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En el marco de su Asamblea Plenaria en Bogotá, en febrero de 2011, los obispos recibieron el texto de 52 páginas, que recopila los ocho Mínimos definidos a lo largo del proceso. Estas iniciativas se desarrollaron desde febrero de 2009, mediante conversatorios en Bogotá y Foros regionales en 23 ciudades de Colombia, con participación de más de 15.000 delegados y líderes reconocidos en sus comunidades. Cf. http://www.ccncol.org/documentos.shtml. Última consulta, 24 de septiembre de 2011.
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El documento señala que todas estas propuestas “son el producto de un amplio consenso –pero- no representan de ninguna manera el pensamiento de la Iglesia Católica en Colombia, ni menos de la Comisión de Conciliación nacional, quien ha auspiciado este proceso desde su origen” (p. 1).
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La cohesión de fuerzas laicales que participan dentro de la iglesia, así como otros participantes del trabajo en red de diversas instituciones, han determinado ocho acuerdos mínimos para la reconciliación y la paz en Colombia (2011), que se establecen bajo un marco ético donde priorice la protección, promoción y defensa de la dignidad de la persona; a su vez, promueva la estabilidad y el equilibro económico, bajo un nuevo modelo de producción que permita cerrar la brecha entre crecimiento y desarrollo; Estos acuerdos, se consideran a su vez como una propuesta para ser integrados al plan nacional de desarrollo del gobierno actual(2010-2014). A continuación se exponen los ocho mínimos del documento base:
• Política de Reconciliación y Paz que conduzca a la negociación
Invita a consolidar una sociedad reconciliada con capacidad de transformar conflictos y construir una paz para todos, lo cual conlleva a un estado dinámico de la sociedad que permita la construcción de una política pública integral de reconciliación y paz bajo el sustento de la Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para ello, hace un llamado para garantizar la seguridad en el país, el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y el fortalecimiento de la justicia transicional en el país. Esto como eje rector dentro de la visión gubernamental para el desarrollo llamado “prosperidad democrática” que permitirá ampliar la construcción de condiciones para el diálogo, a partir de la humanización del conflicto, el aprendizaje de experiencias pasadas sobre modelos de mediación y negociación.
• Equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna
El documento analiza la problemática de los índices de pobreza y desigualdad. Bajo la medición del coeficiente de Gini, Colombia ostenta un alto grado de concentración del ingreso en pocas manos, y a su vez, mantiene cifras de desempleo que rondan más del 12% (2011). Esto, según algunos, resume la problemática social del país. Por ello, propone “dejar de lado la refinación de instrumentos de exclusión a través de leyes que limitan los derechos y comités que asignen los recursos”; para eso, manifiesta “reorganizar las funciones y los mecanismos de intervención del Estado, bajo los principios de solidaridad y espacios para la cooperación.
Con respecto a este mínimo, los participantes por el Acuerdo Nacional plantean, mayor inversión social sobre otras erogaciones del gasto público, un pacto fiscal y político para financiar los derechos de segunda y tercera generación, que permitan la equidad de manera justa y sostenible; Una política efectiva para la redistribución de bienes e ingresos, políticas no asistenciales y el acceso universal a la salud mediante reformas a diferentes leyes.
• Reforma agraria amplia e integral
Propone no solo la restitución de tierras, sino un trabajo político, cultural, ambiental y social de las comunidades. Para esto, promueve una política agraria integral, profundizando el diálogo político y la construcción de lo público, asumiendo el conflicto social como espacio para la construcción de sociedad,
ello implica reconocerlo, en oposición a la tendencia de negar el estado de violencia que se ha generado.
También alerta sobre la mirada exclusivamente desde la competitividad, pues, puede generar riesgo de una mayor exclusión “de quienes tienen los mayores déficit en todos los factores que definen la pobreza”; la visión económica, entonces, debe llevar solventar los problemas estructurales del campo colombiano como el desempleo rural, los conflicto de uso del suelo y la seguridad alimentaria.
Para viabilizar esto, establecen distintas propuestas que permitan desarrollar programas de productividad, fortalecimiento de cadenas productivas comunitarias y proyectos de seguridad alimentaria y de nutrición como forma de reducir los altos niveles de pobreza.
• Educación con calidad y cobertura para todos
Se considera como uno de los factores principales para la construcción de condiciones de paz y conciliación nacional. Promueve una educación que permita la formación de valores, principios, derechos humanos, democracia, paz y resolución de conflictos, para la construcción de un país que supere las divisiones internas y devele las causas de la violencia.
El acuerdo nacional resalta, además, que la educación debe imprimir un carácter de “calidad” que implica, no solo la formación ciudadana, sino la oportunidad para generar oportunidades legítimas de progreso, prosperidad e igualdad.
