A partir de esta fecha -1549- se organizaría el Cabildo. Éste estaba integrado por el gobernador, los alcaldes y regidores, además de otros funcionarios menores como alguaciles, mayordomos y escribanos. Las funciones eran la recaudación y entrega del tributo, disposición de mano de obra para el servicio de los españoles y trabajos de la propia comunidad, promulgación de reglas sobre mercados locales, edificios públicos, caminos y suministro de agua, además del cuidado y mantenimiento de los bienes de la comunidad. Igual que los cabildos españoles establecieron casas de comunidad y de cabildo en la plaza principal. El cabildo indígena se adaptó a los intereses de los caciques locales continuando con el reclutamiento prehispánico y la activa participación de los indígenas en la configuración de su gobierno (Estrada 2000: 63-65). No hay certeza de quiénes participaban como electores, si sólo entre los principales y caciques, parte de ellos, o los vecinos; Estrada señala la existencia de un grupo compacto de principales que
quería mantener su estatus y sus privilegios, reeligiéndose entre ellos, moviéndose por sus intereses personales y de familia que los que beneficiaran a la comunidad (Estrada 2000: 73, 77).
El gobernador debía ser indio y principal, con el tiempo la riqueza y la cercanía a las autoridades españolas favorecieron la elección; otros requisitos fueron ser hijo legítimo, buen cristiano, prudente y de buen juicio, añadiendo a finales del XVI que supiera leer y escribir, siendo inadecuados los borrachos, rebeldes, de mal carácter o poco cooperativos hacia las autoridades españolas (Estrada 2000: 66). No se permitía la reelección inmediata y las elecciones se realizaban los últimos meses del año o los primeros del siguiente; el virrey los confirmaba, aunque podía asignar a gobernadores profesionales si ayudaba a defender los intereses hispanos. Los elegidos podían durante su mandato andar a caballo con silla, freno y espuelas, vestido como español pero sin armas; recibían un pago por su trabajo que inicialmente fue de alimentos, combustible y servicios, además de dinero, pero para fortalecer el proceso de hispanización se asignó un salario que varió en cantidad. Sus obligaciones eran asegurar el buen trato de los
macehuales, la entrega de tributos, también se encargaban de reclutar mano de obra para
servicios personales y trabajos como la construcción de la catedral, controlar los delitos, promover la doctrina cristiana, proteger de la usurpación de tierras y asignar los sitios en tianguis, y nombrar funcionarios menores de su cabildo como el alcalde de la cárcel y cobradores de tributos o alguaciles (Estrada 2000: 67-70).
Los cabildos tenían dos alcaldes y dos o cuatro regidores, siendo el número mayor de éstos en Tenochtitlan. Los alcaldes se dedicaban a la administración política y económica de la comunidad: recogían y entregaban el tributo, vigilaban el funcionamiento de los tianguis, el aprovechamiento del agua, los caminos, y la cárcel. También eran
jueces civiles y penales con mayor autoridad y prestigio que los regidores. Los alguaciles se encargaban de controlar las borracheras, la práctica de sacrificios, y a los que prendían los llevaban a la doctrina, aplicando las penas prescritas. Los mayordomos administraban los bienes de la comunidad como tierras y rebaños, vigilaban la recolección de tributos y el repartimiento de las obras públicas. (Estrada 2000: 78-83).
Dada la cercanía y prácticamente la conformación de una misma ciudad entre las comunidades indígenas y la traza, en algunas ocasiones se mezclaban las jurisdicciones como por ejemplo en los casos de borracheras de indios que eran llevados a las cárceles de la ciudad por los alguaciles españoles. La Corona designó para la coordinación y control de los gobiernos indígenas a los corregidores que eran los cargos civiles españoles más cercanos a la vida indígena para cuestiones de cobro de tributos, repartimiento, delitos y asuntos de propiedades y tierras. El Juzgado General de Indios creado por Luis de Velasco ‘el joven’ -1591- para vigilar más directamente los asuntos indios trataba de evitar la maraña burocrática y los abusos por parte de oidores, alcaldes y corregidores, muy requerido por los indios para su defensa (Estrada 2000: 88-90).
