Luego de establecerse las reglas de juego, la ejecución del PPZRC le solicitó a las comunidades campesinas la elaboración participativa de un Plan de Desarrollo Sostenible – PDS- a mediano plazo que involucrara una mirada de la situación ambiental y social que habitan. Este PDS se articulaba con la mirada prospectiva que elaboró la comunidad sobre sí misma (estrategia de autogobierno) y cumplir con los criterios y los requisitos de selección de proyectos para que éstos lograran ser financiados e incluidos en el POA anual en términos de sostenibilidad, cofinanciación y equidad. Algunos de los requisitos para la financiación de los proyectos, fueron:
Ser integralmente sostenible; Contribuir a la compatibilización de la base
ambiental con el desarrollo económico de la zona; Lograr, en el caso de proyectos
dirigidos a la producción agropecuaria, el mayor número posible de familias beneficiarias, lo que no impide la realización de proyectos individuales que se demuestre que no van a tener impacto negativo sobre las condiciones de
producción o de vida de otras familias o sobre el medio ambiente; promover el
desarrollo entre los productores beneficiados, de habilidades de manejo
empresarial de las unidades productivas; (MADR, 2003, p. 27. Énfasis propio).
La construcción de un PDS por cada comunidad ejecutora de la ZRC buscaba la articulación dentro del plan de desarrollo local –municipal y departamental–, que permitiera la cofinanciación de algunos de los subproyectos de las zonas piloto, aunque esto no fue posible en su totalidad. A partir del PDS se pretendía cumplir los fines económicos, ambientales y sociales de la figura de ZRC. Dicho PDS debía consolidarse como la ruta a seguir para lograr el desarrollo zonal, que incluía las perspectivas a corto y largo plazo. En ocasiones, las propuesta de una PDS por parte de la comunidad se veía obstaculizada a la encontrar la financiación necesaria para sus proyectos productivos. A lo cual el PPZRC continuó proponiendo como solución que el PDS debía ser el resultado un “riguroso proceso
con fundamento en sólidas formulaciones técnicas y compromisos políticos y presupuestales para su materialización” es decir su necesaria vinculación a los planes de desarrollo local para lograr la financiación por las entidades territoriales, a pesar de la poca voluntad ya vista por las instituciones.
El proceso de aprendizaje teórico-práctico de la “cultura de proyectos” fue visto como el camino al emprendimiento comunitario de los campesinos. La enseñanza y puesto en práctica del “ciclo del proyecto” (identificación, formulación, ejecución y evaluación) a la comunidad significó “el involucrarlos en el conocimiento de su realidad, comprensión de las alternativas de solución a sus problemas y la formulación técnica de la mejora de ellas; práctica de su ejecución y la necesaria práctica de la evaluación” (2003, p. 19). De esta forma los subproyectos fueron el mecanismo para que el campesino pensará sus actividades productivas desde los parámetros de la planeación estrategia, que se utiliza para la creación de una empresa y que se articula con la objetivo de las ZRC dispuesto en la ley que dio origen a la misma: “la descomposición de la economía campesina del colono y buscar su transformación en mediano empresario” (L.160/94, Art 79).
La gestión de la economía propuesta en el PPZRC pasa necesariamente por la regulación de la tierra. La Unidad Agrícola Familiar –UAF es un mecanismo de distribución de tierra que se estableció en la Ley 135 de 1961 y se retomó en la Ley 160 de 1994, desde el cual se buscó adjudicar un predio a los campesinos que le permitiera mejorar su calidad de vida e incrementara su patrimonio familiar a partir de los excedentes económicos. La UAF no establece una medida estándar para todo el territorio nacional, pues ésta depende de las condiciones productivas del suelo, por tanto cada ZRC estableció una medida particular: en Cabrera un predio debe tener un máximo de 2 UAF (una UAF son 18 hectáreas) y en este caso una debía destinarse a la conservación. El control también pasa por la regulación de un mercado de tierras interno que se reglamentó, como ya fue señalado, la no posibilidad de comprar más de dos UAF (Molano ctd. En Dussán, 2013).
Si bien se señaló anteriormente que las ZRC están reguladas por un modelo de desarrollo neoliberal de la defensa por la propiedad privada de la tierra, la figura significaba puntualmente un obstáculo para el mercado externo de tierra (oferta y demanda) que en Colombia solo ha favorecido al latifundio, por lo tanto a la vez que se crea las ZRC en la ley 160, el Estado crea las Zonas de Desarrollo Empresarial como las áreas baldías, que al no ser
reservas campesinas, se adjudican a las empresas especializadas del sector agropecuario o que se dediquen a la explotación de cultivos agrícolas o a la ganadería, y su extensión es determinada por el Incora –ahora INCODER- (Art. 83). De esta forma asegura que las empresas transnacionales, actores principales en la economía de explotación de recursos naturales, se vean beneficiada.
