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Con un 37.36 % de las casillas computadas, Jesús Ortega aventajaba con 88 mil votos, Amalia García tenía 76 mil 451, le seguía Mario Saucedo con 26 mil 155 y Rosa Albina Garavito con 24 mil 809. El CGSE declaró ―empate técnico‖ (La Jornada,15 marzo de 1999). Con el 87.67 % de casillas computadas se invirtió el resultado 189 mil 622 votos (33.07 %) para Amalia García, 184 mil 772 (32.22 %) para Jesús Ortega, lo que daba una diferencia de .85 % entre los dos competidores fuertes. Siendo así, el CGSE declaraba la invalidez del PREP, pues no marcaba diferencias del 12 % (La Jornada, marzo 17, 1999). 28

27 _{Realizada en 120 casillas de las 4 mil 634 mesas de votación instaladas para los comicios internos.} 28 _{La distribución estatal de fuerza en torno a los candidatos, fue de a siguiente manera. Ortega ganó} en 15 estados (Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco (20 a 1), Morelos, Puebla (2 a 1), Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala (10 a 1) y Veracruz); mientras que Amalia ganó en 12 (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, estado de

A 4 días de la elección y ante el cúmulo de anomalías, el CGSE y la CNGV del PRD acordaron limpiar los comicios y aplicar las normas internas para sancionar a quienes hubieran cometido ilícitos y, de ser necesario, anular el proceso si se encontraba que 20 % de las casillas presentaban irregularidades. De ahí que el CGSE se convirtió en una fiscalía especial, en donde se investigaban las irregularidades denunciadas, además de otras que sospechaba pudieran existir. Al término de dicha revisión se integrarían expedientes que serían remitidos a la CNGV, instancia que actuaría como juez y dictaminará al respecto.

Jesús Ortega, Amalia García y Rosa Albina Garavito se reunieron y firmaron una petición al presidente del PRD (AMLO), para que convocara al Consejo Político Consultivo del PRD con la finalidad de tomar decisiones para dar credibilidad y certidumbre a la elección. 29 Rosa Albina Garavito plantearía una dirección provisional (Masiosare, marzo 21, 1999). Mientras, Porfirio Muñoz Ledo pedía a Cuauhtémoc Cárdenas "sacar las manos" del proceso electoral (La Jornada, marzo 21, 1999).30

El CEN acordó respetar la decisión de las instancias encargadas de organizar y calificar la elección interna, aunque ésta fuera la anulación. Dando un voto de confianza al CGSE y la CNGV, al considerar que realizarían un trabajo escrupuloso

y una revisión a fondo de las elecciones, para ―contar así con una dirección política legalmente electa y dotada de legitimidad‖ (La Jornada, marzo 24, 1999). Por su parte, los principales competidores, demandaron que el CGSE efectuara una revisión

México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán (2 a 1), Yucatán y Zacatecas (10 a 1)) y Garavito en cinco (Coahuila, Distrito Federal, Nayarit, Oaxaca y Querétaro) (Masiosare, marzo 21, 1999).

29 _{En dicha reunión acontecería lo siguiente, según las memorias de Garavito:}

―Quiero saber en su opinión quién ganó la elección-, inició AMLO.

Inmediatamente tomé la palabra para decir: -Yo no voy a apoyar a Amalia porque se sumó 9 mil votos que no se emitieron. No voy a apoyar a Jesús, porque no ha aclarado el origen de los fondos con los que financió su propaganda que sólo en el día del cierre de campaña rebasó el costo total de la que hicimos en la planilla 5…

-No se diga más –terció AMLO-. Ahora voy al CEN y propondré un documento para pedirle disculpas a la sociedad, creo que la Comisión Electoral tiene los elementos para anular la elección‖ (2010a: 343).

30 _{Se presentaban tres posibles escenarios ante la imposibilidad de tener resultados oficiales: 1) la} limpieza de la elección, la cual se dificultaba por las limitaciones técnicas y por la cerrada votación entre las planillas de Jesús Ortega y Amalia García. 2) Un acuerdo político del CEN del PRD, que le quitaría presión a la crisis, pero sería costoso para la imagen del partido. 3) La profundización del conflicto, extendiendo las denuncias de fraude hasta la anulación. Para complicar el asunto, esto requería respuesta rápida, pues la gestión de AMLO culminaba el 10 de abril (Masiosare, marzo 21, 1999).

profunda y exhaustiva de la elección, para dar certidumbre en los resultados (La Jornada, marzo 24, 1999).

