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Esta investigación tuvo como propósito analizar la incidencia de la Responsabilidad Social en el sector minero en la reducción de los conflictos socioambientales en el Perú Periodo: 2010-2016. Además, se identificaron y describieron las acciones de responsabilidad social efectuadas por las empresas mineras como también se caracterizaron los conflictos socioambientales ocasionados por la actividad minera en el Perú, en el periodo de estudio, también se evaluó la incidencia de la responsabilidad social en los conflictos socioambientales.

En base a los resultados obtenidos de la investigación, aceptamos la hipótesis que establece que las políticas de Responsabilidad Social en el sector minero no han incidido en la reducción de los conflictos socioambientales en el Perú 2010- 2016.

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Social Capital Group (2007), Mejía (2013), Aparicio (2017) y Huamaní (2015) quienes señalan el panorama es positivo ya que existen diversas empresas mineras que están fomentando políticas de Responsabilidad Social Empresarial. No obstante, aún falta ahondar para conseguir una mejor gestión en todas las dimensiones que involucra las prácticas de responsabilidad social. Todos los actores deben participar en la responsabilidad social: el Estado, las empresas mineras, las comunidades, la sociedad; porque a pesar de que las empresas mineras tienen dentro de su gestión ya programas de responsabilidad social y ambiental implementadas, no es suficiente porque no logra cubrir las expectativas y las necesidades de las comunidades que viven en las zonas aledañas de las minas y que la causa principal del conflicto es por afectación del recurso como el agua y suelo. Además, la actividad minera ha llevado al deterioro y descontento de muchas poblaciones, donde existe una desigualdad en el acceso a dichos recursos y peor aún están ocasionando inmensos pasivos ambientales. Ello es acorde con lo que en este estudio se demuestra.

En lo que respecta a la relación entre la responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en el Perú y su incidencia en la reducción de conflictos socioambientales podemos afirmar que esta relación es baja o poco significativa. En cambio, Espinoza (2015) afirma que las estrategias de responsabilidad social empresarial implementadas por las empresas mineras en el Perú, tuvieron un impacto negativo en el desarrollo sostenible de las

comunidades localizadas en su entorno y también impactó negativamente en la reducción de conflictos socioambientales.

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que los conflictos sociales en el sector minero representan cerca del 50% del total de conflictos sociales del país. Los conflictos socioambientales mineros mayormente están ubicados en el sur andino del país. La región como Apurímac figura en el primer lugar en varios de los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo conjuntamente con regiones como Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, dan cuenta de un porcentaje importante de conflictos socioambientales registrados durante el 2010 al 2016. Las principales causas de estos conflictos se atribuyen principalmente a la escasez de los recursos naturales y a la amenaza de la contaminación por la actividad minera, de la misma manera la amenaza que resulta los pasivos ambientales mineros; también se deben al incumplimiento de los acuerdos de las empresas mineras en beneficio de la comunidad, entre otras causas que explican los conflictos sociales y ambientales son las siguientes:

 Las condiciones de desigualdad, pobreza extrema y sensación de exclusión que viven importantes sectores de nuestra población, en particular en aquellas zonas andinas donde existen inversiones mineras.

 La débil autoridad y precaria gobernabilidad democrática, en particular por un Estado que está ausente.

 Desconfianza de las autoridades y líderes locales de las comunidades, y empresas que perciben al Ministerio de Energía y Minas (MEM) como una entidad parcializada, poco creíble y que cumple un doble rol, de juez y parte, en la promoción de la inversión minera y la fiscalización de sus actividades.

Por otro lado, de estos datos obtenidos en los resultados se puede concluir que las empresas mineras hacen uso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para hacer frente a las fuertes críticas que reciben, es por ellos que buscan financiar obras sociales y mejorar así su imagen. No hay un modelo de RSE que pueda adaptarse a todas las empresas mineras, menos aún se puede precisar de manera general cuanto debe ser el

porcentaje o monto de inversión social adecuado para cada empresa. Los programas de RSE requieren de la realidad interna de cada empresa, así como al ambiente en donde se desarrollan sus operaciones. Es importante resaltar que los proyectos de responsabilidad social realizados por las empresas mineras no son percibidos como impactantes o en todo caso pasan desapercibidos, debido a que se puede apreciar que existe un impacto social negativo. Sin embargo, los esfuerzos de responsabilidad social empresarial de las empresas mineras no han probado ser efectivos para prevenir el conflicto socioambiental aún.

Del análisis de los resultados de este estudio se puede afirmar que las operaciones de las empresas mineras causan impactos sociales y ambientales, las reclamos y protestas son inevitables, las empresas mineras deben de implantar enfoques de inclusión con sus grupos de interés, y lograr un mayor involucramiento con sus comunidades donde ejercen influencia; de tal manera que ellas sientan que sus inquietudes, demandas e intereses son tomadas en cuenta por parte de la empresa, estos resultados guardan relación con lo que sostienen Escobar (2015) y Zanabria (2017) quienes señalan que el reto de las actividades extractivas, tal es el caso de la minería, es instituir un nuevo modelo de interrelación con las comunidades locales. La circunstancia implica poner a la viabilidad social, llamada normalmente “licencia social”, como una variable decisiva para mejorar los proyectos de inversión. En donde no hay “licencia social”, las actividades mineras no llegaran a ejecutarse.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación refleja que el motivo de los conflictos socioambientales vinculados a la minería en el país es principalmente los conflictos por el agua. Muchos proyectos mineros se encuentran en importantes cabeceras de ríos y/o zonas de captación de agua que son fundamentales para la agricultura familiar y para el sustento de la población. Algunos de los estudios reseñados en la literatura que reflejan esta realidad son (De Echave, 2017), (Masgrau, 2013) y (Sosa, 2016).

