Tables and Figures

INTRODUCCIÓN

LAEVALUACIÓN de políticas públicas1 parte, en esencia, de la misma definición moderna de política.2

Una política que, por encima de sus formas institucionales concretas, incluido el Estado, nace de una decisión. Decisión o elección que implica elegir entre,3 y que por tanto significa distinguir A de B o de amigo-enemigo, según la concepción schmittiana.4

En el nivel macro, nace de la aceptación de que, como bien apunta Cardozo Brum, las políticas constituyen productos de los procesos de toma de posición del Estado frente a determinadas problemáticas, así como de que esas decisiones, acciones y omisiones implican la selección entre diferentes políticas o programas.5

Una política, sea económica, social, energética o criminal, entre otras, no solamente se erige en torno a una problemática específica (problemas primarios) a la cual se intenta dar solución, sino que a partir de su aplicación surgen efectos y consecuencias (problemas secundarios), lo que implica comprender que una política de Estado puede no sólo no resolver, disminuir o regular un problema sino incluso aumentarlo o extenderlo a otros campos.

Para saberlo y retroalimentar el proceso decisorio es preciso evaluar las alternativas de esa primer selección y de los efectos provocados, planeados o no y, en consecuencia, darle continuidad o cese a esa decisión.

No obstante la importancia de esto en el ciclo de las políticas democráticas, la integración de la evaluación en el mundo de la política es reciente. Según Rossi y Freeman, si bien los esfuerzos ocurrieron en la década de 1930 en Estados Unidos con algunas tentativas para evaluar programas de alfabetización y formación profesional, así como de reducción de mortalidad y morbilidad, no fue sino hasta la década de 1960 cuando este tipo de prácticas alcanzó su consolidación.6

De acuerdo con Eric Furubo y Ray Rist, en su Atlas Internacional de Evaluación,7 en la historia de la evaluación de políticas públicas podemos verificar tres periodos principales: el primero durante el periodo 1960-1970, con gran auge en Estados Unidos, en un primer momento por el impacto que generó la Escuela de Chicago desde su creación en los años veinte en materia de

investigación cualitativa y fenomenológica, y en un segundo momento por la búsqueda de explicaciones del fracaso de la política social implantada después de la posguerra por el ex presidente Lyndon B. Johnson; la llamada Great Society.8 Aunque el mayor impacto se centró en Estados Unidos, también países como Alemania y Reino Unido fueron precursores en los primeros programas de evaluación.9 El segundo periodo identificado por los autores se desarrolló entre 1970 y1980; en ese tiempo la evaluación tuvo una suerte de expansión hacia otros sistemas políticos de distintas naciones como Canadá,10 Dinamarca,11 Francia,12 Ho​lan​da,13 Noruega,14 Suiza,15 entre otros. En esta etapa, es de subrayar la acentuación de un pesimismo tanto de los programas como de las evaluaciones, al no observar logros significativos. Lo que llevó a sustentar, tiempo después, que hay efectos asociados que no se controlan, y que los efectos perversos de las políticas públicas, aun logrando resultados positivos, obtienen también efectos no deseados. De esta manera, “exhibir el incumplimiento de objetivos, los retrasos impensables y los costos excesivos de las políticas sociales fue la tónica de los primeros estudios de la implementación de políticas”.16 Finalmente, el último periodo comprendido desde 1985 a la fecha, si bien representa una etapa de consolidación, principalmente a partir de la creación de la División de Evaluación de Programas y Metodologías dentro de la Oficina General de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, es en este

último cuarto de siglo cuando en los países en desarrollo, principalmente de América Latina, se comienzan a incluir políticas y programas de evaluación dentro de la agenda de los gobiernos, básicamente como consecuencia de que varios de sus expertos en administración pública fueron enviados a Estados Unidos o a Europa para profesionalizarse y capacitarse en el tema.17

Como el lector se habrá percatado, el inicio y la evolución de la evaluación de las políticas públicas son fundamentalmente anglosajonas; de aquellas tierras, por tanto, proviene la mayor parte de la bibliografía disponible.Pocos estudios y trabajos se han realizado desde el margen de América Latina, aunque no por ello son menos importantes.18

Sumada a esta evolución centralista, descontextualizada de las realidades y los problemas de países periféricos, dicha herramienta científica se ha ejercido únicamente en dos aspectos básicos de la política en general; por un lado, se ha visto como una tarea básicamente fiscalizadora, de ingresos y egresos, de control del presupuesto con base en resultados de proyectos o programas de determinada política, y, por otro, su implementación ha ocurrido a partir de una alta preocupación por las políticas sociales, por lo que, cuando se habla de evaluación de las políticas públicas, a menudo suele pensarse solamente en la política de corte social.

En este contexto, uno de los objetivos del presente trabajo es expandir el ejercicio de la evaluación hacia otras áreas de la política gubernamental, fundamentalmente hacia la política de seguridad que se aplicó durante el sexenio 2006-2012 y que, en general, ha causado importantes debates en torno a su diseño, gestión e implementación.

Con ello se trata de fortalecer la expansión y la perfección que han acompañado al proceso mismo de la evaluación de las políticas públicas. Una transición que, a decir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha expresado

En los últimos cien años, una evolución desde un enfoque unidimensional llevado a cabo por un solo evaluador […] hasta convertirse en una actividad multidimensional […] en la que participa una gran variedad de generadores de productos. En la actualidad […] comienza a evolucionar de una actividad en su mayor parte ex post para convertirse en una herramienta utilizada cada vez con más frecuencia para fines de monitoreo. La meta de la evaluación básicamente ha pasado de la auditoría y culpabilidad a la meta actual del entendimiento y el aprendizaje en función de experiencias adquiridas.19

Los beneficios de establecer una política de evaluación, primordialmente en países periféricos, contribuirán a tener un mayor control ciudadano de los presupuestos y del ejercicio del poder, así como un mayor ejercicio activo de la participación ciudadana, impulsándola mediante esta herramienta hacia aspectos rectores de la vida pública (democracia representativa y participativa), que son sin duda elementos clave para el desarrollo y fortalecimiento de los gobiernos democráticos sociales.