La exclusión de progresistas y unionistas por parte de Isabel II limitó el número de sus seguidores extraordinariamente. Desde el fin del Bienio Progresista, la Unión Liberal apenas contó en la alternancia de partidos. El distanciamiento entre Isabel y O´Donnell en los últimos años de vida de éste, privó a la reina de un apoyo esencial. Tras la muerte del general en 1867, su partido, de forma mayoritaria, apostó por el derrocamiento.
Del mismo modo procedió el Partido Progresista. El general Prim, líder del Partido, intentó en numerosas ocasiones hacerse con el poder, pero sus tentativas, mediante pronunciamientos siempre frustrados, le convencieron de la imposibilidad de entendimiento con la soberana.
Demócratas y progresistas conscientes de sus nulas opciones en el sistema isabelino firmaron el Pacto de Ostende en el verano de 1866, donde apostaron por
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apartar del trono a Isabel, establecer unas Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, y decidir con posterioridad el sistema político de Estado: monarquía o república.
Un mes antes de la firma del Pacto de Ostende, formó un nuevo Gobierno el general Narváez, que llevó a cabo una política autoritaria. Declaró el estado de sitio, suprimió los derechos y libertades, y persiguió policialmente a sus opositores. El clima de tensión llevó a los presidentes del Congreso y del Senado a solicitar a la reina el restablecimiento del orden constitucional y la vuelta a la normalidad política, solicitud que fue apoyada por numerosos diputados. La respuesta del Gobierno resultó de nuevo desproporcionada: ambos presidentes, Serrano y Ríos Rosas, fueron encarcelados, a la vez que los diputados firmantes fueron perseguidos. Incluso se cesó a cuatro magistrados del Tribunal Supremo por argüir que el encarcelamiento de Serrano violaba la legalidad. El clima se hacía irrespirable.
Tras las elecciones, en marzo de 1867, Narváez asumió las riendas del poder con una represión más implacable todavía. El nuevo Ejecutivo tuvo que hacer frente a numerosas revueltas sociales y pronunciamientos militares. La situación política y social era de una gravedad extrema. Ramón Mª Narváez falleció el 23 de abril 1868 y la reina, lejos de templar la situación, designó como jefe de Gobierno a un moderado todavía más autoritario y represor que el anterior: Luís González Bravo.
Para el historiador Raymond Carr la designación de González Bravo precipitó la Revolución. La violencia se incrementó, ya que el nuevo presidente aspiraba a «mostrar a España que un civil puede ser un dictador…»36.
La brutal represión de González Bravo y el respaldo de la reina convencieron a los unionistas de la necesidad de aliarse con demócratas y progresistas para derrocar al régimen. Las juntas revolucionarias, cuyos principales dirigentes simpatizaban con el Partido Progresista y especialmente con el Demócrata, ya se habían organizado de forma espontánea en las grandes ciudades españolas.
La alianza de unionistas, progresistas y demócratas, bajo el mando militar de Prim, Serrano, Topete y los políticos Sagasta y Ruiz Zorrilla, más el aliento de las juntas revolucionarias, impulsó la Revolución alcanzando el poder casi sin oposición. El menguado ejército isabelino no pudo detener la coalición y cayó derrotado en Alcolea el
36 CARR,R.J. (1970): España 1808-1839. Barcelona, p. 291, citado por CÁRCEL ORTÍ,V. (1979): Iglesia
y Revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico desde la documentación vaticana inédita. Pamplona, Eunsa, p. 114.
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29 de septiembre en una escaramuza más que en una verdadera batalla37. La suerte del régimen de Isabel II estaba decidida. La reina se exilió de forma voluntaria en Francia, sin renunciar a sus derechos, declarando con posterioridad que el nuevo Gobierno español carecía de legitimidad legal e histórica. La prensa francesa describió cómo se desarrolló la marcha de Isabel de tierras españolas:
«…la multitud concentrada a su paso, ha estado fría y silenciosa. Ni un solo viva, ni una sola aclamación, ni una sola expresión de simpatía. El solo sentimiento que parecía animar a la muchedumbre era la curiosidad. Tan solo algunos sollozos de niños venían a romper de cuando en cuando tan monótono silencio»38.
Las juntas revolucionarias dieron su apoyo al golpe y garantizaron la consolidación del sistema democrático. Su eclosión surgió en numerosas ciudades españolas en los últimos días del mes de septiembre. Sin duda el movimiento insurreccional juntero otorgó al movimiento revolucionario el impulso eufórico regeneracionista.
La Junta organizada en Madrid encabezó las reivindicaciones del resto de juntas revolucionarias españolas. No todas apreciaron esta dirección con entusiasmo, algunas consideraron un gesto centralista, pero finalmente fue asumida tal dirección. El general Serrano, en negociaciones con los revolucionarios de Madrid, ofreció la regencia del país al vetusto y todavía popular general Espartero, que la rechazó por su avanzada edad, quedándose él de forma interina como regente. Finalmente el Gobierno lo formaron nueve miembros: cinco progresistas y cuatro unionistas. Ningún demócrata entró en él, aunque el sector cimbrista lo respaldó.
El nuevo Ejecutivo y sus aliados políticos apostaron de forma decidida por el establecimiento de un sistema monárquico-democrático que dejase fuera a los Borbones. Sin embargo, el sector más radical del Partido Demócrata no coincidía con la idea de un estado monárquico. Tal controversia provocó la fractura entre cimbristas y republicanos.
A finales de 1868se celebraron elecciones municipales en las cuales los partidos republicanos obtuvieron una resonante victoria en las principales ciudades salvo en Madrid. Como contrapartida, el Partido Progresista y la Unión Liberal, registraron en la
37 VILAR,Mª J. (2011): Op. cit.,p. 213.
38Le Libéral Bayonnais (Bayona), 29 de septiembre de 1868, en VILAR,Mª J. (2012): “El primer exilio de
Isabel II visto desde la prensa vasco-francesa”, Historia Contemporánea nº 44, (I), Universidad del País Vasco, p. 251.
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España rural mejores resultados que los anteriores comicios. Posteriormente se celebraron elecciones generales, en donde el triunfo del Partido Progresista fue indiscutible: 160 escaños; los unionistas 80; los demócratas cimbrios 40; los Republicanos 85 escaños y los carlistas 3039.
El panorama electoral analizado geográficamente mostraba un escenario regional diverso ideológicamente. Mientras las zonas de Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva y Cataluña mostraron su apoyo mayoritariamente a progresistas, demócratas y republicanos, la zona de Castilla la Vieja y País Vasco a la Unión Liberal y al Partido Carlista. Las elecciones generales respaldaron el cambio, demandando un giro democratizador y reformista, pero sin llegar a un cambio de sistema.