817 38.473 37.245 327.806 9,3 86.136 34,1 Tarragona 19.008 18.631 6.997 6.834 26.005 25.465 203.602 9,3 82.078 22,7 Barcelona 2.960 2.713 1.179 1.153 4.139 3.866 123.327 2,4 72.291 4,0 Girona 1.459 1.275 520 504 1.979 1.779 91.968 1,6 58.902 2,1 Cataluña 54.048 52.047 16.548 16.308 70.596 68.355
Fuente: Boletines oficiales de las provincias de Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona, 1881-1901. Garcia Orallo (2002). Columna (c): Dirección General de Contribuciones (1879). Columna (d): Instituto de Estudios Fiscales (1975), excepto para Lleida, en que se ha utilizado Dirección General de Contribuciones (1879).
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Mapa 2.2.
Distribución municipal de las fincas subastadas por débitos fiscales,
Cataluña, 1881-1901
Fuente:
Debe tenerse en cuenta que en la tabla 2.4 se reflejan las cifras absolutas resultantes del recuento, sujetas por tanto a repeticiones derivadas de los problemas de gestión, ya comentados, que dificultaban la actualización de los repartimientos. Para algunos municipios hemos podido estimar, a partir de la depuración pormenorizada de los nombres de personas y fincas, la relación entre las cifras brutas y las “reales”; es decir, entre el resultado del recuento y el número de contribuyentes o fincas diferentes realmente afectados. En dichos municipios, entre el 55 y el 80% de las cifras obtenidas corresponden efectivamente a contribuyentes distintos. Los porcentajes relativos a las fincas oscilan entre algo más del 70 y casi el 90%.41 Por otra parte, además, los
contribuyentes contabilizados podían figurar en las listas de apremiados en más de un municipio, con lo que también así se estarían contabilizando más de una vez. En este sentido, sin embargo, el hecho de poner en relación las cifras obtenidas con el número de contribuyentes oficialmente existente no introduce mayores distorsiones, puesto que, como ya se ha discutido anteriormente, la cifra oficial incurre en el mismo problema. Con el fin de obtener otra perspectiva en la que se minimizasen los factores que se acaban de enumerar y que redundan en una múltiple contabilización de deudores apremiados, se ha construido la tabla 2.5, partiendo de los datos municipales que pueden consultarse en el Anexo 1. En ella para cada municipio se ha tenido en cuenta únicamente el ejercicio fiscal en el que se produjo un mayor número de subastas de fincas rústicas. De esta manera el cómputo de afectados corresponde indudablemente a personas diferentes, puesto que éstas ya aparecen ordenadas y con sus cuotas agrupadas en una única cifra en los listados publicados en los boletines oficiales. Esta forma de cuantificar el fenómeno supone, por supuesto, una cota inferior al número de fincas subastadas y de contribuyentes afectados, muy alejada de la cifra con múltiples contabilizaciones de la tabla 2.4, y también de la cantidad real que se podría obtener al considerar conjuntamente todo el período, eliminando aquellos duplicados, pero permite obtener una impresión más nítida de la repercusión de la acción ejecutiva de Hacienda desde la perspectiva municipal.
41 Por ejemplo: Montblanc: 55 % para contribuyentes y 72 % para fincas; Port de la Selva (p. j. de
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Tabla 2.5.
Fincas subastadas por débitos fiscales y contribuyentes afectados (considerando los ejercicios fiscales con mayor incidencia en cada municipio)
Cataluña, 1881-1901
Fincas rústicas
subastadas Contribuyentes por rústica afectados Fincas urbanas subastadas Contribuyentes por urbana afectados.
Lleida 7.534 7.342 2.360 2.348
Tarragona 6.772 6.673 2.472 2.386
Barcelona 1.683 1.526 762 746
Girona 771 690 309 304
Cataluña 16.760 16.231 5.903 5.784
Fuente: Anexo 1; Dirección General de Contribuciones (1879). El número de contribuyentes provinciales se ha tomado de Instituto de Estudios Fiscales (1975), excepto para Lleida, en que se ha utilizado Dirección General de Contribuciones (1879).
