Solid waste disposal on land (6A)

El apartado uno del artículo 339 del CPP de 2004 prescribe que: “la Formaliza- ción de la Investigación Preparatoria suspende el curso de la prescripción de la ac- ción penal”. Tal precepto ha generado una intensa polémica tanto en la doctrina(82)

(82) Véanse: PANTA CUEVA, David. “¿El fin de la prescripción extraordinaria? La problemática del ar- tículo 339 del Código Procesal Penal de 2004”. En: URQUIZO VIDELA, Gustavo (coordinador).

Investigación preparatoria y etapa intermedia. Problemas de aplicación del Código Procesal Penal de 2004. Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 93 y ss.; PANTA CUEVA, David. “La prescripción en el

Acuerdo Plenario Nº 01-2010/CJ-116. Análisis, críticas y perspectivas de solución”. En: Gaceta Pe-

nal y Procesal Penal. Tomo 20, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2011, p. 23 y ss.; BURGOS ALFA-

RO, José David. “La formalización de la investigación preparatoria: ¿Suspensión o interrupción de la acción penal?”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 22, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2011, p. 254 y ss.; BURGOS ALFARO, José David. “La suspensión de la prescripción de la acción penal en el CPP de 2004: justificación, causal y procedimiento”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 38, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2012, p. 64 y ss.; PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en el Código Procesal Penal de 2004. ¿Suspensión o interrupción de la prescripción?”. En: Gaceta Pe-

nal y Procesal Penal. Tomo 23, Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2011, p. 221 y ss.; PEÑA CABRE-

RA FREYRE, Alonso R. “La discusión sobre la naturaleza jurídica de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal prevista en el nuevo CPP”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Año 17, Nº 155, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2011, p. 23 y ss.; PEÑA CABRERA FREYRE, Alon- so. “La discusión sobre la naturaleza jurídica de la suspensión de los plazos de prescripción de la ac- ción penal prevista en el nuevo CPP: un tema fundamental en defensa del Estado Constitucional de Derecho”. En: Aequitas. Año III, Nº 5, Corte Superior de Justicia de Piura, Piura, 2012, p. 67 y ss.; VALDIVIEZO VALERA, Ana Ivonne. “La suspensión de la prescripción de la acción penal en virtud del artículo 339.1 del NCPP. Una interpretación que no se quiere ver”. En: Gaceta Penal y Procesal

LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO PENAL y PROCESAL PENAL

como en la jurisprudencia(83) _{sobre los alcances y correcto entendimiento de esta} nueva causal de suspensión de la prescripción, siendo la pregunta central si: ¿la formalización de la investigación preparatoria constituye en realidad una causal de suspensión o de interrupción de la prescripción de la acción penal? Respues- ta que deberá encontrase al interpretar de forma sistemática la figura de la suspen- sión de la prescripción de la acción penal, en este caso tomando en cuenta la regu- lación que de ella se hace tanto en el CP como en el CPP de 2004, y no limitarse solo a este último.

En tal perspectiva, consideramos que a pesar de la notoria diferencia exis- tente entre interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal, y de la asentada doctrina, así como de varios pronunciamientos de la judicatura existentes sobre el asunto en nuestro país, lo cierto es que el legislador incurre en error al establecer como supuesto normativo –en el artículo 339.1 del CPP de 2004– que la disposición de la formalización de la investigación preparato- ria constituye una causa de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, situación generada por no tomar en cuenta su concordancia sistemática con los artículos 83 y 84 del CP, generando una antinomia directa.

No resulta coherente la posición asumida por el legislador, pues la referida disposición emitida por el fiscal no constituye un impedimento que a manera de cuestión o condición deba resolverse en otro procedimiento ajeno al proce- so penal incoado para que este último pueda proseguir –que como hemos visto constituye en nuestro ordenamiento jurídico el supuesto normativo habilitan- te para la suspensión de la prescripción– sino que por el contrario es una con- dición propia del proceso penal incoado e implica el comienzo formal de este, a través de la formalización de la investigación preparatoria se pone en efecti- vo movimiento el aparato penal.

Alexander. “La formalización y continuación de la investigación preparatoria: ¿causal de suspen- sión o de interrupción de la prescripción de la acción penal?”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 32, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2012, p. 224 y ss.; VALDIVIA GUEROLA, Gino Mar- cio. “Principio de favorabilidad e interpretación sistemática aplicados a la prescripción penal: visión constitucional del Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 36, Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2012, p. 351 y ss.; PAUCAR TORRES, Vladimir S. “Legitimi- dad de la suspensión de la prescripción de la acción penal como consecuencia de la formalización de la investigación preparatoria: a propósito de la STC Exp. N° 3681-2010-PHC/TC”. En: Actualidad

Jurídica. Tomo 224, Gaceta Jurídica, Lima, julio de 2012, p. 147 y ss.

