El contenido del debido proceso como un derecho fundamental adopta una importancia vital en la habilitación de cualquier proceso judicial y procedimiento administrativo, en fundamento de este aserto tenemos lo siguiente: Desde el siglo pasado la doctrina publicista refiere insistentemente al debido proceso como un claro derecho constitucional de todo particular y como un deber de irrestricto cumplimiento por la autoridad. Alvarado Velloso, 1994, pág. 65. No obstante que, en la actualidad, la doctrina procesal manifiesta que el debido proceso es: El instrumento procesal adecuado para proteger las garantías constitucionales, en especial la igual protección en el ejercicio de los derechos, misión que, indudablemente, cumple el proceso jurisdiccional al dar solución a los conflictos de intereses. Colombo Campbell, 2004, pág. 170.
En otras palabras: el debido proceso no es ni más ni menos que el proceso que respeta los propios principios que van ínsitos en el sistema establecido desde el propio texto constitucional. Alvarado Velloso, 1994, pág. 70.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina: La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso.
El artículo 23 de la Constitución menciona de manera al debido proceso entre los derechos que el Estado garantiza a toda persona. Adicionalmente, el artículo 24 enuncia las garantías básicas que han de observarse “para asegurar el debido proceso” cabe entonces delimitar el sentido y alcance de este expreso
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reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional. Semejante esfuerzo parece plenamente justificado si se tiene presente que:
a) Es la primera vez que una norma constitucional ecuatoriana emplea la expresión “derecho al debido proceso”;
b) Según el texto constitucional, el concepto de debido proceso no se reduce a la aplicación de las garantías enumeradas por el artículo 24, puesto que tal enumeración se hace “sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia”. WRAY Alberto; Ecuador, 2010, pp. 35.
La necesidad de que el principio resulte aplicable a las situaciones más diversas ha conducido, a formulaciones sumamente generales o a la enumeración de las cualidades que debe reunir un procedimiento para que sea “el debido”. Cualquier intento de definición lleva necesariamente a la enumeración de condiciones, de modo que el camino más directo para precisar el contenido y alcance del “debido proceso” consiste en identificar los principios en los que se descompone y desarrollarlos a fin de descubrir su particular forma de manifestarse en cada caso.
a) Idoneidad. - Como se trata de un medio para proteger ciertos derechos básicos, el debido proceso se conforma de tal modo que resulte adecuado para asegurarlos frente a un tipo específico de amenaza. Se trata de una secuencia definida de tal manera que sirva como mecanismo de protección eficaz de un derecho concreto frente a un determinado tipo de amenaza. WRAY Alberto; Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, 2010, pp. 37.
b) Neutralidad. - Dejaría de ser debido un procedimiento concebido o estructurado de modo tal que con su sola aplicación inclinase la balanza hacia uno de los lados. El procedimiento que se aplica para ventilar las cuestiones que interesan a los menores de edad, o a los miembros de cualquier otro grupo vulnerable, está concebido de tal modo que no hay equilibrio entre los contendientes pues de lo que se trata es, precisamente, de proteger a uno de ellos, de preferir su interés frente al otro contrapuesto.
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La exigencia de neutralidad no se refiere, entonces, a la ausencia de preferencias al optar entre los intereses en juego. En este sentido, los procedimientos llamados proteccionistas no están reñidos con el debido proceso, gracias a que su opción es en favor de un interés genérico, no de uno personal. Cuando los elementos que se consideran para definir la idoneidad del procedimiento llegan al extremo de con figurarse intuito personae, el resultado entraña privilegio o discriminación. La generalidad se convierte por ese motivo en condición necesaria de neutralidad. Ibid.
c) Imparcialidad. - El debido proceso exige que sea un órgano imparcial. Esta es una condición definida ordinariamente por la ausencia de vínculos con uno de los extremos de la confrontación, la exigencia se limita a la ausencia de vínculos personales con el caso en sí o con sus protagonistas, que es el primero y más elemental de los niveles posibles. La transparencia, en cuanto principio aplicable al procedimiento, comprende también a la posibilidad de acceder a la evidencia existente, para tener la posibilidad de contradecirla. Ibid.