Desde ese momento, comenzarían a cobrar fuerza dos opciones: limpiar o anular los comicios. Amalia García y Jesús Ortega defendían la primera, considerando que los costos políticos de la anulación, podían ser mayores a los beneficios. Además, estimaban que las anomalías no llegaban al 20 %. Del otro lado, Rosa Albina Garavito se manifestaba por la anulación, pues las irregularidades fueron tan grandes que difícilmente se podían limpiar los comicios (La Jornada, marzo 26, 1999). Finalmente, el CGSE a través de un acta circunstanciada el 27 de marzo, solicitó a la CNGV considerar la posibilidad de anular las elecciones, luego de cancelar la votación de mil 506 casillas en las que encontraron diversas irregularidades y suspender el conteo de votos, lo cual representa 28.14 % de las urnas instaladas, esto es, 8.14% más del porcentaje requerido para anular.31 Las irregularidades que mencionaba el acta eran cambio de ubicación de casillas, sustitución y suplantación de funcionarios, falsificación de actas y documentación incompleta (La Jornada, marzo 28, 1999).

Amalia García y Jesús Ortega intentarían destituir al titular del CGSE (José Barberán) echándole la culpa de las irregularidades (La Jornada, marzo 30, 1999), ya

que ―a la hora en que el Consejo Nacional hizo el esfuerzo de encontrar a la gente

más imparcial, no tomó en cuenta si iban a poder o no... debemos encontrar personas que sean imparciales y que tengan la experiencia para hacer elecciones‖ (Masiosare, marzo 21, 1999). Según ellos, gran parte de las irregularidades eran imputables al servicio electoral y no a los candidatos (La Jornada, marzo 30, 1999). Sin embargo, evitaron comentar que quiénes nombraron a los comités estatales fueron los integrantes de las fracciones, no el CGSE. Por lo tanto, la culpa fue de los competidores.

31 _{La atribución de cancelar casillas tuvo que ser ratificada por la propia CNGV, debido a que Jesús} Ortega y Amalia García planteaban la incapacidad del CGSE de cancelar casillas (La Jornada, marzo 28, 1999). El propio RGEI era claro y marcaba que el CGSE podía anular casillas, bajo las causales del artículo 100, más no la elección pues esa era una atribución exclusiva de la CNGV (Reglamento elecciones, 1999, art. 100). Por otro lado, el CGSE no tenía por qué atenerse a impugnaciones de los competidores, toda vez que es la instancia que recibe las actas y se entera en primera instancia de la situación de las casillas, por lo tanto, puede plantear la nulidad de casillas, sin depender de que existan impugnaciones de planillas. Ahora bien, es de destacar que el RGEI no contemplaba como causal para anular una casilla el robo de urnas, la inducción o la compra del voto. Los cuales se presentaron en la contienda y no fueron contabilizados como actos u omisiones que anularan la elección.

Se observa que en esta elección, tanto el CGSE como la CNGV a nivel nacional, no fueron parte de los recursos de los competidores, pero en los ámbitos estatales ocurriría lo contrario, los comités estatales si fueron recursos de las fracciones. Un poco antes del dictamen, se comenzó a mencionar nombres de posibles interinos: Leonel Godoy, Saúl Escobar, Jesús Zambrano, Ramón Sosamontes y Pablo Gómez. El último era apoyado por Jesús Ortega, Rosa Albina Garavito y Amalia García. Al mismo tiempo, Jesús Ortega, Amalia García y Mario Saucedo planteaban su participación en los próximos comicios, de ser anulada la elección. Rosa Albina Garavito pediría nuevos candidatos, autoexcluyéndose (Masiosare, abril 4, 1999).

