El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el TC haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
La sentencia de 15 de julio de 1991 de la Sala Tercera del TS también expuso que “ el simple hecho de la muerte de una persona, como este Tribunal reiteradamente tiene declarado produce en los familiares de aquella, un daño o perjuicio en una y otra modalidad, sobre todo cuando en el acontecimiento concurren circunstancias no naturales”.
El conjunto de factores que la jurisprudencia del TS viene considerando ponderables, sentencias de 19 de mayo de 1969, 2 y 18 de febrero de 1980, 3 de diciembre de 1982 y 13 de julio de 1983, ante la imposibilidad de evaluar cuantitativamente y con exactitud el daño material y el moral, toma en consideración los módulos valorativos convencionales utilizado por las jurisdicciones civil, penal y laboral, sentencias de 26 de septiembre de 1977 y 18 de febrero de 1980, determinación más que suficiente porque se deduce de parámetros o bases generales, en cuanto que de ellos pueda resultar acreditado el “quantum”, sin que, en consecuencia, haya de reputarse necesario que la cantidad globalmente fijada represente la suma de las parciales con las que se cuantifique cada uno de los factores o conceptos tomados en consideración, sentencia STS, Sala de lo Contencioso- Administrativo, de 16 de julio de 1984.
A los efectos de justificar el “quantum”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LRJPAC, puede aducirse que en los supuestos de fallecimiento como consecuencia de accidentes de seguridad vial, el anexo de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre del seguro privado fija una indemnización de doce millones de pesetas para el cónyuge viudo más otros cinco millones por cada uno de los hijos menores de edad, es decir, un total de diecisiete millones de pesetas.
En los casos de muerte como consecuencia de actos terroristas, el artículo 5 del Real Decreto 673/1992 de 19 de junio, establece un resarcimiento de ciento veinte
mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha en que se produzca el fallecimiento. Este criterio desarrolla lo dispuesto en la derogada Ley Orgánica 9/1984 de 26 de diciembre, posteriormente recogido en el artículo 64.1 de la Ley 33/1987 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988, a su vez desarrollado por el Real Decreto 1311/1988, de 28 de octubre. Dado que se hacía necesario establecer para la situación indicada una regla de cuantificación uniforme, se proveyó a ello mediante la disposición adicional decimosexta de la Ley 4/1990 de 29 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que dio nueva redacción al artículo 64 de la Ley 33/1987, así como por la disposición adicional decimonovena de la Ley 31/1991. Según toda esta normativa, a las cantidades que resulten de aplicar dicha regla, se añadirá una cantidad fija de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional que corresponda en razón de cada uno de los hijos que dependiesen económicamente de la víctima. Las cantidades que resulten de aplicar estas reglas podrán incrementarse hasta en un 30 por ciento teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima.
Como baremo indicativo puede utilizarse también la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 11 de marzo de 1991 aplicables a la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico.
5.- Conclusiones:
En primer lugar, la responsabilidad patrimonial de la administración pública, es objetiva, en cuanto que, se genera sin necesidad de que concurra culpa o negligencia del sujeto causante del daño. Es decir, a de concurrir la existencia de una acción u omisión con resultado dañoso, consecuencia de una lesión antijurídica no interrumpida por circunstancias que eviten la responsabilidad de la administración. La responsabilidad de la administración penitenciaria, se encuentra bajo una relación de sujeción especial, pues es el Estado el garante del estado de los reclusos, obligándose a preservarles en su integridad y seguridad personal.
En segundo lugar, la indemnización por la responsabilidad patrimonial de la administración debe de cubrir todos los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos. La responsabilidad objetiva actual, es exigible, frente al funcionamiento normal o anormal de la administración, de modo que responderá siempre directamente frente al perjudicado, evitando las dificultades existentes en el pasado, las cuales limitaban la reclamación a la prueba de culpabilidad del funcionario.
En tercer lugar, la relación entre la lesión o daño, y el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos debe ser directa, inmediata y exclusiva de la causa efecto. Procesalmente, se exigirá la responsabilidad patrimonial con una doble pretensión, contra los agentes de la autoridad relacionándolos con el Ente Público. Y penalmente, por las faltas o delitos culposos o dolosos de los autores responsables de la comisión en el ejercicio de sus funciones, y que la lesión conecte directamente con el funcionamiento. La responsabilidad es exigible sin perjuicio de la patrimonial.
