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Los ejemplos mencionados demuestran que las TIC han abierto más posibilidades para que la gente se haga oír, para que presente y represente su propia realidad sin necesidad de que el Estado le tenga que ratificar ese derecho mediante la concesión de una licencia.

Sin embargo, el reto sigue vigente, pues, además de superar los problemas de conectividad, sobre los cuales el Estado colombiano busca avanzar con la nueva ley TIC 2019, aún sigue pendiente la democratización del espectro electromagnético. En efecto, el gobierno dice querer trabajar en temas como la reducción de la brecha digital, el acceso universal y la ampliación de la cobertura. Parece entender, entonces, que más colombianos conectados significa más ciudadanos comunicados. Pero lo cierto es que pese a las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, la nueva normatividad aprobada por el Congreso de la República no incluye la distribución equitativa del espectro, esto es, un 33% para los medios comerciales; un 34% para aquellos administrados por el gobierno y un 33% para los medios ciudadanos.

Como lo advierte el investigador Fabio López de la Roche, director del Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia (2019), uno de los asuntos que prescribe la normatividad internacional es que este tipo de leyes, que tienen hondas repercusiones sociales, sean concertadas con sectores muy amplios, como productores audiovisuales independientes, comunidades, universidades públicas y privadas y escuelas de comunicación. Y, como lo podemos advertir, eso fue algo que no se hizo de manera concienzuda en el trámite de la nueva ley. Por ello, una tarea aún pendiente en Colombia consiste en reflexionar a fondo frente a la democratización de los medios masivos de comunicación y sobre el papel social de las TIC. En otros países de América Latina, como ha ocurrido en Argentina, ya comenzó el proceso pero en el caso colombiano, aunque se hace una crítica constante a los medios hegemónicos tradicionales, la tarea organizativa y las propuestas para dar una discusión seria y pluralista hacia una ley de medios no ha tenido la profundidad necesaria para que se activen las primeras iniciativas, las cuales se deben dar en escenarios del debate social, parlamentario, jurídico y, si es necesario, en las calles de Colombia por el derecho a la comunicación. (Pinilla, 2018)

Nos enfrentamos así al problema estructural que, para autores como Castells, tiene que ver con que, a pesar de los evidentes avances en la comunicación propiciados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la propiedad de los canales tecnológicos sigue en cabeza de grandes conglomerados multinacionales, entre estos Movistar

Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular en la era digital

RCN (Organización Ardila Lulle). Según este mismo autor, es claro que el mercado dejará de lado las iniciativas ciudadanas que no sean rentables, para privilegiar y posicionar la convergencia entre fabricantes y operadores de aparatos tecnológicos. Es así, porque Los proveedores de internet hacen estudios de mercadeo en las redes para vender información a las grandes empresas que comercian con aparatos, escenario que critica el autor desde la vigilancia de la expresión de los usuarios. (Castells, 2009, p. 90).

Así mismo, se le debe demandar al Estado su compromiso de acompañar con políticas públicas los procesos de formación de quienes utilizan herramientas tecnológicas, pues hoy en día en muchos lugares de Colombia hay proyectos que plantean la conectividad a través de aparatos tecnológicos pero son pocos los que incluyen el aprendizaje para utilizarlos como herramientas sociales y pedagógicas. (Pérez y Pinilla, 2019).

Como señalamos, es en la confrontación con esa realidad, que el campo de la Comunicación/Educación postula la necesidad de volver la mirada hacia los sujetos, como protagonistas de procesos de transformación de la vida social, que pasan por la defensa del derecho a la comunicación. Vale decir que esta perspectiva epistemológica se nutre de experiencias específicas, entre éstas el proyecto de las Escuelas Digitales Campesinas, del que nos ocupamos in extenso en esta tesis; y el trabajo de los colectivos de Comunicaciones Comuna 10, de Medellín, y la Escuela Audiovisual Infantil, de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá, entre muchas otros. Son sujetos que participan como actores comunicativos, en tareas específicas que le dan significado a los usos y prácticas de las nuevas tecnologías como herramientas educativas desde la categoría convergencia de medios, la cual entendemos no solo desde una perspectiva técnica, esto es, la integración en la web de los tradicionales mass media (radio, prensa y televisión) sino de manera especial como un proceso cultural que implica cambios profundos, tanto en las formas de emitir como de recibir informaciones. Es importante entender primero que las TIC fueron posibles mediante la convergencia entre la comunicación, la informática y la nanoelectrónica. ―Estas tres industrias han unido el resultado de su trabajo ( las redes, el software y el hardware), originando la revolución digital‖ ( Rodríguez, 2002).

Es claro que la era digital facilita la tarea de publicar y posicionar un mismo contenido en diversas plataformas, a partir del cambio de paradigma propiciado por las herramientas 2.0, con las cuales se permite que los usuarios no solo consuman sino que puedan crear, compartir y transformar información, ―modificando la idea de que Internet solo permitía obtener información‖. (Islas et all, 2019, p. 15). Pero más allá del aumento de los flujos informativos -que también son importantes en una democracia- nos interesa aquí

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poner el énfasis en las posibilidades concretas que se han abierto para que sectores tradicionalmente marginados de los medios, como las campesinas, los campesinos e integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, puedan actuar como prosumidores, es decir, como sujetos gestores, realizadores y productores y distribuidores de contenidos. (Ver Capítulo IV). Todo ello, gracias a que, como lo hace notar Jenkins (2006), la convergencia, como proceso, ―altera la lógica con la que operan las industrias mediáticas y con la que procesan la información y el entretenimiento los consumidores de medios (...) y tiene lugar en los mismos aparatos, en la misma franquicia, en el cerebro del consumidor y entre los mismos fans‖. (Pp. 26-27). Por consiguiente, al no depender de ningún mecanismo de distribución específico, la convergencia implica una ―creciente interdependencia de los sistemas de comunicación‖, y propicia la cultura participativa de abajo hacia arriba. (P. 241)

En este, ya no tan nuevo contexto mediático, los antiguos oyentes ahora en calidad de productores-realizadores, deberán seguir librando la batalla por ganarse una escucha y por incidir no solo entre sus propios vecinos, sino en ámbitos cada vez más amplios. Y, así sea por los márgenes, ya lo están logrando con una poderosa herramienta que se llama

comunicación plena que equivale a decir: todos tenemos la palabra, realidad de la que se

desprende una pregunta obligada: ¿ Y cómo ejercemos esa palabra pública?