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Otro problema social relacionado con la migración interna es la trata de menores por parte de mafias y personas inescrupulosas que vienen operando en la zona bajo esa modalidad. Según señala Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, el año 2008 se han recibido cuatro denuncias de tráfico de menores de la zona rural a la ciudad, y en el presente año ya se contaba con otra denuncia del mismo tipo. La modalidad que se practica es traer a niños con promesas de trabajos domésticos y estudios, especialmente de la sierra de Lambayeque, hacia Chiclayo. Luego, los trasladan a cualquiera de los distritos urbano-marginales, empleándolos en trabajos forzados e incluso el meretricio, vulnerando con ello, todos sus derechos.

Sí, tenemos un caso de una menor de edad que ha venido de la zona rural, de algún caserío de nuestra región, de Inca Wasi o Cañari, donde hoy en día se presentan este tipo de casos. Le ofrecieron estudios, trabajo, una mayor calidad de vida; sin embargo realiza otras labores que implican una violación o una vulneración a sus derechos. (Jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque)

Este tipo de casos presenta una incidencia de tres a cuatro denuncias por año; las mafias prefieren menores de edad, de sexo femenino especialmente, provenientes de las zonas rurales, donde hay mayor ocurrencia de pobreza económica.

Ante este tipo de casos, interviene un aparato administrativo compuesto por instituciones tutelares de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía de Familia y la Policía Nacional. Estos trabajan de manera coordinada y en diversas instancias, haciendo un seguimiento de cada caso.

Recuerdo un caso donde una señora había denunciado ante la DIVINCRI que una persona mayor había tenido una relación con su hija y finalmente la había obligado a realizar trabajos de meretricio. Nuestro papel en esto fue supervisar que la Policía Nacional interviniese, porque la denuncia ya había sido hecha ante una autoridad administrativa. Los Centros de Emergencia Mujer tienen que ver con todo lo relacionado con la violencia en general. La Fiscalía de Familia cumple una función de investigación y protección tutelar frente a estos casos de contravención a los derechos del niño. (Jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque)

Sin embargo, la investigación y seguimiento de este tipo de casos, presenta algunas debilidades que deberían superarse con el fin de conseguir mayor efectividad y evitar su continuidad.

1. Las denuncias, a nivel de fiscalía, no son procesos que se solucionan en uno o dos días; aunque sí se asegura que al

niño se le den las protecciones inmediatas como el retiro del hogar donde estaba trabajando y sea puesto a disposición de un albergue donde el Estado asume la protección de él. 2. Hasta que se determine judicialmente si existe un abandono en el caso del menor, se realiza una investigación que, debido a la naturaleza del hecho, puede llegar a un año.

3. También se demanda una oficina especial del Ministerio de Relaciones Exteriores o una sede especial que vea este tipo de casos. Actualmente, se cuenta con una en Piura, pero Chiclayo carece de esta institución representativa.

4. Asimismo, se requiere mayor nivel de denuncia por parte de las familias agraviadas, dado que la Defensoría del Pueblo y las demás instituciones tutelares inician sus operaciones a partir de la acusación de las víctimas o familiares directos de estas. Cabe señalar que, a partir de la sociedad civil, se encuentran constituidas asociaciones de migrantes como la “colonia de los chotanos”, de “los cutervinos”, entre otras, conformadas por gente que trata de mantener sus costumbres. Sin embargo, estas no intervienen en este tipo de casos, como denunciantes activos o representantes de los migrantes internos.

6. Política migratoria de Lambayeque

La movilidad humana en la región Lambayeque es asumida como un derecho fundamental inherente a la persona humana; el derecho de transitar libremente en cualquier territorio y permanecer en él, desarrollarse personalmente o migrar nuevamente hacia otros destinos. Las instituciones representativas como el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la Defensoría del Pueblo y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la

Pobreza (MCLCP) coinciden en señalar este derecho y en buscar alternativas de desarrollo para los miles de migrantes internos y externos que visitan o se instalan en la jurisdicción lambayecana. El Gobierno Regional de Lambayeque ha enfrentado esta realidad con políticas de desarrollo enfocadas en la creación de puestos de trabajo y mejoramiento de los servicios básicos.

Evidentemente, se está trabajando, el Gobierno Regional es un ente promotor, no crea, más bien promueve, porque el sector privado es el que genera. Por ejemplo, la reactivación de las empresas agroindustriales y los grandes bazares y mercados, tipo Saga Falabella, Tottus, Plaza Vea, que se han establecido, van a generar empleo. Lo mismo ocurre en el sector industrial. Los proyectos en curso están orientados a generar puestos de trabajo para que la población pueda tener mejores oportunidades de empleo, en eso estamos. (Gerente de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional de Lambayeque)

El creciente flujo migratorio y el establecimiento de migrantes internos y externos han demandado la creación de políticas urbanas que implican la inversión en los servicios de agua, alcantarillado, educación, salud y vivienda. Esto se realiza mediante mecanismos de redistribución y coordinación con las regiones vecinas de Cajamarca, Piura y Amazonas, aunque con esta última en menor incidencia, debido a la falta de continuidad territorial con esta región.

Los principales proyectos emprendidos por el Gobierno Regional Lambayeque, con el fin de asumir el crecimiento poblacional generado por la migración son:

1. La Carretera Interoceánica del norte, un eje vial que abarca a Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, San Martín; la cual, de una u otra manera, fortalece más el rol de Lambayeque.

2. El proyecto Olmos, una buena parte de las obras de infraestructura,

3. Hace poco se ha dado el visto bueno a la carretera Cayaltí- Oyotún, que articula las poblaciones de la cuenca del Saña con el proyecto Olmos (y eso tiene que ver con varios distritos de San Miguel, el cual pertenece a la provincia de Cajamarca).

