Students’ difficulties with representations

La libertad de expresión alude a la facultad de manifestar pensamientos a través de distintos medios, es decir que, puede incluir diversas modalidades por lo que

está estrechamente vinculada con otros derechos como son las libertades de comunicación, de información, de pensamiento, difusión, la de imprenta, entre otros. Dichos derechos son conceptos jurídicos con rasgos comunes entre si por lo que existe un entrelazamiento en su desarrollo tanto histórico como legal pero es importante resaltar que no son equivalentes.

Sería inagotable un análisis puntual de cada uno de estos derechos con la libertad de expresión por lo que simplemente profundizaremos en aquellos atributos que les diferencian y profundizaremos en los que a nuestro criterios consideramos más relevantes.

2.3.1 Libertad de pensamiento u opinión.

Este derecho se configura como la potestad inalienable de las personas de formular y emitir juicios propios sobre cualquier asunto público o privado, derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones; es en ese sentido un derecho absoluto, pues no admite que se legitime jurídicamente ningún tipo de retaliación que pueda generar las opiniones de una persona, o dicho en negativo, toda retaliación que afecte los derechos de una persona a causa de sus opiniones es necesariamente antijurídica y contraria a las nociones contemporáneas de democracia y Estado de derecho.

Así pues, el derecho a opinar tiene por la forma, el contenido y el objeto sobre la que se dirige, una gama infinita de posibilidades para crearse y recrearse en las interacciones cotidianas, y por lo tanto, niveles diferenciados de impacto. Sin embargo para efectos de acotar la opinión, debemos enfatizar que nos referimos a aquella que hace uso crítico de la razón para dar forma a la voluntad democrática del soberano, es decir, aquella opinión que delibera y busca incidir en el espacio público para que las decisiones

tomadas desde el poder y la autoridad del Estado repercutan favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías; vale decir, para que efectivicen la promesa democrática de procurar en cada decisión del Estado el bien común.

2.3.2 La libertad de difusión.

Concebimos a esta libertad como el derecho que tienen las personas jurídicas y naturales para realizar actividades de comunicación en igualdad de condiciones jurídicas y sin que sufran restricciones ilegítimas, ya sean éstas legales, políticas, económicas, técnicas o de cualquier otra índole que puedan impedir, disminuir y/o condicionar las siguientes tres conductas (Jurado, 1999):

• El desarrollo de actividades de comunicación;

• La constitución de empresas o entidades dedicadas a actividades de comunicación; y,

• El normal funcionamiento de dichas empresas o entidades.

Respecto del derecho a la libertad de difusión, Arnaya (2009) sostiene que:

La libertad de difusión se dirige a asegurar tanto la irrestricta constitución como el normal desenvolvimiento mercantil o institucional de las empresas y entidades de comunicación, de tal modo que puedan organizarse y realizar las actividades que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos legales de información, opinión y expresión, sin verse sometidas a presiones y perturbaciones gubernamentales de carácter intimidatorio, como por ejemplo de orden fiscal, comercial, policial y otras semejantes.( p. 86)

En la definición que propone Arnaya existen elementos comunes y relevantes, sin embargo, es necesario subrayar que el derecho en cuestión tiene dos componentes

esenciales, por una parte asegurar que no se restrinja ilegítimamente las actividades de comunicación y garantizar el normal desempeño de las organizaciones que la realizan; y, por otro, que dichas actividades deben realizarse y organizarse en igualdad de condiciones jurídicas.

2.3.3 La libertad de Información.

Esta libertad se encarna en la potestad no restringible de todas las personas, así como de las empresas que realizan actividades de comunicación para acceder, circular y recibir todo tipo de información, salvo en dos casos:

1.- El de aquella información que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente estipulada en el ordenamiento jurídico. Cláusula que debe satisfacer la condición de ser legítima y legalmente válida para que su aplicación se considere conforme a derecho.

2.- El de aquella información cuya difusión colisione abiertamente con el derecho a la intimidad de las personas u otros derechos constitucionales relacionados. (Arnaya, 2009, p. 114):

Cabe señalar que generalmente el derecho a la libertad de información es tratado por la jurisprudencia y aún por cierto segmento de la doctrina como una libertad jurídica que es parte constitutiva del derecho de libertad de expresión. Sin embargo, desde otra perspectiva, es considerables que es un derecho singular y singularizable pero interrelacionado y complementario con los demás derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación.

El derecho a la información tiene al menos dos campos para su ejercicio como señala Anaya (2009) al sostener: “La libertad de información comprende dos aspectos.

Por un lado el del derecho a recibir libremente toda clase de información (acceso a datos) y por el otro el de brindarlos a otros.´´(p. 119)

Bien, queda entonces reflexionar sobre las limitaciones jurídicas o salvedades que son el correlato de la libertad de información, como la cláusula de reserva a la información pública. Entendiéndose por información pública toda aquella que ha sido producida, generada o custodiada por el Estado, así como aquella información que tienen, producen o custodian los concesionarios y delegatarios del Estado y que por tanto es información accesible, por norma general, para todas las personas.