Spatial Tensor Model

Conforme a lo señalado por Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010), el Principio de Culpabilidad engloba los siguientes principios:

a. Principio de personalidad de las sanciones, por el cual no se puede hacer responsable a un sujeto por hechos ajenos.

b. Principio de responsabilidad por el hecho.

c. Principio de imputación personal o de culpabilidad en sentido estricto. d. Principio de responsabilidad subjetiva o principio de dolo o culpa.

Entre estos, el principio de responsabilidad subjetiva se materializa en la necesidad de incorporar elementos subjetivos al tipo infractor de tal modo que quedan proscritas las sanciones impuestas a las conductas en los que no concurra dolo o culpa (pp. 378-379).

En efecto, la finalidad de prevención general y especial con la que se justifica el

ius puniendi estatal solo puede alcanzarse cuando la sanción se impone por la realización de una conducta tipificada como infracción y atribuible a su autor a título de culpa o dolo (De Palma del Teso, 2001, p. 30).

Este principio de responsabilidad subjetiva ha sido consagrado en el Código Penal por lo tanto “la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva” (Decreto Legislativo 635, 1991, art. VIII).

Del mismo modo, en el Derecho Administrativo Sancionador también debería exigirse la responsabilidad subjetiva para la imposición de una sanción administrativa, lo

24 _{Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010) precisan que si bien se reconoce que la persona jurídica actúa a}

través de una persona natural, esta vinculación no puede reducirse a una estricta relación laboral. En todo caso, la persona jurídica sancionada por los actos de sus trabajadores tiene la posibilidad de solicitar el resarcimiento por los daños ocasionados (pp. 365-366).

que es posible en las infracciones administrativas de lesión y las infracciones administrativas de peligro concreto. Sin embargo, excepcionalmente, se puede admitir la imposición de sanciones en virtud de responsabilidad objetiva en las infracciones administrativas de peligro abstracto o de “mera inobservancia” (Rojas Leo, 2014, p. 109) y siempre que exista una ley que habilite dicha posibilidad (Shimabukuro Makikado, 2013, p. 732).

Cuando entró en vigencia la LPAG no existió ningún precepto que regule el principio de responsabilidad subjetiva, sin embargo, dicho vacío fue suplido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que los principios del Derecho Penal son de aplicación al Derecho Administrativo Sancionador (0010-2002-AI-TC, f. 62). Posteriormente, el Decreto Legislativo 1272 introdujo expresamente el Principio de Culpabilidad25, por el cual se dispuso que “la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva” (Decreto Supremo 006-2017-JUS, 2017, art. 246, 10)26_.

Para que la conducta imputada a una persona natural sea típica se requiere que dicha persona actúe, directamente, con dolo o culpa. Por el contrario, las personas jurídicas actuarán con dolo o culpa siempre que las personas naturales que actúan en su representación actúen, a su vez, con dolo o culpa (Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, 2010, p. 395). Es decir, la conducta típica de las personas naturales se trasladará a la persona jurídica, a la que se considerará directamente imputable (Lozano Cutanda, 2010, p. 604)27.

A diferencia del Derecho Penal, donde los delitos dolosos constituyen la regla, en el Derecho Administrativo Sancionador, por lo general, el tipo subjetivo exige únicamente la concurrencia de culpa o imprudencia, mientras que la existencia de dolo constituye una circunstancia agravante a tener en cuenta al momento de graduar la sanción final a imponerse.

25 _{A diferencia de la mayor parte de la doctrina administrativista que considera que el Principio de}

Culpabilidad” es exigencia de dolo o culpa, Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2010) precisan que “si se considera que dolo e imprudencia se integran en el tipo, entonces no es coherente designar a la exigencia de dolo o imprudencia como principio de culpabilidad, sino principio de responsabilidad subjetiva, por contraposición a responsabilidad objetiva” (p. 379).

26 _{Por ejemplo, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERG dispone que “[l]a}

infracción será determinada en forma objetiva […] (Ley 27699, 2002, art. 1)

27 _{Si bien Lozano Cutanda (2010) habla de “elemento volitivo o culpabilidad” puede entenderse que se}

Una persona, natural o jurídica, actuará en forma imprudente o culposa cuando incumpla un deber legal de cuidado sin la diligencia que le es exigible realizando así la conducta tipificada como infracción, siendo tal hecho previsible y evitable (De Palma del Teso, 2001, p. 35).

Este deber de cuidado está contenido en la norma primaria a la que se hizo referencia en la tipificación de las infracciones administrativas. Así, los mandatos y prohibiciones que establecen limitaciones a los derechos de los ciudadanos, contenidos en leyes y reglamentos, constituyen la norma primaria o el deber de cuidado que debe ser observado por sus destinatarios.

Sin embargo, el cumplimiento o incumplimiento del deber de cuidado contenido en la norma primaria estará asociado a la diligencia exigible, en tal sentido De Palma del Teso (2001) sostiene que:

[E]l grado de diligencia exigible […] dependerá de las circunstancias concurrentes, tales como: 1) el concreto sector de actividad en el que se actúe, de forma que será superior la diligencia exigible a quien desarrolla actividades peligrosas, por ejemplo para la propia vida, la salud, el medio ambiente, etc.; 2) las actividades desarrolladas por profesionales en la materia o sector, o 3) la realización de actividades que requieran previa autorización administrativa, lo que supondría no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también el deber de ejercerlas con la máxima diligencia (p. 35).

A fin de no vulnerar la presunción de licitud, la Administración debe acreditar que la conducta típica ha sido realizada por su autor en forma culposa o dolosa, teniendo en cuenta las reglas de la lógica, la racionalidad y las reglas de experiencia de donde se podrá deducir la finalidad dolosa o imprudente de la acción del sujeto. Así “en relación a la prueba de la imprudencia, la Administración deberá limitarse a examinar si el sujeto ha actuado con la diligencia exigible” (De Palma del Teso, 2001, p. 40).

De este modo, la Administración solo podrá considerar que la conducta del administrado es típica cuando haya podido probar que éste actuó sin la diligencia exigible, es decir que actuó con culpa o negligencia. Por el contrario, si la Administración no puede acreditar, cuando menos, el actuar culposo o negligente del administrado la conducta será atípica, procediéndose al archivo del expediente sancionador.