4. Como consecuencia del proyecto Olmos, se viene coordinando una serie de políticas en tema de manejo del recurso hídrico; en temas ambientales, de reforestación y de mantenimiento de las cuencas.

Sin embargo, las transferencias del Gobierno Central, que financian estos proyectos de inversión, resultan insuficientes; por lo cual se ha visto la necesidad de la intervención de cooperantes internacionales que han apoyado con el financiamiento de algunos proyectos; además de contar con la inversión del sector privado. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Chiclayo reconoce la importancia de esta comuna como eje migratorio del nororiente peruano. En ese sentido, ha intervenido en este tema a través de la gestión de proyectos de mejoramiento urbano.

En Chiclayo, por su ubicación, es importante mirar el desarrollo que requiere. Existen algunas acciones que como municipalidad venimos realizando, a través básicamente de la gestión de proyectos. Chiclayo es inmenso en sus problemas, reconocemos el problema que tenemos con el relleno sanitario, reconocemos el caos en el transporte. Yo creo que ya se están tomando medidas en estos problemas. La Gerencia de Urbanismo, como le repito, se encuentra planificando, elaborando sus planes urbanos, concertadamente, participativamente. (Subgerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo)

Actualmente, para el año 2009, se cuenta con un presupuesto de inversión total ascendente a 21 millones 127 mil soles, de los cuales el 10% es para los distritos (porque el presupuesto es provincial) y el 90% para proyectos netamente del ámbito de Chiclayo y sus pueblos jóvenes. La relación 90-10% se debe a que los distritos cuentan con partidas presupuestales propias y que en algunos casos han quedado mal con las rendiciones de cuentas. Por ello, se ha restringido la dación de presupuesto hasta que se rindan balances. Específicamente, para la provincia de Chiclayo, se cuenta con 15 proyectos que demandarán una inversión de 11 millones 483 mil. Se han priorizado cinco distritos; los beneficiarios son Oyotún, Lagunas, Puerto Etén, Nueva Arica y Pomalca.

Para estos proyectos tenemos un millón 225 mil; como Nueva Arica es muy pobre, para ese lugar hay dos proyectos. En Puerto Etén tenemos un proyecto importante, que es el acondicionamiento del paseo y el malecón turístico en la zona oeste de la playa, de 500 mil soles, para ejecutarlo con la municipalidad distrital de Puerto Etén. Ahí tienen toda la documentación, el perfil, el expediente técnico, para ejecutarlo. También existe la posibilidad de la conformación de un equipo técnico para la creación del terrapuerto. Además, venimos impulsando el proyecto del drenaje fluvial, para la lluvia que constantemente nos amenaza en verano. Estamos coordinando con el Colegio de Ingenieros para elaborar los términos de referencia y convocar a la licitación. Sobre el problema de la basura, el alcalde viene implementando proyectos rápidos, porque para el proyecto integral de residuo sólido que venimos trabajando con el FONAM (Fondo Nacional de Ambiente), se requiere de 49 millones. Por eso está inconcluso. Son proyectos que venimos impulsando con el equipo técnico de planificación. (Subgerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo)

Como se denota, este tipo de proyectos cuenta con partidas presupuestarias entregadas por el gobierno central; sin embargo,

no son suficientes, por lo que el Estado los avala para préstamos externos, como en el caso del proyecto de residuos sólidos. Asimismo, se está gestionando la dación de fondos como el ítalo peruano, el fondo Perú-Japón y otras convocatorias que puedan financiar algunos proyectos, básicamente de saneamiento. Otros representantes de la sociedad civil, como Luis Montenegro, coordinador de la MCLCP, opina que el tema de fondo es que la migración no ha sido abordada como se debe, dada su importancia.

Es que no está en sus planes. El Plan de Desarrollo Concertado tiene que reformularse en Lambayeque e incluir los componentes de la migración, el cambio climático, el boom comercial. Sobre la migración, pensamos que en cualquier lugar donde estemos, seremos peruanos, es decir, nos sentimos parte de todos y queremos que la pobreza desaparezca, y el pobre de Cajamarca nos interesa tanto como el pobre de Arequipa porque luchar contra la pobreza es mirar el futuro. Luchar contra la pobreza es que la sociedad civil también empiece a entrenarse en cómo negociar con el Estado, para que en los planes no venga un interés escondido, sino que esté también la sociedad civil preparada para formar parte del desarrollo de su comunidad; porque si el Estado no hace lo que tiene que hacer, la sociedad civil le puede exigir. Sería excelente que institucionalicemos ese diálogo que une al Estado y a la sociedad civil, pero no siempre el gobierno regional de turno o el gobierno municipal de turno tienen la misma actitud de concertar. (Coordinador general de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza para la región Lambayeque)

Finalmente, los representantes, tanto de la Defensoría del Pueblo como la Diócesis para la Pastoral de Movilidad Humana de Chiclayo, coinciden en señalar que la migración interna y externa es un derecho, pero que todavía debe perfilarse de manera más estratégica.

Claro, hay un derecho de libertad de tránsito; no es que exista un problema, sino que es un derecho que simplemente el ciudadano lo ejerce. En virtud de eso, el Estado tiene que respetarlo, obviamente si el ciudadano lo ejerce de manera responsable y no excesiva o abusivamente. Yo tengo el derecho de desplazarme de modo libre; me voy a Cajamarca y considero vivir ahí y trabajar en la medida en que sea lícito y no le vaya a perjudicar a nadie. Pero si trabajo ilícitamente, obviamente hay un problema que amerita la intervención de las autoridades del Estado. (Jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque)