Types of Biometric Technology

Una de las características más interesantes de la Gobernanza Interactiva es su propósito de potenciar la calidad de la gestión territorial, aumentando las capacidades y reduciendo los riesgos asociados a la gestión de los recursos naturales. Esta no debe ser vista como un punto ideal de llegada, sino como un marco analítico que permita comprender la complejidad y la diversidad de factores que se tejen alrededor de la gestión de los recursos naturales y biológicos de un territorio para que su gestión garantice la sostenibilidad del ecosistema y el bienestar de las comunidades locales.

Si bien a lo largo del documento se analizaron lineamientos de Gobernanza Interactiva (Figura 3) como la representatividad, el reconocimiento, la participación, las sanciones, veeduría y diversidad cultural, para cerrar este capítulo con los retos y oportunidades del DRMI como modelo de conservación, se abordarán algunos datos adicionales que dan cuenta de la necesidad de fortalecer los procesos de consulta previa, planeación, designación y puesta en funcionamiento de esta categoría de AP.

Por ejemplo, sólo el 24% de los hogares encuestados en el Bajo Baudó sabe qué es un DRMI, y ninguno sabía que estaba viviendo en un Área Protegida. Tampoco conocían el nombre completo del AMP, que, se supone, fue elegido por consenso, así como tampoco los límites geográficos del mismo. Por otro lado, la Figura 8 indica que el proceso de consulta previa, que debería haberse realizado comunidad por comunidad, fue gestionado en sólo dos días y con la presencia de los representantes de los consejos comunitarios, dejando por fuera a la población que realiza el uso y manejo de los recursos naturales de manera directa, y reduciendo la efectividad del DRMI ya que no puede funcionar sin la participación de usuarios y la comunidad local (Jentoft, Van Son y Bjørkan, 2007).

Respecto al acceso de información, y debido a la ausencia de medios de comunicación local, de una estrategia de comunicaciones para la designación del AMP, y de herramientas para la difusión de información, se redujeron las posibilidades de que la comunidad se informara e hiciera parte activa del proceso de concertación y toma de decisiones. Por eso, Jentoft, et al., (2012) indican que las AMP son, antes que nada, instituciones sociales que dependen del apoyo y el cumplimiento de las partes interesadas. Este punto es vital, sobre todo la categoría VI, en donde los usuarios de los recursos deben participar en el proceso de planificación (Mizrahi, et al.,2018) y los arreglos

institucionales deben administrar a las personas, para que sean ellas quienes hagan buen uso de los recursos (Kooiman, et al., 2005).

Por otro lado, y como lo explican Gavin, et al. (2018), debido a que la conservación solo ha sido vista en términos de diversidad biológica, sus resultados son presentados en términos de estabilidad y permanencia de lo monitoreado. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta el aspecto social de estos procesos dejando en evidencia un problema ético de la conservación. Casos como el mal desarrollo de la consulta previa o el no tener en cuenta a ciertos actores ni a sus conocimientos, son sólo algunos ejemplos.

Chuenpagdee y Jentoft (2007) demuestran que los funcionarios gubernamentales también necesitan educación sobre qué es la cogestión a nivel conceptual y analítico. Por ello, si el ejercicio de la conservación ignora la multiplicidad de necesidades y contextos, pone en riesgo la efectividad a largo plazo del proceso y desaprovecha la oportunidad de innovación a partir de conocimiento tradicional y técnico de las partes involucradas.

Por otro lado, los conocimientos tradicionales, las dimensiones sociales y culturales son cruciales para planificar las AP categoría VI y no pueden ser vistas como un punto adicional que cumplir por parte de las autoridades ambientales. Son precisamente estas prácticas y saberes locales las que han sustentado por años la conservación de los territorios con la más alta diversidad biológica del planeta. Por ello, la formalización e institucionalización de dichos territorios bajo la categoría de AP, debe reconocerlos, exaltarlos y ponerlos en práctica con la misma rigurosidad que las teorías científicas y académicas.

Además, es urgente fortalecer las estructuras organizativas y los sistemas de gobierno local para que los Consejos Comunitarios puedan realizar de manera efectiva la gestión del AP. Si bien se encuentran registrados ante el Ministerio del Interior, sus integrantes no se están preparados técnica ni políticamente para ejercer su rol de liderazgo, encontrándose en desventaja en escenarios de toma de decisiones en los que participan otras autoridades del nivel departamental, regional y nacional. Este fortalecimiento organizativo no sólo involucra a los líderes, sino que tiene que ver con toda la comunidad.

En el caso del Bajo Baudó esta se encuentra profundamente fracturada por los sistemáticos sucesos de violencia, desplazamiento y amenazas por parte de los grupos armados ilegales que circulan en la zona. Estos territorios, en los que la presencia estatal e institucional ha sido nula, requieren de procesos de reconstrucción de la confianza y el trabajo mancomunado, en donde la reapropiación

del territorio y sus valores, permita que todos sus habitantes realicen una adecuada gestión de los recursos, por lo que se sugieren como temas de investigación.

Debido a que más del 90% de los municipios priorizados para el pos-acuerdo en Colombia están catalogados como áreas de importancia biológica y cultural (Naciones Unidas, 2014), se hace necesaria generación de procesos inclusivos que visibilicen las prácticas y saberes de las comunidades locales, para que a la hora de realizar la planeación territorial se reconozca su valioso papel en la protección de los ecosistemas y se tengan en cuenta sus deseos y necesidades en torno a la gestión de los recursos.

De hecho, Naciones Unidas (2014) recomienda que el territorio, la gobernanza y la sostenibilidad se constituyan en los pilares para la conservación de estas áreas, en donde el reconocimiento de la vocación de los suelos, la participación activa en la toma de decisiones por parte de las comunidades locales y el aprovechamiento justo y consciente de los recursos naturales sean las premisas básicas del desarrollo.

