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La presencia de los pueblos en el valle de México es un antecedente histórico fundamental que marca las características del poblamiento de este territorio una vez consumada la conquista. El eje organizador del poblamiento en la Colonia inició con la separación entre ciudades para españoles y pueblos de indios. Durante los siglos xvi, xvn y todavía hasta el xvm, este criterio de segregación étnica determinó las zonas colonizadas por los españoles y la reorganización territorial de las zonas más pobladas en aquel entonces. En esta reorganización del poblamiento, los españoles retomaron algunas de las formas que los antiguos mexicas habían utilizado para ejercer el dominio político y tributario de los pueblos dominados en diferentes territorios.

En este contexto, se retoma el concepto de altepetl que había sido el eje central de la organización de los pueblos en la época prehispánica. En térmi- nos generales, el altepetl refería a un territorio constituido por varios compo- nentes llamados calpullis y a un gobernante dinástico denominado tlaotani. Se trataba de una figura de gobierno socioterritorial, ya que varios calpullis (cuatro, seis, siete o hasta ocho) conformaban un altepetl. Cada calpulli te- nía un gobernador y un origen étnico relacionado con un linaje, sin embargo había un orden jerárquico relacionado con la importancia o el dominio de un "tlatoani mayor". De esta manera aunque existían varios tlatoanis, siempre había uno al que se subordinaban los demás; el tlatoani más importante era el encargado de recoger el tributo y entregar la parte correspondiente a otro

3Esta dimensión ha sido retomada fundamentalmente por antropólogos y politólogos que

han retomado la historia de los pueblos como eje central para explicar la sobrevivencia de prácticas sociales comunitarias, que se reflejan en las fiestas religiosas, de inmuebles y plazas con valor histórico, y de espacios en los que existen intereses políticos heterogéneos derivados de las particularidades propias de la estructura de la población del pueblo (como la distinción entre nativos y avecindados).

tlatoani de mayor jerarquía, de otro altepetl. Se trataba de una organización administrativa territorial, que respetaba la organización interna y los gober- nantes de cada calpulli. Además consideraba una organización de la tenencia de la tierra que garantizaba la propiedad del gobernante y las propiedades de los calpullis para satisfacer las necesidades de la población y pagar el tributo. En este sentido, a la llegada de los españoles la población indígena estaba organizada en "altepetls complejos" con la organización ya referida (Lochart,

1999).

Es importante señalar, que para los indígenas esta forma de organización político territorial no implicaba la referencia a la existencia de núcleos urba- nos. Con la reorganización Colonial, los españoles tenían como referencia inmediata la existencia de asentamientos humanos que se definían de acuer- do al número de población que vivía en ella y se clasificaban en villas, ciuda- des, aldeas. El altepetl es reconocido por ellos como una organización de personas que domina un territorio y que definen como pueblo, y que por lo tanto se diferencia de las ciudades y villas. Así la estructura territorial y de gobierno de los altepetls se retomaron y se reconocieron como los pueblos de indios. Un altepetl como cabecera se constituía por los ithuaüi (vecindades) y calpulli (barrios) de un territorio que generalmente tenían algún origen común. A lo largo de este periodo, a las subdivisiones de los pueblos indíge- nas se les llamó barrios porque habían quedado fuera de la ciudad española; estos barrios continuaron asignados a sus cabeceras [altepetl). Los españoles definieron como "cabeceras" a los elementos que correspondían a los "alte- petls mayores" y como "sujetos" a los que correspondían a los altepetls su- bordinados denominados barrios o estancias (Gibson, 1967).

De esta manera, el poblamiento del territorio de México quedaría deter- minado por: la conformación de núcleos de población urbana definidos de acuerdo a las legislaciones españolas tradicionales y la población "rural" constituida por los pueblos de indios. Estos últimos lograron mantener su estructura relacionada con el linaje, la organización jerárquica de diferentes gobernantes (también denominados caciques) y la "relativa autonomía" del manejo de los recursos proporcionados por la corona española (tierras de los pueblos) para pagar los tributos. En suma, para algunos historiadores se tra¿

ta de la formación de dos repúblicas: la española (concretizada en el territo^ rio en ciudades y villas) y la indígena, constituida por los pueblos [altepetls) (Cruz, 1991).