Si bien los datos recogidos tanto por las tablas 2.4 y 2.5 como por el mapa 1 pueden ser considerados meramente orientativos, su innegable contundencia, en términos de fincas y contribuyentes afectados por los apremios, pone en evidencia algunos hechos remarcables. Demuestran, por una parte, la notable intensidad del fenómeno a escala local, con decenas de municipios en los que salieron a subasta durante todo el período más de 500 propiedades.42 Por otra parte, queda también constatado un comportamiento
diferente de las comarcas gerundenses y barcelonesas respecto a las de Lleida y Tarragona. De hecho, Girona y Barcelona tradicionalmente eran tenidas por provincias con “un excelente espíritu tributario”.43 A pesar de ello, los peores momentos de la crisis
42 En muchos casos se superaron las cien fincas subastadas en un único expediente: En Porrera (Priorat,
p. j. de Falset), que en 1897 contaba con menos de 1.400 habitantes, en los días 8 y 9 de abril de 1897 se anunció la subasta de 220 fincas rústicas, propiedad de una cifra algo menor de contribuyentes, y de otras 220 urbanas, pertenecientes a 173 contribuyentes (BOPT, 8 y 9/4/1897). Sabemos que muchas de ellas llegaron al final del proceso ejecutivo, ya que se produjo una adjudicación a Hacienda por valor de 10.111,36 ptas., sin que podamos conocer el equivalente en inmuebles. Otro caso notable es el del municipio de Albesa (Noguera, Lleida), con una población similar a Porrera, donde, en un único trámite, se subastaron 327 fincas, 87 de ellas urbanas, por débitos a la contribución territorial del ejercicio 1893-94 (tres meses antes se había producido la subasta de otras 258 propiedades rústicas y 67 urbanas, por impago del impuesto de consumos). “Penosísima impresión, dice El País de Lérida, causa la lectura del Boletín oficial de la provincia de tres meses á esta parte, pues en todos ellos vienen de 20 á 22 columnas anunciando la venta de fincas en subasta pública por débitos de contribuciones. Pasan ya de 3.000 las que han anunciado los agentes durante este plazo, siendo en el número de ayer anunciadas 183.” (La Crónica de Vinos y Cereales, 23/12/1891).
43 Véase Boletín de la Recaudación, 15/2/1905 o Gaceta de la Recaudación, 31/7/1886. Girona era citada
vitícola tuvieron un reflejo en los respectivos boletines oficiales, aunque nunca con la intensidad de las otras dos provincias catalanas.44 Un factor a tener en cuenta para
explicar este punto puede ser la diferencia en los regímenes de explotación predominantes en cada una de las zonas, sobre todo por lo que se refiere al cultivo de la vid. Así, en las comarcas barcelonesas y en las áreas vitícolas de Girona, donde la tierra era explotada a rabassa morta o bajo otros tipos de cesión, enfitéutica o no, las dificultades de los pequeños cultivadores parecen haber tomado otras formas, como pudieron ser los centenares de renuncias “voluntarias” a la rabassa observadas en comarcas como el Bages (Ferrer y Santmartí, 1992), el Vallès Oriental (Planas, 1999) o el Alt Empordà (Saguer, 1987).45
Aunque la principal producción de la provincia de Lleida continuaba siendo la cerealícola, el número de hectáreas dedicadas a la viña prácticamente se había multiplicado por dos durante los años del boom vitícola, en lo que constituye el ejemplo más claro del crecimiento del sector motivado por la presencia de la filoxera en Francia (Garrabou y Pujol, 1987: 68).46 Conviene tener presente que en aquella circunscripción prácticamente
todos los anuncios de subasta se publicaron mucho antes de la llegada de la plaga filoxérica, de lo que parece derivarse que las dificultades para los pequeños contribuyentes obedecían al descenso del precio del vino a partir de la segunda mitad de los años ochenta. De hecho, con anterioridad a la llegada de la plaga, ya se había iniciado lo que sería un rápido descenso de la superficie dedicada a la vid. La confrontación de las cifras proporcionadas por la Junta Consultiva Agronómica, las más usadas por los diferentes autores, con las fechas que marcan el avance de la plaga sobre
hecho la liquidación sin que se haya presentado un solo recibo pendiente de cobro” (Gaceta de la Recaudación, 31/7/1886). En el Boletín de la Recaudación del 30/11/1908, se alaba la supuesta costumbre gerundense de satisfacer las obligaciones fiscales mediante el recurso a pequeños créditos.
44 Las cifras desprendidas del recuento de los anuncios de subastas publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia parece infravalorar la repercusión del fenómeno en ciertas áreas, como la del cap de Creus, en el partido judicial de Figueres: en el Registro de la propiedad de Figueres hay constancia de un total de 1.831 embargos efectuados sobre otras tantas fincas de seis municipios de aquella área efectuados entre los años 1885 y 1920 (Registro de la Propiedad de Figueres, Libro de embargos, 1885-1920. Este registro recoge exclusivamente las fincas no inscritas en el Registro de la propiedad con anterioridad a la anotación de embargo preventivo prescrita por el procedimiento de apremio).
45 Para el municipio ampurdanés del Port de la Selva, por ejemplo: ACAE, Port de la Selva, Hisenda,
Apèndix a l’amillarament, 1892-93.
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las tierras de Lleida no deja lugar a dudas.47 El cambio en los usos de la tierra se produjo,
efectivamente, como resultado de las transformaciones del mercado y no por causa de la coyuntural irrupción de la filoxera.