El estudio de Guillermo Porras Muñoz (1982) El gobierno de la ciudad de
México en el siglo XVI sobre el Cabildo de la Ciudad trata de las funciones de los alcaldes
ordinarios, los regidores y los demás oficios que lo componían (Porras Muñoz1982: 10). Porras Muñoz (1982: 9) señala que
‘Generalmente se da por hecho que eran las mismas (instituciones jurídicas) que existían desde hacía muchos siglos en los reinos de Castilla, que se trasplantaron aquí con éxito, y florecieron y dieron los frutos que se esperaba en las provincias de ultramar. Esto es cierto en buena parte, pero también lo es que en estas provincias esas instituciones centenarias tomaron características propias, que las adaptaron a nuevas y distintas formas de vida’.
El primer Cabildo de Mexico-Tenochtitlan se realizó entre la toma de la ciudad el 13 de agosto de 1521 y la tercera carta de Hernán Cortés del 15 de mayo de
1522 en la que escribe que se hizo el nombramiento de alcaldes y regidores en nombre del rey, como se acostumbraba en la península (Porras Muñoz 1982: 29). A pesar de este nombramiento, lo más probable, como indica Porras Muñoz (1982: 29-30) es que Cortés no dudara ni retrasara el nombramiento del Cabildo ya desde la segunda mitad de agosto de 1521, pero no se tienen los nombres ni sus renovaciones, aunque sí consta que existía y que ejercía desde Coyoacán. Las primeras actas del Cabildo son del 8 de marzo de 1524, momento en el que se trasladaron a la ciudad de México, tal vez del momento en que se comenzaron a asentar las actas, las anteriores o no se asentaron o se han perdido (Porras Muñoz 1982: 30). El edificio donde se hacían las sesiones cambió de las casas del gobernador a su propio establecimiento (Porras Muñoz 1982: 31).
Las funciones del Cabildo en los primeros años fueron muy extensas, actuando en ciertos momentos como la autoridad suprema de la Nueva España, tal vez por los acontecimientos políticos que se derivaron de la expedición a las Hibueras (Porras Muñoz 1982: 33). A pesar de esta actuación como autoridad suprema, el Cabildo tuvo que pelear por su independencia, tratando de evitar las intromisiones de la Real Audiencia, el virrey o los oficiales de la Real Hacienda (Porras Muñoz 1982: 65, 67).
Los primeros alcaldes ordinarios fueron elegidos el 1 de enero de 1529, de la manera en que seguiría desde entonces, es decir, a finales de cada año se haría la elección que sería confirmada los primeros días del año siguiente (Porras Muñoz 1982: 51, 56, 69); cada regidor escribía el nombre de su voto secretamente, al menos así se intentó ese primer año, pero para el año siguiente las votaciones fueron públicas, lo que se volvió a cambiar en 1582 (Porras Muñoz 1982: 56-58).
A lo largo de los años, los alcaldes ordinarios estuvieron emparentados entre sí, con los regidores y con los habitantes destacados –comerciantes, mineros, etc.-, aunque
se intentó evitar este parentesco, e incluso se trataba de que si un concejal tenía intereses en lo que se trataba en el Cabildo debía ausentarse (Porras Muñoz 1982: 60-61).
Los alcaldes ordinarios se encargaban de las causas civiles en primera instancia, siempre y cuando no tuvieran relación con los indígenas (Porras Muñoz 1982: 70); también presidían las sesiones del Cabildo y administraban justicia en el territorio de la ciudad de México (Porras Muñoz 1982: 70-71); se encargaban de la vigilancia nocturna de la ciudad junto con los alguaciles, actividad derivada de sus facultades jurídicas (Porras Muñoz 1982: 73); además tenían funciones administrativas con los regidores ya que uno de los alcaldes junto con dos concejales servían dos meses en las gestiones municipales ordinarias (Porras Muñoz 1982: 74). Solían tener también los oficios de fiel ejecutor, de juez o tenedor de bienes de difuntos, y como costumbre al terminar su mandato solían servir como alcaldes de la Hermandad de la Mesta, si cumplían los requisitos, principalmente ser ganaderos (Porras Muñoz 1982: 75).