Durante los tres siglos coloniales esta organización de pueblos se man- tuvo con algunos cambios. En el siglo xvr prácticamente se mantuvo el pa- trón de distribución territorial de la población indígena, y la organización del

altepetl permaneció en tanto se logró traducir en términos administrativos la jerarquía de los diferentes gobernantes de los pueblos. En el siglo XVII la drástica disminución de la población indígena intensifica la política españo- la de congregaciones,4 cuestión que genera la desaparición de altepetls y la

concentración de la población en otros pueblos. Este proceso determinó el reforzamiento de las cabeceras, para lo cual se dieron nuevos criterios para diferenciarla de manera sustancial de sus "sujetos". Es importante mencio- nar que este sistema de cabeceras y sujetos fue retomado por la Iglesia para fortalecer la labor de evangelización de los indígenas. Así se introducen una serie de elementos que dieron paso a una transformación del espacio del pueblo cabecera, como la construcción de mercados, iglesias, plazas, traza inicial cuadrangular, etcétera Estos cambios espaciales así como la estabili- zación y recuperación demográfica de la población indígena, con el paso del tiempo, ya en el último siglo colonial, llevó a que también los pueblos se definieran en función del número de población residente, cuestión que des- plazó el concepto socio territorial del altepetl.

Para terminar con este breve recorrido del periodo colonial, es importan- te resaltar que los pueblos de indios tuvieron tierras que podían ser dedica- das al cultivo, al pastoreo o a los usos comunes de la población (corno la re- colección de carbón entre otras cosas). La estructura de la propiedad de los pueblos no se basó en la propiedad individual sino en una propiedad "comu- nal" ya que la gestión, uso y posesión de las mismas radicaba en el núcleo denominado pueblo. De esta manera, la propiedad de la tierra también se vinculó con los elementos políticos del altepetl y con las prácticas comuni- tarias tradicionales en los pueblos de indios.

Por otra parte, también es necesario llamar la atención sobre la organiza- ción territorial de esta época que tuvo como eje vertebral la separación tajan- te entre las ciudades como núcleos urbanos y la población indígena organi- zada en cabeceras y sujetos. Ambos con leyes diferentes y con formas de gestión administrativa relacionadas, en el primer caso, con el gobierno de las ciudades y, en el segundo, con la recaudación eficiente de los tributos indíge- nas, pero que reconocía la autonomía de la administración de los pueblos. Hacia el siglo xvm con la consolidación de las haciendas y ranchos aparecen nuevos pueblos que no tendrán relación alguna con el altepetl originario.

4Ante la radical disminución de la población indígena hacia el siglo xvn, la Corona espa-

ñola realiza una política de poblamiento tendiente a "congregar" a los indios que habían so- brevivido en un solo pueblo. Esto determinó una movilidad importante de la población indí- gena, la desaparición de pueblos y tierras, y la consolidación de otros.

LA PÉRDIDA DE LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y LOS CAMBIOS TERRITORIALES

El siglo XIX y la construcción de una nación independiente inició con una cla- ra ofensiva contra los pueblos y sus tierras. La derogación de la República de indios y la reorganización política administrativa del territorio en torno al municipio transformó de manera radical la situación de los pueblos. La igual- dad de derechos políticos entre españoles e indios significó la incorporación de los pueblos a las reglamentaciones político-administrativas que se generaron en torno a la construcción de la República. En este sentido, la prohibición de que las corporaciones (dentro de las cuales estaban consideradas los pueblos) tuvieran propiedades implicó la pérdida de gran parte de las tierras de los pue- blos, sólo lograron mantener aquellas que correspondían al fundo legal del pueblo. Algunos pueblos dividieron sus tierras en propiedades individuales y lograron mantenerlas (como en el caso del pueblo de Los Reyes la Paz en el Estado de México, y de Santo Tomás Chiconautla en Ecatepec), sin embargo esta estrategia no se generalizó, por lo que prácticamente se despojó a los an- tiguos pueblos de indios de sus tierras (Cruz, 2001).

Además de la pérdida de las tierras de los pueblos, otro elemento importan- te que desarticuló los vínculos entre los pueblos fue la reorganización político- administrativa. Si bien al final del periodo colonial el declive de la organización cabecera-sujetos era un hecho, la relación de prácticas sociales comunes (en torno a las fiestas religiosas, y la "gestión comunitaria de los bienes del pueblo") y la vinculación territorial entre los pueblos era inegable. Con la organización municipal como célula de la organización política adniinistrativa se inician una serie de cambios en la delimitación territorial que trastornaron los vínculos es- tablecidos por los pueblos durante siglos. Si bien se mantiene la figura de cabe- cera, y algunos pueblos obtienen esta categoría (de hecho hay vestigios de algu- nos pueblos que logran convertirse en municipios) (Lira, 1983; Mora, 2007), ésta asume una serie de tareas administrativas y de centros de actividad comer- cial importante. Los pueblos son considerados en tanto que forman parte de un territorio municipal en el que tienen que pagar impuestos y formar parte de los diferentes niveles de la estructura política que va del gobierno central, al estatal y al local; y si todavía fueran propietarios de tierras, estas pasaban directamente a formar parte de las propiedades municipales (Lira, 1983).