Puede verse que dentro de la propuesta del PPZRC, la figura de ZRC debió responder a distintas demandas de desarrollo, entre ellas la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la producción empresarial del territorio y del campesino. A continuación se pretende analizar cada una de estas premisas y sus posibles implicaciones en torno a la propuesta de ZRC y a los campesinos.
2.3.1. ZRC desde un modelo de economía neoliberal.
El modelo de desarrollo en Colombia, a partir de los años 90, se suscribe en el sistema global neoliberal de apertura económica. Desde este modelo, Colombia ha ocupado un papel fundamental para el sistema en su búsqueda por recursos naturales minero-energéticos y agrícolas. La riqueza de su tierra y en recursos naturales ha hecho del país un lugar privilegiado para resolver los problemas de acumulación de capital mundial. No obstante, este modelo de desarrollo, en el marco de la economía extractiva y de explotación de los recursos naturales, no es actual, de acuerdo con Escobar el país siempre ha funcionado bajo un modelo de extracción de los recursos, pero en los últimos cincuenta años ha tomado mayor fuerza a raíz de la inmersión del discurso de desarrollo y por tanto del subdesarrollo (2007). La llegada de las misiones económicas extranjeras implicó un lugar para Colombia en la reorganización global de la economía capitalista que es posible mediante la producción de la diferencia: el tercer mundo subdesarrollado (véase punto 1.1) (Castro-Gómez, 2005).
A partir de la segunda mitad del siglo XX Colombia se enfoca en la búsqueda del desarrollo bajo el modelo de las ciudades industrializadas como los Estados Unidos y en Europa, que implicó la sucesiva tecnificación de la agricultura. Desde allí, los gobiernos colombianos se han empeñado en continuar este modelo de desarrollo y a pesar del impacto negativo al medio ambiente, las administraciones de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos han continuado la devastación ambiental sosteniendo que la tierra y los recursos naturales son las claves para el desarrollo y, en nombre del progreso, se ha puesto en marcha
dentro los planes nacionales de desarrollo las “locomotoras” minero-energéticas y de agrocombustibles (Escobar, 2013), desde esta lógica todo territorio debe ser productivo.
Dentro de este modelo, las comunidades rurales se enfrentan a dos situaciones alarmantes: primero participar como mano de obra barata en los grandes proyectos de inversión extranjera –como la minería, los agrocombustibles– y segundo, debido a la explotación profunda del territorio que afecta la productividad de la tierra, el campesino se encuentra con un suelo inútil, en palabras de Mantilla, “espacio basura” (2012).
En la dinámica del capitalismo, Colombia participa como proveedora de materias primas: tierra y de recursos naturales. Dentro de este panorama, las iniciativas de propiedad territorial desde las comunidades rurales son reguladas para vincularse al modelo de desarrollo empresarial, es decir que haya una inversión de capital para su producción: por ello se impuso como requisito que las ZRC debían estar vinculadas a los planes de desarrollo local y debían contar con la participación de las entidades territoriales como posibles financiadores de sus proyectos productivos –la denominación misma es una forma de determinar su propósito: generar capital–.
Las ZRC se ubican en medio de la paradoja que, a simple vista se cree, tiene Colombia respecto a la cuidado del medio ambiente. El Estado establece acuerdos con las comunidades rurales para que no intervengan en zonas protegidas, como bosques o reservas naturales, al tiempo que concede licencias ambientales a proyectos de inversión extranjera de economía, equiparables a lo propuesto como Zona de Desarrollo Empresarial, para la explotación de cultivos agrícolas o ganadería en zonas baldías; la diferencia es que para el desarrollo empresarial se han brindado las garantías para su ejecución y para las ZRC se han interpuesto las requisitos, criterios y evaluación de la propuesta para su operación, esto debido a que la reserva campesina no trae por sí sola una inversión de capital visible y de productividad empresarial, desde las lógicas de los gobiernos de turno.
Podría decirse que esta dinámica de desarrollo económico empresarial, de inversión extranjera, establece una situación de despojo/privilegio. Dentro de una lógica de reproducción del capitalismo no se puede comprender el privilegio como un elemento aislado del despojo, pues en una relación constituyente, y en el caso de la economía extractiva, el ejercicio del poder sobre el territorio que condona el Estado a las empresas trasnacionales en nombre del progreso implica para las comunidades campesinas el despojo por expropiación
de la propiedad –en caso de tenerla- o la exclusión a participar desde una comprensión de desarrollo distinta a la ya impuesta (Raíz-AL, 2015; Arias & Caicedo, 2016).
