THEORETICAL FRAMEWORK

Conceptualmente, la ciudadanía ha sido definida por la serie de derechos y obligaciones que las y los integrantes de una sociedad tienen por su pertenencia a una comunidad política, misma que desde la modernidad se ha asociado al Estado; como afirma Zolo “la ciudadanía opera dentro de la esfera soberana del Estado moderno; es decir, dentro de una organización política territorial” (en Ochman, 2008:301). Pero el terreno actual donde se desarrolla y ejercita la ciudadanía, o sea el Estado, está siendo objeto de profundas transformaciones, muchas de las cuales son “fruto de los procesos de globalización, lo que viene a suponer un vaciamiento de su soberanía y de muchas de sus obligaciones respecto de sus ciudadanos” (Agra, 2006:4).

De acuerdo con Meer y Sever, son tres los cambios políticos globales importantes que han influido en el tradicional concepto de ciudadanía: 1) La aplicación del modelo económico neoliberal, que limita la función de la nación- estado para atender las necesidades de la gente pobre; cada vez más los y las ciudadanas se encuentran incapacitados para exigir sus derechos, incrementado la probabilidad de la pobreza y la desigualdad. 2) En las agendas nacionales, la ciudadanía tiene como marco las políticas de instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a las cuales las y los ciudadanos nacionales no tienen forma de exigirles cuentas; y 3) La creciente cantidad de migraciones internacionales y tensiones en torno a las

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diferencias étnicas y culturales dentro de los países ha fracturado las relaciones entre ciudadanos(as), como también entre ciudadanos(as) y Estados (2004a:9).

Diferentes estudios han comprobado la intensificación de problemas añejos del país a causa de los procesos de globalización y la implementación del modelo económico neoliberal, los cuales en relación a la ciudadanía generan obstáculos para hombres y mujeres, mismos que son agravados para estas últimas décadas. Rubio García resume los distintos factores que obstaculizan el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas en el contexto actual en dos, uno de ellos es el asociado a “las precarias condiciones socioeconómicas de parte de la población que imposibilitan un ejercicio real de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas y el segundo, la decisión política de los gobiernos y los Estados de negación de derechos a las minorías culturales y a la población extranjera residente en el país ” (s/f: 61). Obstáculos con los que también coinciden las y los entrevistados, quienes en su orden señalaron: la pobreza, la inseguridad y la migración.

Según Sarmiento, “la condición de pobreza es la violación permanente de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, manteniendo en una condición de indignidad al conjunto de personas que la padecen” (1998.1). Y aunque haya sido el motor que ha impulsado en la región que miles de mujeres se aglutinen alrededor de los movimientos de mujeres en defensa de sus derechos, acercándolas por primera vez a esta noción y a su posibilidad de asumirse como ciudadanas (Vargas, 1998:92), la pobreza es una de las principales limitaciones para su desarrollo ciudadano, por cuanto las tareas de subsistencia, la colectivización de los oficios y los gastos domésticos, mantiene a las mujeres con la preocupación e incertidumbre, que impide que tengan tiempo y se sientan libres de ocuparse de sus derechos y obligaciones ciudadanas. De acuerdo con la CEPAL, la pobreza es un obstáculo para el desarrollo de la mujer y por ende de construcción y ejercicio de ciudadanía, en tanto “dificulta el acceso y la educación de las mujeres pobres; normalmente las que entran a estudiar lo hacen en condiciones precarias y las tasas de deserción son altas” (en Alvarenga, 2004:16).

También fue manifiesto que “el problema de la sobrevivencia impide a las mujeres tener una cultura del reclamo o de la participación”, así como la falta de autonomía económica o la falta de recursos económicos como la tierra o el hábitat” no dejaban ejercer la ciudadanía a las mujeres.

Como consecuencia de la pobreza, la migración también se ha convertido en un obstáculo para el ejercicio ciudadano de hombres y mujeres. Tal y como menciona una entrevistada:

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se quiere ir?. A mi me parece gravísimo, aquí a la gente, qué le importa, lo que quiere es irse. Qué le importan los conflictos... en este país”. Informante 9, San Salvador, junio 19 de 2008.