Finalmente, el 1º de abril la CNGV, previa reunión con el CGSE, anularía la elección con un 39% de anomalías (cuadro 22). El CGSE rechazó ser responsable de las irregularidades, recordando que las fracciones se apoderaron de los comités ejecutivos locales, los cuales tenían facultad de nombrar a los integrantes de los comités estatales y municipales del servicio electoral (La Jornada, marzo 31, 1999).32 La decisión se aprobó por 10 a favor y 1 en contra. Carlos Imaz, plantearía, en torno a dicha anulación, que:

… el que tomo la decisión fue el presidente del partido, AMLO, que dijo: nosotros

no nos podemos permitir esto, hay irregularidades de tal tamaño que no nos dan

32 _{Poniendo varios ejemplos al respecto. En Zacatecas, Oaxaca y Jalisco, donde se registró el mayor} número de irregularidades, aunque muchas de ellas no son causales de nulidad de la elección por no estar previstas en el propio reglamento (robo de urnas y acarreo de votantes): ―En Jalisco, por un conflicto interno no hay dirigencia estatal, y quien a nombre del CEN ejerce las funciones de ésta, es miembro y representante nacional de una de las planillas. En su doble papel designa al comité electoral estatal y su planilla obtiene más de 18 mil votos, nueve veces más que su más cercano contrincante. Este estado reportó en el PREP más casillas que las que entregó al remitir las actas. Por lo que hace a Zacatecas, se afirma que una de las planillas, después de graves conflictos, tiene mayoría en el Comité Estatal del Servicio Electoral. La minoría renuncia, pero finalmente acepta reintegrarse; las finanzas del PRD estatal están bajo control del grupo minoritario y el comité estatal tiene dificultades para operar por falta de fondos, pero finalmente las resuelve. La planilla 6, que es apoyada por el grupo mayoritario en el Comité del Servicio Electoral, obtiene más de 21 mil votos, 11 veces más que su más cercano contrincante. En Oaxaca, dos corrientes pelean con furia por el control de la dirigencia partidista; lo mismo hacen por el Comité Estatal del Servicio Electoral y ambos grupos reclaman la acreditación como órgano electoral del estado; se reparten la entidad por regiones y son saboteados por algunos comités municipales, también divididos‖ (La Jornada, marzo 31, 1999). En el informe del CGSE detalla que el problema fundamental durante las elecciones internas fue que los contendientes ―coptaron y secuestraron‖ la estructura electoral en los estados (La Jornada, abril 10, 1999). Rumbo al Consejo Nacional donde se elegiría al presidente interino José Barberán diría que ―tienen razón los candidatos, es responsabilidad del Servicio Electoral… coptado por ellos. Porque quien hizo las irregularidades, con o sin dolo, fueron los comités municipales o estatales. Para José Barberán, el reglamento electoral vigente entonces en el PRD era equivalente a la ley electoral de Manuel Bartlett, que le permitía manejar la elección al partido mayoritario, con la variante, en el PRD, de que lo hace el grupo mayoritario en cada estado‖ (Masiosare, 2002: 6).

certeza, por lo tanto hay que anular (Carlos Imaz, entrevista con el autor, 12 de febrero de 2010).33

Por lo anterior, se convocó al Consejo Nacional para elegir al presidente y secretario general interinos y discutir la fecha de la próxima elección (La Jornada, abril 6, 1999). Con 140 votos a favor, contra 13 de Ifigenia Martínez, Pablo Gómez fue elegido presidente interino del PRD en el Consejo Nacional. Asimismo, se determinó que el 25 de julio sería la nueva elección (La Jornada, abril 11, 1999). Nadie impugnaría la anulación de la elección ante alguna instancia interna o externa, aceptando el veredicto. La aceptación se observa clara en el hecho de que decidieron participar en el siguiente proceso, el cual se verá en el apartado de evidencia adicional, más adelante. Aunado a esto, como menciona Rosa Albina Garavito, no hubo castigo, lo cual fomenta la práctica de jugar sucio:

… fue adecuada la declaratoria de nulidad, lo que no ha sido adecuado es que la

investigación que después hace la comisión correspondiente y que encuentra responsables, se queda en el limbo, porque no se aplica la norma estatutaria de expulsión. Entonces esto es un mensaje, es una convocatoria, es un aliciente, es un incentivo para que se continúe con las mismas reglas (Rosa Albina Garavito, entrevista con el autor, 25 de enero de 2010).