Este cargo de alcalde ordinario no era un mero adorno para los vecinos de la ciudad, sino que se necesitaban personas preparadas, hábiles, que supieran leer y escribir, vecinos de la ciudad –militares, pobladores o sus descendientes-; no podían ser reelegidos hasta dos años después de terminar su mandato, y debían rendir juicio de residencia para volver a optar al cargo (Porras Muñoz 1982: 76). Tenían una remuneración económica exigua y que procedía de los gastos de justicia que se cobraban en las causas como las multas (Porras Muñoz 1982: 77).
Los regidores eran nombrados por el rey para toda su vida, siendo elementos de continuidad en el gobierno de la ciudad. Los primeros años fueron nombrados para servir un año por Cortés y sus sucesores en el gobierno. El número de regidores fue variando en los primeros años (Porras Muñoz 1982: 77).
El Cabildo, para evitar la informalidad de sus componentes por sus faltas a las sesiones, estableció multas a los que no se presentaran que empezó en dos pesos de oro y se subió a diez pesos de minas, aunque pocas veces se aplicaba la sanción (Porras Muñoz 1982: 83).
A finales del siglo XVI se comenzaron a vender las plazas del Cabildo, autorizándose al virrey en 1573 a dar posesión al comprador siempre que fuera adecuado para el cargo (Porras Muñoz 1982: 86).
Otros cargos que hubo en el cabildo fueron los siguientes: el procurador a corte, es decir, el emisario enviado a Castilla para determinados negocios, también era nombrado por el Cabildo (Porras Muñoz 1982: 89). Un letrado que se encargara de los pleitos del Cabildo y de la ciudad, de redactar las ordenanzas junto con el procurador y dos diputados (Porras Muñoz 1982: 91). El escribano debía certificar todas las sesiones y actividades capitulares para que fueran válidas; la ciudad solicitó dicho cargo al rey basándose en el derecho de las ciudades de Castilla de nombrar a su propio escribano, y que la creación de oficios públicos sería un incentivo para el asentamiento de la gente en la ciudad, aunque no parece que se obtuviera la autorización para nombrar el cargo, el Cabildo lo hizo por decisión propia y por la necesidad de tener uno para continuar las sesiones (Porras Muñoz 1982: 97-98). El mayordomo se encargaba de recibir y cobrar las rentas y propios de la ciudad, además de pagar los gastos de ciertos festejos, las obras públicas como las alcantarillas y otras obras de albañilería (Porras Muñoz 1982: 98-99). Otro cargo de gran importancia, y en especial para el tema de esta investigación, es el fiel contraste que se encargaba de los pesos y medidas, que fueran correctas y también en la relación del oro en su peso, ley y quilates (Porras Muñoz 1982: 105-106). Además estaban los alguaciles que
tenían amplias atribuciones, los protomédicos y también los alarifes (Porras Muñoz 1982: 99-104).
La sociedad hispana de la ciudad de México era tan heterogénea como la indígena. Se encontraban los altos funcionarios del Cabildo y la Audiencia, los ricos mercaderes y encomenderos, y también artesanos, tenderos y modestos encomenderos, junto a ganaderos y campesinos.
Ida Altman (1991) en su artículo “Spanish Society in México City After the Conquest” hace un amplio recorrido de los diversos grupos sociales de la ciudad hasta mediados del siglo XVI. Lo más interesante de este estudio es la interrelación de los grupos entre sí, es decir, los encomenderos, mineros y mercaderes tenían tratos unos con otros para beneficiarse de sus negocios relacionando la mano de obra, el producto y los bienes básicos que se necesitaban según se iba expandiendo el territorio. Los cargos de la administración participaron en el comercio igual que en la minería y en la ganadería.
Los encomenderos fueron al principio muchos de los conquistadores, más tarde los pobladores los siguieron hasta su prohibición. Este grupo procedía de diferentes orígenes: desde artesanos y mineros, hasta figuras políticas poderosas (Altman 1991: 420). Mediante este sistema se obtuvieron grandes beneficios y recursos agrícolas principalmente a través de los indígenas, e indirectamente de las empresas mineras (Altman 1991: 421).