(83) Véase Exp. Nº 4430-2008-19, tercer Juzgado de la Investigación Preparatoria de Trujillo. En: Gace-

ta Penal & Procesal Penal. Tomo 29, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre de 2011, p. 252 y ss.; Ca-

sación Nº 76-2010-Arequipa. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 34, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2012, p. 288 y ss.; así como también los Acuerdos Plenarios emitidos por las Salas Perma- nente y Transitoria de la Corte Suprema: Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116 y Acuerdo Plenario Nº 3-2012/CJ-116.

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Ahora bien no se trata de un error de “redacción”, es decir no se debe pen- sar que el legislador se confundió de términos, esto es que por querer colo- car “interrupción” se equivocó y en su lugar puso “suspensión”(84)_{. De lo que} se trata es de un error de “comprensión”, pues el legislador en su intento de combatir la impunidad(85) _{ha creado una nueva causal “sui géneris”}(86) _{de sus-} pensión de la prescripción, pero con la cual solo logra desnaturalizar(87) _esta

(84) Siendo así, coincidimos con la Corte Suprema cuando señala que: “La redacción y el sentido del tex- to es claro, en cuanto regula la institución de la ‘suspensión’ (…) y no es posible deducir que el legis- lador quiso reglamentar un supuesto de ‘interrupción’ de la prescripción, porque la voluntad fue esta- blecer que ese acto del fiscal es motivo de suspensión”. (Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116, f.j. 27). Pero nuestra coincidencia con lo señalado por el supremo tribunal de la justicia ordinaria solo se li- mita a este aspecto, es decir a que el legislador, voluntariamente quiso establecer como nueva causal de suspensión a la formalización de la investigación preparatoria, aquí no está el error, el error está en que de una incorrecta comprensión de la naturaleza de la suspensión, el legislador establece vo- luntariamente una causal que va en contra de dicha naturaleza y que por lo tanto el artículo 339.1 del CPP de 2004 va en contra de lo estipulado en los artículos 83 y 84 del CP, como veremos enseguida). (85) Así lo entiende PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en el Código Procesal Penal de 2004.

¿Suspensión o interrupción de la prescripción?”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 23, Ga- ceta Jurídica, Lima, mayo de 2011, p. 222, al señalar que: “Mediante esta norma, el legislador pe-

ruano crea una nueva regla de prescripción a ser aplicada en el nuevo proceso penal: Siempre

que se formalice la investigación, la prescripción debe suspenderse, lo cual permitirá a la administra- ción de justicia juzgar el caso y, de encontrar culpable a los procesados, imponerles la sanción penal que corresponde, todo sin el obstáculo de impunidad que significa la prescripción”. Más adelan- te enfatiza que: “En el marco del nuevo proceso penal, ello significa que si se suspende la prescrip-

ción, no existirá ningún obstáculo para que la justicia juzgue al imputado; por el contrario, si se entiende que se interrumpe la prescripción, entonces la acción de la justicia podría bloquearse en pleno juzgamiento por efectos de la prescripción, dejando impune el delito, sin que se sepa la

verdad de los hechos, con las consiguientes nefastas consecuencias que esto implica para la institu- cionalidad y legitimidad de la justicia” (ibídem, p. 224) (el resaltado es nuestro).

(86) Como causal “sui géneris” de suspensión de la prescripción de la acción penal es como la Corte Su- prema de Justicia ha pretendido justificar lo echo por el legislador, aun cuando en principio recono- ce la característica intrínseca de la suspensión. Así, la referida Corte señala que: “La ‘suspensión’ de

la prescripción prevista en el artículo 84 del Código Penal consiste en la creación de un estado en el

cual el tiempo deja de correr porque se presenta una situación particular determinada por la Ley que impide la persecución penal –constituye la excepción al principio general de la continuidad del tiem- po en el proceso–. La continuación del proceso dependerá de la decisión de una autoridad extra

penal, que puede ser un juez del ámbito civil, administrativo, comercial, de familia y en todos

los casos se paraliza el inicio o la continuación del proceso desde que se presenta la circunstancia que amerita la imposibilidad de su prosecución y se reiniciara cuando se resuelva esa cuestión. Por consi- guiente, el término de la prescripción sufre una prolongación temporal. (…) Sin embargo, la litera-

