UNDERSTANDING GENDER

Ciertas concepciones de la democracia entienden a los ciudadanos con un rol político restringido a su ejercicio del voto. La clásica obra de Joseph Schumpe- ter Capitalismo, socialismo y democracia (1984 [1942]) constituye la mejor expre- sión de esta visión. El economista austríaco sostiene ahí una concepción de las democracias liberales como sistemas definidos fundamentalmente por la libre competencia entre élites políticas por el voto, medio de acceso al poder político y columna vertebral del nexo democrático entre gobernantes y gobernados. Esta visión encaja en los ideales de una democracia representativa que privilegia el papel de los partidos políticos como agregadores de demandas e intereses, conci- biéndolos como los únicos actores capaces de representar intereses.

En la figura liberal de la democracia representativa, el ciudadano se traslada de una esfera política a otra de mercado, de ciudadano a individuo; la sociedad civil, desde esta concepción, debe promover organizaciones voluntarias para ali- gerar la carga del Estado. Por otro lado, las concepciones centradas en el Estado han orientado su análisis en las funciones del Estado como actor fundamental en el diseño de la agenda pública. Tanto unas como las otras restringen el espacio de poder y privilegian el acceso de pocos grupos a la toma de decisiones, ya sean estos mercantilistas o burocráticos.

La desafección ciudadana con los partidos políticos y las instituciones públicas de la democracia representativa, tradicionalmente entendida como delegación de los ciudadanos hacia los representantes, ha llevado a diversas formas de organización social —ya sean movimientos sociales, organizaciones sociales, civiles o políticas— a plantearse un nuevo escenario democrático. Muchos autores han planteado ya que la revitalización de la democracia pasa por la creación de nuevos espacios donde sea efectiva la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y por la búsqueda de un nuevo papel para la sociedad civil en el proceso democrático.

Barber, uno de los teóricos en esta línea, realiza una serie de críticas al argu- mento central de las teorías liberales que señalan que un exceso de democracia es peligroso para las libertades (Barber, 1984). Critica muchos supuestos de los que parte la teoría liberal y señala que el poder más autoritario es el de las mayorías absolutas, estructuradas a través del voto, que no dialogan ni ceden frente a un triunfo electoral. Las democracias participativas, según Barber, construyen suje- tos políticos con una fuerte cultura cívica, dialogante, y posibilitan la realización

El desafío del demos: democracia, desigualdad social y participación ciudadana en Ecuador 123

de decisiones y elecciones comunes que benefician a un mayor número de per-

sonas. Su tesis de la «democracia fuerte»23 _{argumenta a favor de mecanismos de}

democracia directa y las posibilidades de cambiar de una democracia de élites profesionales a una democracia de ciudadanos reformando las instituciones de la democracia representativas, sin prescindir de ellas:

Las instituciones de una democracia fuertemente participativa deben complemen- tar y ser compatibles con las instituciones primarias representativas de las socieda- des modernas. A pesar de que es necesaria una tensión entre las teorías de una fuerte democracia y las de democracia y participación limitada, la factibilidad y las estrate- gias realistas para el cambio deben asentarse en las instituciones de la democracia liberal (Barber, 1984: 29).

De esta forma, una democracia fuertemente participativa se asienta en una reforma de las instituciones de la democracia tradicionalmente entendida, más que instaurar nuevas formas de gobierno, e implica democratizar los espacios de poder político, realizar un recambio de actores tradicionales, élites racionales y profesionalizadas o mercantilistas, a ciudadanos comunes con una alta cultura cívica. Una democratización del espacio de poder.

La recomposición de la representación política, y la demanda de una más amplia y efectiva participación social en el proceso político aparecen como ele- mentos constitutivos de un emergente y nuevo conjunto de concepciones y teo- rías que cuestionan el estilo cerrado con el que se han manejado muchas demo- cracias contemporáneas. Es así como sobre el tapete de las discusiones aparece la necesidad de la participación como uno de los elementos de la vida democrática. Una democracia plena supone una activa participación de las diversas expresio- nes de la ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social; pero sobre todo exige plantearse la redistribución de bienes materiales, económicos y políticos.

Esta cuestión, en Latinoamérica, lejos de ser una disquisición exclusi- vamente teórica, es también un tema de actualidad política. Nuestro estudio se enmarca necesariamente en una oleada de transformaciones políticas en la región que han suscitado apoyos firmes y condenas furibundas. Todas ellas giran en torno a la discusión entre «popular» / «populismo», que remite en última ins- tancia a los modos de aparición, participación e institucionalización de la pre- sencia de los sectores de la población más desfavorecidos en la arena política. De ello nos ocupamos en el siguiente epígrafe.