Los mercaderes –que se analizan con mayor detalle en el capítulo 8- unían Nueva España y Castilla mediante sus empresas que listaban productos como ropa y telas, aceite, vino, caballos y esclavos. No hay que olvidar su presencia en la minería invirtiendo como socios con los mineros, y expandiendo sus ventas hasta Taxco y Zacatecas, entre otras (Altman 1991: 425-428).
En cuanto a los artesanos y otros trabajadores, Altman (1991: 430-431) recoge en la tabla 1 (57-58) las distintas actividades que se ejercían en la ciudad y considera que el porcentaje de un 7-11% de la población tal vez era escaso (1991: 431), y así parece a la vista de los diferentes oficios que se detallan.
Entre los artesanos estaban los constructores –carpinteros, canteros, albañiles- con cierta importancia en la ciudad, sobre todo en los años de la reconstrucción de la ciudad y los trabajos constantes de reparación y mantenimiento de caminos, puentes y acueductos; los herreros, herradores, espaderos y fundidores estaban en relación directa con los trabajos mineros, incluso como inversores y técnicos (Altman 1991: 432). De cierta importancia también fueron los barberos, cirujanos y boticarios que ofrecían sus productos y servicios en tiendas y portales de la ciudad, igual que los notarios que junto con otros entendidos en leyes eran empleados en las empresas comerciales y en la administración (Altman 1991: 432, 435).
“En este dia se presento en este ayuntamiento una peticion por los escrivanos de su magestad que residen en esta cibdad en que pidieron questa ciudad les hiziese merced de dexarlos estar con sus oficios y darles licencia para ello debaxo de los portales desta cibdad donde residen los mercaderes y vista la dicha peticion y praticado sobre ello les dieron licencia para que por la voluntad desta cibdad puedan rendir con los dichos sus oficios en los dichos portales con que los arcazes que tuvieren para guarda de las escripturas o mesas sobre que escribieren sea de largos de vara y media y de anchos de media vara de medir e no mas so pena que el que de otra manera lo tubiere no pueda estar ni rendir con los dichos sus oficios debaxo de los dichos portales lo queal se les respondio a la peticion.” (AHCM 19 mayo 1550).
No hay que olvidar a quienes ofrecían o se encargaban de la venta de alimentos como los confiteros, panaderos y carniceros, y en especial los vendedores de los mercados que se estudian con mayor detenimiento en los capítulos 5 y 8.
el cuero como curtidores, silleros, zapateros y odreros (Altman 1991: 430-431), cuyos trabajos fueron imprescindibles para los mineros y transportistas, además de cualquiera de los vecinos de la ciudad para su vida cotidiana.
En la ciudad de México vivían hortelanos con sus huertas en las afueras de la ciudad y cuyos productos vendían en los mercados (Altman 1991: 433).
Altman (Altman 1991: 436) dedica una corta línea a los maestros-profesores relacionándolos con la amplia presencia de los sacerdotes en la educación, pero hay ejemplos de profesores no ligados a la Iglesia con su aula en la ciudad, como un maestro- escuela que alquila una tienda “Otra tienda se arrendo de las vacias a un maestro
descuela por tres meses menos seis dias a 6o [sic. por 6 pesos] de minas monto veinte e tres pesos un tomin desde 6 de otubre” (AHCM 25 febrero 1577), y además estarían todos
los maestros y doctores de la universidad que se fundó en 1553.
Para completar este aparatado se quiere señalar que la presencia de esclavos negros en la ciudad de México fue fundamental para el desarrollo de las operaciones mineras y de transportes, trabajando con o bajo la supervisión de españoles; igual que en Castilla eran sirvientes o mayordomos, tenderos, y también trabajaron para encomenderos, en el Cabildo y otras empresas diversas (Altman 1991: 436-439). Los habitantes negros –esclavos y libres- de la ciudad de México han sido ampliamente estudiados por Gonzalo Aguirre Beltrán (1972) en su obra clásica La población negra de México, 1519-1810.