lidad del inciso 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamen- te una suspensión “sui géneris”, diferente a la ya señalada, porque afirma que la Formalización de la Investigación Preparatoria emitida por el Fiscal, como director y coordinador de esta etapa

procesal –quien adquiere las funciones de las que actualmente goza el juez de instrucción–, suspen-

de el curso de la prescripción de la acción penal. Con la formulación de la imputación se judicia-

liza el proceso por la comunicación directa entre el Fiscal y el Juez de la Investigación Preparatoria y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el fiscal. En consecuencia, queda sin efecto el tiempo que transcurre desde este acto fiscal hasta la culminación del proceso con una sen- tencia o resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobre- seimiento del Fiscal” (Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116, ff.jj. 24 y 26, el resaltado es nuestro). (87) GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho Penal. Parte general. Grijley, Lima, 2008, p. 725.

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institución, debido a una incorrecta comprensión de lo que se concibe por in- terrupción y por suspensión de la prescripción, echando al olvido las diferen- cias existentes entre ellas.

Y es que entender que la disposición de formalización de la investigación preparatoria como un nuevo supuesto de suspensión de la prescripción, no es congruente con la propia naturaleza y concepto jurídico de la suspensión, la cual está supeditada para aquellos supuestos normativos donde se presente una cuestión o condición que deba resolverse en otro procedimiento ajeno al proceso penal incoado, aceptar lo contrario conllevaría a desvanecer toda lí- nea diferenciadora entre las instituciones de la interrupción y suspensión de la acción penal, por el solo capricho del legislador plasmado en la ley(88)_.

Debemos reconocer que el sentido del texto del artículo 339.1 del CPP es claro y expreso en cuanto a establecer que la formalización de la investigación realizada por el fiscal supone la suspensión de la prescripción de la acción pe- nal. Pero, es precisamente por ello que se sostiene que contradice lo estable- cido en el artículo 83 del CP, en cuanto este también de forma clara y expresa establece que las actuaciones del Ministerio Público produce la interrupción de la acción penal, y con el artículo 84 del mismo cuerpo normativo sustanti- vo que de manera, por demás, clara sostiene que la suspensión de la acción pe- nal se da cuando el inicio o la continuación del proceso penal dependa de cual- quier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento.

Nos encontramos entre dos leyes (Código Penal y Código Procesal Penal de 2004) de igual especialidad (penal) y jerarquía (Decreto Legislativo) contradicto- rias respecto al efecto que produce el acto procesal de formalización de la investi- gación preparatoria es evidente, ya que para la ley material genera interrupción del curso prescriptorio, y por su parte para la norma procesal produce la suspensión.

Si estamos ante normas contradictorias, donde se requiere la elección en- tre una norma penal, que entiende por suspensión al plazo de la prescripción de la acción penal a la espera de un pronunciamiento externo en otro proce- dimiento, o de una norma procesal que en el mismo supuesto lo conecta al pronunciamiento interno que se emita en el mismo proceso penal, generando con ello una antinomia jurídica, la cual debe ser resuelta aplicando el princi- pio de favorabilidad reconocido en el artículo 103 de la Constitución Política,

(88) PAUCAR TORRES, Vladimir S. “Legitimidad de la suspensión de la prescripción de la acción penal como consecuencia de la formalización de la investigación preparatoria: a propósito de la STC Exp. N° 3681-2010-PHC/TC”. Ob. cit., p. 150.

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ratificado por el Artículo VII.4 del Título Preliminar del CPP de 2004, que su- pone aplicar la norma más favorable al reo, que, para el presente caso, es la norma contenida en el CP(89)_{, por adecuarse más a la naturaleza jurídica de la} prescripción como garantía de la persona ante la persecución penal del Estado, que no puede prolongarse ad infinitum, reafirmando de esta manera valores de rango constitucional, como la seguridad y el derecho a no ser perseguido pe- nalmente más allá de un plazo razonable.

Ahora bien, otro de los puntos que también se le ha criticado, al hecho de entender a la formalización de la investigación preparatoria como una causa de suspensión de la acción penal, estribaba en que con tal proceder se vulne- raba el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en tanto el proceso pe- nal subsistiría lo que sea necesario para permitir la expedición de una senten- cia que le ponga fin, prescindiendo de todo límite temporal. Ante tales críticas los magistrados supremos han señalado que la suspensión de la prescripción ocurrida por la formalización de la investigación preparatoria no podrá pro- longarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo(90)_.