En la última década se ha extendido el uso del término «populismo» para caracterizar las dinámicas abiertas por los sectores subalternos en diferen- tes países latinoamericanos que se han cristalizado en gobiernos de izquier- das y nacionalistas. Esta adjetivación, especialmente del gusto de los medios de comunicación y agendas de producción de pensamiento de corte socialde- mócrata o derechista, argumentaría que estos gobiernos, pese a haber llegado al poder democráticamente, son esencialmente un peligro para el régimen demo- crático. Su liderazgo carismático y de relación inmediata —en el sentido de no

23 _{En Strong Democracy (1984), Barber concluye que es mejor para una democracia que pretende ser igua-}

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mediada— con «el pueblo», su conflicto con las instituciones liberales del Estado de derecho constituido, y su tendencia a la polarización del espacio ideológico y político serían, según estas críticas, la mejor manifestación de regímenes dema- gógicos, autoritarios y personalistas

Una corriente de pensamiento de considerable peso emplea el término «neopopulismo» pretendiendo dar cuenta de la actualización de una vieja tradi- ción latinoamericana que implicaría la postergación de los derechos individuales y políticos y de los valores democráticos, a favor de un liderazgo decisionista que descansa sobre la «conflictualización» de la sociedad. Esta es una dinámica que a mediano-largo plazo dañaría siempre las posibilidades de desarrollo económico, la eficiencia administrativa, la gobernabilidad y el pluralismo político (Malamud, 2003, 2010). Otros autores como Manuel Alcántara (2007, 2008) o Álvaro Vargas Llosa (2005) han empleado con frecuencia el término, también en entrevistas y textos divulgativos, para calificar a los gobiernos de izquierdas surgidos en la región en las dos últimas décadas.

Estas críticas tienen como premisa la identificación absoluta entre libera- lismo y democracia, como en Freidenberg (2007) o incluso en O’Donnell (1998, 2001); una convergencia, históricamente variable, que resulta para América Latina tan problemática que es difícilmente defendible. En el subcontinente, los regímenes liberales fueron a menudo la defensa desnuda de intereses oligárqui- cos o gobernaron recurriendo a sistemas políticos autoritarios. Las clases domi- nantes latinoamericanas, comprimidas en sus estrechos intereses de interme- diarios de la cadena mundial de expropiación de los excedentes del Sur hacia el Norte, no fueron capaces de proyectar modelos de Estado relativamente inclu- yentes de las mayorías sociales de sus países. Así, las demandas populares no se procesaban de forma individual ni por cauces institucionales, posibilitando que se agregasen produciendo una separación del campo político entre «el poder» y los sectores populares. Esta es la condición de existencia del populismo según el prestigioso politólogo Ernesto Laclau (2005), posiblemente uno de los científicos sociales que más en profundidad se ha ocupado del estudio del fenómeno. Laclau define el «populismo», en lugar de como un contenido ideológico específico, como una «forma de construcción política», una identidad cuya lógica de consti- tución está en la dicotomización simplificadora del espacio político y la interpe- lación a «los de abajo» como el núcleo de la comunidad política. Sin cuestionar la pertinencia del término, cabe añadir además que la diversidad de procesos políti- cos que tuvieron lugar desde la década de los años treinta del pasado siglo, y que fueron etiquetados como «populistas», constituyeron, en realidad, las vías nacio- nales de incorporación de las masas a la vida política, con el Estado como agente de reformas y conductor de un esfuerzo de conciliación de clases y desarrollo autocentrado, industrialista y modernizador (Touraine, 1998; Weyland, 2001).

A esta división del campo político la ciencia política dominante le ha lla- mado «desafección democrática». Sin embargo, el Informe sobre la democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2004, mues- tra que las actitudes y percepciones políticas de los ciudadanos latinoamericanos no apuntan a un extrañamiento masivo hacia el concepto de democracia, sino hacia el sistema político realmente existente y muy especialmente hacia el sis- tema de partidos (PNUD, 2004).

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Los durísimos costes sociales de los programas de ajuste estructural aus- piciados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los paí- ses de la periferia terminaron de agrandar esa brecha histórica empujando a un

enorme abanico de grupos subalternos a la acción colectiva antisistémica24_{. No}

es de extrañar, entonces, que en los países latinoamericanos en que esta pro- testa social encontró cristalización político-electoral lo hiciese a través de out- siders del sistema político, líderes carismáticos cuyo principal capital simbólico era su exterioridad a las élites político-económicas tradicionales y una institu- cionalidad ampliamente desprestigiada.

Así, la emergencia de líderes políticos llamados «populistas» es solo la concreción del descontento social y los deseos de cambio político en persona- jes más deudores que productores de tal sentimiento masivo. En aquellos paí-

ses como Ecuador —o, con sus muchas diferencias, también Bolivia25 _{— en que}

ese deseo de cambio ha sido, por razones cuya explicación excedería a este artí- culo, encauzado electoralmente, es comprensible y hasta «normal» que el nuevo gobierno se desenvuelva en fricciones con la institucionalidad liberal heredada.