Frente a esta situación de privilegio, y con ello el daño al medio ambiente, las ZRC se han convertido en una herramienta para algunas comunidades campesinas de enfrentar los quebrantos que deja la explotación de los suelos y de los recursos naturales, que se transforma en una manera de organizar el territorio después del despojo y de ejercer un poder sobre la tierra, elementos que posibilitan la figura. En la actualidad, las ZRC continúan surgiendo en medio de los daños ambientales que generan los proyectos empresariales de manejo y explotación de recursos naturales, que motivado el trámite de operación de la figura en distintas partes del país que atraviesan los deterioros a manos de las hidroeléctricas, explotación minera, monocultivos, etc. Es el caso de la Represa El Quimbo, ubicada al sur de los departamentos de Huila y Neiva, entre las cordilleras central y oriental del río Magdalena, construida por empresa EMGESA S.A., la cual inició su construcción en el año 2010, sin habérsele otorgado la licencia ambiental y sin los respectivos estudios ambientales y sociales (ASOQUIMBO, s.f.) reglamentados por la Ley 99 de 1993 y por el Decreto 2820 de 2010.
Este panorama articula, necesariamente, a las ZRC con la retórica gubernamental del cuidado del medio ambiente y el propósito de establecerse como una apuesta de desarrollo sostenible –como demanda estatal a la figura-.
2.3.2 La retórica del medio ambiente y desarrollo sostenible.
En los periodos de colonización de la región amazónica, los campesinos colonos habían sido señalados como destructores del medio ambiente, por tanto brutales hasta ignorantes, por los medios de comunicación que, según Molano (1989), mostraban los contrastes entre ríos cristalinos y la variedad en flora y fauna con el nuevo panorama de quemas y derribas a manos de los campesinos colonos. Así los colonos se convirtieron en los responsables del daño ambiental, motivados por intereses de adquirir tierras, pero en ningún medio se mostró que dicha devastación al medio ambiente, en particular a los bosques y a la Serranía La Macarena, era producto de un proceso de colonización y de ampliación de la frontera agrícola, no obstante esta “alarmante situación” convocó la total atención del
gobierno al momento que se conjugó con la presencia de cultivos de coca, el poder local de las FARC y un creciente movimiento de campesinos colonos que, según se decía, estaban dirigidos por miembros de la UP; ahora el campesino colono no sólo destrozaba un patrimonio sino que era un participante de la economía ilegal (Molano, 1989).
En ocasiones la argumentación ecológica se subyuga a la desarrollista o legalista. Como fue el caso de las fumigaciones a los cultivos de hoja de coca en la década de los noventa, que a pesar de las advertencias al daño ambiental que causaban, su uso no podía ser suspendido, siquiera cuestionado, debido a la relación de los Estados Unidos, como precursor del glifosato, hacia el gobierno colombiano. La importancia al cuidado al medio ambiente desde las ZRC era ineludible pues tanto en El Pato como en Calamar, la cercanía con reservas naturales los ponía en constante riesgo de despojo por parte del Estado en sus constantes intervenciones mediante saneamientos ambientales para estas áreas, al tiempo que puso en relieve el poder estatal sobre el territorio.
Los intereses estatales sobre el cuidado a la región amazónica, que también corresponden a la circulación mundial del discurso de la sostenibilidad y del cuidado al medio ambiente, se plasman en la creación dentro del Estado central del Ministerio de Medio Ambiente y de todo un sistema para la gestión y conservación de los recursos naturales a partir de la Ley 99 de 1993.
La argumentación ecológica legitimó a la legal y con ello se posibilita una intervención sobre el campesino colono no sólo desde parámetros del poder militar y jurídico, ahora desde el saber ecológico se buscaba un campesino que pensara en el medio ambiente, un poblador rural que como otros pobladores rurales, por ejemplo los indígenas, sea un nativo ecológico protector de la naturaleza. Según Ulloa (2001) la representación del indígena atravesó una transformación del “sujeto colonial salvaje” a “actor político-ecológico”, a raíz del diálogo de los programas nacionales y globales de desarrollo sostenible y las luchas políticas de los movimientos indígenas o ambientalistas que están en perpetua reconfiguración de las prácticas y significados sobre la naturaleza y el medio ambiente (2009, p. 221).
Se puede considerar que lo campesino ha atravesado, si bien no la misma situación, si una interpelación de la lucha política por los significados sobre la naturaleza y su manejo ecológico. Como primer elemento a una posible interpelación como nativo ecológico, usando
el concepto acuñado por Ulloa, podemos encontrar la inserción de la palabra territorio para lo que en décadas los campesinos solo llamaron tierra. Bajo el uso social de la tierra se ha comprendido la diferencia entre lo indígena y lo campesino. Se ha argumentado que el vínculo con la tierra que tienen los campesinos se determina por su uso como bien material para la producción agrícola, a diferencia de los indígenas en quienes el “pasado” de la tierra importa pues representa su vínculo con su ancestralidad y su comunidad, es decir con el territorio (Raíz-AL, 2015).