Para finalizar, el suicidio en instituciones penitenciarias, es una conducta que se desencadena por numerosos motivos de importancia, y cuyo desenlace es en numerosas ocasiones inevitable, pues como consecuencia tiene el final de la vida. La vida, es un bien esencial del ser humano, siendo indemnizable en cuanto el perjudicado, no tenga el deber de soportar el daño, como por ejemplo, por falta de la seguridad exigible en los establecimientos penitenciarios, según el Reglamento Penitenciario. No siendo exigible, si esta decisión es libre. Para ello, insistir en la evitación, apoyando los programas para hacer la vida mejor en la prisión, apoyando los Programas de Prevención del Suicidio, y la existencia de una mejor asistencia sanitaria en los establecimientos penitenciarios. Una mayor custodia y vigilancia del interno, pues a día de hoy, es inverosímil que aún se produzcan suicidios en las prisiones.
6.- Bibliografía consultada:
GUILLÉN NAVARRO, NICOLÁS A. Revista Aragonesa de Administración Pública ISSN 1133-4797 núm. 39-40 Zaragoza, 2012.
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y R.D. 429/1993 de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.
BARRIOS FLORES, LUIS FERNANDO. La responsabilidad administrativa por suicidio en la institución penitenciaria, Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, Área de Derecho Administrativo e Instituto de Criminología de la Universidad de Alicante, Artículo publicado en la Revista de estudios penitenciarios, núm 249, 2002 pp. 89-134.
Diccionario pendiente de migración.ucm.es Diccionario interactivo de derecho penitenciario. Universidad Complutense de Madrid, Responsabilidad Patrimonial, 17/02/2015.
BARRIOS FLORES, LUIS FERNANDO. El suicidio en Instituciones Penitenciarias: I. Responsabilidad institucional. Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Revista Española de Sanidad Penitenciaria.
LÓPEZ GARCÍA, MªBEATRIZ, HINOJAL FONSECA, RAFAEL Y BOBES GARCÍA. El suicidio: aspectos conceptuales, doctrinales, epidemiológicos y jurídicos, Revista de Derecho Penal y Criminología, 1993; 3:309 ss. ROJAS ENRIQUE. Estudios sobre el suicidio, Barcelona, Salvat, 1978.
GÓNZALEZ PÉREZ, J Y GONZÁLEZ NAVARRO F., Sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en general, Madrid, Civitas, 1993. Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, art. 140-141 y 144- 146 modificados por Ley 4/1999 de 13 de
GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO Y FERNÁNDEZ, TOMÁS RAMÓN. Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, 2ª edic. 1993, Vol.II: 337-338; y VILLAR ROJAS FRANCISCO JOSÉ. Op.cit., 33 y Op. Cit., 51-52.
AMÉRY J. Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria, Valencia, Pre-textos, 1998, 39.
GIL JL. Evaluación del daño y criterios de reparación, Cuadernos de Derecho Judicial, 1996; XIV: 45 ss.
PARADA, RAMÓN. Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Madrid, Marcial Pons, 2ª edic., 1999: 451.
Central de Observación. Subdirección General de Gestión Penitenciaria: El suicidio en la Institución Penitenciaria, Revista de Estudios Penitenciarios, 1998; 247;127 ss.
FUENTES ABRIL, JAVIER. Artículos doctrinales: Derecho Administrativo, La responsabilidad patrimonial de la administración (análisis jurisprudencial), Junio 2009, Origen: Noticias Jurídicas.
PARADA, RAMÓN. Derecho Administrativo I. Parte general, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2004.
SOLCHAGA LOITEGUI, JESÚS. La responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en el Poder Judicial, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983, Tomo III p.: 2538-2539.
TORNOS MÁS J. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Redc. Núm. 13 ene. Abril 1985, p. 85.
MARTÍN REBOLLO, L., La responsabilidad patrimonial de la Administración en la jurisprudencia, civitas, Madrid, 1997.
O’ CALLAGHAN, XAVIER. Compendio de Derecho Civil. Tomo 2 Obligaciones y contartos, vol-1, Edersa, 2004.
LEGUINA VILLA, J. Y DESDENTADO DAROCA, E. La responsabilidad Patrimonial de la Administración: Evolución y principios actuales, revista jurídica Iustel.
Base de datos jurisprudencial La Ley. http:// westlaw.es Jurisprudencia Aranzadi http:// www.iustel.es Jurisprudencia. Ley de Expropiación Forzosa de 1954. La Constitución Española de 1978.
La Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 de 26 de Septiembre. El Reglamento Penitenciario RD 190/1996 de 9 de Febrero.
El Código Penal Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre. Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de Abril.
www.derecho penitenciario.com, Durkeim, El suicidio, Akal, Madrid, 1982.
La Organización Mundial de la Salud, World Health Org., Geneva, 2000. www.aragon.es
www.migracion.ucm.es
www.mjusticia.gob.es Nistral Burón, Javier. Subdirector general de Gestión Penitenciaria.