Como se había anunciado en líneas anteriores, la perspectiva o el enfoque territorial fue uno de los estandartes concebidos por el Gobierno colombiano y las FARC para la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmados el día 24 de noviembre del 2016.
Desde el preámbulo de dicho instrumento, las partes visualizan la “construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población” (Acuerdo final, 2016, p. 3), como una de las fórmulas
sine qua non para convertir en realidad las aspiraciones consignadas en el acuerdo.
Deontología de la territorialización con la implementación de los acuerdos de paz en Colombia
Y este nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial no resulta ser solamente una fórmula semántica o retórica utilizada para convertir en rimbombantes o populistas los pactos alcanzados; contrario a ello, es el resultado de estudios y discusiones juiciosas en torno a la problemática que ha servido de transversalidad a la existencia del conflicto armado interno: la desigualdad entre los diversos sectores sociales, territoriales y poblacionales.
Esta afirmación alcanza su cenit cuando pocas líneas después en el texto de la introducción de los acuerdos se categorizaron el desarrollo y el bienestar territorial como un enfoque propiamente dicho para la implementación de los pactos logrados, esto es, el enfoque territorial.
Tal categoría de enfoque presupone la previsión de una importancia y una relevancia contundentes a la hora de poner en marcha todas las acciones tendientes a la materialización de los acuerdos. Dicho de otra forma, aquello implica que todos los esfuerzos (políticos, sociales, económicos, legislativos, etcétera), sean encausados al cumplimiento de la perspectiva territorial.
Si el enfoque territorial se da cuando el Gobierno reconoce las características particulares que hacen diferentes a las comunidades y a los territorios que hacen parte del Estado, entonces debe pensarse que al momento de planificar o formular políticas públicas de cualquier orden, le es imperativo tener en cuenta tales diferencias de índole económico, social, cultural, ambiental y todas aquellas que puedan determinar que la implementación de la política pública debe ser diferenciada o enfocada de una manera distinta.
Este pensamiento implica que la ideación, la formulación y la implementación de las políticas públicas necesarias para
la superación del conflicto se hagan con una fórmula inversa a la que tradicionalmente predomina. Es decir, debe pensarse la política pública desde las regiones y los territorios, no desde el centralismo estatal; con la directa y activa participación de las autoridades en dichos territorios, pero también al contar con un amplio activismo social, tal como quedó plasmado en el texto de los acuerdos.
Esto quiere decir, en los términos usados por Roth Deubel (2009), que el modo de inscripción de las problemáticas que se deban resolver a la agenda pública estatal no se hará de la manera tradicional, en la que el Estado incluye solamente en su agenda las problemáticas visibles en su espectro centralista, sino que, por el contrario, las iniciativas de formulación y los ejes problematizadores se harán visibles desde las propias regiones, territorios y comunidades, quienes tendrán la tarea de nutrir la agenda pública estatal con el fin de dimensionar las diferencias y las confluencias para que sean tenidas en cuenta en la adopción de las políticas públicas por parte del Gobierno o sus representantes.
Esta dinámica de ideación, formulación e implementación de políticas públicas aparece, analógicamente, como la actuación de una fuerza centrípeta social, pues es la comunidad (territorio, región) quien impulsa las políticas hacia el nivel central, al actuar como eje propulsor de las mismas.
Es de tal magnitud y poder la fuerza antes descrita que se vuelve axial para la formulación de todas las políticas de Estado en lo referente a los puntos acordados:
1. Reforma rural integral 2. Participación política
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3. Fin del conflicto
4. Solución al problema de las drogas ilícitas 5. Víctimas del conflicto
6. Implementación, verificación y refrendación
Es tanto así que cada uno de los puntos antes señalados prevé la posición relevante del enfoque territorial como determinante de la planeación política, veamos:
• En lo atinente a la reforma rural integral, el acuerdo deter- mina que todos los planes y programas que se acordaron para su logro deben tener un enfoque territorial, lo cual im- plica “tener en cuenta las necesidades, características y par- ticularidades […] de los territorios…” (Acuerdo final, 2016, p. 11), lo cual luego traslada materialmente a la aplicación de subsidios, beneficios agrarios, de restitución o asigna- ción de tierras, etcétera.
• Específicamente, en el numeral 1.2 del punto de reforma rural integral, las partes negociantes acordaron que los pro- gramas de desarrollo debían tener un enfoque territorial, con el objetivo específico de transformar estructuralmente el campo y el ámbito rural, para lograr una relación equita- tiva con la ciudad.
• En el punto de participación en política, el enfoque diferen- cial se encuentra previsto expresamente para la prevención en el marco del sistema integral de seguridad para el ejer- cicio de la política, puesto que la realidad nacional ha mos- trado puntos geográficos neurálgicos para la participación en este tipo de actividades, los cuales se ven afectados por amenazas de diferentes órdenes.
• En el marco del acuerdo sobre el fin del conflicto, el enfo- que territorial se halla previsto, entre otras cosas, para las medidas de seguridad que se adopten, las cuales deben te- ner en cuenta las amenazas, las particularidades y las diver- sidades de las personas, las comunidades y los territorios, con el fin de poner en marcha los planes y los programas de construcción de paz y dar garantías a la población (Acuerdo final, 2016, p. 79).
• Respecto al punto de solución al problema de drogas ilíci- tas, el enfoque territorial es una herramienta prevista para la implementación de programas atinentes a la sustitución de cultivos de uso ilícito, intercambio de productos por cul- tivos y créditos productivos a cultivadores, etcétera. • En materia de víctimas del conflicto, el enfoque diferencial
aparece como una de las cartas de navegación más impor- tantes, pues al tener en cuenta la textura propia del conflic- to armado interno, es claro que las regiones alejadas de los centros urbanos fueron quienes más sufrieron los flagelos de la violencia por aquel generada. Es por ello que la me- todología diferencial territorial permitirá, al momento de la implementación de los acuerdos, determinar cuáles fueron las regiones, las poblaciones y los territorios más afectados en cuanto a las víctimas y ello redundará en la posibilidad de destinar los recursos, los programas y de enfocar la resti- tución de tierras de una manera no solo lógica, sino propor- cional a la afectación recibida.
• Implementación de los acuerdos, es decir, el punto sexto del texto del acuerdo final hace referencia a la implemen- tación prioritaria de los pactos al tener en cuenta, como se supone, el enfoque territorial, máxima que implica en la
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praxis el iniciar la implementación con las zonas, los terri- torios, las poblaciones y las comunidades que más han sido afectadas históricamente por el conflicto armado interno. Como se puede corroborar con el corto pero sustancial recorrido por los puntos del acuerdo final, el enfoque territorial está previsto como uno de los ejes axiales sobre los cuales giran y a la vez se soportan las premisas fundantes de los acuerdos logrados entre Gobierno y FARC.
Esta cualificación de la categoría “enfoque territorial” deja entrever, sin mayor esfuerzo de análisis, que ella misma, per se, se convierte en un imperativo para las autoridades tanto locales como nacionales en la formulación e implementación de polí- ticas públicas tendientes a la materialización de los acuerdos. Lo anterior se traduce, entonces, en la remisión directa que deben hacer tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos de las entidades territoriales, al texto del acuerdo final de La Habana para la creación de los planes de desarrollo nacional, departamentales, distritales y municipales, lo cual no es ya una mera opción interpretativa, sino que se ha convertido en un “axioma imperativo” del cual no solo no pueden escapar, sino al que deben contribuir para el logro del fin último planteado con el esfuerzo dialógico: la paz.