Esto nos plantea la necesidad de pensar que las compañías mineras necesitan desarrollar planes de manejo para minimizar la contaminación del agua y prevenir la liberación de agua contaminada en el medio ambiente, implementar estrategias de gestión del agua para minimizar el impacto ambiental de las operaciones mineras.

Otra posible explicación para entender por qué hay un gran número de conflictos socioambientales es que algunos pobladores de las comunidades perciben la llegada de las compañías mineras como el remedio a sus problemas de desarrollo y de pobreza, ante un Estado que casi siempre está ausente, y los pobladores tienen en algunos casos expectativas muy altas sobre los beneficios que puede producir la actividad minera en su región. Las empresas sienten que estas demandas son exorbitantes y que se consideran forzados por las circunstancias a desempeñar un rol que solamente le concierne al Estado. (Henríquez, 2014), (Manco, 2002) y (Mejía, 2013) establecen que las empresas mineras formales, no logran satisfacer las necesidades de las comunidades campesinas, salud, trabajo, educación, no contaminación ambiental, mejores medios de vida, que es la esperanza que ellos tienen y por lo cual luchan y existen conflictos sociales.

En este estudio se evidencia en el año 2015 hubo menos conflictos socioambientales, pero estos fueron más violentos, la mayoría vinculados a la minería (Basombrío, 2016), La Defensoría del pueblo (2015) establece que un indicador que refleja la intensidad de los conflictos es el número de personas fallecidas y heridas en medio de los conflictos. Como se puede apreciar en el cuadro N° 11 el número de heridos ha tomado una tendencia creciente e incluso, con lamentables casos de personas fallecidas durante el periodo de estudio. Estos enfrentamientos fueron por el desacuerdo de las comunidades ante los proyectos mineros.

La revisión de literatura y los resultados obtenidos nos lleva a afirmar que, en aras de promover la inversión, se sacrifican aspectos vinculados a las regulaciones ambientales, la muestra más clara fue la denominada política del “perro del hortelano”, que nació del entonces presidente de la República Alan García durante su segundo periodo de gobierno (Gómez, 2013). Es evidente la ruptura que se generó entre el gobierno de Alan García y las poblaciones indígenas a nivel nacional. Una política de promoción de la inversión a costa del debilitamiento de los derechos de las comunidades nativas y campesinas. Es evidente que el gobierno peruano no está cumpliendo con su compromiso de promover la gestión ambiental y social, Ollanta Humala llegó al poder con un discurso antiminero prometiendo a los pobladores de Cajamarca y de Arequipa que defendería el agua y la agricultura, antes que el oro y el cobre, esta actitud ha sido cuestionada por Lanegra (2015) y Silva (2016) que afirman que el cambio del presidente Humala de la perspectiva ante industrias mineras

impulsar las inversiones mineras, incluso al costo de flexibilizar las exigencias ambientales y sociales.

Este estudio también evidencia lo anteriormente expuesto por otras investigaciones (OCM, 2015), (Caravedo, 2008) y (Ormachea, 2014) ellos afirman que es notable la ausencia y/o debilidad de los mecanismos de prevención y gestión de conflictos; los conflictos socioambientales son la expresión o mejor dicho el síntoma de la tensión entre modos de vida y cosmovisiones sobre lo que implica el desarrollo. Es evidente que, hasta la fecha, ninguno de los gobiernos de turno ha logrado implementar una política de prevención y transformación de conflictos que evite situaciones de extrema polarización y que privilegie el diálogo.

En este sentido, se confirma el planteamiento de Bebbington y Bury (2010), quienes señalan que la falta de una adecuada institucionalidad no permite administrar los beneficios de la minería y su interacción con la sociedad.

Las limitaciones que tuvo esta investigación fue la poca información del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental, no ha sido sencillo encontrar artículos relacionados a las multas y denuncias ambientales que tienen las empresas mineras en el Perú, otro inconveniente presentado fue la extensión de la información y ha sido inevitable que el número de páginas haya aumentado considerablemente. Ello también se debe a que ha sido un período intenso, lleno de acontecimientos relacionados entre conflictos con la minería desarrollada en el país.

Al concluir la presente investigación podemos afirmar que no existe por parte del Estado la voluntad de delimitar específicamente mediante una norma la regulación de las políticas aplicadas de Responsabilidad Social por parte de las empresas mineras. Las empresas en su intento de realizar prácticas de RSE, solo se limitan a actividades filantrópicas, y en muchas de las ocasiones apuntan a donaciones, olvidando el uso razonable de los recursos naturales. Las empresas aprovechan de los vacíos e imperfecciones del sistema de gobierno.

Finalmente, se puede indicar que de los diferentes estudios citados y de las diferentes fuentes de información que se han revisado, se presentan similitudes que refuerzan los resultados obtenidos en la presente investigación.