En el caso del Distrito Federal hubo otro tipo de cambios, la creación territorial de un Distrito que albergara al gobierno central de la República implicó cambios de delimitación territorial y de pertenencia para los pue- blos. La definición de los límites tuvo cambios importantes desde su crea-

ción en 1828 hasta la definitiva en 1898 e involucró los territorios de los estados de México y Morelos. Esto implicó que muchos pueblos que habían esta- do ubicados en el Estado de México pasaran a la jurisdicción del Distrito Federal (Mora, 2007). Además de la indefinición territorial del Distrito Fede- ral en este periodo, la organización política administrativa tuvo muchos vaivenes relacionados directamente con las vicisitudes de la organización política del país. En estos años existieron diferentes modalidades de organi- zación del territorio, se crearon departamentos, después distritos, prefectu- ras, municipalidades. El periodo es confuso y la historia está por hacerse (Herrera, 2000).

De manera aparente esto sólo significaba para los pueblos el pago de im- puestos y contribuciones en otro territorio. Sin embargo, dado las relaciones, redes y prácticas sociales y culturales de los pueblos generadas durante siglos en torno a la figura cabeceras-sujetos, esto no fue asimilado durante mucho tiempo.

El mismo proceso sucedió al interior del Distrito Federal cuando de la delimitación de las municipalidades que prevaleció durante el siglo xix hasta

1928, se pasó a la creación de las delegaciones, con límites muy distintos a las municipalidades precedentes. Esto, de igual manera que en el caso ante- rior, provocó que pueblos cabecera que pertenecían a la municipalidad de Coyoacán pasaran a la delegación Iztapalapa (como Culhuacán), o de perte- necer a Xochimilco al otro día estuvieran en Milpa Alta. Otro tipo de casos fue cuando algunos barrios que se relacionaban con pueblos cabecera fueron separados de manera artificial por la delimitación territorial. Con el creci- miento del área urbana y de los mismos pueblos, estos cambios han genera- do problemas referidos a los límites de tierras de los pueblos que trascienden la delimitación física delegacional.

Otro de los cambios importantes del siglo xix fue el impulso dado en el periodo porfirista a la centralización del poder político en la ciudad de Méxi- co, cuestión que influyó de manera directa a que en este espacio se realizaran importantes proyectos urbanísticos, electrificación e introducción de infra- estructura urbana. Todo esto generó un importante ensanchamiento de la urbe que se expresó en la aparición de nuevas colonias tanto para clases pu- dientes como para los trabajadores que alimentaban a las nuevas industrias ubicadas en la ciudad. Los linderos de la ciudad empiezan a alcanzar a los pueblos circunvecinos, y al paisaje rústico se agregarán las nuevas construc- ciones urbanas denominadas colonias, figura que aún no es muy utilizada en esta época para referirse a la configuración de la ciudad (Cruz, 1994).

LA DESAPARICIÓN VIRTUAL DE LOS PUEBLOS

EN EL TERRITORIO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Así, para fines del siglo XIX se cuenta con un poblamiento rústico en el que la presencia de los pueblos, barrios, villas, ciudades, colonias, haciendas, ranchos, etcétera, muestran la heterogeneidad del paisaje mayoritariamente rural. Las poblaciones se distinguen sólo por el número de población, y por la importancia administrativa de las cabeceras municipales. La carta coro- gráfica de García Cubas elaborada en 1877 da cuenta de estas características territoriales, de manera particular para el Distrito Federal. De hecho este documento es de utilidad fundamental para la reconstrucción de los límites territoriales de este territorio ya que para este año todavía no estaban total- mente definidos. Las actuales delegaciones de Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, una proporción muy importante de Tlalpan, la región de los Ajuscos, y una gran parte de Gustavo A. Madero, la cercana a la Sierra de Guadalupe, eran parte del Estado de México. Hacia fines de este siglo, en 1899, se elaboró otra carta corográfica en la que los límites actuales del Dis- trito Federal ya están definidos. Ambos documentos son de ayuda funda- mental para rastrear y ubicar a los pueblos que formaban, y que aún son parte, del territorio urbano del Distrito Federal.

Durante la primera mitad del siglo xx las definiciones de las categorías del poblamiento que marcaba García Cubas se mantienen. Los pueblos se consideran como parte del territorio del Distrito Federal y fuera de la ciudad de México. La Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal de 1903 reconoce 13 municipalidades, en las que se encuentran una ciudad, colonias, ranchos, haciendas pueblos y poblados. La desaparición de las mu- nicipalidades en el Distrito Federal en 1929 y la creación de las delegaciones también incidieron en cambios territoriales en los pueblos. En algunos casos las tierras quedaron en dos delegaciones limítrofes, en otros, antiguos barrios fueron separados de sus pueblos (cabeceras iniciales).