d) Igualdad. - Las situaciones similares, deben recibir el mismo tratamiento, las reglas de procedimiento constan enunciadas en normas de carácter general. Como se vio, la generalidad es condición de neutralidad y de imparcialidad. La adopción de medidas tendientes a afectar de cualquier un modo un derecho mediante el ejercicio de potestades administrativas o jurisdiccionales, de ordinario pasará por la aplicación de procedimientos previstos en normas generales. El tratamiento discriminatorio es, en estos casos, más fácil de advertir. No ocurre lo mismo cuando se trata de ejercitar facultades normativas por parte de los órganos legislativos o de los que ejercen potestad reglamentaria, y al hacerlo se retrotrae en el tiempo la aplicación de las normas para afectar situaciones jurídicas ya definidas. Ibid.
e) Transparencia. - En cuanto principio, tiene que ver con la posibilidad de conocimiento. Todo interesado debería contar con la posibilidad de informarse no solamente del procedimiento que deberá observarse para que se le pueda privar de su derecho o limitarlo, sino también de las razones o motivos para hacerlo, así como de los fundamentos de hecho que se invocan y de las evidencias presentadas
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para sustentarlos. Esta posibilidad de conocimiento es condición indispensable para que puedan cumplirse otras exigencias del debido proceso, como la contradicción. La transparencia, en cuanto principio aplicable al procedimiento, comprende también a la posibilidad de acceder a la evidencia existente, para tener la posibilidad de contradecirla. Ibid.
f) Contradicción. - El concepto mismo del debido proceso se levanta sobre la necesidad de que, como respuesta a una exigencia de justicia, las decisiones mediante las cuales se afecta el derecho de una persona, se adopten después de haber oído la versión del afectado y de haberle permitido presentar en su favor las evidencias de descargo de que disponga.
La contradicción abarca, entonces, no solamente la posibilidad de enunciar un argumento, sino también la de someter a la evidencia de cargo al contrapeso tanto de la crítica como de otras evidencias que la contradigan o la relativicen. El principio así enunciado alcanza también a la idoneidad o aptitud del procedimiento para servir como mecanismo que haga efectiva la contradicción.
g) Evidencia. - No pueden afectarse derechos sin que se haya demostrado razonablemente que se han producido los supuestos hechos exigidos por una norma de carácter general: estos supuestos deben ser probados, no simplemente invocados. Los problemas relativos a la prueba aluden a su producción, ciertamente, qué debe probarse, quién debe hacerlo, cómo y cuándo pero también a la posibilidad de contradicción, como ya se dijo. De lo que se trata es de que la decisión no se tome sin considerar el punto de vista desde la perspectiva de los dos intereses que se contra ponen. Ibid.
h) Motivación. - La manifestación expresa de los criterios en los que la decisión se funda, es una exigencia nacida del carácter responsable de la autoridad pública, por un lado y de la sujeción del poder al derecho, por otro. En virtud de lo primero, es posible exigirle a quien ejerce potestades públicas que dé cuenta de los motivos de sus acciones y, en virtud de lo segundo, es posible confrontar esos motivos con los referentes normativos que legitiman el ejercicio de la autoridad. Ibid.
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La correcta aplicación del debido proceso en materia administrativa, dependerá de los órganos estatales, que, al aplicar los procedimientos establecidos por la normativa jurídica, propenden a toma una resolución más justa, pues se supone que las partes involucradas tuvieron la oportunidad de defenderse, de presentar pruebas y contradecirlas, así como se presume que tuvieron los términos y plazos suficientes para realizar sus actuaciones, de esta forma se garantizan los derechos humanos. COLOMBO Campbell, 2004, pp. 159.
Al debido proceso se le concibe como una válvula reguladora entre la libertad individual y las previsibles imposiciones de la autoridad, asumiendo la existencia de conflictos entre los ciudadanos y aquella, y encauzando la resolución de los mismos por medio del proceso. Ibid.
En consecuencia, el debido proceso es un principio que debe ser respetado por el Derecho Procesal en general, para amparar a los individuos, para darles protección e igualdad en todo procedimiento. Es decir, el debido proceso, abarca no sólo el proceso penal sino, también, el proceso civil, el administrativo, etc., sin que se dé lugar a ninguna distinción en cuanto la aplicación de los derechos, para que una sentencia, una ley o una resolución tenga validez jurídica.
Es un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango superior e impregna en todo ordenamiento jurídico, por lo que nada ni nadie puede sustraerse a él y se debe ceñir todos los funcionarios y órganos del poder público en sus actos y procedimientos, caso contrario, atentaría contra el estado del derecho. COLOMBO Campbell, 2004, pp. 206.