El Boletín Oficial de la Provincia de Lérida fue, entre los boletines catalanes, el que empezó más tempranamente a publicar de forma sistemática y masiva anuncios de embargos por débitos de contribuciones. Entre 1881 y 1901 fueron publicados por el Banco de España, los ayuntamientos o los agentes ejecutivos de Hacienda un total de 1.523 edictos de primera subasta. De ese cifra de expedientes, sabemos positivamente que, por lo menos, 726 (el 47,6 %) llegaron a la segunda subasta, puesto que la publicación de los anuncios correspondientes así lo atestiguan. En total, pues, tenemos la considerable cantidad de 1.573 expedientes diferentes, que pusieron en venta 30.621 fincas rústicas, que pertenecían a 29.428 deudores, y 7.852 urbanas, propiedad de 7.817 contribuyentes. Esas fincas estaban situadas en 252 municipios diferentes, más de las tres cuartas partes de los 325 con que contaba la provincia en 1887. La espectacularidad de los totales presentados aumenta si tenemos en cuenta el lapso de tiempo en el que tienen lugar la mayor parte de los anuncios. En los diez años que van de 1885 a 1894 se concentra la subasta de 27.904 fincas, nada menos que el 91,1 % del total. A su vez, la práctica desaparición de los anuncios de subastas en el BOPL con posterioridad a 1894, a falta de otros indicios, solo puede atribuirse a una decisión personal de quienes tenían a su cargo el cobro de las contribuciones de la provincia en la fase ejecutiva, optando así por prescindir de un trámite que, en sentido estricto, nunca había sido obligatorio salvo para las capitales de provincia. No conocemos las causas que motivaron esa decisión justo cuando el número de subastas estaba en su nivel más alto. Tal vez fuese precisamente ese gran volumen de expedientes lo que empujó a los agentes ejecutivos a adoptar una medida orientada al ahorro de trabajo y dinero. Sea como fuere, la realidad es que los únicos edictos que se publicarían desde entonces y hasta 1901 fueron los correspondientes a la ciudad de Lleida y, excepcionalmente, a algunos municipios de la Segarra. La evolución de las demás provincias catalanas, donde se alcanzaron las máximas cifras entre 1895 y 1900, junto al hecho de que el volumen de subastas de la capital después de 1894 se mantuviese en niveles más o menos parecidos a los de años anteriores, invita a pensar que algo similar a lo de la capital debió de suceder en el resto de la provincia. La desaparición repentina de apremios, embargos y subastas por una
47 El ejercicio puede realizarse fácilmente a partir de Giralt (1990: 232 y 238-239), contrastando el cuadro
causa "natural" es altamente improbable. Por consiguiente, las cifras que aquí se han recogido relativas a Lleida son sólo, casi con toda seguridad, una fracción de las reales. Pese a que a menudo los edictos hacían constar el aprovechamiento de las fincas, no puede deducirse de forma inequívoca los cultivos más afectados, puesto que los datos procedían de unos amillaramientos que no habían sido actualizados y no reflejaban, por ejemplo, el rápido aumento de la superficie de vid en muchas áreas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Del mapa se desprende la impresión, sin embargo, de la existencia, para la provincia de Lleida, de una relación directa entre las zonas más afectadas por las subastas y aquellas que vivieron de forma más intensa la expansión de la vid. Hay que destacar la densidad de municipios con cifras muy altas de subastas en el Pla de Lleida (p. j. de Lleida), en una lista encabezada por el de Lleida, aunque en ese caso abundaban los pequeños huertos y más de mil edificios, o en zona sur del partido judicial de Balaguer. Otro foco se sitúa en la subcomarca de la Conca de Tremp, en el partido judicial de Tremp, donde se encuentran casos como los del municipio de Isona i Conca Dellà, que, con 4.256 habitantes en 1887, vio como se subastaban 1.262 fincas (1.062 rústicas y 200 urbanas) entre 1885 y 1894. En contraste, los partidos judiciales de Solsona, Sort, Viella o la Seu d'Urgell aparentemente quedaron al margen de la incidencia de los embargos. Hasta cierto punto sorprende, y requeriría una explicación, la relativa baja presencia de municipios del partido judicial de Cervera, una zona con un muy alto porcentaje de su tierra cultivada dedicada a la vid.48
La amplitud geográfica del fenómeno y la regularidad y persistencia con que aparecieron los anuncios de subasta en Cataluña descartan que el aumento de los procedimientos ejecutivos haya obedecido exclusivamente al exceso de celo, más o menos coyuntural, de alguna delegación provincial de Hacienda o de determinada compañía arrendataria de la recaudación. Sin embargo, además de los problemas derivados de las características de la fuente documental empleada, el uso de los anuncios de subasta como aproximación a las consecuencias reales de la creciente morosidad fiscal se ve entorpecido por la incertidumbre no resuelta sobre la conclusión de los procedimientos ejecutivos. La localización, aunque sólo para una de las provincias catalanas, de una fuente documental que recopila informaciones referentes a una etapa del procedimiento ejecutivo que, al menos en teoría, puede darse como definitiva nos permitió observar cómo se concretaban sobre el terreno algunos de los aspectos que permanecían en el aire. Los
48 El 61,67 % de toda la superficie cultivada en el partido judicial de Cervera, 35.118 ha., estaba dedicada
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Registros de adjudicaciones de fincas al Estado, elaborados por la Tesorería de la
Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona a partir de 1909, permiten un acercamiento a la geografía del endeudamiento fiscal (y en nuestra opinión, también del impacto la crisis agraria) desde una óptica suficientemente global, la provincia, pero con un grado de desagregación que desgraciadamente no abunda entre la documentación fiscal habitualmente accesible.49
2.4 Más síntomas: la adjudicación de fincas a la Hacienda (Tarragona, 1889-