Transitional Dynamics

Para inicios de este periodo 1988-1993, las familias de estrato bajo seguían presentando problemas financieros para adquirir vivienda legal a través de los préstamos que ofrecían diferentes mecanismos de financiamiento del gobierno como la UPAC, el Banco Central Hipotecario y el Fondo Nacional de Ahorro, debido a los altos intereses y las condiciones restrictivas de los préstamos (Duque, 1980). Esta situación que se había venido presentando en Bogotá y otras ciudades colombianas durante décadas, se convirtió en la oportunidad de negocio de urbanizadores piratas, que compraban lotes a bajo precio y recuperaban la inversión con muy buenas ganancias.

Como una anécdota más de las incoherencias históricas que se presentan en nuestro país, algunos de estos urbanizadores piratas eran de políticos que se aprovechaban de su imagen pública y sus contactos para lograr que los administradores de la ciudad a nivel distrital y local se hicieran los de “la vista gorda” frente a la urbanización ilegal.

Entre estos urbanizadores piratas se encontraba el ex senador Rafael Forero Fetecua quien tuvo su centro de operaciones en el municipio de Soacha y también el sector de El Cortijo en Bogotá, el exconsejal Alfredo Luis Guerrero Estrada urbanizador pirata de los barrios Alfonso López en Usme, Diana Turbay en la localidad Rafael Uribe y Juan José Rendón en Ciudad Bolívar y el ex parlamentario Mariano Enrique Porras en Patio Bonito. Otros urbanizadores piratas fueron Alfonso Cruz Montana en la localidad de Bosa y Saturnino Sepúlveda Niño en el

Barrio Manuela Beltrán en Ciudad Bolívar (Muñoz, 2004). Cada uno de estos urbanizadores se aprovechó del poder de la política, las necesidades del pueblo y la corrupción de las entidades.

Un ejemplo de lo anterior fue el caso de Alfredo Luis Guerrero Estrada, ex alcalde menor de la localidad de San Cristóbal y exconsejal de Bogotá, quien intervino como negociador en la invasión de 3.000 personas al barrio Guacamayas en 1979, situación que lo llevó a crear la Cooperativa Popular de Vivienda del Suroriente de Bogotá, en la que logró la afiliación de 7.000 personas, en su mayoría conformada por los invasores del barrio Guacamayas y otros habitantes de zonas aledañas al barrio 20 de Julio con quienes obtuvo 400 millones y adquirió un lote de 400 fanegadas donde se construyó el barrio Diana Turbay, entregando lotes sin servicios públicos (Muñoz, 2004). Posterior a la urbanización pirata, las necesidades de vías, servicios públicos, transporte público, pavimentación de calles, construcción de salones comunales, centros de salud, escuelas y demás infraestructura urbana, se convirtió en la oportunidad de negocio de los políticos clientelistas que ofrecían “generosamente” su ayuda con el ánimo de conseguir votos a través de los líderes comunales.

Gutiérrez (1998) explica la forma en que los políticos clientelistas obtenían la confianza y apoyo político de los líderes comunales, a través de una entrevista a un Presidente de Junta de Acción Comunal llamado Evelio:

Fue entonces cuando Evelio, flamante presidente de la nueva junta, conoció a Forero Fetecua. (…) a través de Carlos García, un connotado líder comunal, quien había visitado el único jardín infantil del sector que se encontraba en las peores

condiciones: una piecita con pisos de tierra, los niños se sentaban en ladrillos porque no tenían sillas, dormían en el suelo sobre cartones. García le propuso a Evelio aceptar la ayuda de Rafael Forero: "entonces yo era presidente y vino un señor que se llama Carlos García, que era coordinador...y me dijo: ¡hombre que mire que hay un señor así, que tal...!, a mí no me venga con cuentos de eso tan bueno no dan tanto!, eso fue en el año 81. Yo le dije: bueno traiga a ese señor, que de eso tan bueno no dan tanto, que regala, que yo no sé qué, vamos a ver. Entonces llegó el tipo ahí, miró los niños y dijo: hoy por la tarde le envío unas cosas. Dije: ¡puro cuento! Por la tarde llegaron 16 cunas...Entonces nos mandó colchonetas, nos mandó fundas, olla a presión, licuadora, nos mandó mercado, nos mandó todo eso. Y cuando yo comencé a ver eso dije: carajo, este señor como que verdaderamente si sirve”. (Gutierrez, 1998, pág. 33)

En el barrio el doctor Telesforo Pedraza fue quien nos ayudó con la pavimentación de algunas calles, nosotros poníamos por casa $30.000 y con ayuda de él, don Sánchez el presidente de la junta consiguió el resto (…) yo en ese tiempo no votaba pero mi esposo si le daba el voto. (Cruz, 2013)

Durante muchos años las JAC dependieron económicamente de auxilios que ofrecieran los políticos con dinero del Estado, estos dineros eran utilizados para asegurar votos en las elecciones, lo que generaba relaciones de dependencia entre las acciones comunales con el poder político impidiendo a estas organizaciones tener autonomía (Alfonso et al., 1997). Con el apoyo a las comunidades necesitadas los políticos aseguraban sus votos para las elecciones, pues las

comunidades por principio de lealtad esperaban retribuir la ayuda que estos personajes les ofrecían y también esperaban abonar con votos la relación para futuros favores. Este tipo de prácticas hacían parte de la cultura política tradicional en nuestro país, en donde los migrantes que habitaban los barrios piratas estaban acostumbrados a sentir la ”protección del patrón”, representado este en personas o instituciones (Aunta, 2009). Las Juntas de Acción Comunal actuaban como canal entre el político clientelista y la comunidad, recibiendo las quejas y demandas de la población y legitimando las acciones de los políticos, de alguna manera como suele suceder cuando varias personas incurren en la misma conducta se legitima las acciones.

Esto se refleja en diferentes situaciones mencionadas en capítulos anteriores: en la violencia bipartidista en zonas rurales por el apoyo a dirigentes políticos conservadores y liberales, en la forma como los terratenientes urbanos influían en la decisión de voto de los campesinos migrantes que trabajaban en los chircales y ahora en las comunidades de barrios piratas que frente a la ausencia del Estado para solucionar sus necesidades veían como salvavidas las ayudas de políticos clientelistas.