La etiqueta de «populismo» es poco explicativa y muy «ideológica» en el peor sentido de la palabra: el de sustituir el análisis del protagonismo político de los sectores populares por la medición ahistórica de indicadores abstractos que igualan democracia a respeto por la institucionalidad liberal, olvidando que para la mayor parte de países latinoamericanos, durante la mayor parte de su histo- ria, se trata de dos elementos distantes cuando no antagónicos. En todo caso, da cuenta de un proceso político real de dimensiones históricas: los sistemas polí- ticos democráticos liberales de la región se han visto sometidos a una suerte de «desbordamiento plebeyo» que desplaza a los partidos tradicionales de su rol de mediadores exclusivos entre la sociedad y el Estado, sitúa nuevas demandas en la agenda pública y sienta las condiciones para la articulación de una suerte de «blo- que histórico» gramsciano: una voluntad nacional-popular nacida de la expansión de una visión del mundo a las masas en su conjunto (Campione, 2007: 47). Esto es, la capacidad de las capas subalternas de obtener la adhesión de potenciales alia- dos y capitanear tanto las demandas comunes como el profundo deseo de cambio político y mejora de las condiciones de vida de la gran mayoría. Es en este sentido que la nueva oleada «populista» puede ser considerada un proceso de contrahege- monía popular, o de constitución de los grupos subalternos en la clase dirigente. Esta emergencia de la política plebeya —en la expresión con la que el actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (2008) expresa la politización de los grupos subalternos en una narrativa nacional-popular e indigenista en

24 _{Empleamos aquí este término, acuñado por los teóricos del análisis de los sistemas-mundo, para}

nombrar a los movimientos enfrentados al sistema interesatatal o a la economía-mundo capita- lista, los dos componentes básicos del sistema-mundo moderno, contestados históricamente por el movimiento obrero y los movimientos de liberación nacional en el llamado «Tercer Mundo» (Wallerstein, 2005; Arrighi & Silver, 1999). Sin duda la obra que mejor expone esta comprensión histórica de largo recorrido de los movimientos antisitémicos es la escrita por Arrighi, Hopkins y Wallerstein (1999). En este caso, empleamos el término para ubicar las respuestas sociales al neo- liberalismo en un enfoque teórico que nos ayude a comprenderlas no como anomalías sino como fenómenos consustanciales a la dinámica histórica del capitalismo..

25 _{En otros lugares nos hemos ocupado en profundidad del proceso de transformación política del}

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Bolivia— es un movimiento ambivalente, que somete a tensiones a las institucio- nes existentes al tiempo que abre un nuevo tiempo político en el que la goberna- bilidad es impensable sin contar con los sectores populares. Evidencia la fragili- dad del consenso político liberal, que se asentaba sobre una nación ficticia y que trataba siempre de dejar fuera de la discusión política las cuestiones que podían amenazar tan precaria estabilidad. Estas cuestiones eran precisamente aquellas de mayor importancia para la mayor parte de la población: las decisiones acerca de la producción y distribución de la riqueza socialmente producida.

A menudo las élites latinoamericanas tradicionales, criollas o autoidentifi- cadas como blancas, han encontrado, en el término «populismo», el mejor eufe- mismo para su inquietud ante lo popular. Sin embargo esto no representa una solución a una quiebra que es más profunda: la pérdida de hegemonía del Estado como síntesis del «interés general» de la sociedad.

Si una reivindicación es hoy transversal a los diferentes procesos de cambio político en América Latina, es la de un cuestionamiento de la relación tradicional representados-representante. Hoy se le exige al representante una legitimidad de origen que a menudo va más allá de su victoria en procesos electorales y se aden- tra en sus orígenes socioeconómicos; y una legitimidad de ejercicio que se define, de forma impaciente, por la capacidad o incapacidad de poner el Estado al servi- cio de la res publica, determinada esta en gran medida por las demandas de las mayorías sociales más desfavorecidas. Al lector no le costará identificar los ele- mentos centrales del proceso político ecuatoriano en este breve recorrido.

La incapacidad de ampliar los cauces institucionales para que las políticas públicas sean el resultado de un complejo proceso social de debate, agregación y negociación de intereses, es a menudo una de las causas principales del colapso de los sistemas políticos en América Latina. Por ello se puede afirmar que la irrup- ción plebeya en la política de los Estados latinoamericanos sitúa la cuestión de la participación ciudadana como elemento definitorio de la salud democrática de los Estados de América Latina, con ampliación de la ciudadanía política a sujetos subalternos y formas no convencionales de participación.