Otra de las urgencias es la construcción colectiva de los planes de etnodesarrollo para cada uno de los Consejos Comunitarios, documentos en los que las comunidades definen sus bases sociales y culturales, así como sus deseos y planes para el futuro en relación con el territorio y sus habitantes. Si se realizan de manera colectiva y con metodologías adecuadas, estos ejercicios podrán sumar a los esfuerzos de estructuración del gobierno propio en el territorio, ya que existirán bases claras para realizar una mejor gestión.

El trabajo en campo evidenció una deficiente comunicación institucional – local, en donde las comunidades no conocían lo que estaba sucediendo con su territorio. Y es que el problema no es la falta de canales de comunicación, porque a pesar de las condiciones geográficas, los mensajes siempre llegan Se trata de la claridad y periodicidad de la información enviada. Normalmente la comunicación no es tenida en cuenta en las iniciativas de conservación, pero debe ser uno de los pilares fundamentales para asegurar la efectividad de los procesos, poniendo especial atención en los conceptos que se comunican y las reacciones que de allí surgen (Jentoft, et al., 2012).

Por eso, y sin importar las posibilidades de conectividad o la disponibilidad de recursos tecnológicos, en la planeación de todo el territorio, debe existir un plan de comunicación local e interinstitucional. El primero, para asegurar el conocimiento del proceso y la participación de los habitantes del territorio en todas las etapas del mismo. El segundo, para que todos los aliados estén alineados y puedan actuar de manera conjunta y efectiva en los procesos técnicos y administrativos.

La comunicación es una herramienta vital en estos procesos, porque el nivel de información con el que cuenten las comunidades es directamente proporcional al nivel de apropiación que estas tienen de los procesos, lo que redundará en su efectividad.

Finalmente, es importante recalcar que aun cuando en las AP categoría VI la gestión de los recursos naturales está mayoritariamente en manos de las comunidades locales, el modelo de gestión compartida también atribuye responsabilidades a las entidades regionales y nacionales para su protección. Dada la vasta extensión de estos territorios y la reducida población que habita en los mismos, es muy difícil realizar control y vigilancia sobre su totalidad, sobre todo en las zonas limítrofes en las que las presiones y amenazas se presentan de manera más sistemática. Así, la presencia institucional debe reforzar la labor que los habitantes del territorio realizan, asegurando la protección de la vida y la diversidad de los mismos.

Esta investigación propone un marco para comprender las interacciones entre los actores que influyen en la gestión de sistemas socio-ecológicos, identificar los vacíos y crear oportunidades garanticen la integridad de los territorios. La Gobernanza Interactiva abre el camino para un pensamiento creativo e interdisciplinar que busque nuevas formas de abordar los retos que trae el contexto actual de desarrollo (Kooiman, et al., 2005). Si bien aún quedan muchos temas por analizar, este trabajo busca aportar al fortalecimiento de la gestión de las AP en el país, para que siga siendo pionero en la conservación a nivel mundial.

Sin duda, hay que reconocer los grandes esfuerzos del gobierno nacional por cumplir y superar las metas internacionales de creación de estas figuras de protección, pero la delimitación de un territorio no es suficiente para asegurar su protección. Es allí donde se encuentra el verdadero reto para Colombia en los próximos años. Asegurar la permanencia de los bienes y servicios ambientales requiere de un compromiso multinivel que asegure la existencia de herramientas e instituciones efectivas para que la participación social en la conservación sea una realidad (Cárdenas, 2009).

Es importante recordar que las AMP no son instrumentos neutrales, y su función es regular las relaciones sociales para asegurar los medios de vida (Jentoft, et al., 2012). A propósito, la Gobernanza Interactiva propone un sistema de aprendizaje sólido, que asegure la retroalimentación frecuente, la flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes, la réplica de experiencias externas exitosas y la construcción de una memoria institucional para asegurar la eficacia y la eficiencia de los procesos (Kooiman, 2008).

Sin duda estamos frente a una increíble oportunidad para el Pacífico y para Colombia. Construir país desde el reconocimiento de las prácticas y saberes es quizás el primer paso para garantizar la permanencia y el bienestar de los guardianes de los bosques y los mares. A propósito, Bavinck, et al. (2015), destacan cinco aportes de estas comunidades a saber: 1. son aliados de los procesos ya que conocen el territorio y gozan de legitimidad local; 2. son parte de una relación recíproca ya que la comunidad debe cuidar el territorio del que depende; 3. pueden tomar decisiones sobre los recursos ya que poseen derechos históricos; 4. sus intereses van más allá de la pesca y abordan el uso de los recursos de manera holística; y, 5. tienen amplia experiencia en la gobernanza del territorio.

Los DRMI se constituyen en una gran oportunidad para transformar los modelos convencionales de conservación y construir un futuro equitativo y plural en Colombia, que asegure el acceso al territorio y sus recursos de manera sostenible y pacífica. Su efectividad radica en el verdadero involucramiento de las poblaciones locales en todos los procesos de planeación, designación y gestión a corto, mediano y largo plazo ya que son ellos quienes dependen de los recursos y custodian su permanencia.

Como lo indica Cárdenas (2009), la diversidad biológica y cultural de Colombia, depende sustancialmente de que el Estado defienda y apoye a los grupos humanos que ocupan estos territorios colectivos. De allí que las estrategias de conservación deben partir los saberes tradicionales sobre el territorio, crear canales de comunicación más eficientes y asegurar las capacidades técnicas, políticas y económicas, para que la gestión conjunta y coordinada sea a una realidad que genere bienestar a las comunidades locales y al mundo.