Con esto último se soluciona algunos problemas de tal regulación pero no todos, por cuanto la contradicción entre las normas sustantivas y la procesal se mantiene. Resultando igualmente la más favorable la utilización de las primeras. II. PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

1. Definición

El paso del tiempo, destruye a veces la pretensión persecutoria y sanciona- dora ius puniendi del Estado, no en su contenido material, sino en la necesidad material del castigo. Así por la prescripción de la pena el condenado es sus- traído del ámbito ejecutivo de la sanción punitiva, a pesar de haber sido ya re- conocido judicialmente como un infractor culpable de la ley penal(91)_{. La pres-} cripción de la pena presupone que se haya terminado el proceso, esto es, que

(89) Con ello no se está combinando leyes penales (lex tertia), sino que solo se está escogiendo una de las dos normas: la que resulta más favorable al procesado. Queda claro que no se está sacando parte de cada uno que lo favorezcan, sino que solo se está optando por una de ellas.

(90) Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Acuerdo Plenario Nº 3-2012/ CJ-116, f.j. 11.

(91) Manzini sostenía que: “la prescripción de la pena significa la extinción, por el transcurso del tiempo, de la potestad estatal de hacer ejecutar la pena impuesta al reo por su delito”. (MANZINI, Vicenzo.

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haya una sentencia condenatoria firme y consentida, y que la pena impuesta por la misma no se haya cumplido totalmente(92)_.

Por lo tanto la prescripción de la pena puede ser definida –siguiendo a An- gulo Arana(93)_{– como un instituto que extingue o cancela la posibilidad jurídica} de que el Estado pueda hacer ejecutar la sanción penal ya decidida y formalmen- te impuesta una persona concreta mediante una sentencia firme, en virtud del transcurso de un plazo de tiempo, luego de emitida la decisión, sin que se empie- ce a ejecutar o desde que se interrumpió el cumplimiento que se había iniciado. En ese sentido, se entiende que la prescripción de la pena difiere de la prescrip- ción de la acción en que la renuncia estatal no opera sobre el derecho de perseguir la imposición de una pena, sino sobre el derecho que tiene de ejecutar las penas ya impuestas por los órganos judiciales mediante sentencia firme y consentida(94)_.

Ahora bien, lo que se cancela no es la sentencia o la pena en sí, sino la ejecu- ción física de esta por el Estado durante el tiempo fijado en la sentencia, sin que tal impunidad tenga efecto en cuanto a otras consecuencias(95)_{, es decir lo que} ya no puede ejecutarse es la pena principal, pero al no haber prescrito la conde- na en sí, subsisten las penas accesorias y los efectos penales de la condena(96)_.

De lo dicho se puede observar que la prescripción de la pena toma como funda- mentos criterios materiales(97)_{, esto es la falta de necesidad de pena por el decurso del} tiempo, excluyendo a este nivel criterios de naturaleza procesal, pues las dificultades

(92) Cfr. ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1988, p. 31.

(93) ANGULO ARANA, Pedro Miguel. “Efectos y requisitos de la prescripción de la pena”. En: Gaceta

Penal & Procesal Penal. Tomo 2, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2009, p. 78.

(94) VALDIVIEZO VALERA, Ana Ivonne. “La suspensión de la prescripción de la acción penal en virtud del artículo 339.1 del NCPP. Una visión que no se quiere ver”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 30, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre de 2011, p. 240.

(95) ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1988, p. 39. (96) BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. Código Penal anotado.

Editorial San Marcos, Lima, 1995, p. 287.

(97) Para Peña Cabrera Freyre, estos criterios procesales, en el caso de la prescripción de la pena, serán más rebatibles y objetables que los de la prescripción de la acción penal, puesto que en tal hipótesis, la situación jurídica sobre quien pesa la potestad ejecutiva de pena, ha sido ya declarado “culpable”, habiendo sido sometido a la jurisdicción penal, el status de inocente ha sido ya plenamente enervado o destruido, supuestamente mediante suficiente actividad probatoria. Entonces, en la prescripción de la pena, nos encontramos ante un actor que ha sido definida ya su situación jurídica: un “condenado”, a quien se le ha aplicado el proceso de concreción y de determinación judicial de la pena, es decir, ha recibido una sanción ya concreta en virtud de los artículos 45 y 46 del Código Penal. (PEÑA CA- BRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal. Parte general. Teoría del delito y de la pena y sus con-

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probatorias que se generan por el paso del tiempo, no podrán presentarse en un pro- ceso penal que ya culminó, por lo tanto difícilmente se puede alegar en este punto una posible afectación al derecho de defensa o a un proceso con todas las garantías,