No obstante, es común escuchar a los líderes campesinos, representantes de las organizaciones sociales –no solo de las ZRC– la palabra territorio para resaltar la importancia de tener una propiedad sobre la tierra, que ahora en nombre de territorio, implica una red de relaciones de apoyo cooperativo entre sus vecinos cultivadores. Dentro de esta red se genera trabajo colectivo, no solo desde ahora pues en los baluartes campesinos –o por ejemplo más actual, la comunidad de San José de Apartadó (Aparicio, 2012)– ya establecían días de trabajo colectivo al ordenamiento de la tierra “compartida”, en parcelación de predios o infraestructura, que permitiera el trabajo de la agricultura y sobre todo de la vida comunitaria. Sin embargo equipar esta labor a un vínculo de tierra colectiva sería inapropiado pues los campesinos continúan trabajando bajo sus propios cultivos y la asociación entre ellos, a nivel productivo, se lleva a cabo bajo la constitución de empresas de tipo cooperativo y comunitario que buscan la articulación con los mercados, en su mayoría de productos de mayor demanda (cacao, café), pero no desde elementos culturales. La configuración de un territorio, desde los campesinos de las ZRC, responde a una búsqueda por la articulación al mercado, por tanto el trabajo colectivo se afianza en la organización del territorio en infraestructura vial y titulación de predios:
ellos desarrollaron mecanismos de administración muy interesantes y uno de los componentes del PDS que el Banco exigía para las reservas campesinas ellos lo han hecho, a mi manera de ver, de una formalidad impresionante. Uno de los temas críticos para ellos es el tema de las vías y desarrollaron un sistema vial impresionante, hecho por ellos, entonces ellos han construido una red de caminos y carreteras carreteables que prácticamente está cumpliendo el propósito de que todas las fincas están unidas y el eje es la carretera que viene de la Macarena y que va pasando por San Juan de Lozada hasta San Vicente. Entonces es un proyecto que tiene muy clara
la estabilización el territorio (…) muy articulada a los mercados (Investigador, Comunicación personal, 2014).
2.3.3. El desarrollo para los intelectuales de las ZRC es de abajo hacia arriba.
Para los intelectuales, el modelo económico actual en Colombia responde a un direccionamiento de arriba hacia abajo, es decir las empresas trasnacionales –arriba–, como ejecutoras del modelo de desarrollo neoliberal, son quienes imponen un sistema de producción de capital que marginaliza otras formas de producción, por tanto de desarrollo, de los sectores rurales –abajo-. El Estado cumple su función de favorecer a los de arriba permitiendo la operación de sus acciones extractivas como parte del modelo de desarrollo dominante del país, sin ningún tipo de restricción es decir se les permite una autonomía al territorio, muy en contravía a las regulaciones impuestas sobre las ZRC. En palabras de Fajardo (2013) las empresas transnacionales ejercen su propia regulación sobre el territorio como una verdadera república independiente.
Ahora, la premisa de los intelectuales que acompañaron la consolidación de las ZRC es un desarrollo de abajo hacia arriba, que consiste en incluir en el modelo de desarrollo a los campesinos y permitirles operar en él desde sus términos de producción, posibilitar la creación de una propuesta de desarrollo desde la economía campesina que le permita la estabilidad a las comunidades en su territorio y la protección de los mismos y esto lo posibilita la figura de ZRC (Fajardo, 2013). El campesino dentro de la propuesta de las ZRC busca, en palabras de Fajardo, que:
el Estado [esté] presente, que los procesos de desarrollo, los procesos de comercialización, los proceso de educación y prestación de los servicios públicos lleguen a los campesinos como nunca han llegado. Por eso me parece que el mensaje contundente es que desde las ZRC construimos un tipo sociedad distinta al desgarramiento que están planteando las corporaciones trasnacionales (2013, mayo 28, 4:13-4:40).
La premisa de abajo hacia arriba significa, desde estos intelectuales, un cambio del poder, de quien ejerce la autoridad para decidir, no solo, el modelo económico. En la propuesta de ZRC también se tienen reglas específicas sobre la tenencia de la tierra, los campesinos deben obedecer los parámetros de una UAF, no excederse de ella y así cumplir
con lo que tanto se ha defendido como economía campesina, que se fundamenta en el trabajo familiar. Alfredo Molano ha sido un defensor de la misma pues considera que sin ella no es posible la figura de ZRC, debido a que esta asegura la no concentración de la tierra y frena