De 1917 a 1940 algunos pueblos tendrán cambios importantes al ser con- siderados como sujetos agrarios de dotación de tierras ejidales. En este periodo una parte importante de los pueblos fueron dotados de tierras ejidales y en las delegaciones del sur, en Tlalpan y Milpa Alta se ratifican terrenos comunales (Cruz, 1994). Llama la atención que las tierras dotadas y ratificadas se locali- zaron de acuerdo a los antiguos linderos y límites de las propiedades de los pueblos y haciendas con antecedentes coloniales y del siglo XIX; de nuevo, las

delimitaciones político-territoriales (como son las delegaciones) no tuvieron ninguna incidencia en la localization de los ejidos de los pueblos. Esto tam-

bien generó graves problemas, ya que las tierras ejidales de algunos pueblos que se urbanizaron posteriormente se pueden encontrar en dos delegaciones limítrofes e incluso hasta en algún municipio mexiquense.

Las leyes orgánicas del Distrito Federal hasta 1960, reconocieron un territorio organizado en función de las formas del poblamiento rural y de la propiedad agraria. Después de la reforma agraria desaparecen las haciendas y aparecen los ejidos y las tierras comunales; y se mantendrán las colonias como figura del poblamiento urbano. El Censo de 1960, reconoció la organi- zación territorial de un México todavía rural. Se identifican ciudades que van hasta más de 10,000 habitantes, pueblos y villas con población entre 500 y

10,000 habitantes y ranchos y rancherías inferiores a 500 habitantes. La creciente urbanización y el proceso de metropolización de la ciudad cambiará de manera radical la forma y categorías para describir y caracterizar el poblamiento del territorio de la zona metropolitana del valle de México. El Censo de 1970 es el último que da cuenta de un poblamiento heterogéneo y diferenciado en el que se pueden encontrar todavía, pueblos, colonias, barrios, etcétera. A partir de esta década, justo cuando se asume por las autoridades federales que México es ya un país urbano, porque la mitad de su población vivía en ciudades, desaparecen de la configuración territorial, en este caso

del Distrito Federal, la categoría de pueblo.

El proceso de urbanización y las características de la población urbana se convierten en el eje rector del análisis del territorio y de su poblamiento. El supuesto de esta nueva etapa se identificó en el análisis de la población des- de la relación rural-urbana, concebida como un continuum cuyo fin se cons- tituía en la inexorable urbanización del territorio y del poblamiento rural (Unikel, 1976). De aquí que las categorías del poblamiento se redujeran a considerar la cantidad de habitantes, la relación con el centro de la ciudad y las actividades económicas. De esta manera ya no se hizo referencia a pue- blos, colonias y barrios, sino a localidades y estas se definieron de la siguien- te manera:

a) localidades rurales: menos de 5,000 habitantes;

b) localidades mixtas-rurales: entre 5 y 10,000 habitantes;

c) localidades mixtas urbanas: entre 10 y 15,000 habitantes,- y localida- des urbanas: mayores a 15,000 habitantes (Cruz, 1994).

De 1980 hasta ahora, la metodología de conteo censal del INEGI tiene como base la homologación de la población urbana a partir de las ageb, lo que redujo aún más esta forma de dar cuenta de la relación de la población

y el territorio urbano. Para 1990 se trabajó con AGEB, y dividió la contabilidad de la población en localidades urbanas (definidas como aquellas que tienen más de 2,500 habitantes) y rurales (menores a 2,500 habitantes).

La definición de los componentes del poblamiento y su relación con el territorio quedan a cargo de las leyes orgánicas de los gobiernos locales, funda- mentalmente municipales y en el caso que nos ocupa del Distrito Federal. Son estas legislaciones donde se inicia el rastreo de la existencia de los pueblos. Es importante hacer notar que si se quisiera realizar un análisis territorial de la presencia de los pueblos en las últimas décadas; sería imposible hacerlo con los datos censales de los últimos 30 años, es necesario reconstruir la historia territorial de los pueblos a partir de las grandes líneas planteadas en estas cuartillas.

En este sentido, en las siguientes partes del trabajo se realiza un análisis de la configuración territorial de los pueblos en cuatro delegaciones: Cuaji- malpa, Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Los ejes cen- trales para ordenar el estudio son los planteados arriba y en particular se refieren a la diferenciación territorial entre pueblos de indios y ciudades es- pañolas,- la relación diferenciada entre los pueblos cabeceras y sujetos, cues- tión que incide en la traza interna de los pueblos y en la definición de cabe-