Según el documento, los participantes por el Acuerdo Nacional, plantearon bajo esta óptica, una integración transversal de los contenidos de paz y reconciliación en los currículos y en los proyectos educativos institucionales, estímulo al papel de la familia, la escuela, los medios de comunicación en la formación en valores éticos, la ampliación de la oferta de educación técnica y tecnológica, tanto en la zona rural como en la urbana, cobertura universal de la educación primaria, básica y secundaria y compromiso de la universidad y academia en la comprensión y transformación de las dinámicas de exclusión, desigualdad y violencia.
• Estado Social de Derecho: democracia real y transparencia en el uso de los recursos públicos
El acuerdo considera de radical importancia este mínimo, porque permitirá “generar espacios de formación y participación ciudadana que permitan evidenciar una democracia real”, esto es, una democracia no tanto representativa, sino participativa, en la que se garantice la justicia, la verdad, equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. Esto debido a que, si bien, la constitución política de 1991, ratificó un pacto de paz e instituciones transparentes, hasta la fecha, no ha logrado la cohesión de la sociedad, porque se mantiene la violencia y altos índices de corrupción.
En este último aspecto, el texto indica que el plan de desarrollo del presidente Santos, “no aborda una problemática de alta sensibilidad pública, referida a los métodos ilegales y corruptos para llegar al poder”, en referencia a todos los casos de nexos políticos con fuerzas ilegales. De allí que, abogue por
garantizar la independencia y el equilibrio de poderes como parte importante del ejercicio de un Estado Social de Derecho.
• Construcción de país desde la diversidad regional
Los participantes y redactores del acuerdo, expusieron que era necesaria una “descentralización” y autonomía del desarrollo territorial, como estrategia para propiciar la solución de los problemas que afronta el país. Según ellos, solo se podrá reducir la pobreza, desigualdad, degradación ambiental, clientelismo, exclusión política e influencia de los grupos armados, si se fortalece la capacidad de acción de los gobiernos territoriales y su ciudadanía.
Proponen dos estrategias. La primera, suscitar el “desarrollo endógeno”, que promueve la sostenibilidad y las capacidades de las regiones para insertarse con éxito en la economía global; y segundo, mediante la “descentralización”, para que a nivel local, se definan las políticas públicas de manera autónoma, respetando sus características culturales, sociales, económicas y políticas. Esto por tanto, puede favorecer el desarrollo territorial que se encuentra altamente atrasado por la dependencia en trasferencias y procesos burocráticos y permita lograr niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico sostenible. Obliga al Estado garantizar el respeto a los territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, mediante diferentes leyes que protejan sus derechos, en el marco de la constitución que define la nación como pluriétnica y multicultural.
• Alternativas productivas sostenibles
Sugiere “repensar un desarrollo endógeno a partir de las capacidades y oportunidades de la región”, que se puede desarrollar a través de “la creación de cadenas productivas sociales, que definen como un modelo de producción, producción, distribución y comercialización”, lo cual implica involucrar a pequeños productores, trabajadores, artesanos, grupo de mujeres, redes de consumidores, entre otros.
Pero, ante las iniciativas de producción sostenible, los participantes resaltan la importancia a todo nivel y de manera transversal de la sostenibilidad ambiental, pues Colombia posee una diversidad biológica y cultural, varias de ellas como patrimonio de la humanidad; aunque el tema ambiental, no solo es determinante en cuanto a gestión integral de riesgo, sino como construcción territorial y desarrollo local. En efecto, sin una discusión que garantice la sostenibilidad ambiental, es imposible considerar espacios de desarrollo sólido a corto y largo plazo.
• Participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos
Se destaca desde la nueva constitución política de Colombia, el paulatino aumento en la participación ciudadana y en la creación de organizaciones políticas y cívicas, que fueron fortaleciendo los diferentes movimientos sociales promovidos por la Iglesia Católica, la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otras organizaciones desde mitad del siglo pasado. Esto
ha facilitado a la construcción de redes entre los diferentes actores sociales, mediante la vinculación y reconocimiento de diferentes grupos étnicos, así como la capacidad de gestión para resolver conflictos de los jueces de paz, los palabreros (declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad), las comunidades de paz, y otras instituciones que han favorecido el desarrollo de alternativas viables a la gestión de los conflictos.
En síntesis, los participantes del acuerdo, formularon varias estrategias para este mínimo: establecer un acuerdo sobre valores y comportamientos ético, respeto por la multiculturalidad y multietnicidad del país, la no discriminación en razón de la etnia, credo, género, cultura, militancia política, el fortalecimiento de los movimientos, organizaciones y del tejido social, la participación junto con el Estado en definición y gestión de políticas públicas que garanticen el bienestar colectivo y una veeduría ciudadana, para garantizar el cumplimiento de los Mínimos de paz y reconciliación.