La concepción tradicional de ciudadanía de los Estados-nación ha hecho que se refuercen las políticas antiinmigratorias, ante lo cual la alternativa de muchos hombres y mujeres es la emigración ilegal, poniéndolos en graves riesgos; así mismo el solo hecho de proceder de otro país, en los países de destino se ubica a las y los inmigrantes como ciudadanos y ciudadanas de segunda, “pues se trata de una ciudadanía restringida o asimétrica en tanto no pueden ejercer todos los derechos laborales, de educación, salud, vivienda y, menos aún, a la participación política y a su identidad cultural” (Camacho, 2006:102).

Pero si la migración implica una restricción para el ejercicio de ciudadanía de hombres, para las mujeres mucho más, tanto si son ellas migrantes, o si son sus compañeros hombres quienes han emigrado. Desde el punto de vista inicial, enfrentan más riesgos, están en una situación de mayor vulnerabilidad y tienen menos y posibilidades de ejercer una ciudadanía plena. “Al estar en el extranjero y no contar con las redes familiares y sociales de apoyo, más aún si se encuentran en situación irregular, las mujeres quedan totalmente desprotegidas y deben tolerar la violación de sus derechos, [que] difícilmente van a denunciar, ni a pedir protección, por el temor a ser deportada” (Ibid:103).

Si son los esposos o compañeros de vida quienes emigran y dejan las mujeres como responsables por la sobrevivencia de la familia, ellas tienen que realizar más trabajos para atemperar el impacto que implica la demora en recibir las remesas (cuando las reciben), entonces, realizar además de su rol reproductivo el productivo y asumir toda la carga que eso representa, como ya se señaló en líneas arriba, restringe el tiempo y la atención para dedicarse a sus deberes y obligaciones ciudadanas. La seguridad es un derecho que le asiste a ciudadanas y ciudadanos y obligación de un Estado de Derecho brindar el respeto al derecho ajeno. De tal manera que cuando no existe un orden público ciudadano que elimina las amenazas, la inseguridad, ligada a la desprotección y a la existencia de violencia se convierten en fuertes impedimentos del ejercicio de derechos. De acuerdo con Arnaíz, en los años recientes impera la cultura de la violencia en las ciudades; pandillas juveniles y delincuenciales se enfrentan en una guerra por la apropiación del territorio “y controlan las vidas de las personas, de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes. Es una violencia contra los cuerpos y las subjetividades de las mujeres que se manifiesta en lenguajes y prácticas sociales diversas.

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Las mujeres tienen miedo. La calle, la noche, el parque, la terraza, ya no son escenarios seguros. Las agresiones y abusos sexuales contra las mujeres se multiplican con total impunidad. En estas circunstancias de desprotección, la participación de las mujeres en espacios democráticos se hace más difícil” (2007).

En El Salvador existe una historia de violencia recurrente desde el siglo XIX, que ha transitado desde la violencia social, política y civil, siendo la violencia de orden criminal común la que se ha mantenido desde esa época (Lungo y Martel, 2004:241). La experiencia de vivir durante más de una década en guerra, parece haber dejado una huella indeleble en la sociedad, que pese a los procesos de reconstrucción democrática de la siguiente década no ha podido detener el incremento de la violencia social, que hoy en día se vive y que se manifiesta por el aumento de la delincuencia común y organizada, (mucha de la cual es producto de las maras o las pandillas juveniles) (Ibid:243).

En este contexto no extraña que las y los entrevistados hayan señalado como obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres factores como “las maras y las organizaciones delictivas”, “la inseguridad en el país” y “el clima de violencia y el enfrentamiento”. Las mujeres de cualquier edad temen reclamar sus derechos tanto en el ámbito privado, como en el público, por las represalias, violencia y por la impunidad que se vive en el país; temen salir a la calle solas, disfrutar de un parque o transitar por las aceras ; no pueden vestir de cualquier manera por ser susceptible de acoso y/o estigmatización”.