4.4.3 Análisis desde la teoría mimética
Indagar por los rastros de la mímesis en los documentos analizados de esta institución nos permite reconstruir aquello que no se dice o se mantiene al margen del texto. Es relevante la acertada contextualización que la comisión de conciliación nacional, ha fundado como base para proyectar las estrategias de intervención analizadas arriba. La capacidad para vincular múltiples voces de la arena política, así como la crítica constructiva ante los modelos de organización políticos y económicos, y la apuesta para una reforma integral de tierras y el ápice de la equidad, favorece la visibilización de procesos que son concomitantes para la construcción de una sociedad capaz de transformar sus
conflictos. Esta manera de contener la violencia es un ejemplo de los rituales de esta institución, que han permitido un trabajo importante en las comunidades regionales como parte de la cohesión social.
Ahora bien, aunque encontramos un trabajo a favor de las personas afectadas por la violencia y una propuesta de organización social, no aparece un fundamento conceptual sobre quienes son las víctimas o las complejidades y aristas que configuran la violencia y el conflicto, esto es, un pronunciamiento como actor social ante el tema de la verdad, justicia y la justa memoria.
En este camino, los modelos contextuales indican que las relaciones de la Iglesia colombiana con el gobierno, se han caracterizado por el apoyo mutuo a la búsqueda de la paz. En este esfuerzo las iglesias locales han desarrollado diversos proyectos entre las comunidades afectadas por el conflicto armado y apoyo a las víctimas. Sin embargo, es pertinente indagar las relaciones con la sociedad desde el modelo institucional; En efecto, como institución, ha estado en las fronteras tanto del apoyo gubernamental a los diálogos, y por ende en la simetría de sus propuestas, pero no hay énfasis en la visibilización de algunas prácticas sacrificiales de pacificación, ante las controvertidas políticas se seguridad o la urgencia de la absoluta reconciliación, que se desplaza en términos girardianos al plano escatológico o apocalíptico.
En este sentido, la razón mimética indaga por el discurso de la Verdad y eso implica, como hemos visto, situar en ejercicio epistémico la verdadera desmitificación de lo religioso que se muestra en las propuestas de las instituciones. Existe pues, el peligro latente de confundir el papel social y cultural que tiene la Iglesia con lo religioso arcaico revelado como “silencio
prudencial” que pueda controvertir o politizar el tema de las víctimas, la verdad, la memoria y la justicia.
Se puede decir que la Iglesia católica, mantiene las dinámicas de las instituciones en la cultura cuando vislumbran el riesgo de la reconciliación desde la mímesis, porque implica la salida de sí misma en función de los otros en tanto otros. Debe alertarse ante una interpretación “sagrada” de ella misma, que sostenga la invisibilización de los sistemas que provocan nuevas víctimas. Es decir, desde la hipótesis del deseo, es un imperativo que la Iglesia se apropie de su papel en la esfera social exponiendo los riesgos de la rivalidad mimética; reconocer en si misma que el combate de la violencia y la apuesta por la reconciliación, implica un duelo contra su propia verdad, porque allí reside el papel y sentido de su existencia. Al margen de esto, se convertiría en una teoría normativa distanciada entre las prácticas culturales que convergen en las complejidades del deseo.
Estas huellas de lo sagrado, son visibles también en esa mirada contextual, cuando más allá de los textos fundantes, la reconciliación auspiciada por la Iglesia, aparece para algunos como sinónimo de “dominación”, “statu quo” a favor para que el otro haga su voluntad o como ejercicio de pacificación desde una caricaturización de la paz cristiana o una reconciliación como expiación. En consecuencia, así como la Iglesia utiliza recursos más políticos para incidir en temas de bioética, por ejemplo, así también es pertinente que se reapropie de la identidad profética o apocalíptica que revisa el poder desde la dinámica del deseo y su relación vital con la capacidad de emancipación y cohesión desde las identidades que permiten la reconciliación privada de víctimas; en la práctica significa qué tanto acompaña a los sujetos agraviados por el conflicto, y que
otro espacio promueve para la discusión política de la memoria o razón anamnética, narrativas y supuestos que ocultan los procesos de reconciliación de la sociedad. Esta es la razón ampliada que puede permite a la Iglesia entrar en un verdadero diálogo entre las distintas esferas políticas y culturales, para aportar de manera sustancial a la reconciliación de los colombianos y colombianas.
Pensar de modo apocalíptico, nos remite a una esperanza, que pasa primero por la crítica al racionalismo moderno, e inversión de los sistemas que suscitan la instrumentalización del ser humano, así como la colonización del saber que se consagra como deseo violento ante la cuantificación o cosificación de las relaciones humanas. Pensar desde esa esperanza, nos lleva a develar la lógica de la religión arcaica, para romper el círculo de la violencia, precisamente porque imposibilita una reconciliación que se construye sobre las víctimas inocentes.
4.5 Causas de la violencia en Colombia según el modelo contextual y las